Los padres y madres de los jóvenes de Altsasu han denunciado, en una nueva comparecencia masiva en la plaza Iortia, la desproporción que supone la petición de penas de 375 años por un trifulca de bar. Además, han llamado a seguir movilizándose para rechazar lo sucedido. Las próximas citas son el viernes en Altsasu y el día 14 en Iruñea.

«Consideramos que estas peticiones se enmarcan dentro de la desproporción más absoluta. Delitos muchísimo más graves, como homicidios, violaciones en grupo, violencia de género, infanticidios… reciben unas penas considerablemente menores a la petición fiscal. Petición de 375 años de cárcel para ocho jóvenes, siete menores de 23 años, por una trifulca de bar en la que la lesión mayor fue un tobillo roto. Produce terror tanta desproporción», han denunciado los padres y madres de los jóvenes de Altsasu en una nueva comparecencia masiva en la plaza Iortia.

«Sucesos similares y equivalentes, es decir, peleas y/o agresiones a fuerzas de seguridad estando en servicio o no, con lesiones más graves, en otros lugares han acarreado penas menores, raramente el ingreso en prisión. En ninguno de ellos se solicitan penas mayores. ¿Es diferente la Justicia para las personas de Alsasua?», han preguntado en el comunicado que han leído Igone Goikoetxea, Koldo Arnantz y Gotzon Urrizola.

«Estamos asistiendo a una sobreactuación judicial, alimentada por una campaña mediática que ha distorsionado por completo la realidad de este municipio. No solamente se produce una actuación completamente desproporcionada, como han denunciado destacados juristas; también se está produciendo una utilización extensiva del delito de terrorismo. Todo lo cual vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo. En marzo el máximo órgano judicial de Navarra, la Audiencia Provincial, argumentaba rigurosamente de manera jurídica, que no se cumplen los requisitos para ni siquiera la consideración de existencia de indicios para calificar los hechos como un delito de terrorismo», han destacado.

«En este sentido se han manifestado las más altas Instituciones navarras, como el Gobierno y el Parlamento. También la mayoría política y social navarra, numerosos ayuntamientos, 74 diputados y 14 senadores del Congreso y Senado, 51 Eurodiputados, miles de personas anónimas. La solidaridad que estamos recibiendo es inmensa y plural, y desde aquí queremos agradecerla de todo corazón», han recordado.

«No pedimos impunidad, ni posicionamiento de parte. Pedimos a la sociedad, a las instituciones y a todo tipo de entidades que defiendan el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio con garantías procesales, el derecho a que la ley no sea utilizada de manera extensiva y torticera, el derecho a la proporcionalidad. Pedimos en definitiva la defensa de los principios y la calidad democrática de un Estado de Derecho. En este caso no sólo está en juego el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Está en juego la protección de la sociedad ante la utilización abusiva y torticera de la ley. Está en juego la calidad democrática. Están en juego los derechos humanos que nos asisten a todas y a todos. Está en juego la Justicia. Porque en una democracia la justicia debe amparar a sus ciudadanos», han subrayado.

«Sentimos rabia, miedo, desprotección, impotencia. Pero nuestro mensaje, desde una contundencia serena, se construye sobre la firme defensa de los derechos humanos y los principios democráticos y sobre la aglutinación de expresiones sociales, políticas e ideológicas plurales en torno al denominador común de los derechos y de la Justicia», han destacado.

Así, han hecho un llamamiento a seguir movilizándose para denunciar esta situación. Las siguientes citas son la manifestación que se celebrará este viernes, día 7 de Julio, a las 20:30, después de la concentración semanal, y que saldrá desde la Plaza Iortia de Altsasu y la concentración que se realizará el próximo 14 de julio , 8º mes de nuestro calvario, en la plaza del Castillo de Iruñea a las 17.30.

Junto a ello, han llamado a suscribir el manifiesto de denuncia y apoyo disponible en su página web, que ya ha sido suscrito por 20.000 personas. En la misma web existe un dossier que desmonta todo el caso.

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EN CONTEXTO: Los jóvenes de Altsasu afrontan peticiones fiscales de 62, 50 y doce años y medio de prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita un total de 375 años prisión para los ocho jóvenes de Altsasu que fueron procesados tras la trifulca con dos guardias civiles. Para uno de ellos pide 62 años de cárcel, para otros seis 50 años a cada uno y doce años y medio para la octava procesada, según las agencias Efe y Europa Press.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado un total de 375 años de prisión para los ocho jóvenes procesados tras la trifulca en un bar de Altsasu con dos guardias civiles y sus parejas, el 15 de octubre del año pasado, según han difundido las agencias Efe y Europa Press.

El fiscal José Perals atribuye a siete de los procesados –Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– cuatro delitos de «lesiones terroristas» y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años para cada uno de estos siete jóvenes.

A Oihan Arnanz le imputa además un delito de «amenazas terroristas», con lo que en su caso la petición se eleva a 62,5 años de cárcel.

Para la octava procesada, Ainara Urkijo, pide 12 años y medio de prisión también por «amenazas terroristas», de acuerdo con las mismas fuentes.

Junto a las peticiones de prisión, el fiscal reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a los guardias civiles y a sus parejas.

Penas alternativas de entre 18 y 30,5 años

En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público plantea unas penas alternativas a estas, de entre 18 y 30 años y medio de prisión, para los siete primeros acusados.

En concreto, pide subsidiariamente un total de 30 años de cárcel para Oihan Arnanz por «desórdenes públicos terroristas» (8 años), atentado a agentes de la autoridad (2 años), cuatro delitos de «lesiones no terroristas» (8 años) y «amenazas terroristas» (12 años y medio).

Para los otros seis reclama, de forma alternativa, 18 años y medio de cárcel apreciando los mismos delitos excepto el último de «amenazas terroristas».

Perals también pide para los ocho acusados 20 años de inhabilitación absoluta y 5 años de libertad vigilada.

La defensa, sin notificación

La defensa no ha recibido notificación alguna.

Según recogen las agencias españolas, el fiscal sostiene que la trifulca se enmarca en la campaña ‘Alde Hemendik’ contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía desplegados en Hego Euskal Herria y afirma que esta busca crear un clima de «miedo y rechazo» hacia ellos, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social».

Según su tesis, esa reivindicación fue introducida por ETA en 1976, la izquierda abertzale la mantiene en práctica y desde 2011, cuando la organización vasca anunció el cese definitivo de su actividad armada, se han incrementado las acciones de «protesta, presión y hostigamiento» contra los agentes de la Guardia Civil, especialmente en Altsasu, Leitza y Lizarra.

Oihan Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno permanecen en prisión desde noviembre por esta causa. Los familiares de todos los procesados acudieron la semana pasada a Bruselas, donde recabaron el apoyo de 51 eurodiputados.

Los familiares de las personas imputadas de Alsasua, en Madrid.  

MANIFIESTO (para adhesiones, visita: altsasugurasoak.com)

A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.

Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.

Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes.

A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.