Quien niega sistemáticamente la tortura no solo se convierte en cómplice, sino que pierde toda su credibilidad en cualquiera de los temas adyacentes.

El Instituto Vasco de Criminología ha editado recientemente sus conclusiones sobre la tortura de ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca desde 1960 a 2014. Avanza que los resultados son provisionales y que una mayor profundización acarrearía el aumento en la certificación del número de torturados. Aún así, los resultados son escalofriantes: 4.113 casos, más otros 454 para estudio. De ellos, 1.027 testimonios han sido recuperados en audio y en video.

Hace unos meses, la Fundación Euskal Memoria ya adelantó también una cifra: 5.567 los casos verificados de tortura. La metodología del IVAC y la de Euskal Memoria diferían en el procesamiento de las fuentes. El IVAC recibía los testimonios de los torturados, mientras que Euskal Memoria se dirigía a los detenidos bajo legislaciones antiterroristas para recabar su testimonio y conocer su caso particular. De 7.582 detenidos encuestados, 5.567 habían sido torturados. De cada cuatro tres.

El Informe-base de Vulneraciones de Derechos Humanos en el caso vasco (1960-2013), realizado por el Gobierno vasco en 2013, afirmaba que 40.000 personas fueron detenidas en ese plazo, de las que menos de 10.000 fueron imputadas por pertenecer a ETA. Desconozco si en la cifra hay vecinos de Nafarroa o Ipar Euskal Herria. Euskal Memoria señala que la lista provisional de vascos detenidos en las mismas fechas bajo legislaciones antiterroristas es de 22.386.

Apliquen la proporción antes citada a cualquiera de las cifras de detenidos y concluirán que los torturados en Euskal Herria son un número inadmisible para cualquier sociedad normalizada. Una excepción colosal en Europa. Incluso la cifra del IVAC rompe todos los moldes aún en situaciones excepcionales, de guerra.

En febrero de 2016, el Parlamento de Gasteiz, con los votos favorables del PNV, EH Bildu y PSOE y la abstención del PP, ya expresó su solidaridad con los torturados e instó a los poderes públicos «a que se comprometieran a depurar con todo rigor y diligencia las actuaciones de los servidores públicos en este ámbito» y a los jueces y fiscales a que fueran «especialmente activos» en las investigaciones de este tipo.

Sin embargo, el estado profundo, y con él toda esa ristra de subordinados que contribuyen activamente a la perpetuación de la que ha sido la mayor violación masiva de derechos humanos en nuestra historia reciente, se engancha al negacionismo sistemático de la existencia de tortura. El castillo del reconocimiento era de naipes.

La respuesta de ese estado profundo ha sido dispar. La mayoría ha optado por obviar el trabajo y no entrar en debates, mientras que la minoría, no desdeñable porque entre ellas se encontraban los diarios del grupo Vocento en Vascongadas y diversos agentes políticos, han rechazado el informe desde una posición clásica: «negar la mayor». Miles de hombres y mujeres de Euskal Herria mienten como bellacos.

Los jueces, cómplices, se han parapetado en un corporativismo esperado pero no por ello menos irrisorio, señalando que sólo han sido torturados los señalados por sentencia. Unai Romano y Sandra Barrenetxea son farsantes, Esteban Muruetagoiena murió de un constipado y Gurutze Iantzi de un sinquerer. Con unos jueces imparciales, la tortura habría tenido un recorrido distinto. Pero no quisieron impartir justicia, sino ahondar en la impunidad para que tuviera continuidad.

El PSOE, con Idoia Mendia a la cabeza, salió con un mensaje enlatado, confeccionado previamente a la presentación del informe del IVAC. Las elecciones catalanas mandaban y la sección vasca se excusa en que desde Ferraz le impusieron la información. En el fondo, sin embargo, el PSOE evita su responsabilidad (la mayor cantidad de torturas se produjo bajo mandato de Felipe González), considerando improcedente el unir en un mismo saco muertes y torturas, tal y como hizo, por ejemplo, la Comisión Valech de Chile u otras de la Verdad en otros escenarios del planeta. ¿Por qué lo hace? Porque tiene constancia que en ese relato (y postrelato) que se construye desde 2010, la actividad socialista contrainsurgente saldría muy malparada. Del estilo de la camorra siciliana.

La respuesta del sindicato mayoritario de la Ertzaintza es de traca. Ni siquiera su secretario general conoce los agentes de la Policía Autónoma que mató ETA, le desdice a Urkullu que apunta a 15 y los eleva a 35. Urkullu también miente. En realidad fueron 12 más un teniente coronel del Ejército español que ejercía tareas de dirección en el cuerpo autonómico. Niega, como también sorprendentemente el informe del IVAC, que algún agente de la Ertzaintza haya sufrido condenas por torturas, mentira flagrante, y «justifica» unos supuestos malos tratos que pudieran haber existido por la actividad de ETA. Unos cuantos también fueron condenados por lesiones.

Los medios que han puesto líneas para criticar el informe del IVAC son los más cercanos a los torturados, mayoritariamente guipuzcoanos y vizcainos. “El Correo” y “El Diario Vasco” han dedicado más páginas a criticar el informe que al propio trabajo del IVAC. Desde posturas ramplonas y arrabaleras, hasta astrológicas como las del editorialista habitual del grupo comunicativo (propagandístico) Vocento que ha tildado de «nulamente científico» el informe del IVAC por haber escogido «únicamente» 202 protocolos de Estambul y poco más de mil testimonios. Vocento, sumándose a la inquina, ha dado voz únicamente a quienes salen malparados del informe.

En todos estos casos, la negación de la tortura ha sido una constante. A pesar del número. A pesar de las evidencias, a pesar de esos tirones de orejas que un año sí y otro también organismos internacionales, cuyos protocolos por cierto ha firmado el Estado español, afean la conducta de Madrid en el tratamiento de la tortura.

El británico David Irving ha sido, durante años, una de las cabezas visibles europeas del negacionismo del Holocausto y simpatizante de la causa nazi. Aunque nació en Brentwood, vivió una parte de su historia en España, trabajó en la base norteamericana de Torrejón y se casó con una madrileña. En 1996, Irving inició un proceso contra Deborah Lipstadt y su editor, que le habían acusado en un libro de falsificar hechos históricos y manipular documentos. En 2001 fue condenado definitivamente: «Irving, debido a razones ideológicas, ha tergiversado persistente y deliberadamente pruebas históricas».

La sentencia y el mantenimiento de las tesis negacionistas de Irving originó que su presencia fuera vetada primero en Nueva Zelanda, donde debería ofrecer una conferencia, y luego en Alemania, Italia, Francia y Canadá. Fue expulsado de diversos lugares y cuando intentó entrar en Austria fue detenido y condenando a tres años de prisión de los que cumplió uno. Delito: negar la razzia nazi.

El uso extendido y expandido de los malos tratos y de la tortura es una evidencia aceptada de puertas adentro por la sociedad, su clase política, sus agentes ejecutores y, por descontado, por las miles de víctimas. Al llevarlo a lo público es cuando surgen los silencios y la negación. Al estilo de Irving, de quien se dice reconocía en privado ciertos crímenes del nazismo, pero cara a la galería admitía sus simpatías por Hitler y sus secuaces.

De la misma manera que el negacionismo del Holocausto está perseguido, la negación de la vulneración de los derechos elementales de la persona, está penada jurídica y socialmente. Quien niega sistemáticamente la tortura no solo se convierte en cómplice, sino que pierde toda su credibilidad en cualquiera de los temas adyacentes.

Amnesty International ya denunció que muchos gobiernos y entidades dedican más esfuerzos a negar y encubrir la tortura que a llevar investigaciones efectivas sobre las denuncias y perseguir a sus responsables. Los apuntados están en los párrafos anteriores. Negacionistas por razones ideológicas, mentirosos compulsivos por razones políticas, que deberían ser tratados como criminales.