Los ex jefes guerrilleros hablaron con la revista colombiana Semana sobre la protesta por los guerrilleros encarcelados, lo que sigue para las Farc, una vez dejadas las armas. Hablan de la Justicia Especial para la Paz, de la entrega de armas, del fiscal general y aseguran que hay sectores de ultraderecha que quieren ver fracasar el proceso de paz.

Jesús Santrich “Aquí lo que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza”

El ex jefe guerrillero habló con la revista colombiana Semana sobre la protesta que lidera en solitario por los guerrilleros encarcelados. Dice que lo “único que tienen garantizado es un par de tiros en la cabeza” y que el acuerdo no se puede “convertir en un falso positivo”. 

SEMANA: ¿Desde cuándo y por qué está en huelga de hambre?

Jesús Santrich: Desde el día 26 de junio hay una protesta nacional. Iniciaron 1.200 y en este momento hay 1.486 guerrilleros de las Farc en huelga y alrededor de 1.700 en desobediencia. Yo me vinculé el pasado lunes y lo que se busca es que se cumpla el acuerdo de La Habana que tiene que ver con la liberación de nuestra gente.

SEMANA: Pero, ¿ese trámite no viene caminando ya?

J. S.: Han salido de las cárceles, hasta ahora, 843 personas. Debido a esas bajas cifras, comenzó la protesta de la que participan 47 mujeres, una de ellas lactante. A eso se suman, 35 compañeros que tomaron la determinación coserse la boca. Este jueves, hubo un plantón en las principales ciudades del país: Medellín, Pereira, Popayán, Valledupar, Cúcuta y Bogotá.

SEMANA: ¿Quién es la madre lactante?

J. S.: Mayerli Becerra Muñoz y tiene un bebé de cuatro meses de edad. Ella está en la cárcel de Cúcuta y su caso está en manos del juez quinto de ejecución de penas.

SEMANA: ¿Qué ha entorpecido la aplicación de la Ley de Amnistía?

J. S.: Aquí no hay fallas normativas porque el acuerdo tiene el mayor detalle que pueda tener una Ley de Amnistía en el mundo. Eso se lo pueden preguntar a especialistas y juristas. Además de tener un acuerdo depositado en el Consejo Federal Suizo en Berna, existe una declaración unilateral del Estado ante Naciones Unidas , un acto legislativo que lo coloca en marco de interpretación y un decreto presidencial que la regula. Incluso, hay una resolución de reforzamiento del Hábeas Corpus, que no debió salir, pero ahí está. Lo que hay es un problema de voluntad política y demoras, por ejemplo, en la entrega de las certificaciones.

SEMANA: ¿A qué se refiere? ¿No todos los guerrilleros tienen el boleto que acredita su tránsito a la vida civil?

J. S.: En este momento están colgados con la entrega de alrededor de 930. Además, hacen falta actas de compromiso que el secretario de la Jurisdicción Especial de Paz -no sé si por falta de personal, falta de tiempo o voluntad- no se han gestionado. Me atrevería a pensar que es más por lo primero, que por lo último. Hay una actitud negligente, mezquina y antijurídica de los jueces de ejecución de penas porque están haciendo negación de justicia, están prevaricando y no hay instancia del Estado que le ponga freno a eso.

SEMANA: ¿Hasta cuándo va con la huelga de hambre?

J. S.: El día 26 de junio yo dije que en el caso mío, porque no quiero someter a los compañeros que están en las cárceles, es de una huelga de hambre indefinida hasta que salga el último hombre de prisión.

SEMANA: ¿Cómo le ha ido en estos cinco días?

J. S.: He estado tomando agua e hidratándome con suero. La idea es que se aguante lo que más se pueda para que alcancen a salir todos. Ojalá haya una actitud de sensatez porque en La Habana nosotros dialogamos fue con el Gobierno, representando al Estado colombiano. No puede ser que la implementación se convierta en una renegociación con cada una de las instancias y ramas del poder público. Esto, incluyendo a la Fiscalía que se ha convertido en otro palo en la rueda de la paz.

SEMANA: ¿Es decir, el tránsito de la guerrilla a la vida civil no se ha completado?

J. S.: Las Farc ha cumplido a cabalidad con sus compromisos. Cuando se han presentado demoras no ha dependido de nosotros, sino del Gobierno con su parte. Este es un acuerdo que tiene un principio de igualdad, buena fe, de Pacta sunt servanda para cada una de las partes. Es decir, que lo que se acordó hay que cumplirlo. Se habló desde un principio de simultaneidad e integridad. En la medida que las Farc cumplía, el Gobierno también. Sin embargo, nosotros entramos a las zonas veredales sin que la construcción de los campamentos hubiera terminado. La idea era que esos lugares la guerrilla iba a llegar a vivir de manera digna, el problema es que el tiempo pasó y todavía no se han terminado de construir.

SEMANA: Y… ¿Por el lado de la reincorporación de los excombatientes cómo van?

J. S.: Hay algunas acciones asistencialistas que -de su propia inspiración- han hecho entidades del Estado como el SENA Sin embargo, acciones derivadas del acuerdo de paz como tal, en el capítulo de Reincorporación, no hay ninguna. Hay un decreto que crea las instancias que manejarán la reincorporación pero no han derivado en acciones prácticas. Aquí lo que hay son puras promesas en materia social, salud y generación de proyectos productivos. Yo siempre he dicho que seguimos con el proyecto Escalona. Es decir, con la casa en el aire.

SEMANA: Explíquese…

J. S.: No hay certeza para los excombatientes de dónde van a ir el día 240 porque los sitios que ocupan ahora son terrenos alquilados. Se ha dicho, después de tanta presión nuestra, que esos espacios se van a convertir en escenarios de formación y reincorporación, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No queremos que por cuenta de este incumplimiento en las liberaciones y en la implementación, el pacto de La Habana se convierta en un falso positivo contra las esperanzas de reconciliación de los colombianos.

SEMANA: Entonces, ¿ve cruda la arquitectura de la reincorporación de los excombatientes?

J. S.: Sí, totalmente. Hay unos planteamientos normativos que -por más sea decirlo- están en manos de una Corte Constitucional que se ha mostrado inclinada hacia la derecha que ha dicho hará trizas el acuerdo. Una posición que también ha mostrado el Procurador. En vez de velar por la administración pública, él ahora está es viendo cómo quita la posibilidad de que los extranjeros que están en las Farc tengan vías de reincorporación. Por eso digo, que aquí debe haber un compromiso de Estado. No podemos seguir con esa farsa de que como no hay división del poder en ramas y de que así es la democracia, toca ver qué se le ocurre a cada funcionario.

SEMANA: En La Habana se acordó la creación de unas comisiones que ayudarían a sacar adelante la implementación, ¿están funcionando?

J. S.: Si están en acción. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) que tiene un componente de Gobierno y otro de Farc está funcionando. Precisamente a esa pertenezco yo, al lado de Iván Márquez, Victoria Sandino y tres ministros. Ahí hemos podido adelantar los debates de la implementación normativa, pese a que muchas veces el Gobierno ha pasado proyectos sin tener el visto bueno de la comisión, que es el procedimiento correcto.

Sin embargo, aunque estamos ahí tratando que esos desarrollos normativos se den. Luego vienen otros debates como los del Congreso de la República donde da la impresión de que hay que negociar con cada congresista para que no le pongan 20.000 proposiciones al acuerdo que van en contra vía de ellos. Luego la corte, le colocó cortapisas, casi una puñalada al fast track. Lo que uno puede prever es que la corte más adelante -si le da la gana- puede actuar contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) o la misma Ley de Amnistía.

SEMANA: En resumen, ¿qué está fallando?

J. S.: Inseguridad jurídica, inseguridad personal por la expansión del paramilitarismo e inseguridad socioeconómica porque no hay claridad sobre qué proyectos productivos van a desarrollar los excombatientes. Los otros dos puntos son la renegociación en la que se ha convertido esto y la desfinanciación. El Gobierno apenas promete comprometer 0.6 puntos del PIB. Eso no es nada con la deuda social inmensa que tiene el Estado con su pueblo.

SEMANA: ¿En qué va la Comisión de Garantías?

J. S.: Sólo hay denuncias y promesas. Hay más de 15.000 compulsas de copias que están en ese escenario de lucha contra el paramilitarismo y la Fiscalía nunca ha actuado. Del acuerdo se debió derivar una Unidad Especial de Investigación para la desarticulación de ese fenómeno, pero lo único que ha encontrado son obstrucciones por parte del fiscal. Aquí hay una especie de protección a los financiadores del paramilitarismo y señalo de manera directa al fiscal en ese papel. Hasta cuándo va a obstruir el proceso de paz.

SEMANA: ¿Se siente en riesgo?

J. S.: Aquí lo que tenemos garantizado es un par de tiros en a cabeza. No hay garantías para la acción política no sólo para las Farc, sino para el movimiento popular y social. Yo me aventuraría a decir que lo que se está configurando es una reedición de la Unión Patriótica, del exterminio de la UP.

SEMANA: ¿Qué va a pasar cuando desaparezca la figura de las zonas veredales?

J. S.: El plan nuestro es el acuerdo. La insistencia desde la Csivi y el CNR es que se cumpla todo lo que está allí. Eso implicaría actuar contra el paramilitarismo, generar medidas de seguridad para las comunidades y la organización que salta a la legalidad. No hablo con desazón sino con realismo. Hay un estado de incertidumbre porque no se ven garantías para que después del día 240 haya tierra para los guerrilleros, dudo mucho eso.

SEMANA: A propósito del artículo de Iván Gallo, algunos sienten un distanciamiento suyo de las posiciones del Secretariado…

J. S.: Si vi el artículo con la supuesta solidaridad hacia mí y atacando a la dirección de las Farc. Yo estoy en absoluta coincidencia con la dirección de las Farc. Nunca he hecho acciones ni imposiciones de disidencia. Pero también estoy sentando posiciones realistas frente a lo que se viene porque ha habido una actitud sistemática de incumplimientos por parte del Estado.

SEMANA: ¿Cree que ese estado de incertidumbre más el efecto de la campaña electoral aumentará las disidencias?

J. S.: No pienso más en desertores porque las Farc son una organización política que ya dejó las armas. Sin embargo, sí puede haber desaliento y desazón. Por eso el Estado tiene el compromiso de generar alternativas para la construcción del buen vivir. No sólo a las Farc sino a las comunidades. Aquí no se trata sólo del asunto de las armas. La paz no sólo es el silenciamiento de los fusiles, la paz es darle vivienda, salud y resolver las necesidades básicas que tienen los colombianos.

En el país hay más 12 millones de pobres. No se trata de que los que pertenecieron a las Farc se alzan o no en armas, aquí va continuar el alzamiento armado de parte de la gente oprimida, segregada y excluida si no se solucionan esos problemas que pretenden palear -de alguna forma- el acuerdo de La Habana.

SEMANA: ¿Cómo va el engranaje de las ECOMUN, el modelo asociativo con el que aterrizarán en la economía legal?

J. S.: Queremos entrar a todos los sectores de la economía y la acción social que hay en Colombia. La reincorporación tiene dos capítulos: uno es el político que abre las puertas para tener la personería jurídica que permite establecer el partido, eso se dará después de la primera semana de agosto. El otro es el económico, no se trata de crear guetos sino de vincularlos con todas las comunidades que han estado apartadas, aisladas del conjunto de desarrollo nacional. Eso es lo que deseamos. Estar en todos los sectores de la producción, de las políticas y las artes. La terminación de la guerra implica eso, una transformación económica, política pero también social y cultural.

 

Iván Márquez (FARC-EP) "Hay amenazas contra nuestras vidas"

Luciano Marín, jefe negociador de las Farc en La Habana, habla sobre lo que sigue para ellas, una vez dejadas las armas. Habla de la Justicia Especial para la Paz, de la entrega de armas, del fiscal general y asegura que hay sectores de ultraderecha que quieren ver fracasar el proceso de paz.

SEMANA: ¿Qué significó para ustedes haber dejado las armas?

IVÁN MÁRQUEZ: Significa que estamos cumpliendo la palabra empeñada, lo pactado. Es el mensaje contundente y serio de la transformación de las Farc en un partido político. Ahora esperamos que el gobierno también cumpla sus compromisos.

SEMANA: ¿Sienten que les están incumpliendo?

I.M.: Vengo de recorrer varias zonas de transición y puedo decir que los guerrilleros esperan que el gobierno pase de las promesas, de lo que está escrito, a los hechos. Necesitamos hechos en asuntos tan centrales como la seguridad jurídica, física y socioeconómica. La Ley de Amnistía, después de seis meses, no encuentra el camino de su aplicación plena. Esto es grave porque no da la confianza necesaria entre los guerrilleros. Sin embargo, a pesar de las dificultades nosotros creemos que el presidente va a cumplir su palabra, que no va a cambiarle una coma al acuerdo y que está comprometido con el proceso de paz.

SEMANA: Jesús Santrich está en huelga de hambre por la amnistía, ¿tiene su respaldo?

I.M.: Yo respaldo lo que ha hecho Jesús Santrich. Él está asumiendo una actitud valiente en solidaridad con los presos que deberían estar libres por una amnistía que se aprobó hace seis meses. ¿Quién responde por esta denegación de justicia? ¿El Consejo Superior de la Judicatura? ¿Los jueces de ejecución de penas?

SEMANA: ¿Teme que ocurra lo mismo con la Justicia Especial para la Paz?

I.M.: Hay quienes han enfilado baterías contra la JEP y si logran sus propósitos, estaríamos ante un fracaso de este esfuerzo de paz que ha tomado cinco años. Personas como el fiscal general están todo el tiempo intentando entorpecer la buena marcha de la implementación. También algunos elementos de la Corte Constitucional que creen que se puede meter la mano a los acuerdos. Lo que está firmado es un tratado que se debe cumplir. Está depositado en Ginebra y en la Organización de las Naciones Unidas en la forma de una declaración unilateral del Estado que se comprometió a cumplir el acuerdo.

SEMANA: Pero ustedes entienden que en Colombia hay división de poderes…

I.M.: Claro. Pero nosotros hemos negociado en La Habana con el gobierno a nombre del Estado y hay un mandato constitucional que habla de la colaboración entre los poderes.

SEMANA: Y los otros puntos del acuerdo, ¿creen que se cumplirán?

I.M.: Estamos seguros de que después de ver que nosotros hemos cumplido, el gobierno va a cumplir. Además, antes del 10 de julio debe empezar a funcionar, de manera gradual, la segunda misión de la ONU que justamente garantizará que se honren los compromisos en materia de reincorporación y de garantías de seguridad para los excombatientes y los territorios. La primera misión verificó el cese del fuego y de hostilidades y la dejación de armas, por lo tanto, estuvo enfocada sobre todo en las Farc. Ahora hay que mover el foco y alumbrar lo que está haciendo el gobierno.

SEMANA: ¿Temen que los maten?

I.M.: Tenemos ciertas amenazas contra nuestras vidas, información que ya le hemos trasladado al gobierno.

SEMANA:¿Es cierto que estan pagando un millón de dólares para que atenten contra ustedes?

I.M.: No hablaré de este tema, pero hay amenazas de ese tenor.

SEMANA: ¿Creen que son paramilitares?

I.M.: Hay sectores de ultraderecha que quieren ver fracasar este esfuerzo por la paz. Por eso es tan importante definir todas las garantías de seguridad física. Sin embargo, se nos ha atravesado el fiscal general, que ha impedido que empiece a funcionar la unidad de lucha contra el paramilitarismo.

SEMANA: ¿Por qué?

I.M.: Él le quiere quitar la autonomía. Pero la unidad es subsidiaria. Actúa solo si la Fiscalía no lo hace. Y la Fiscalía no está actuando. El propio fiscal reconoce que hay 15.000 compulsas de copias a terceros que provienen de los procesos de los paramilitares. Eso nos hace sospechar que se quiere beneficiar a terceros.

SEMANA: ¿Qué garantías dan ustedes de que las armas entregadas son todas?

I.M.: Esa garantía está en los protocolos. No creo que haya gente que dude del profesionalismo del Consejo de Seguridad de la ONU. La verificación es un hecho contundente y hay personas involucradas en ella como los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González.

SEMANA: ¿Cuántos guerrilleros y milicianos quedaron por fuera del proceso?

I.M.: Las Farc están todas en este proceso, con la excepción que ya conoce el país de una disidencia. A esos mandos no nos cansamos de llamarlos a la reflexión para que no tomen la senda equivocada.

SEMANA: ¿Qué sigue para los excombatientes de las Farc en las zonas transitorias?

I.M.: Lo ideal es que las zonas transitorias sean la base para asignar tierra a los antiguos combatientes, que ahora son campesinos, para que junto a las comunidades se trabaje para generar un nuevo clima de reconciliación en el país. Pero en lo de tierras hay un problema serio. Teniendo claro que eso está en el centro del conflicto, todavía hay quienes dicen que no hay tierra para los campesinos. Algunos terratenientes hablan por boca de los ministros cuando afirman que no habrá ni un centímetro para los excombatientes de las Farc. Los proyectos de reincorporación no crecen en el aire. ¿Será que nos tocará volver al programa agrario de 1965, a pelear por un pedazo de tierra? Imposible.

SEMANA: Tampoco hay ambiente en el Congreso para aprobar las leyes que faltan vía ‘fast track’.

I.M.: Nosotros aspiramos a que no se vaya a cambiar el texto acordado. Los acuerdos son para cumplirlos. El Congreso refrendó el acuerdo y aprobó una norma que dice que los gobiernos futuros no pueden cambiar lo acordado. Ahora, sí estamos frente al inconveniente de la campaña electoral que puede distraer la atención de algunos congresistas que se van a concentrar en sus intereses políticos regionales y personales.

SEMANA: ¿Cuál es el proyecto político de las Farc?

I.M.: Puedo decirle que queremos hacer un partido amplio, incluyente, que sea un aporte para crear un ambiente distinto. Un partido que se preocupe por la implementación del acuerdo, porque este siente las bases de la paz que podrán disfrutar las generaciones del futuro.

SEMANA: ¿Cómo será la campaña de las Farc para las elecciones de marzo al Congreso?

l.M.: Todavía no hemos diseñado una estrategia. En el congreso constitutivo de agosto definiremos tanto el carácter del nuevo partido como su visión de país y la estrategia electoral. Lo que puedo decirle es que habrá una visión moderna, en la que primen la justicia social, la vida digna para todos, y donde la implementación de los acuerdos sea la base para construir el edificio de la paz. Hay que buscar un entendimiento con muchos sectores del país. Vamos a concitar un gran apoyo alrededor de la paz.

SEMANA: Muchos candidatos piensan que ustedes son criptonita. ¿Qué aliados encontrarán?

I.M.: Desde La Habana mucho se dijo, que la gente no nos quería y qué va. Donde vamos encontramos grandes muestras de amor de la gente. Gente que nos felicita y nos anima a que continuemos por esta senda, que es la correcta.

SEMANA:Hay temores de que ustedes escondan recursos y luego los usen en elecciones…

I.M.: Eso es un mito. Hay que entender cómo funcionó la economía de guerra. Se buscaron recursos para financiar el alzamiento armado. Nosotros nos propusimos conseguir 240 millones de dólares para financiar el plan estratégico que preveía la toma del poder por las armas, pero no lo logramos. Además se debe tener en cuenta que en muchas regiones actuamos como Estado y construimos puentes, carreteras, escuelas. Piense lo que cuesta cada guerrillero con sus armas, con sus uniformes. Es hora de que el país empiece a desinflar ese globo que lanzó el fiscal.

SEMANA: ¿Qué es eso del gobierno de transición?

I.M.: Creemos que es posible llegar a una convergencia de fuerzas de gente que quiere que se cumplan los acuerdos y tengamos paz. Un gobierno que sea capaz de sacar adelante las transformaciones que por tantos años ha querido la gente.

SEMANA: Timochenko dijo que ahora ustedes eran EP: Esperanza del Pueblo. ¿Es este el nuevo nombre de las Farc?

I.M.: Eso lo definirá el congreso, pero lo que sí es cierto es que aquí sí está naciendo la esperanza. La gente que vive en las catatumbas de la exclusión está teniendo una luz de esperanza.