La deportación, una condena sin apoyo legal ni juicio previo, que por tanto deja a quien la sufre sin ninguna posibilidad de defensa, sigue estando vigente a pesar de que han pasado 34 años desde que comenzase a aplicarse.

El próximo 6 de octubre tendrá lugar el Tolosa una nueva edición del Iheslari eta deportatuen eguna. Que se haga en Tolosa no es casual. Obedece a dos razones. En primer lugar porque es en octubre cuando se cumple el 35 aniversario del secuestro, tortura y posterior asesinato de Joxi Zabala y Joxean Lasa, vecinos de esta localidad.



La voluntad de que en esta iniciativa en favor de la vuelta a casa de las personas exiliadas y deportadas se realice en hegoalde es la segunda razón y tampoco es caprichosa. Se pretende así dar un nuevo impulso al proceso de vuelta a casa iniciado tras la Declaración de Biarritz hecha pública por el colectivo de refugiados y deportados políticos vascos (EIPK) el 15 de junio de 2013.



En la citada declaración y en los debates previos a la misma, el EIPK apostaba por contribuir a un proceso de solución democrática al conflicto en el que la superación de sus consecuencias estaba llamada a ser una de sus piezas centrales. En ese sentido la vuelta a casa de aquellas personas que pudieran hacerlo se planteaba como una aportación al proceso de solución integral y al mismo tiempo dirigida a ganar espacios de libertad para personas refugiadas y deportadas desde el compromiso de trabajar para conseguir la vuelta de todas ellas. Desde entonces han sido más de 160 las que han vuelto a sus lugares de origen.



Sin embargo el Estado español, lejos de abordar una solución pacífica y democrática al conflicto en la que la solución de las consecuencias impulsase una solución integral al mismo, se empeña en utilizar a las personas presas, refugiadas y deportadas para tratar de frenar todo avance en claves resolutivas. Y ello ha tenido una repercusión directa hacia este colectivo.

Concretamente, la Audiencia Nacional se niega a dar información a los abogados sobre la situación jurídica en la que se encuentran las personas exiliadas y deportadas para que puedan siquiera estudiar la posibilidad de una posible regularización de la misma. No olvidemos que no son pocas las que llevan más de 30 años fuera de sus casas superando ampliamente los plazos para la prescripción de cualquier delito.



Precisamente la utilización torticera de la prescripción, interrupciones arbitrarias de su cómputo para convertir el exilio y la deportación en una condena a perpetuidad, es otro de los instrumentos utilizados para impedir soluciones desde su propia legalidad.



Por otra parte es sobradamente conocido y ampliamente constatado que la tortura está en la base de la gran mayoría de los sumarios que han llevado a miles de vascas y vascos a la cárcel o el exilio. La negativa a la anulación de esos procesos, tal y como exigen la legislación y jurisprudencia internacional e incluso la española, hace que muchas de ellas sigan sin poder volver.



La deportación, una condena sin apoyo legal ni juicio previo, que por tanto deja a quien la sufre sin ninguna posibilidad de defensa, sigue estando vigente a pesar de que han pasado 34 años desde que comenzase a aplicarse. Pese a su arbitrariedad son 14 las personas que sufren esta medida.



Simplemente revirtiendo esta situación y propiciando la vuelta a sus hogares, por razones de mera humanidad, de las personas exiliadas de edad avanzada o que padecen enfermedades graves podrían estar en sus casas el 80% de ellas.



Como se ve estamos hablando de cuestiones de mera legalidad, justicia y humanidad que se pueden comenzar a aplicar desde ahora.

Para ello dos cosas son fundamentales. La primera conseguir la presión social suficiente para avanzar en este camino de soluciones. La segunda que esa presión social sea lo suficientemente eficaz para provocar la implicación de los agentes sociales, sindicales y políticos vascos y que todo ello lleve a que las instituciones vascas se planteen de una vez la necesidad de andar este camino. La sociedad vasca demuestra constantemente que quiere andar ese camino hay que lograr que las instituciones se impliquen en ello. No hay excusa para no hacerlo.



En estos tiempos que tanto se habla de convivencia planteamos que es necesario la construcción de un marco social y político que la haga posible. Un marco donde todas y todos podamos sentirnos cómodos. Necesitará de múltiples ingredientes, pues grande ha sido el dolor generado por años de confrontación violenta y muchos los sectores afectados.

Creemos que una sociedad sin personas refugiadas, deportadas ni presas políticas es uno de esos ingredientes, no el único pero sí imprescindible. Jamás se podrá construir una sociedad normalizada y sana mientras existan personas que sigan viviendo el exilio o la deportación. Jamás se podrá hablar se superación de la violencia mientras existan personas que sigan padeciendo sus consecuencias.

Es necesario construir entre todas y todos una Euskal Herria sin personas refugiadas, presas ni deportadas. Es hora de comenzar a dar pasos en ese sentido. Por justicia, por humanidad y como pilar importante de la nueva sociedad que estamos en disposición de construir.


El 6 de octubre en Tolosa pretendemos hacer una llamada en ese sentido. Te llamamos a participar.