Jaione Jauregi o la utilización de la prescripción como instrumento al servicio de la represión    

Represion
Kalera Info

La entrega de Jaione Jauregi Espina por parte de Bélgica en virtud de la aplicación de una euro-orden solicitada por Estado español es un buen ejemplo para entender la actitud de este ante las personas de origen vasco obligadas al exilio político. Una actitud  de venganza que pretende convertir esa situación una condena a perpetuidad. Un impulso vengativo en sí, pero que obedece con cruel coherencia a una posición política netamente represiva. Han pasado ya más de siete años de la “Declaración de Aiete” tras la que EIPK (colectivo de refugiad@s y deportad@s polític@s vasc@s) hizo pública su decisión de dar el paso hacia la regularización jurídica de su situación como aportación al proceso de resolución y paz que debía ponerse en marcha para construir un marco de convivencia sano. “...  queremos hacer nuestra aportación al proceso abierto para dar una solución democrática al conflicto que sufre Euskal Herria. Para que ningún ciudadano o ciudadana vasca tenga que huir jamás por razones políticas. La mayoría vasca y muchos agentes internacionales han proclamado que hay que ofrecer una respuesta democrática a la naturaleza y consecuencias del conflicto. Con ese objetivo están estructurando una dinámica innovadora, y nosotros y nosotras hemos adoptado el compromiso de convertirnos en agente activo en el marco de ese proceso...”

Un marco de convivencia  necesitado de muchos ingredientes que, además de los aportados por presos y refugiados, deberán venir también de otros sectores afectados igualmente por la dureza del conflicto. Cada uno desde su perspectiva, cada uno desde lo vivido y sufrido, pero animados todos por la necesidad de hacer posible un nuevo marco de convivencia. En ese camino EIPK aportaba el que ellos veían como imprescindible: La futura Euskal Herria debería ser sin personas presas y exiliadas por motivaciones políticas. 

Desde entonces han sido más de 170 los exiliados y deportados que han transitado ese camino, volviendo a Euskal Herria y trabajando desde ella para que más pronto que tarde puedan hacerlo todos los que aún  permanecen en el exilio e incluso la deportación. Actualmente, con la entrega de Jaione son 39 las exiliadas vascas, 8 de ellas en situación de deportación.

El exilio como condena

Jaione en la entrevista publicada en Berria y Gara expresaba en varias de sus respuestas una realidad que muchas veces se nos escapa.  “No tengo ganas de correr más.  ... de que cada dos por tres me notifiquen un proceso, una petición .... ”, “... no son suficientes 42 años de exilio, ¿todavía prisión?...”. Y es que a menudo la idea que tenemos del exilio es una foto fija que tiene que ver con la alegría que nos produjo saber que tal o cual persona del pueblo había logrado huir de la tortura que sistemáticamente suponía una detención. No acabamos de asimilar que aquella huida fue el primer paso en la huida permanente que supone el exilio o la deportación. La persecución contra los exiliados no cesa. Así lo atestiguan las 378 entregas de policía a policía, las 280 extradiciones o euro-órdenes, los 27 asesinados por escuadrones de la muerte.... Una persecución que obliga a los exiliados a vivir en la clandestinidad con las consecuencias que ello conlleva. Ocurrió el 18 de Noviembre de 2017 con Javi Pérez de Nanclares en México. El miedo a ser descubierto y entregado a España le llevó a rechazar un ingreso hospitalario, cuando finalmente su estado de salud le obligó a ello ya fue demasiado tarde. Seguir oculto le costó la vida.

Sí, el exilio y la deportación son auténticas condenas. Condenas que además los diversos Gobiernos españoles, algunas organizaciones de víctimas, Policía y GC, determinados Fiscales y Jueces de la AN, pretenden que sean a perpetuidad. Tras 10 años de cese de la lucha armada, 3 desde el desarme  de ETA y 2 desde su disolución no hay por parte española el menor atisvo de búsqueda de la paz, de la verdad, del avance hacia una justicia restaurativa, de buscar mecanismos para la no repetición. Tras el disfraz de una supuesta búsqueda de la verdad sólo se esconde el afan de venganza y la justicia punitiva. Es ahí donde cobra su verdadero sentido la expresión de Jaione “¿no son suficientes 42 años de exilio?”.

 Frente a una solución justa más represión. ¿Como lo hacen?

Como decíamos al iniciar este artículo la venganza es el motor que lleva a situaciones como la ahora vivida por Jaione, pero lo que realmente está detrás es una apuesta política muy determinada: la de mantener vivo el parámetro con el que siempre han abordado el conflicto: la represión. Y en esa linea  pres@s, exiliad@os y deportad@s siguen siendo utilizados como rehenes políticos.

Frente a la apuesta realizada por el EIPK de andar el camino de la regularización jurídica para avanzar hacia una solución justa del conflicto, el Estado ha desplegado toda una batería de medidas para impedirlo, estando en la Audiencia Nacional española las más importantes. Comenzando por la injustificable negativa a facilitar a los abogados la información relativa a la situación jurídica de sus clientes en el exilio, hasta la utilización torticera de la prescripción para convertir el exilio y la deportación en condenas a perpetuidad. 
    
El caso de Jaione Jauregi tiene que ver con esto último, la utilización perversa de la prescripción. Tras leer la entrevista publicada en Gara y Berria no es poca la gente que se pregunta ¿cómo es posible que una persona sea encarcelada por hechos ocurridos hace casi 40 años? 

Ocurrió, entre muchos otros casos con Gotzon Telleria, detenido en México el 23 de Febrero de 2017. Incluso los titulares de la prensa española incidían especialmente en el hecho de que quedaban días para que su causa prescribiese. 

El pasado día 7 La Razón  publicaba un artículo cuyo único objetivo era tratar de justificar la no aplicación de la prescripción en el caso de Jaione. Y es aquí donde nuevamente la situación de Jaione se convierte en paradigma de lo que ocurre.  El 28 de febrero de 2020 la propia Audiencia Nacional española emitió un Auto en el que dictaba la prescripción de unos hechos ocurridos también en 1981 y por los que había sido procesada. Los  mismos argumentos que justificaban ese Auto deberían servir para declarar la prescripción de la causa en la que ahora se le pretende imputar. Sin embargo ha sido encarcelada aludiendo que no existe dicha prescripción.

En cualquier tribunal de justicia europeo la causa estaría ganada, pero no podemos olvidar que nos encontramos ante la Audiencia Nacional española, un tribunal directo heredero del TOP franquista cuya función es dar legitimad jurídica a decisiones meramente político/represivas. Lo ha venido haciendo históricamente validando testimonios arrancados bajo tortura y lo sigue haciendo ahora para conseguir, como decíamos, convertir el exilio y la deportación en condenas imprescriptibles,  a perpetuidad. O, como es el caso de Jaione que a la condena del exilio le siga la condena en prisión.

Es tiempo de soluciones.

Hay dos formas de afrontar el actual momento político: apostar por dar paso a soluciones a las consecuencias del conflicto que contribuyan a la construcción de un marco político y social que nos acerque a  una convivencia democrática que habra la puerta a la solución al conflicto en sí mismo o  empeñarse en mantener la imposición y la represión utilizando el sufrimiento de presos, refugiados, deportados y sus familias como instrumento que impida cualquier avance hacia la convivencia y la paz.
 
En definitiva, como en tantas otras situaciones, se trata de elegir entre una convivencia basada en el respeto a los derechos de todas las personas o apostar por la negación de todos esos derechos siguiendo con la imposición y la represión como la pauta de comportamiento del Estado.

Un comportamiento que ha servido entre otras cosas para el alargamiento de los encarcelamientos (doctrina Parot), para eludir los cómputos de penas en otros estados (ley 7/2014), para alargar hasta el límite de lo humanamente soportable las condenas (ley 7/2003) y para perpetuar la incertidumbre e impedir el derecho al regreso de los refugiados y deportados políticos vascos manipulando los tiempos y las prescripciones. Es, el Derecho penal del enemigo, ese que aplicado por una justicia parcial y de parte, no castiga en base al hecho y los supuestos que el derecho común contempla para la prescripción, sino que castiga al que consideran autor por el simple hecho de no haberlo encontrado cuando fueron a por él y considerarlo, por tanto, enemigo.
 

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