Por primera vez Enrique Santiago, el principal asesor jurídico de las FARC, revela qué acepta y qué no acepta la guerrilla en materia de justicia.

A Enrique Santiago se le conoce en España de dos maneras. Una como dirigente político del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y otra como abogado del pueblo en causas tan sonadas como el caso Bárcenas, y en litigios de derechos humanos, algunos de ellos al lado de Baltasar Garzón. Desde hace un año se convirtió en el asesor jurídico de las FARC para la Mesa de Conversaciones de La Habana, por invitación y auspicio del gobierno noruego. Actualmente hace parte de la subcomisión jurídica, junto al reconocido político conservador Álvaro Leyva y al abogado defensor de derechos humanos Diego Martínez. Su visión de la justicia transicional y los dilemas que se tratan de resolver en Cuba permite ver qué tanto castigo está dispuesta a aceptar la guerrilla, y cuáles fórmulas de acuerdo hay en discusión.

Semana: ¿Entienden las FARC que hoy los procesos de paz requieren una dosis de justicia?

Enrique Santiago: Las FARC entienden perfectamente el derecho internacional. Prueba de ello es que se han aprobado medidas concretas como la Comisión de Verdad, con estándares muy altos.

S: ¿Aceptan que podrían ir a un tribunal?

E.S.: Si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que lo van a rechazar. Esa no es una alternativa porque esto no es una derrota ni una rendición.

S: Habrá alguna dosis de impunidad…

E.S.: En Colombia hay impunidad pero no son las FARC las que han disfrutado de ella. Ese es un gran equívoco. Según el informe preliminar de la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano ha perseguido a las guerrillas. Son miles de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos.

S: ¿Entonces dónde está la impunidad? ¿En las Fuerzas Armadas?

E.S.: Tampoco. En casos como los falsos positivos se está avanzando, hay multitud de militares detenidos, por supuesto más tropa que altos oficiales pero no hay absoluta impunidad. Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro.

S: Explíquese.

E.S.: ¿Dónde acaba la cadena de mando del Estado en una dictadura? A lo mejor en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Pero en una democracia acaba en el palacio presidencial y en el consejo de ministros, y eso está plenamente establecido por la jurisprudencia internacional.

S: ¿Es decir que las FARC quieren que ministros y presidentes se sienten en el banquillo?

E.S.: Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político.

S: ¿Quién establece quiénes son estos máximos responsables?

E.S.: Lo tenía que haber establecido la Fiscalía. Pero no lo ha hecho. ¿Cómo es posible que haya solo una sentencia, una, sobre financiación del paramilitarismo? En un país donde ganaderos, gremios y empresarios han instigado, organizado, financiado el paramilitarismo para cometer crímenes de lesa humanidad.

S: ¿La Fiscalía no ha hecho su parte?

E.S.: La Fiscalía creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso. Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto para los casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo. ¿No es eso un trabajo unidireccional?

S: Bueno, pero ha habido todo un proceso de Justicia y Paz…

E.S.: Del que apenas hay 33 sentencias a pesar de que hubo 37.000 desmovilizados. Y esas sentencias afectan exclusivamente a combatientes. Eso es un engaño.

S: ¿Aspiran las FARC a una amnistía?

E.S.: Las FARC no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento. Ahora, todos en La Habana son muy conscientes de que los crímenes internacionales no están cubiertos por ninguna amnistía. Y que se necesita un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad sobre estos hechos, y que se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador. Eso tiene efecto de cosa juzgada en cualquier sistema jurídico.

S: ¿Para esos delitos fue que se creó el Marco Jurídico para la Paz?

E.S.: Creo que las FARC nunca aceptarán ese marco porque a pesar de que fue pensado con buena intención tiene dos problemas: el primero es que lo creó de manera unilateral una de la partes, sin contar con la otra. Y el segundo, más grave, es que inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por crímenes de lesa humanidad o graves de guerra. Cuando los miembros de una organización como las FARC han pasado 50 años en armas y deciden abandonarlas, lo único que no se les puede prohibir es que participen en política. Eso no tiene ningún sentido ni está contemplado en el derecho internacional.

S: Y eso afecta directamente al secretariado de las FARC…

E.S.: Póngase en los zapatos de los nueve comandantes guerrilleros si quedan excluidos de la participación en política. Eso es una mala estrategia, un error, y un obstáculo muy serio que el Estado tendrá que resolver.

S: ¿Cuál sería entonces el modelo de justicia en versión de las FARC?

E.S.: La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones. La Constitución colombiana establece en su artículo 66 transitorio un instrumento extrajudicial de investigación y sanción. En derecho, cuando la sanción se cumple, se extingue la responsabilidad penal.

S: ¿Cómo sería ese mecanismo extrajudicial?

E.S.: Hay que diseñarlo. Pero puede ser una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas. Y habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial. Este tribunal también tendrá que juzgar a quienes no quieran ofrecer verdad completa y exhaustiva, e imponerles las penas que el sistema ordinario establezca.

S: ¿Qué tipo de penas tendrían entonces los máximos responsables?

E.S.: Penas alternativas para quienes estén dispuestos a dar verdad, no dar repetición y a reparar.

S: Pero la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que algo de privación de la libertad debe haber…

E.S.: Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval.

S: El presidente, el procurador, los ministros y hasta el fiscal coinciden con la idea de que haya algo de privación de la libertad…

E.S.: Si alguna autoridad del país cree que debe haber pena de prisión, me imagino que lo estará pensando para todo el mundo y no solo para las FARC. Por tanto tendrán que dirigirse a aquellos a los que la justicia no ha perseguido.

S: En la Colombia de hoy no es viable que un presidente termine en un tribunal junto a las FARC.

E.S.: Esa ya es una consideración política y lo mío es lo jurídico, y en ese terreno está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política.

S: ¿Lo que quieren las FARC es un trato simétrico con el Estado?

E.S.: Las FARC no buscan una simetría absoluta. No están diciendo que si Timochenko va a la cárcel, Santos vaya también. Están diciendo que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir. Buscan más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos.

S: ¿Tendremos acuerdo sobre justicia en cuatro meses?

E.S.: Perfectamente puede estar cerrado en cuatro meses siempre y cuando no haya posiciones maximalistas como que unos van a la cárcel y los otros no. Si la posición es todos vamos a la cárcel, las FARC no tendrán problema.

S: Pero la sociedad colombiana es maximalista…

E.S.: La sociedad colombiana lo que está demandando es que no haya impunidad. El Estado debe cumplir su obligación de investigar, perseguir y sancionar, y sobre eso ya hay acuerdo. Ahora, el Estado tiene que garantizar que no va a haber repetición de esos hechos.

S: El expresidente Uribe, como jefe de la oposición, tampoco dejaría pasar una fórmula de cero cárcel…

E.S.: De todos los presidentes, Uribe es el que debería estar más preocupado de que este modelo de verdad salga adelante. Insiste mucho en la prisión pero él es el que tiene más papeletas. En España tiene un proceso penal abierto y en condición de imputado.

________________

Comunicado de la Delegación de Paz de las FARC-EP

No se puede pactar un modelo de justicia en el que el estado y los determinadores queden impunes

El debate sobre la paz realizado esta semana en el Congreso de la República no solamente fue oportuno y necesario, sino que reflejó una vez más que el actual intento por ponerle punto final a más de 50 años de guerra ocupa el interés prioritario de la agenda nacional, a la vez que reflejó un abanico variado de posiciones de los distintos partidos políticos, dejando en evidencia que –excepto las fuerzas de la extrema derecha comandadas por el senador Uribe Vélez- todos apoyan los esfuerzos que se hacen en La Habana para conseguir un gran acuerdo de paz.

Que el ex presidente Uribe y su bancada hayan despotricado contra el proceso de Paz con el desgastado sofisma de que en Colombia no hay un conflicto armado interno, ni nos sorprendió, ni nos desveló: sabemos muy bien que él y sus alfiles hacen y harán hasta lo imposible para evitar que las futuras generaciones de colombianos y colombianas vivan y disfruten un país en paz.

Sin embargo, luego de escuchar con atención las intervenciones de la mayoría de los voceros de cada bancada, nos asalta una preocupación que hoy queremos compartir desde esta tribuna: pese a apostarle a la paz, muchos de ellos hablaron con un gran desconocimiento de los orígenes, la naturaleza y la historia del conflicto. Buena parte dio como un hecho que no se firmará un acuerdo final de paz, si no hay cárcel para la guerrilla cuyos máximo dirigentes –según se afirmó- deberán pagar algún tipo de pena.

Pensamos que estas son versiones recicladas de la lectura unilateral y equivocada que viene haciendo el gobierno sobre el origen y los propósitos del proceso que se emprendió desde el año 2012 en La Habana.

En la afirmación de que los jefes guerrilleros deberán pagar algún tipo de condena se esconde la tesis según la cual las FARC son las responsables de estas décadas de conflicto armado y que la verdad sobre el mismo solo se conocerá una vez sea firmado el acuerdo de Paz y se produzca el desarme de la guerrilla.

Según esa tesis, debemos entender que,

¿Los falsos positivos fueron culpa de las FARC-EP?

¿Los 6 millones de desplazados fueron culpa de las FARC-EP?

¿Las más de 6.500 masacres cometidas por el paramilitarismo son culpa de las FARC-EP?

¿Las miles de personas torturadas y desaparecidas fueron responsabilidad de las FARC-EP?

¿Toda la violencia de género ocurrida durante el conflicto es culpa de las FARC-EP?

¿Toda la participación de menores en el conflicto, es culpa de las FARC-EP?

¿El despojo de tierras en Urabá, Chocó, Sur de Bolívar, Córdoba Cesar, Magdalena medio, la Altillanura, Cauca, Valle del Cauca, que suma más de seis millones de hectáreas, es culpa de las FARC-EP?

¿Entonces, debemos creer que los paramilitares ya pagaron sus culpas y que en Colombia no hay paramilitares?

¿Solo bandas criminales narcotraficantes, una de las cuales es las FARC- EP?

¿Los representantes de la clase dirigente, los partidos políticos, el empresariado, los terratenientes y las multinacionales no asumirán ninguna responsabilidad?

Debemos señalar que para hablar de justicia es necesario conocer toda la verdad. No se puede pactar un modelo de justicia en el que el Estado y los determinadores queden impunes.

A la presente legislatura le corresponde la responsabilidad de tratar temáticas de hondo calado en momentos de particular dificultad para el país. Al debate del fin del conflicto y las políticas públicas derivadas de él, hay que sumarle la inminencia de una crisis económica sin precedentes, con barril de petróleo a menos de 60 dólares, el oro a 1.200 dólares la onza, las exportaciones en descenso o estancadas, los hospitales cerrados o quebrados y una crisis económica internacional cada vez más aguda.

En esas condiciones, un gobierno debilitado, que le incumple a las organizaciones sociales y se niega a verdaderos cambios, deberá no solo enfrentarse a un parlamento dividido, sino también a la respuesta popular en las calles.

Es por eso que hoy, cuando estamos más cerca que nunca de la posibilidad de un cierre de la expresión armada del conflicto, pensamos que desde el parlamento se debe actuar con suma responsabilidad, sin apelar a viejos trucos mediáticos para distorsionar el sentido del proceso de paz, vendiendo la vieja idea de que la guerra ha sido protagonizada por unos buenos, muy buenos que fueron atacados por unos malos muy malos, sobre los cuales debe recaer toda el peso de la ley.

En esta hora trascendental se requerirá de partidos políticos y liderazgos parlamentarios a la altura de los retos del momento, plenamente conscientes de la trascendencia de sus decisiones y comprometidos con el supremo objetivo de la paz.

Pudiéramos coincidir con el Dr. Humberto de la Calle en que hoy es más posible vislumbrar escenarios de paz cierta que antes.

No obstante, Poco ayuda a concretarlos el jefe negociador del gobierno, al insistir en interpretaciones que ya se han vuelto costumbre en la delegación del gobierno y que en nada se corresponden con la realidad, a saber:

-El primero, que el tema de la agilidad de las conversaciones es asunto que incumbe solamente a la guerrilla. Esto, lo sabe muy bien quien conozca de cerca lo que acontece en la Mesa, no es cierto. En el trascurso de las conversaciones hemos dado cuenta de presteza e interés por lograr rápidos avances. Ha sido precisamente el gobierno quién ha aplazado debates urgentes, actuando con displicencia en numerosas ocasiones y tornando complejos, puntos que serían de fácil consenso, con un poco de sentido común.

-El segundo, habiendo expresado nítidamente nuestra posición acerca del tema de la dejación de armas, la insistencia en equiparar esa dejación con la entrega de estas a la contraparte, no es más que una falacia. Sabe muy bien el jefe negociador del gobierno de Colombia que lo firmado en el Acuerdo General de La Habana, no es la entrega de las armas a la contraparte. No se logra un acuerdo definitivo simplemente repitiendo miles de veces sus propias tesis ante las cámaras.

-El tercero, el denominar “pendientes ilegítimos” o “pendientes ficticios” a las salvedades y temas pendientes que las FARC-EP mantenemos frente a los acuerdos de los puntos 1, 2 y 4.

Con estigmatizar las cuestiones que la contraparte considera determinantes en los puntos referidos, el gobierno no logra que las abandonemos, por el contrario: ratifica nuestra convicción en que su discusión es vital para la firma de un Acuerdo Final.

El país puede tener la plena seguridad de que en las FARC- EP hemos tomado la decisión de buscar el fin del conflicto. En Cuba y en Colombia, nos la jugamos toda por la paz. Sin embargo, nuestra determinación, que ha sido consultada con la base guerrillera, no se debe confundir con una señal de rendición o de sometimiento. Si el establecimiento se sigue comiendo ese cuento, la paz será una quimera.

Anncol