Hace unos meses, uno de los presos políticos vascos gravemente enfermos me hizo llegar una carta a raíz de un artículo que había publicado recientemente en el que aludía a las muertes en prisión. Para apuntarme que la cifra de esos dos centenares de presos muertos en las cárceles españolas cada año, en realidad es bastante mayor, ya que en los estertores son numerosos los internos «liberados» para que la estadística no ahonde en la percepción del espíritu vengativo, cruel e inhumano del sistema penitenciario español.

Que los presos enfermos pasan, por lo general, lo más grave de su enfermedad internados en unas condiciones penosas, mal atendidos y que algunas prisiones, aún sin tener el apellido adosado a su nombre, como las de Alcalá, Herrera o Puerto, deberían añadir el de lazaretos históricos, es ciencia extendida. Lo escribía hace poco un medio tan poco sospechoso de endulzar la vida carcelaria como “El Diario Vasco”: «la mitad de los presos en las cárceles vascas tienen algún tipo de enfermedad crónica». Se refería a las «mentales».

No hace falta ahondar en exceso para comprobar hasta qué punto la cárcel es un hospital gigante, sin condiciones. Y que cuando se exige que los enfermos sean debidamente atendidos, en consecuencia en medios preparados para ello fuera del los muros carcelarios, la respuesta no es humana, sino política. Según el Ministerio del Interior español, su política penitenciaria es «pieza ineludible de la seguridad de un país». Y la seguridad española pasa por el castigo sistemático.

Mercedes Gallizo, antigua directora de Instituciones Penitenciarias, dijo que el Código Penal era el más severo de Europa, a lo que el hoy retirado Alfredo Pérez Rubalcaba añadió «uno de los peores del mundo». Manuel Atienza, miembro de la Real Academia española de Jurisprudencia, acaba de escribir que el Código Penal español es «muchísimo más duro que el franquista».

El 13 de noviembre pasado, la Fiscalía belga pidió un informe a la jueza Lamela sobre la situación de las cárceles españolas. La respuesta fue del Ministerio del Interior (bien por la separación de poderes), en la que incidía en el respeto a los derechos humanos. La Fiscalía belga no andaba descaminada, a pesar de que algunos medios hablaron de «insulto a la democracia española». Un año antes, lo pueden consultar en la red, el Consejo de Europa había habilitado un informe denunciando trato «inhumano y degradante» en las cárceles españolas.

«Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados: buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan», escribió el poeta Miguel Hernández. Su periplo de cárcel en cárcel, Madrid, Palencia, Ocaña y Alicante, con una salud quebrada, le llevó al extremo. Enfermó de tifus y tuberculosis, murió encarcelado. Hoy lo habrían incorporado a la estadística de muertos por enfermedad en prisión.

Apenas quedan rescoldos por aguzar cuando recordamos a nuestros presos y sus padecimientos. Con el argumento de un conflicto cercano, incluso abierto, guerra de baja intensidad a decir de algunos analistas para frenar esa aplicación universal de los derechos humanos, los presos vascos enfermos continúan en prisión. Una estrategia encaminada a mantener rehenes políticos.

Pero, obviando cuestiones recientes, ¿por qué no el reconocimiento del daño ejercido en el pasado cercano, aquel que dio origen a esa historia que nos acotan desde 1958? En marzo de 1961 una banda de agentes policiales y militares de paisano y uniforme, mataron a Javier Batarrita y dejaron paralítico a José Antonio Martín Ballesteros que, dicen, se suicidó poco después.

Fue también en aquel maldito mes de marzo de 1961 cuando el sistema penitenciario español se mostró con su faceta más desalmada, la misma que reconocemos en el siglo XXI. Merece aquí recordar lo sucedido a Lorenzo Sarasola, vecino de Deba, fallecido el 28 de marzo de ese 1961. En la llamada guerra civil Lorenzo junto con sus tres hermanos se presentó voluntario para combatir con el Ejército vasco. Dos de sus hermanos fallecieron en combate y Lorenzo fue hecho preso y condenado a muerte. La ejecución no tuvo lugar y tras años de prisión consiguió volver a su casa a los dos días de haber fallecido su hija.

Sin embargo al poco tiempo de haber quedado en libertad fue nuevamente encarcelado tras ser detenido y brutalmente torturado. Lorenzo solía decir que tras ser excarcelado la primera vez tuvo «el rato de alegría» de ver derruir la prisión de Ondarreta. No sospechaba que iba a ser él mismo quien inaugurase la prisión de Martutene, nuevamente como preso.

Lorenzo consiguió huir de la prisión y buscar refugio en Ipar Euskal Herria. Un día, fue hospitalizado para ser operado de un quiste pero allí los médicos comprobaron que padecía un cáncer. En esa situación Lorenzo solicitó un permiso al consulado de España para volver a Deba. El permiso le fue concedido pero al presentarse en la muga fue detenido y permaneció en la prisión de Martutene donde se agudizó su enfermedad. Finalmente fue excarcelado y pudo así fallecer entre los suyos.

Como me decía el preso en su carta, la cárcel es inhumana, pero para que no sea tan evidente, los internos gravemente enfermos son excarcelados para no ampliar la estadística. Hace ya unos años que supimos que en apenas cinco, más de 300 presos murieron de enfermedad, la mayoría de tuberculosis, en el penal de Ezkaba. En la Universidad de Deustu, lustrosa como pocas para el currículo de modernos políticos, murieron 155 presos por enfermedad en el año y pico que ejerció de cárcel, ante la saturación de Larrinaga.

Que hay dos varas de medir es tan evidente como que el sol asoma todas las mañanas por el este y se acuesta por el oeste. Se dice habitualmente, con toda la razón del mundo, que la justicia no es igual para todos. Pero habría que avanzar que justicia no es sinónimo de ley, de la misma manera que ley no es de justicia. Por tanto, me gusta más escribir que la ley no se aplica igual a todos.

El exalcalde Julián Muñoz, el exgeneral Rodríguez Galindo, el narcotraficante Telmo Domínguez… salieron de prisión en razón de su quebrada salud. No lo voy a poner en duda ni es un tema que me preocupe. Me refiero al de si su enfermedad es simulada o no. Conozco la impunidad, la absolución vía jueces, los indultos a golpistas y torturadores, la no ejecución de penas a falangistas (los de Blanquerna), monárquicos (Urdangarin)… por similitud ideológica. Y no me extrañaría en absoluto que médicos corruptos fueran capaces de trampear informes.

Lo que me importa, en cambio, es la situación de esos 21 presos políticos vascos gravemente enfermos, entre ellos Ibon Iparragirre, con una doble condena. La impuesta por un juez y la de la enfermedad. Con el añadido del alejamiento que, en casos como el de José Arizkuren se amplía a 840 kilómetros, Gorka Fraile a 750, en el de Joseba Borde a 650 y Jagoba Codó a 550. El hernaniarra Garikoitz Arruarte se encuentra en Almería, alejado a 1.000 kilómetros de su casa y Mikel Arrieta, de Orereta, en Algeciras, a 1.100. No es ya su acercamiento lo urgente, sino su libertad.

El Tribunal Constitucional español es muy directo en este tema: la libertad en un régimen democrático es la norma general, no la excepción. Erika Ruiz, vicepresidenta de la CEAJ (Confederación Española de Abogados Jóvenes), señalaba en relación a los presos enfermos: «Deben primar las razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal pueda vivir sus últimos años, meses o días, en condiciones lo más adecuadas posibles, al lado de su familia o amigos, y procurándoles la mejor calidad de vida».

Y de eso se trata, de pasar de un estadio al otro. Del inhumano al humano. Aunque tengan que romper una tendencia que se pierde en los años más turbios del franquismo.