El informe del Gobierno de Lakua sobre la tortura se cierra con la confirmación de 4.113 casos desde 1960 y más de mil testimonios grabados en vídeo o audio. Emplaza con ello a los «poderes del Estado», pero también abre la puerta a su autocrítica. Se citan 1.792 casos de la Guardia Civil, 1.785 de la Policía española y 336 de la Ertzaintza.

Hace año y medio el Gobierno de Lakua presentó el avance del primer estudio oficial sobre la tortura, desde 1960 a la actualidad y restringido lógicamente a ciudadanos de la CAV. Y ayer anunció que se cierra con un total de 4.113 casos confirmados. Supone la certificación al máximo nivel de una práctica masiva, por tanto, si bien pese a su tremendo volumen las cifras no reflejan el horror subyacente: «No existen palabras en los idiomas y en los diccionarios para describir el nivel de sufrimiento de una persona que está siendo torturada», subrayó Paco Etxeberria, director del trabajo. De hecho, explicó que han sido muchos los que han acudido al Instituto, se han puesto el micrófono para grabar su testimonio y luego «se han descompuesto y se han ido sin hacerlo». Por ello y por la dificultad objetiva del tiempo pasado en muchos casos, se asume que esa cifra no es completa ni mucho menos.

Con todo, supone un reconocimiento pionero de la tortura a nivel institucional, y también conlleva un caudal de información muy importante: además del censo de 4.113 casos (suponen 3.415 víctimas en total, dado que algunas lo sufrieron dos o más veces), se han grabado en audio o vídeo más de mil testimonios, se han sometido al Protocolo de Estambul 202 (mostrando alta credibilidad), se han estudiado exhaustivamente 30 casos que se consideran emblemáticos, se han analizado y archivado más de 26.000 documentos, y aún les quedan 454 expedientes pendientes de estudio y valoración.

«No me ha engañado nadie»
Etxeberria dijo que, aunque el trabajo se haya dado por acabado, el Instituto Vasco de Criminología sigue teniendo abiertas sus oficinas para atender a quien quiera contarlo. Insistió en varios momentos de la comparecencia en que este no ha sido un trabajo más: «Es el tema más difícil que yo haya tocado con mis manos jamás».

En el desglose sobresale el hecho de que el 73% de los casos recogidos son del periodo de la autodenominada «democracia española», con una raya divisoria que se establece en 1978, aunque cabe matizar que lógicamente la parte del franquismo está infrarreflejada debido al paso del tiempo y la desaparición de las víctimas. Por contra, no hay denuncias de torturas ya desde 2014 a la actualidad. En esa línea de desarrollo temporal, visible en el cuadro adjunto, se aprecia por ejemplo cómo cayó el número de casos en los periodos de treguas de ETA de 1998 o 2006, hasta ir desapareciendo desde 2011.

¿A cuánto podría ascender la cifra final, que en otros trabajos como los de Euskal Memoria es más elevada (5.500 en todo el país y por cálculo de extrapolación en torno a 9.000)? Etxeberria no tiene respuesta para ello, pero sí recordó que en el periodo citado se han contabilizado unas 20.000 detenciones de este tipo, susceptibles por tanto de acabar en torturas.

Sobre la credibilidad, el forense destacó el valor científico del Protocolo de Estambul para medirla. Y desde su perspectiva personal, añadió que «de los 400 testimonios de vídeo en que he estado yo, tengo la certeza de que no me han engañado en ninguno». Un detalle del forense: «Cuando una mujer te dice ‘me oriné al primer tortazo’… eso no se lo inventa para conmovernos a nosotros».

Ha habido un ingente trabajo de fondo, también administrativo, añadió Etxeberria, para intentar certificar cada caso apuntado ya en recopilaciones anteriores como la que lideró Jon Mirena Landa, y así se ha llegado a la ratificación personal de 2.446 de estos 4.113.

A los poderes del Estado
Como conclusiones, el secretario de Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, destacó la «presencia importante» de esta lacra, la evidencia de que «no ha sido suficientemente investigada», la constatación paralela de que «no ha recibido la atención sociopolítica ni mediática» que debía, y finalmente la ausencia de reconocimiento y reparación a quienes la han padecido.

Tras ello, y dado que la mayoría de los casos corresponden a Policía y Guardia Civil, manifestó Fernández que «los poderes del Estado deben sentirse concernidos», les instó a una «investigación independiente» y les planteó además medidas de prevención. En cuanto a la Ertzaintza (336 casos suyos recoge el informe), habló de realidad diferente por la existencia de «un modelo preventivo» y porque no existen condenas judiciales, pero matizando acto seguido que «eso no debe servir para una lectura autocomplaciente».

Añadió que a las víctimas se les debe reconocimiento. Y entre los compromisos que Lakua toma está canalizarlo a través de la Ley de Víctimas de 2016 (hoy bloqueada por el Tribunal Constitucional español), mejorar el modelo de prevención, y trasladar el informe tanto al Instituto Gogora como a la Ponencia de Paz y Memoria en marcha en el Parlamento de Gasteiz.

«Hemos dado un paso –insistió Fernández–. Lo primero era dar voz a los denunciantes. Y, ahora, sobre esto tenemos que seguir trabajando».

El PSE prefiere negarlo a aceptar «un conflicto que no ha existido»

No habían pasado ni minutos desde que había concluido la presentación del informe cuando el PSE, socio del PNV en el Gobierno de Lakua, emitió una contundente nota de rechazo del mismo y de su desarrollo posterior. Sobresale una frase: «Consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada».

Curiosamente, en la nota no se niegan los datos. El PSE se limita a decir que no ha participado en el trabajo, elaborado lógicamente por el equipo de profesionales del Instituto Vasco de Criminología. Y se escuda luego en que el informe «adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas. Confiamos, por el contrario, en que se pueda cumplir la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999», añade.

Quien salió también al paso del primer abordaje oficial de esta lacra fue el sindicato de la Ertzaintza ErNE. Expresó su «total desacuerdo» porque entiende que supone «equiparar casos de supuestos malos tratos no probados y no demostrados con asesinatos y el terrorismo de persecución que la Ertzaintza y las policías locales han sufrido».

ErNE dijo estar «por la firme defensa de los derechos humanos» y calificó la tortura de «uno de los actos más deplorables», pero se parapetó en el manido argumento de que no hay condenas. Dijo «no entender cómo 314 casos (310 de la Ertzaintza y cuatro de las Policías Locales) pueden ser incluidos y avalados por el Gobierno Vasco como casos claros de tortura o malos tratos cuando no existe ninguna resolución judicial condenatoria».

 

ASÍ SE TORTURÓ: GOLPES (69%), ASFIXIA (25%), ABUSO SEXUAL (22%)
El informe del equipo de Paco Etxeberria extrae una radiografía completa de cómo se ha torturado en Euskal Herria. El horror se resume en porcentajes así: casi el 70% de los casos incluyen golpes, el 25% asfixia y el 22% violencia sexual, desde tocamientos a violaciones.

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A quienes hayan seguido medios como GARA no les sorprenderán los datos de este reportaje; para muchas otras personas, por contra, seguramente constituirán una revelación macabra. Entre las muchas aportaciones de las casi 500 páginas del informe sobre la tortura encargado por Lakua destaca lógicamente la de cómo se torturó, en qué consistieron los maltratos, con números y porcentajes extraídos de los 4.113 casos censados. Una radiografía del horror que revela detalles especialmente sádicos como la utilización de amenazas con animales en cuatro casos, la imposición de masturbaciones forzadas en otros cuatro, los ocho episodios de tortura por aplastamiento o los nada menos que 465 en que se obligó al detenido a ver u oír los maltratos a otras personas...

En cantidad, por encima de ello sobresalen dos modos de tortura: el 69,8% de los casos detallados refieren golpes (casi todos ellos, el 65% del total, más concretamente «palizas»), y el 69,8%, amenazas. Este último bloque incluye simulacros de ejecución en uno de cada diez casos. Resulta voluminoso igualmente el porcentaje de «interrogatorios constantes» (52,3%) o de «privación del sueño» (31,2%).

Asfixia y violencia sexual
En menor cantidad pero de modo destacado aparecen en el estudio dos prácticas en las que es obligado detenerse: la asfixia y la violencia sexual.

Las técnicas de asfixia, bajo distintas denominaciones, son un clásico en esta lacra de la tortura a nivel mundial. En el periodo analizado (1960-2014) y en la CAV han sido aplicadas a una de cada cuatro personas detenidas, el 25%. El equipo del Instituto Vasco de Criminología diferencia la «asfixia seca» (más conocida como «la bolsa»), que alcanza un porcentaje del 19,5%, y la «asfixia húmeda» («la bañera»), sufrida por un 8,4% de las víctimas. Hay un 1,1% añadido de formas de asfixia «no especificadas».

La violencia sexual ha sido revelada en un 22,3% de los casos denunciados. Toma diferentes formas: desnudez forzada durante la incomunicación (18%), humillaciones sexuales de carácter verbal (10,3%), golpes en genitales (9,7%), tocamientos (5,4%), utilización de electrodos en los genitales (1,4%), introducción de objetos por la vagina (0,8%) o por el ano (0,9%)... Estos dos últimos ejemplos de violación han sido denunciados por un total de 36 personas.

Dado que cada caso está documentado exhaustivamente, se pueden extraer múltiples clasificaciones añadidas: por cuerpos policiales, por edades de los detenidos, por épocas... Esta última variable, por ejemplo, lleva a Paco Etxeberria y su equipo a constatar que en el apartado de violencia sexual en los años 80 y 90 se emplearon electrodos mientras desde el año 2000 sobresalieron los tocamientos, humillaciones o violaciones. En esa frontera temporal, dice el estudio, «se confirma un cambio cualitativo y una preocupación creciente que emerge en el relato de las denuncias por dejar menos señales físicas como hematomas»,

En su página 167, el trabajo certifica que «las mujeres, comparativamente con los hombres, soportaron más empujones y tirones de pelo, mayor utilización del ‘plantón’ [obligación de estar de pie], más asfixia seca con la bolsa, mayor exposición a distintas formas de violencia sexual (más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras formas de violencia sexual), peores condiciones de detención (más exposición a ruidos constantes, deficiencias de higiene en el espacio), mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas u otros elementos, más humillaciones, más amenazas...». Por su parte, a los hombres se les aplicaron «más palizas, más sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres».

De electrodos a ruidos constantes
La antes citada utilización de electricidad como tormento la refiere el 8,3% de los torturados y torturadas. El estudio la cita junto a formas de maltrato como «uso de tabúes» (5,3%), drogas (2,4%), quemaduras (6%) o lesiones penetrantes (0,3%).

Entrando en otros datos del informe, en lo relativo al maltrato físico casi uno de cada cuatro personas torturadas detalla «tortura por posición» (imposición de posturas forzadas o extenuantes) y al 13,1% se le obligó a hacer flexiones. Entre las prácticas sicológicas, aparecen la «confusión con comportamiento contradictorio de los agentes de seguridad (benevolente o pretendidamente protector versus agresivo)» en el 22,8% de los casos, la «obligación de validar confesiones falsas» en el 20,7%, y, ya en menor medida, la aportación de información falsa, la oferta de beneficios por colaborar con los cuerpos policiales...

En cuanto a las condiciones de detención, al 18% de las víctimas se les obligó a estar desnudas, el 12,4% fue sometida a ruidos constantes, el 7,5% resultó castigado con higiene deficiente en la zona de arresto y el 7% padeció lo que se denomina como «estrés climático».

27,15 años de edad media
Aunque entre tantos casos aparecerán sin duda gentes de todas las edades, la edad media de la persona de la CAV víctima de tortura en estas más de cinco décadas es notablemente baja: 27,15 años. Y llama la atención que el 2% del total era menor de edad cuando sufrió los tormentos.

Por procedencia geográfica, es la población de Gipuzkoa la más castigada, dado que casi la mitad de los casos (49,3%) corresponden a vecinos y vecinas de este herrialde. El 38% son vizcainos y el 7,6% alaveses. Está pendiente un trabajo similar en Nafarroa.

En cuanto a los cuerpos policiales responsables, el dato ya se remarcó el lunes, con la presentación de este informe, primero oficial relativo a la tortura: a la cabeza de este ránking macabro están Guardia Civil y Policía española casi empatados (43%), mientras a la Ertzaintza le corresponde un 8,1% de los casos, es decir, 336. La Policía autonómica también incomunica menos que las españolas tomando exclusivamente los 4.113 casos del estudio: 79,3% frente a 96,5% de la Policía española y 96,4% de la Guardia Civil.

Protocolo de Estambul a 202 casos
El lunes en Donostia, Etxeberria apuntó que quizás nunca en ningún sitio se haya aplicado el Protocolo de Estambul, creado para medir la credibilidad de los testimonios de tortura, a tantos casos: 202 (un informe presentado en Madrid en 2014 recogía 45).

Tras explicar profusamente cómo se articula el protocolo y cómo se ha desarrollado en esta investigación, el resultado final obtenido es el siguiente: el 5,9% de los casos ha sido valorado como «de máxima consistencia», el 41,1% como «muy consistente», el 48,5% como «consistente»&flexSpace;y únicamente un 4,5% (9 de los 202) se revela «inconsistente».

Para llegar a obtener esta nota final, en función de este Protocolo de Estambul adoptado por la ONU en el año 2000, no solo se mide el «relato de presunta tortura», sino las reacciones sicológicas producidas, los informes médicos o forenses, la congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que son expresados, el diagnóstico clínico, los cambios funciones posteriores (trabajo, estudios, relaciones...) atribuibles a los hechos, los cambios de personalidad generados... Así, en el desglose se percibe que el 98,5% de los casos son relatados de forma consistente, el 86,5% muestran congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que se expresan y el 83,2% han dejado secuelas igualmente congruentes. Pero, por contra, únicamente en el 13% existen informes médicos o forenses que acrediten el testimonio.

En los casos que finalmente son declarados «inconsistentes», el informe matiza que ello no implica necesariamente que sean falsos, sino que simplemente pueden ser tipificables no como tortura sino como uso excesivo de la fuerza.

Como se observa, la realización de este informe pionero del Instituto Vasco de Criminología ha requerido la intervención de un amplio equipo multidisciplinar: forenses, sicólogos, administrativos... Su director, Paco Etxeberria, apuntó en la presentación que han terminado participando de una u otra forma unas 50 personas. Para cumplimentar el encargo del Gobierno de Lakua se han empleado unos tres años.

 

AI DENUNCIA LA IMPUNIDAD Y EH BILDU CRITICA EL NEGACIONISMO

Amnistía Internacional cree llegada la hora de «acabar con el círculo vicioso de la impunidad» tras este informe, cuya exhaustividad destaca, tanto por el trabajo realizado como por la aplicación del Protocolo de Estambul. Precisa a qué se refiere con la alusión al círculo vicioso: «No solo es difícil que las denuncias sean atendidas, sino que muchos de los informes forenses son deficientes, y cuando se lleva a cabo una investigación, hay muchas probabilidades de que los responsables sean indultados, y vuelta a empezar». La ONG recuerda las recomendaciones que emitió en setiembre, y que comienzan con la demanda al Gobierno estatal de un reconocimiento público de la tortura.

En la esfera política, EH Bildu consideró «inaceptable» que el PSE continúe en el Gobierno de Gasteiz tras negar la tortura. Para Maddalen Iriarte, la reacción de este partido «debería haber significado automáticamente una crisis de gobierno, pero lo que vimos en la comparecencia del señor Erkoreka fue un intento de banalizarlo». El portavoz de Lakua admitió ayer en Radio Euskadi que le sorprendió la reacción del PSE el lunes y destacó que fue emitida antes incluso de presentarse el informe, pero descartó de modo tajante que el tema vaya a repercutir en Lakua.