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El juez de la Audiencia Nacional ha dado un paso más de cara a juzgar a 15 ciudadanos vascos que fueron detenidos en dos operaciones policiales realizadas en 2010 y 2011. Los procesados han recordado que fueron torturados y que «es momento de finalizar con este tipo de juicios políticos».

Quince ciudadanos más se aproximan a un nuevo juicio por su militancia política. Detenidos en dos redadas policiales diferentes ordenadas por el juez Fernando Grande Marlasca entre setiembre de 2010 y enero del año siguiente, acaban de recibir el auto de procesamiento.

Los procesados se enfrentan a una acusación por «pertenencia a organización terrorista» cuya petición fiscal podría oscilar entre los 6 y los 12 años de prisión. Se trata de los detenidos el 13 de setiembre de 201 Egoitz Garmendia, Aniaiz Ariznabarreta, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Urko Asier Aierbe, Sandra Barrenetxea, Jose Aldasoro y Rosa Iriarte; y los detenidos el 18 de enero de 2011 Gorka Zabala, Iker Moreno, Iñigo Gonzalez, Patxi Arratibel y Gorka Mayo.

Mediante una nota de prensa, los encausados han recordado que durante su detención fueron torturados. Tras permanecer incomunicados en dependencias policiales durante días, fueron encarcelados y puestos en libertad tras más de un año en prisión y tras pagar importantes fianzas. Fue precisamente uno de los detenidos en esta operación quien firmó la declaración autoinculpatoria con la palabra ‘atznugal’, ayuda del revés en euskara.

Los ahora procesados han censurado que la Audiencia Nacional «ha vuelto a dar credibilidad a las denuncias policiales sustentadas en largas sesiones de tortura» y que se ven «abocados a juicios sin una mínima garantía jurídica ni democrática». Añaden que no otorgan legitimidad «a un tribunal que se asienta en la negación de Euskal Herria» y «la vulneración de todo tipo de derechos de ciudadanas vascas» y reivindican que «hacer política no es delito».

«Nos jugamos el futuro»

Los procesados afirman que «es momento de finalizar con este tipo de juicios políticos» y exigen al Estado español y al tribunal excepcional «que finalicen con esta locura represiva». Afirman que «la voluntad de la ciudadanía no puede cercenarse a través de la violencia» y que persisten en su reivindicación a favor de una resolución democrática del conflicto.

Terminan la nota afirmando que «nos jugamos el futuro» y que «únicamente entre todas conseguiremos finalizar con los juicios políticos». En la nota también han querido mostrar su apoyo a los 28 jóvenes independentistas que harán frente a un nuevo juicio a partir del 22 de setiembre.