El que un pueblo desconozca su historia, y peor aún, su historia reciente, lo lleva indeteniblemente a tomar decisiones que le perjudicaran tarde o temprano. Este desconocimiento, falta mucha veces de la lectura necesaria por parte de las nuevas generaciones de los acontecimientos del pasado, y en gran medida responsabilidad de las generaciones mayores que olvidan o no cultivan la reflexión de los hechos ocurridos en nuestra sociedad, ha dado como resultado las ciertas características antagónicas del movimiento político denominado chavismo, en el cual, a pesar de autodenominarse revolucionario, confluyen personajes antirrevolucionarios, ladrones, históricamente de derecha, traidores e incluso asesinos de gente humilde de nuestro pueblo pobre.

La Masacre de El Amparo reúne en sus hechos, a estos personajes, que amparados en el proteccionismo del chavismo y la impunidad que ha caracterizado esta tendencia gubernamental para con aquellos militares que han estado incursos en corrupción, genocidio o han combatido abiertamente la revolución popular en Venezuela durante los gobiernos de la IV República.

La Masacre de El Amparo fue un hecho perpetrado el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, específicamente en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra supuestos grupos subversivos colombianos. Las víctimas totales fueron 16, dos de ellas sobrevivieron.

Esta matanza fue coordinada por los jefes del CEJAP el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco, en contra de humildes pescadores y campesinos, en su mayoría venezolanos y sin antecedentes judiciales. Los efectivos justificaron la acción alegando que eran guerrilleros colombianos.

El proceso de investigación del caso se realizó bajo la jurisdicción militar. En este proceso judicial se evidenció, por parte de los fiscales militares y los jueces, una serie de irregularidades con la finalidad de mantener absueltos de culpa a los imputados del hecho. Estos, junto con los autores intelectuales de la masacre y los abogados defensores de los policías y militares entretejieron una red de complicidad y maniobras para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo de no culpabilidad a los responsables.

De esta manera, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó sentencia y declaró que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano, que los policías y militares actuaron defendiendo la soberanía del país.

El 12 de junio de 1994 esta sentencia fue confirmada por una Corte Marcial. En 1998 los abogados de las víctimas interpusieron recurso de casación contra la sentencia y una nueva Corte Marcial dictó sentencia definitiva de impunidad.

Ante la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de El Amparo fue presentado en 1990 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso asignándole el número 10.602. El 12 de octubre 1993, la Comisión publicó un informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas.

Hasta la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos han ocupado cargos públicos.

En el enfrentamiento perecieron 14 personas inocentes, siendo ellas:
José Indalecio Guerrero, José Emeterio Vivas, José Ramón Puertas García, Pedro Indalecio Mosqueda, Rafael Magín Paúl Moreno, Carlos Antonio Eregua, Luis Alfredo Berríos, José Mariano Torrealba, José Gregorio Torrealba, José Rigoberto Araujo, Arín Obadías Maldonado, Moises Antonio Blanco, Julio Pastor Ceballos y Justo Pastor Moncada.

Y se declaran como sobrevivientes a este hecho José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla.

Los autores intelectuales y organizadores de la llamada operación "Anguila III" fueron:
Humberto Antonio Camejo Arias, General de División del Ejército, Comandante de la Segunda División del Ejército, asignado al CEJAP.
Henry López Sisco fue el jefe nacional de operaciones de la Disip. Involucrado directamente en las masacres de Cantaura, de Yumare, del Caracazo, el asalto a la embajada cubana en el 2002, entre otros. Actualmente se encuentra en Costa Rica.
Enrique Vivas Quintero, Coronel del Ejército, para la época era Jefe de la Guarnición de zona donde ocurrieron los hechos, organizó en apoyo al CEJAP la matanza y luego reportó la acción para intentar confundir al Ministerio Público.
En los años posteriores el Coronel Vivas, fue miembro fundador del partido Movimiento Quinta República a través del cual es electo Presidente Hugo Chávez. En 1998 es postulado y electo en votación popular como Diputado al Parlamento Latinoamericano, y es relegitimado en elecciones el año 2000. Falleció el 28 de abril del 2012.
Ramón Rodríguez Chacín, capitán de navío, quien para el momento de la masacre no pudo participar pues había sufrido un accidente al estrellarse el helicóptero militar donde viajaba y quedó gravemente herido. Participó en el golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, siendo encarcelado por el mismo, pero posteriormente, fue sobreseído en 1994, como le ocurrió a los demás golpistas. Durante el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) se mantuvo en la clandestinidad. Apoyó poco después la candidatura presidencial del teniente coronel Hugo Chávez, quien accedió al poder en 1999 tras su triunfo electoral. Hasta hace poco se se desempeñó como gobernador del Estado Guárico, tras vencer en las elecciones del 16 de diciembre de 2012.

Los funcionarios que participaron directamente en la masacre disparando contra los 14 pescadores fueron:
Alí Coromoto González, de la Armada venezolana. Ernesto Morales Gómez, del Ejército de Venezuela. Omar Antonio Pérez Hudson, del Ejército de Venezuela. Salvador Ortíz Hernández, del Ejército de Venezuela. Andrés Alberto Román Moreno del SEBIN, de la Brigada Territorial andina. Maximiliano José Monsalve Planchart, Comisario del SEBIN, Explosivisita de la Brigada de Intervenciones. Celso José Rincón Fuentes, del SEBIN. Carlos Humberto Durán Tolosa del SEBIN. José Ramón Zerpa Poveda, del SEBIN. Luis Alberto Villamizar, del SEBIN. Franklin Gómez Rodríguez, del SEBIN. Omar Gregorio Márquez, Subinspector del SEBIN. Gerardo Rugeles Molina, del CICPC. Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, del CICPC. Florencio Javier López, del CICPC. Alfredo José Montero, del CICPC. Daniel Virgilio Vitanares Gómez, del CICPC. Jesús Rafael Rodríguez Salazar, , del CICPC.

Es nuestro llamado, a 29 años de esta masacre, al Gobierno Venezolano y a nuestro Heroico Pueblo, a no olvidar jamás las víctimas de los desmanes causados por los apátridas que vejaron a nuestra gente, y a continuar la lucha para que cese la impunidad y se haga justicia en este y todos los casos de violaciones de los Derechos Humanos que aún siguen esperando por la justicia revolucionaria, para dar descanso a sus víctimas, y consuelo a sus familiares, caiga quien caiga.
Mientras haya impunidad, no habrá Revolución.

Rescatando la Memoria Histórica Revolucionaria.

Desde la Coordinadora Simón Bolívar manifestamos en carta abierta que "La solidaridad es la ternura de los pueblos".

Con Bolívar y Chávez, decimos ¡a la carga!


Desde Venezuela, Tierra de Libertadores, a 525 años del inicio de la Resistencia Antiimperialista en América, y a 207 años del inicio de Nuestra Independencia,

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