El Gobierno del PP ha retratado con más claridad que nunca su crueldad con los presos vascos enfermos mediante una directriz que insta a excarcelarlos sólo si se prevé que van a fallecer «con razonable certeza» y «a muy corto plazo». Instituciones Penitenciarias trampea así una vez más su ley y normas internacionales como las Reglas Mandela.

 Aunque en la práctica seguramente no modifique nada de lo que ya viene pasando, este párrafo quizás se estudie algún día en las universidades como reflejo de qué es una política carcelaria de venganza. Pertenece a una directriz remitida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno español a las prisiones, en clara y evidente respuesta a las demandas de excarcelación de presos vascos con enfermedades graves. Se trata por tanto de un documento interno, pero que ha sido revelado por ‘‘El País’’. En él se establece que estos prisioneros no podrán ser liberados salvo que su fallecimiento se prevea «con razonable certeza, a muy corto plazo».

Esta truculenta directriz carcelaria tiene un reverso igualmente perverso. Siempre según ‘‘El País’’, sí se abre la puerta de la libertad condicional a quien tenga una enfermedad grave pero sin pronóstico mortal y muestre el arrepentimiento que exige el Gobierno español a estos presos.

Queda claro con ello el contexto de esta directriz y su filtración, marcado por dos elementos de actualidad. Por un lado está la dimensión alcanzada por la demanda de libertad de los presos vascos enfermos, no solo en las movilizaciones masivas de Sare (octubre en Donostia, enero en Bilbo), sino también en posicionamientos institucionales (Gasteiz reivindicó ya en 2014 la libertad de los enfermos y luego ha hecho lo mismo con casos concretos como Aitzol Gogorza e Ibon Iparragirre), en iniciativas políticas (el PNV reclamó al Ejecutivo hace un mes en el Senado que detalle qué presos vascos hay enfermos en la cárcel) y en acciones internacionales (el tema marcó la visita de Etxerat a Bruselas hace mes y medio). Y el segundo elemento de contexto es el debate abierto en EPPK para dar concreción a la apuesta por las vías legales para tratar de vaciar las cárceles, poniendo como límites el arrepentimiento y la delación. La directriz parece destinada a intentar condicionar ambos factores.

Hay que matizar que esta circular compete exclusivamente al ámbito penitenciario; es decir, a la capacidad de decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que comanda Ángel Yuste. Al margen de ella se sitúan los aparatos judiciales, a los que pueden seguir apelando los presos y que son los que tienen la última palabra, comenzando por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Por ejemplo, en el conocido caso del ya fallecido Iosu Uribetxeberria que se cita como precedente de esta decisión, no fue Instituciones Penitenciarias quien lo liberó, sino los jueces.

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Retorciendo todas las normas
Sea como fuere, esta circular contraviene claramente tanto los propios preceptos legales del Estado español como los criterios internacionales, resumidos por ejemplo en las Reglas Mandela actualizadas por última vez por la ONU en 2015.

Por lo que atañe a la norma estatal, el artículo 80.4 del Código Penal dice que «jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por ello».

En cuanto a las Reglas Mandela, aunque se centran en los estándares de las condiciones de vida en prisión y solo tocan tangencialmente las condiciones para acceder a la libertad, la número 109 sí resulta aplicable directamente al caso de varios prisioneros vascos enfermos: «No deberán permanecer en prisión las personas a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión», estipula.

El trato médico en cárceles españolas, también en las antípodas de las Reglas Mandela

Las Reglas Mandela aprobadas por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2015 (en su última edición) no solo remarcan la necesidad de excarcelar a los presos con enfermedades sicológicas, sino que definen un exhaustivo estándar de atención médica en prisión, que es radicalmente diferente al que denuncian colectivos como Jaiki Hadi por lo que atañe a los presos vascos.

Doce de las 122 reglas se refieren expresamente a esta cuestión de la salud, comenzando por subrayar que «los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior».

Frente a las denuncias de desatención, retrasos, traslados indebidos... que resultan recurrentes por parte de presos y presas vascas, la ONU establece que «cada establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de mejorar la salud física y mental de los reclusos», compuesto por un equipo interdisciplinar con conocimientos de sicología y siquiatría.

La regla número 27 estipula que todas las cárceles «facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles (...) Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes y el personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones».

Se regulan también los casos de maternidad e infancia en prisión. Así, la regla 29, que tiene especial actualidad estos días en Euskal Herria por el caso de Sara Majarenas y su hija Izar en Picassent, establece que «toda decisión de permitir que un niño permanezca con su madre o padre en el establecimiento penitenicario se basará en el interés superior del niño». En esos casos habrá que facilitarles servicios de guardería y de atención sanitaria, y los pequeños «nunca serán tratados como reclusos».

También tiene especial lectura aquí, por casos como el de Unai Romano, la siguiente Regla Mandela, que obliga a que un médico o profesional de la salud competente tendrá que examinar a la persona presa nada más ingresar, y entre otras cosas «detectar los malos tratos que pueda haber sufrido antes de su ingreso». Se les encomienda también «detectar todo indicio de estrés sicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión».

La ONU exhorta asimismo a garantizar la confidencialidad de las consultas médicas a presos y a que el profesional sanitario de turno informe al director de cada cárcel «cada vez que se estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser perjudicada por su reclusión continuada o por determinadas condiciones de reclusión».

Sare agradece irónicamente a IIPP tanta claridad en su «apología de la injusticia y la venganza»
Sare ha tirado de ironía y ha agradecido a Instituciones Penitenciarias por «hacer apología de la injusticia y la venganza tan claramente», ya que, al expresare de esta forma en su circular interna sobre los presos vascos gravemente enfermos, ha demostrado que la lectura de la red ciudadana sobre la crueldad e inhumanidad de la política penitenciaria es más que correcta.

Sare ha respondido mediante una nota de prensa a las informaciones publicadas por 'El País' sobre la existencia de una circular interna de Instituciones Penitenciarias que insta a no liberar a los presos vascos enfermos hasta que no estén al borde de la muerte o se hayan arrepentido. La red ciudadana ha destacado el hecho de que esa directriz haga «apología de la injusticia y la venganza» con tanta claridad.

«Esta actitud cerrada e irresponsable es una grave agresión a los derechos humanos», añade Sare en la nota, que define la citada directriz como «una declaración violenta hecha conscientemente, que quiere condenar a muerte a los presos vascos gravemente enfermos».

Tras hacer la valoración sobre la circular, incide la red ciudadana en que tendrá que ser la sociedad vasca «la que garantice que estos presos estén en libertad y vivos. La unidad de diferentes sensibilidades –continúa la nota– será la que con su esfuerzo garantice que así lo sea».

En ese sentido, aplaude el «nivel de implicación y la valiente actitud» que han mostrado la mayoría de partidos del Ayuntamiento de Donostia con la cuestión de Sara Majarenas y su hija Izar, por lo que han solicitado a las instituciones vascas que tengan y activen actitudes similares.