En aquel entonces aplaudieron George W. Bush y José María Aznar. Hoy aplauden Donald Trump y Jair Bolsonaro y Pablo Casado y Albert Rivera y Santi Abascal. Iñigo Urkullu les hace el coro. Decidles, por favor, que el chiste es viejo.

Lo hicieron en Nicaragua durante cuarenta y dos años de dictadura entre 1937 y 1979. La dinastía de los Somoza, propietaria ilegítima de una tiranía militar tan tenebrosa como despiadada, confraternizó con el tío Sam hasta sus últimas horas de aliento. Bancos y empresas estadounidenses llegaron a Managua con un apetito voraz de capitales. Dicen que Anastasio Somoza, el último heredero del holding familiar, alimentaba un foso de leones y serpientes con carne de opositores sandinistas. Cuando Washington perdió por fin el gobierno nicaragüense a manos del FSLN, Ronald Reagan decidió entrenar, armar y dopar con millones de dólares a una contra paramilitar. Hay quien cuenta 50.000 muertos durante la dictadura. Hay quien suma otros 50.000 muertos durante la guerra de la contra. Pero las cifras, ya se sabe, son un baile caprichoso..

Lo hicieron en Argentina en 1976 con un golpe de estado y una junta militar que estiró el imperio del terror hasta la elección presidencial de Raúl Alfonsín en 1983. El dictador Jorge Rafael Videla, que en 1978 recibió la visita emocionada del rey Juan Carlos I a una semana del referéndum constitucional español, fue condenado en 2012 por el robo sistemático de niños. También en 1978, las aficiones que abarrotaban el Estadio Monumental de Buenos Aires durante el mundial de fútbol tapaban con sus gritos los gritos de los torturados. 5.000 personas fueron apalizadas en un centro de detención a pocas calles del campo donde la selección albizaul celebraba sus goles. Los militares argentinos, hermanados entonces con el Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, dejaron un resultado de entre 9.000 y 30.000 desaparecidos, según quien traiga los números.

Lo hicieron en Chile en 1973 con un saldo de más de 3.000 personas desaparecidas y 35.000 detenidos –la mayoría torturados–, durante quince años de dictadura derechista. A Víctor Jara le arrancaron las manos, lo apalearon y lo mataron en los subterráneos del Estadio Chile. Los militares celebraban quemas públicas de libros. Augusto Pinochet, brazo armado de los teóricos liberales de la Universidad de Chicago, persiguió los sindicatos y desató una ola privatizadora que terminó conduciendo el país a la ruina. El laboratorio chileno, auspiciado por el economista Milton Friedman, se convirtió en un apéndice siniestro del thatcherismo. A Salvador Allende lo habían derrocado durante el bombardeo del Palacio de la Moneda. Antes de volarse los sesos con un AK-47, Allende aprendió una valiosa lección: el capitalismo solo está dispuesto a aceptar la democracia cuando ganan los suyos.

Lo hicieron en Uruguay entre 1973 y 1985 mediante un golpe de estado con militares televisivos y parlamentos disueltos y tanques en la calle. Más de medio millón de uruguayos se fueron al exilio. 50.000 personas pasaron por la cárcel. Los campos de tortura eran conocidos por su eficacia, sus poleas, sus caballetes, sus bañeras de agua para hacer el submarino y sus bolsas de plástico en la cabeza para hacer el submarino seco. Cuenta el militante comunista Carlos Chassale que pasó siete meses con los ojos vendados. Cuenta la dirigente sindical Elba Rama que la colgaban de una tubería del techo. Cuenta el extupamaro Juan Ángel Urruzola que encontró en Twitter al militar que cuarenta y seis años atrás le había ahogado y electrocutado durante casi cien días en el Sexto de Caballería. Los hombres del dictador Juan María Bordaberry habían perfeccionado sus torturas bajo el magisterio del agente del FBI Dan Mitrione.

Lo hicieron en Paraguay con el militar Alfredo Stroessner y un régimen sanguinario que entre 1954 y 1989 dejó un reguero incontable de muertos, desaparecidos y torturados en el mandato dictatorial más longevo del continente. La tiranía paraguaya, regentada por una camarilla de fieles conocida como Cuatrinomio de oro, dedicó todos sus esfuerzos a erradicar el comunismo y a exterminar las experiencias insurgentes que fueron brotando al calor de la Guerra Fría. Con el tiempo se supo que Paraguay había sido un tentáculo esencial del Plan Cóndor, aquella fraternidad de dictadores que operaban bajo la órbita de Estados Unidos y que sembraron el pánico en varios países de América Latina durante los años setenta y ochenta. Eladio Loizaga, uno de los gerifaltes paraguayos de aquel entramado criminal, fue condecorado en 2017 por el gobierno de Rajoy.

Lo hicieron en Guatemala entre 1960 y 1996 con un genocidio que la ONU cifra en 200.000 personas muertas o desaparecidas. Los asesinos son las fuerzas gubernamentales. Las víctimas son en su mayoría mayas. Por el camino, un rastro de impunidad e indiferencia hasta que un tribunal guatemalteco condenó en 2013 al dictador José Efraín Ríos Montt. La alegría en casa del pobre duró exactamente diez días y la Corte de Constitucionalidad se apresuró a anular la sentencia. Ríos Montt murió en libertad el pasado mes de abril a los 91 años. Durante los juicios se escucharon algunos testimonios atroces. Ejecuciones extrajudiciales. Torturas. Mutilaciones. Empalamientos. Violaciones en serie. No solo las guerrillas marxistas estuvieron en el punto de mira de los genocidas. Los indígenas campesinos ixiles habían cometido la imprudencia de arraigarse en tierras de petróleo y níquel.

Lo hicieron en Colombia con unos resultados estremecedores. Dicen que La Escombrera de Medellín es una de las fosas comunes más grandes del mundo en un país donde los sepultados sin nombre se cuentan por decenas de miles. El Centro de Memoria Histórica cuenta 262.917 víctimas en medio siglo de guerra. Un país de 48 millones de habitantes como Colombia sigue liderando el ránking mundial de desplazados forzados internos con un total de 7,7 millones de personas afectadas. Para comprender las dimensiones del exterminio ideológico, basta recordar el asesinato de 5.000 militantes y cargos izquierdistas de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002. Basta mencionar los más de 2.000 campesinos asesinados y presentados como bajas por combate en el escándalo de los falsos positivos. Basta recordar el exterminio rutinario de sindicalistas y la impunidad paramilitar.

Lo hicieron en Brasil entre 1964 y 1985 con una dictadura militar de la que Jair Bolsonaro no quiere acordarse. Trajeron los años de plomo y censura y pena de muerte. El Gobierno multiplicó los eslóganes patrióticos y anticomunistas. La extrema derecha campó a sus anchas. El régimen terminó sus días con 25.000 presos políticos. En 2014, una comisión de la verdad contabilizó 434 muertos y 377 culpables. En el mismo informe, la escritora Karen Keilt recuerda que en 1976 la colgaron atada de un palo. Que le aplicaron descargas en los pezones. Que la violaron. La propia expresidenta Dilma Roussef padeció tres años de palizas entre 1965 y 1968. Había al menos once grandes torturaderos en el país. Por el Centro de Operaciones de Defensa Interna de São Paulo pasaron 8.000 torturados. Brasil fue una pieza vertebral de la Operación Cóndor.

Lo hicieron en El Salvador en una alargada persecución contra la disidencia y una guerra civil entre 1979 y 1991 que arrancó más de 75.000 vidas. Los escuadrones de la muerte, paramilitares de extrema derecha de inspiración anticomunista, se llevaron por delante cerca de 35.000 personas. Cuando al sacerdote Óscar Arnulfo Romero se le ocurrió denunciar la represión de la dictadura, se encontró con el disparo de un francotirador de la Guardia Nacional en plena misa. El plan homicida del mayor Roberto d'Aubuisson se llamó Operación Piña. Durante el funeral de Monseñor Romero hubo cuarenta muertos y más de doscientos heridos entre el pánico de los 60.000 asistentes. Por entonces, el régimen salvadoreño se alimentaba de los dólares que Estados Unidos, en su cruzada contra el comunismo, reservaba para los gobiernos dóciles y sus agradecidas oligarquías.

Lo hicieron en Honduras en 2009 para quitarse de en medio a un presidente ingrato como Manuel Zelaya. Lo repitieron en 2016 cuando asesinaron a la líder indígena Berta Cáceres. Lo hicieron en México en 2010 cuando asesinaron a la activista indígena Bety Cariño. Lo intentaron pero no lo hicieron en 1961 en Cuba, en Playa Girón, y el pueblo cubano pagó su resistencia con 60 años de bloqueo. Lo intentaron pero no pudieron en 2002 en Venezuela contra Hugo Chávez cuando el líder de la patronal, Pedro Carmona, se proclamó presidente sin votos. Entonces aplaudieron George W. Bush y José María Aznar. Hoy aplauden Donald Trump y Jair Bolsonaro y Pablo Casado y Albert Rivera y Santi Abascal. Se suma Pedro Sánchez. Iñigo Urkullu les hace el coro. Decidles, por favor, que el chiste es viejo. Que ya lo hemos escuchado. Y que hace mucho tiempo que dejó de tener gracia.