BILBO

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó ayer encarcelar a los ocho interlocutores de EPPK a quienes acusa de «controlar» a los presos impidiéndoles tomar medidas que ya anunciaron que adoptarían.

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El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco dio un paso más en su ataque contra EPPK y ordenó encarcelar a sus ocho interlocutores arrestados el miércoles por la Guardia Civil. El magistrado acusa a Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga, Egoitz López de Lacalle, Aintzane Orkolaga, José Campo, Mikel Almandoz y Asier Aranguren de «pertenencia a organización terro- rista» por considerarlos miembros de lo que denomina «KT koordinazio taldea», una estructura que ubica dentro de la dirección del colectivo de presos vascos y a la que atribuye la función de «enlace» entre los prisioneros y ETA. Además, cita para el jueves a las 12.00 horas a Nahia Zuriarrain para ser interrogada en calidad de imputada sobre un supuesto documento que habría sido entregado al preso Asier Arzallus en la cárcel de Sevilla II. También emplaza ese mismo día a los abogados que desarrollan su labor en los despachos registrados por la Guardia Civil y que consideren que «se les haya incautado documentos que incorporen estrategias o expedientes absolutamente desvinculados del entorno etarra». Para avalar sus teorías, el magistrado se apoya en documentación supuestamente incautada en la operación policial contra Herrira desarrollada a finales de septiembre de 2013, así como en el material requisado hace casi una semana. Los arrestados, que fueron asistidos por sus abogados de confianza, se negaron a declarar ante el juez. Además los letrados denunciaron la «indefensión» de sus clientes y anunciaron que recurrirán.

Para determinar que los ocho detenidos formaban parte de la intermediación de EPPK, el juez Velasco no necesitaba haber mandado a los agentes irrumpir en los despachos de Hernani y Bilbo. Todos lo habían anunciado públicamente y a ellos les correspondía ponerse en contacto con el Foro Social, partidos e instituciones para materializar el anuncio realizado por los presos de «explorar las vías legales». Nada de eso se toma en consideración en un auto en el que se atribuye una «actividad clandestina» a los detenidos y se les acusa, tal y como hizo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de no permitir «soluciones penitenciarias individualizadas».

Comunicado y Durango

Resulta paradójico que el juez mantenga esta tesis si se toma en cuenta que, en el mismo auto, les atribuye responsabilidad en el comunicado en el que EPPK se comprometía «a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial». También, en la comparecencia de expresos celebrada en Durango, en la que se adherían al citado documento y expresaban su compromiso «con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de la izquierda abertzale». En ese mismo acto se anunció que los mediadores iniciarían una ronda de contactos para explorar las vías propuestas por EPPK. Apenas cuatro días después, la Guardia Civil llevaba a cabo la redada.

En su argumentación, el juez insiste en que «ETA es una organización no disuelta» (lo reitera también ante la alegación de la defensa de adecuarse al cese definitivo decretado en 2011) y acepta la teoría de la Guardia Civil sobre un «frente de cárceles» que estaría dirigido por el «grupo de coordinación». No obstante, el juez va todavía más lejos y también sitúa en esta estructura a otras organizaciones como Herrira (ya suspendida tras el arresto de 18 personas en setiembre de 2013), Etxerat, Jaiki Hadi y el «colectivo de abogados», así como Tantaz Tanta, cuya movilización, prevista para el pasado sábado en Bilbo, prohibió él mismo el viernes. A todos ellos los relaciona con esa «estrategia de control» de los represaliados.

La redada de Herrira

Para construir la tesis, el juez se apoya en documentación y seguimientos policiales que, según reconoce, se desarrollan incluso «cuando ya la estructura militar anunció un cese de su actividad armada». En relación a los papeles, Velasco establece dos fuentes. Por una parte, información intervenida durante la operación contra Herrira que estaría almacenada en soportes informáticos que habrían sido borrados y que, según el auto, fueron «recuperados por los peritos de informática forense» de la Guardia Civil. De ella, Velasco extrae conclusiones contradictorias sobre supuestos debates desarrollados en 2012, así como referencias a reuniones sobre cuestiones como la salud de los presos enfermos o la reivinidicación del acercamiento. Cabe recordar que, pese a que el juez se apoya mayoritariamente en estas «pruebas» para justificar su acusación, todos los arrestados en aquella redada fueron puestos en libertad por este mismo magistrado.

La documentación («aproximadamente 30 cajas») intervenida el pasado miércoles es la segunda fuente en la que se apoya Velasco. Un material requisado durante los registros de los despachos de Bilbo y Hernani. No obstante, el modo en el que la Guardia Civil custodió las oficinas de la capitaz vizcaína (donde trabajan, entre otros, Arantza Zulueta y el senador Iñaki Goioaga) ha provocado el malestar entre los letrados. Según indicaron, en algunas de las dependencias se limitaron a colocar un precinto sin ni siquiera sello judicial. En la puerta principal, únicamente un candado cuya llave entregaron a uno de los abogados. Durante toda la noche, dos agentes del instituto armado permanecieron apostados en el lugar. Al día siguiente, la Audiencia ampliaba el registro a las zonas que habían quedado solo cerradas por el precinto. «Tuvieron toda la noche para entrar, quitar las bandas, hacer lo que fuera y volverlas a poner», dijeron estas fuentes.

Finalmente, el juez también hace mención a la filtración de Interior, que avanzó a la prensa las detenciones antes de que estas se produjesen, y acusa a los detenidos de destruir pruebas e incluso de intentar huir.

Trato «correcto» e interés por las movilizaciones en Euskal Herria

Tal y como habían señalado el sábado a las abogadas que les asistieron durante la declaración ante la Guardia Civil, los detenidos ayer relataron haber tenido un trato «correcto» en los cinco días que permanecieron en dependencias del instituto armado. Además, también mostraron interés por la respuesta dada en Euskal Herria a la operación policial, así como por la histórica manifestación del sábado que respondió al veto de Velasco a la movilización por los derechos de los presos. Tras decretarse el ingreso en prisión, los detenidos pudieron comunicarse brevemente con sus familiares en los calabozos de la Audiencia Nacional antes de ser conducidos a la cárcel. Unos familiares que, desde primera hora de la mañana, se encontraban en las inmediaciones del tribunal especial. Allí, como es habitual en estas situaciones, agentes de la Policía española les obligaron a aguardar en el paseo de Recoletos, en una zona alejada de la Audiencia, identificando a todos los periodistas que se encontraban en la zona para permitirles hacer su trabajo A.P.

Mensajes de solidaridad y rechazo a la «respuesta de los enemigos de la paz»

«La operación y los posteriores encarcelamientos son la respuesta de los enemigos de la paz al compromiso mostrado en la declaración del Colectivo de Presos Políticos Vascos y en la comparecencia de expresos». Este fue el mensaje lanzado por Pernando Barrena, portavoz de Sortu, tras hacerse pública la decisión del juez Eloy Velasco de enviar a prisión a los ocho ciudadanos vascos detenidos el miércoles por la Guardia Civil. Tanto la formación abertzale como Aralar y Alternatiba rechazaron la redada, se solidarizaron con los encarcelados y sus allegados y ubicaron la operación policial como un ataque al ciclo político abierto en Euskal Herria y a movimientos de calado como el realizado por EPPK.

«El Estado español ha vuelto a mostrar cuál es su única oferta para Euskal Herria: represión, negación e imposición. De España solo podemos esperar políticas autoritarias y más conflicto; ayer, hoy y mañana», insistió Barrena, quien consideró que operaciones policiales y encarcelamientos como los de ayer evidencian un contexto en el que es «imprescindible que emprendamos nuestro propio camino para poder garantizar los derechos que nos corresponden». En este sentido, el portavoz abertzale consideró la marcha del sábado en Bilbo como muestra de que «tenemos base y fuerza de sobra para emprender y avanzar en ese camino». «Desde Sortu queremos insistir en el llamamiento que hacemos a las fuerzas políticas y sociales que creen en el proceso de paz y quieren soluciones, así como a toda la ciudadanía, para emprender el trabajo en común que permita superar la situación de excepcionalidad a la que nos quieren condenar España y el Partido Popular», sentenció.

En la misma línea, Aralar calificaba de «aberración jurídica contraria a los derechos humanos y a la democracia» el ingreso en prisión de los interlocutores de EPPK. Por este motivo, la formación abertzale instó a su «inmediata puesta en libertad». «Los intermediarios de EPPK estaban realizando una labor exclusivamente civil y política, y la actuación contra ellos es inconcebible en un Estado que se considera democrático». «El Estado español vulnera una vez más los derechos fundamentales de las personas», advirtió Rebeka Ubera, secretaria de organización de Aralar. «Desde Madrid están trabajando para contentar a los sectores más ultras. Desean dinamitar el proceso de pacificación y normalización de Euskal Herria y demuestran una y otra vez su incomodidad ante este nuevo escenario, dejando a las claras ante los ojos que deseen mirar que se trata de un Estado que vulnera derechos básicos», añadió.

También desde Alternatiba llegó el rechazo a la decisión de Velasco. Su portavoz, Asier Vega, la tachó de «grave y reiterado error» y recordó que los encarcelados son «personas cuyo único delito conocido, según constata el auto judicial, es comunicarse con las y los presos que representan».

Por la mañana, mientras los detenidos se encontraban en la Audiencia Nacional, el diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, se acercó hasta la sede del tribunal especial para solidarizarse con los arrestados y demandar su puesta en libertad.

La coalición abertzale ofrecerá hoy una rueda de prensa en el Congreso español en la que reiterará la denuncia de las «medidas de excepción».