Los abogados de los jóvenes de Altsasu denuncian que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de AN ha rechazado «pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los acusados, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías».

Los abogados de los jóvenes imputados por la trifulca ocurrida el 15 de octubre de 2016 en Altsasu, en la que se vieron implicados dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas, denunciaron ayer que la Audiencia Nacional ha denegado la práctica totalidad de las pruebas de las defensas. «Inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los acusados, sumiéndoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías», destacaron tras recordar que la Fiscalía solicita una pena de 375 años de prisión para los acusados.

El fiscal José Perals atribuye a siete de los procesados –Oihan Arranz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– cuatro delitos de «lesiones terroristas» y reclama doce años y medio de cárcel por cada uno de estos de delitos, lo que suma 50 años para cada uno. A Arnanz le imputa además un delito de «amenazas terroristas», con lo que en su caso la petición se eleva a 62 años y medio de prisión. Y para la octava acusada, Ainara Urkijo, pide doce años y medio de prisión por «amenazas terroristas».

«La calificación jurídica de los hechos, la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo más de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde la incoación del procesamiento y seguirán padeciendo en el juicio oral», añadieron los letrados en una rueda de prensa ofrecida en Madrid, donde advirtieron de que la Sección Primera de la Sala de lo Penal «está vetando el ejercicio del derecho a la defensa y a una juicio con todas las garantías».

Según explicaron, el fiscal y el resto de acusaciones quieren vincular con ETA el movimiento surgido para reivindicar la desmilitarización de Euskal Herria, denominado Alde Hemendik, y emplean un informe de la Guardia Civil para trasladar está supuesta vinculación a una pelea ocurrida en un bar sobre las cinco de la madrugada el 15 de octubre de 2016, Día de Ferias. Y a las defensas se les impide contradecir esa vinculación, ya que se ha denegado la declaración de testigos pertenecientes a movimientos que, a lo largo de la historia, han reclamado la salida de FSE; se han ignorado resoluciones absolutorias en las que se enmarca esta reivindicación en el ejercicio de la libertad de expresión; y se ha vetado un informe pericial que «permitiría explicar el origen real de Alde Hemendik, su nacimiento y su evolución ajena a ETA».

«Igualmente se inadmiten vídeos grabados en el propio bar en que ocurrieron los presuntos hechos y sus alrededores, fotografías y planos del local, mapas de Alsasua extraídos de Google Maps y vídeos grabados por uno de los acusados la noche de los hechos, porque, a decir de la Sala, al haberlos aportados las defensas, ‘no cuentan con garantías’», señalaron los abogados, y censuraron que «a las acusaciones se les ha permitido aportar vídeos procedentes de internet y fotografías tomadas por ellos, algunas de fecha posterior al 15 de octubre de 2016».

Asimismo, remarcaron que el tribunal de excepción «ha imposibilitado también la prueba de audición de entrevistas radiofónicas a los denunciantes en las que estos ofrecerían detalles contradictorios respecto de los relatados en sus declaraciones sumariales. E impide a las defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción, cuando se produjo la identificación, por parte de las supuestas víctimas, de los jóvenes de Alsasua que en ese momento se hallaban privados de libertad –tres continúan en prisión–». «Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, previamente trasladadas desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco», apuntaron.

Tampoco se ha admitido la declaración de muchos de los testigos propuestos por las defensas, entre los que se encuentran personas que acompañaban a los jóvenes acusados en el momento de lo hechos y que podrían dar cuenta de qué es lo que realmente ocurrió aquella noche en el bar Koxka.

No se puede recurrir
La denegación de las pruebas y el veto a los testigos están recogidos en el auto del 27 de octubre, un auto que es «irrecurrible». Así, las defensas solo han podido formular protesta por escrito contra la referida inadmisión de prueba, a «efectos de un ulterior recurso contra la correspondiente sentencia».

«En definitiva, de lo anterior se desprende que la actuación del tribunal, al decidir sobre la admisión e inadmisión de las pruebas propuestas por las partes para practicarse el acto del juicio oral, conlleva una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilización de medios de prueba pertinentes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y conlleva una quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador», concluyeron los abogados.

Un año de miedo, rabia e impotencia

Ayer hizo un año de la detención de ocho jóvenes de Altsasu por su presunta participación en una trifulca en la que se vieron implicados dos agentes de la Guardias Civil. Un año de una redada que está «quitando la vida» a las madres y los padres de los imputados, que durante estos meses han llorado «de miedo, de rabia y de impotencia». «Y las últimas noticias son más aterradoras si cabe, ya que la denegación de testigos y pruebas por parte de la Audiencia nos hace presuponer la mayor de las indefensiones», destacaron en una concentración celebrada junto a Altsasukoak Aske, que denunció la actitud del Estado español.

«Aprovechó un suceso en un bar a las cinco de la mañana un día de fiestas para crear un montaje que ha derivado en una acusación de terrorismo y más de 300 años de petición fiscal», señaló la plataforma, que insistió en que «la consecuencia más cruel, hasta ahora, es el año de cárcel que ya han sufrido Oihan, Jokin y Adur, y lo que ha modificado la vida en Altsasu». «Dijeron que eramos un pueblo dividido, intransigente, violento, de difícil convivencia... y lo dijeron representantes de partidos políticos, responsables de distintos organismos estatales y también muchos medios de comunicación, y siguen. ¡Pero que nos pregunten a nosotras, que pregunten a Altsasu quién ha roto la convivencia, se lo diremos!», manifestó la plataforma, que anunció la celebración de una manifestación el próximo 26 de noviembre a las 13.00 desde Iortia.

 

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Altsasu reivindica que quiere a Jokin, Adur y Oihan en casa
Una concentración en Altsasu reclama la libertad de Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, jóvenes de la localidad que hoy cumplen un año en prisión a raíz de la trifulca en la que, de madrugada y en una noche de ferias, estuvieron implicados dos guardias civiles y sus parejas. Han convocado una manifestación para el domingo, día 26.

La plaza Iortia de Altsasu ha acogido la concentración con la que los vecinos de la localidad han recordado a los tres jóvenes que hoy cumplen un año encarcelados tras la redada que la Guardia Civil llevó a cabo tras la trifulca ocurrida en un bar durante las ferias.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita para ocho jóvenes altsasuarras un total de 375 años de prisión: 62 años y medio para uno de ellos, para otros seis 50 años a cada uno y doce años y medio para la octava procesada.

Hoy mismo, las defensas han denunciado la denegación por parte de la AN de la práctica totalidad de las pruebas de la defensa, mientras que ha «admitido la práctica totalidad de las pruebas testificales, periciales y documentales» presentadas por el Ministerio Fiscal.

Las familias, que han recordado un año de «malas noticias» que les han hecho «llorar de meido, de rabia y de impotencia», han subrayado que las informaciones sobre la denegación de testigos y pruebas les hace «presuponer la mayor de las indefensiones».

Tras denunciar que «incomprensiblemente» Jokin, Adur y Oihan siguen en prisión, han destacado que, pese a que la lucha es «desigual» ante quienes tienen «todos los poderes y los medios», «seguiremos haciéndonos oír, seguiremos intentando salvar a nuestros hijos e hijas de sus garras tan poco democráticas».

«No queremos que con nuestra juventud hagan ensayos macabros ni que castiguen sin medida a personas por pertenecer a un pueblo o a una realidad social. Sus cálculos son miserables y nuestros jóvenes y nuestro pueblo solidario nos merecemos un tratamiento justo que vemos no están dispuestos a tener», han añadido.

Desde la plataforma Altsasukoak Aske, además, han denunciado las multas que «una y otra vez» se imponen «por acordarnos de nuestros amigios, por decir que les queremos libres y en Altsasu, por mostrar solidaridad».

Aunque aún no se sabe cuándo será el juicio, han asegurado que seguirán respaldando a los jóvenes encarcelados y al resto de encausados, «porque no queremos que más jóvenes tengan que pasar por esta situación».

Por último, han convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo día 26, domingo, que partirá a las 13.00 desde la plaza Iortia.