El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Igor Portu y Mattin Sarasola fueron víctimas de un «tratamiento inhumano y degradante» durante su detención y condena al Estado español ha indemnizarlos con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente. El voto particular de tres magistrados va más allá y afirma que los hechos deben ser considerados como «tortura», y no de «trato inhumano».

Estrasburgo ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros a Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos en 2008 y presos desde entonces, por «daños morales», lo que supone un varapalo para los aparatos del Estado, dado que el Supremo exculpó a los guardias civiles que habían sido condenados inicialmente por la Audiencia de Gipuzkoa.

La diferencia de este sumario con otros anteriores estriba en que en este caso sí se había agotado todo el proceso judicial en el Estado español. Existen otras siete sentencias europeas anteriores contra el Estado español por no investigar torturas a vascos, pero en este caso Madrid podía argumentar que el asunto sí había sido visto y decidido por todas las instancias, hasta llegar al Constitucional.

La sentencia considera vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que concluye que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». El fallo se ha adoptado por unanimidad aunque tres jueces han emitido un voto particular exigiendo ir más allá. En su voto consideran que los hechos deben ser tildados de «tortura», y no de «trato inhumano», y que el punto de partida de la Corte europea debía ser el procedimiento de la Audiencia de Gipuzkoa y no del TS español, al remarcar las «graves deficiencias» en la actuación de esta última instancia.

En la parte explicativa sobre el fondo del asunto, la Corte europea afirma que está «suficientemente establecido» que las lesiones descritas por Portu y Sarasola ocurrieron cuando se encontraban en manos de la Guardia Civil, y añade que las instancias españolas no han presentado argumentos «convincentes o creíbles» que justifiquen los daños sufridos por los demandantes. En consecuencia, el Tribunal considera que la responsabilidad por las lesiones debe atribuirse al Estado demandado.

Estrasburgo analiza en su decisión el procedimiento llevado a cabo en instancias judiciales españolas. Certifica el buen hacer de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, cuya sentencia fue condenatoria, y relata los principales hechos que confirman el maltrato a los dos detenidos. Sobre la actuación del Tribunal Supremo español, censura que «se limitó a descartar la versión de los solicitantes sin determinar el origen de las lesiones» denunciadas. Añade, además, que el TS «no exploró si el recurso a la fuerza física por los agentes de la guardia civil fue necesaria y proporcionada». Estrasburgo insiste en que al ser los hechos «conocidos exclusivamente por las autoridades» es sobre ellas las que «cae la carga de la prueba» y, por lo tanto, deben ofrecer «una explicación convincente» sobre las lesiones de los arrestados.

No es trato inhumano, sino tortura

El voto particular de tres de los magistrados no contradice, en este caso, el fondo de la decisión, sino que añade dos elementos en los que cree que la Corte debía ir más allá. Al igual que en la redacción mayoritaria, percibe «deficiencias» en el procedimiento llevado a cabo por el Supremo español, y por ello cree que el punto de partida para el TEDH no debía ser su actuación, sino la de la Audiencia de Gipuzkoa, que tilda de «juicio muy exhaustivo».

La decisión mayoritaria afirma que «el maltrato inflingido a los solicitantes no debería ser cualificado de tortura», aunque añade que «son suficientemente graves para ser considerados como tratos inhumanos y degradantes». Los tres magistrados del voto particular creen, sin embargo, que sí debe ser considerado como tortura, tal y como hizo el juzgado de Donostia, recuerdan, «porque la brutalidad tenía como finalidad la humillación, el castigo y la venganza contra los solicitantes en razón de su pertenencia a ETA».

Los dos lesakarras fueron detenidos el 6 de enero de 2008 en Arrasate por la Guardia Civil bajo la acusación de pertenencia a ETA. 16 horas después, Portu ingresó en la UCI del Hospital Donostia con evidentes signos de haber sido torturado y con un parte médico de gravedad: presentaba un pulmón perforado, una costilla rota, hemorragia en un ojo y hematomas por todo el cuerpo.

El testimonio de Sarasola tras cinco días de incomunicación también coincidía con lo relatado por Portu ante el juez de la Audiencia Nacional. Denunció torturas desde el inicio de la detención.

 

EH Bildu pide al Gobierno español que reconozca «la realidad de las torturas»
La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha instado al Gobierno español a reconocer «la realidad» sobre las torturas a detenidos y presos presos políticos vasco, y a que «deje de hablar como si no existiera» esta práctica.

En declaraciones en el Congreso, la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia se ha referido a la sentencia conocida hoy del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado al Estado español por los malos tratos infligidos durante su arresto y detención incomunicada a Igor Portu y Mattin Sarasola.

La diputada de EH Bildu ha lamentado que el Ejecutivo no admita que existen torturas, y ha recordado que hay documentados más de 4.000 casos, en relación al estudio de un equipo del Instituto Vasco de Criminología liderado por Paco Etxeberria para el Gobierno de Lakua.

Ha recordado que la sentencia de Estrasburgo no sólo habla de malos tratos sino que también condena al Estado español por no investigarlos. Pese a todo, Marian Beitialarrangoitia está convencida de que no habrá por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy una respuesta, porque «se empeña en negar» estas prácticas.

Asimismo, Beitialarrangoitia ha denunciado el veto de la Mesa del Congreso a la comparecencia de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

Sortu: «El Tribunal Supremo ha encubierto la existencia de torturas»

Por su parte, el portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha exigido la revisión de las condenas de Portu y Sarasola. Durante su comparecencia, Rodríguez ha asegurado que la resolución es «histórica» porque, «es la primera vez» que este tribunal «condena al Estado español, no ya por no investigar suficientemente unas denuncias de tortura», sino «por torturar en un caso de detención con incomunicación». Europa ya había condenado al Estado español en otras ocho ocasiones por no investigar debidamente las denuncias de tortura.

A su juicio, este fallo también pone de manifiesto que «el Tribunal Supremo ha encubierto la existencia de torturas por haber rechazado sistemáticamente todas las evidencias que apuntaban a que nos encontrábamos ante un caso» de este tipo.

Se ha felicitado también por el «acto de justicia poética» que supone que la sentencia del TEDH se haya conocido el mismo día en el que se cumplen 37 años de la muerte de Joxe Arregi. Rodríguez ha opinado también que esta resolución, «que no constituye más que la punta del iceberg», pone de manifiesto que la tortura ha constituido «una práctica sistemática».