Un grupo de representantes de la campaña Juicio a Martín Villa viaja a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para reclamar que el exministro de Interior se siente en el banquillo de los acusados.
Una comisión de representantes de la campaña Juicio a Martín Villa viaja este 26 de marzo a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. El objetivo: denunciar la impunidad de los crímenes del Franquismo y durante la Transición cometidos por Rodolfo Martín Villa, una de las personas imputadas en la querella argentina contra los crímenes del Franquismo por su responsabilidad como ministro de Interior entre 1976 y 1979 en los asesinatos ejecutados por la Policía en el marco de protestas sociales.
Los representantes de la campaña contra Martín Villa, invitados por el Grupo de eurodiputados de Memoria Histórica del Parlamento Europeo, presentarán la campaña ante medios de comunicación internacionales y se reunirán con funcionarios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La campaña Juicio a Martín Villa se está desarrollando, según señalan los organizadores, en Andalucía, Catalunya, País Vasco, Baleares, Galicia, Asturias y Madrid, impulsada por más de 30 colectivos de memoria histórica y familiares de víctimas de la violencia policial. Según señalan desde la campaña, esta “pretende denunciar la impunidad para con la política represiva y cruenta del Estado, responsable de crímenes tan graves como los de Vitoria-Gasteiz, la semana pro-amnistía, Sanfermines de 1978, el caso Scala o los ocurriendo en diferentes manifestaciones habidas en Madrid Málaga, Tenerife, Alacant…”.
Imputado como responsable de al menos once muertes
Martín Villa es una de las 22 personas imputadas en la causa 4591/2010 del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, conocida como Querella argentina contra los crímenes del Franquismo. En su caso, se le culpa de la muerte de seis personas durante ‘los sucesos de Vitoria’, el 3 marzo de 1976. Durante el transcurso de una huelga, la policía lanzó gases lacrimógenos en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria, donde se habían reunido los trabajadores, disparando contra la multitud que salía del templo. Cinco personas murieron y al menos otras 150 resultaron heridas de bala.
En la querella se le imputa la muerte de otras cinco personas. Rafael Gómez Jáuregui, exiliado por su actividad sindical que, tras 17 años, volvió a España en 1970 y que, siete años más tarde, con 78 años, fue asesinado. Los testigos afirman que fue disparado por agentes de la Guardia Civil. La causa judicial por su muerte fue archivada dos años más tarde.
José Luis Cano Pérez murió en mayo de ese mismo año en Pamplona. Los testigos afirman que la policía lo detuvo y lo arrastró a un bar por verle tirar una piedra. Allí, después de golpearle, le dispararon cerca de la nuca.
Otra de las muertes que se le imputan a Martín Villa es la de Jesús María Zabala, el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia, a manos de la Guardia Civil durante la represión de una manifestación. La causa también fue sobreseída, aplicando la Ley de Amnistía.
En mayo de 2018, la plataforma Sanfermines 78 Gogoan llevó al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para desclasificar los documentos sobre lo sucedido en los Sanfermines de 1978. No fue aprobada
También se le considera responsable del asesinato de María Norma Menchaca, a la que la Audiencia Nacional consideró en 2002 como víctima del terrorismo de extrema derecha. Menchaca fue asesinada el 9 de julio de 1976 en Santurce (Vizcaya) por un miembro del grupo parapolicial terrorista Guerrilleros de Cristo Rey, en activo durante el mandato de Martín Villa como ministro de Interior.
Otro caso es el de Arturo Ruiz García, asesinado el 23 de enero de 1977, cuando solo contaba 19 años, por el grupo terrorista de extrema derecha Triple A durante una manifestación pro amnistía, sin que la policía actuara ni detuviera a los ejecutores.
Sanfermines del 78
El 8 de julio de 1978, durante los Sanfermines, el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía de presos y presas políticos fue seguida de violentas cargas policiales y altercados que se extendieron a toda Pamplona. Martín Villa, ministro de Interior en aquel momento, ordenó a las fuerzas policiales que tiraran “todas las energías y lo más fuerte que podáis”. “No os importe matar”, pronunció el entonces ministro de Interior, según aparece en grabaciones de la época.
Germán Rodríguez murió a causa de un disparo en la frente.
En mayo de 2018, la plataforma Sanfermines 78 Gogoan llevó al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para desclasificar los documentos sobre lo sucedido en los Sanfermines de 1978. La propuesta, que previamente había sido aprobada en el Parlamento de Navarra con el apoyo de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, fue desechada en el Congreso por el rechazo de PSOE, Ciudadanos y Partido Popular.
Cinco años buscado por la justicia
En 2014, la juez que instruye la querella argentina, María Servini, dictó una orden de detención internacional para que Martín Villa y otros 19 imputados en el marco de esta causa fueran extraditados a Argentina y, así tomarles declaración, pero el Consejo de Ministros celebrado en España el 13 de marzo de 2015 rechazó esta orden, impidiendo la investigación de los crímenes franquistas.
La juez argentina emitió entonces una comisión rogatoria para que fueran los juzgados españoles los que le tomaran declaración, petición que fue también rechazada en octubre de 2016 a pesar de que el propio Martín Villa afirmó su interés en declarar ante la juez Servini.
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El 23 de abril de 2018, Servini emitió una nueva comisión rogatoria, remitida al Juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que señalaba que ella misma viajaría a España en octubre de ese año para tomar declaración al exministro de Interior. La comisión rogatoria fue rechazada por el titular de este juzgado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que argumentó que los delitos de los que se acusaba a Martín Villa estarían prescritos y que admitir la petición de Servini supondría vulnerar la Ley de Amnistía de 1977, que citó de “pilar esencial” para “superar el Franquismo”.