La Audiencia Nacional ha condenado a los ocho jóvenes de Altsasu juzgados por una trifulca con dos guardias civiles y sus novias a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión. Son las penas máximas por delitos de «atentado» a los agentes de la autoridad, «lesiones, desórdenes públicos y amenazas». Descarta que haya «terrorismo».

El tribunal ha impuesto las penas máximas por los delitos de «lesiones, desórdenes públicos y amenazas» a los jóvenes de Altsasu. Ha condenado a 13 años de prisión a Oihan Arnanz e Iñaki Abad; Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda han sido condenados a 12 años, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea y Aratz Urrizola a 9 años, y Ainara Urkijo, a dos. Los ocho fueron juzgados a finales de abril en la Audiencia Nacional por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en un bar, de madrugada, en octubre de 2016.

Excepto Ainara Urkijo, los otros siete han sido condenados por los delitos de «atentado a los agentes de autoridad y lesiones». En el caso de Abad y Arnanz se les castiga también por «desórdenes públicos».

La Sala rechaza las acusaciones de «delitos terroristas» al considerar que «no ha quedado acreditada la finalidad terrorista» de la pelea y tampoco la vinculación de los jóvenes a una «organización terrorista», como sostenían las acusaciones. A pesar de ello, las condenas impuestas son las máximas previstas y llegan hasta los 13 años de prisión. El tribunal ha aplicado las agravantes de «abuso de superioridad y de odio» y porque «se cometieron por motivos ideológicos y de animadversión a la Guardia Civil».

Junto a las condenas de cárcel, la Audiencia Nacional impone indemnizaciones de 9.200 euros por lesiones al teniente; al sargento le deberán pagar 3.750 euros y a sus novias 6.100 euros a cada una por lesiones. Además, la Sala fija 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la novia del sargento por «secuelas y daños morales».

El tribunal aprecia las agravantes de «abuso de superioridad y de odio» y considera probado que los jóvenes «actuaron movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil» y «por motivos claramente ideológicos» pero entiende que «no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA». Del mismo modo, da por probado «la vinculación de algunos de los acusados» a Ospa Mugimendua. 

Pese a ello, les ha impuesto las penas más altas previstas. La resolución no es firme y cabe recurso de apelación contra la misma en el plazo de 10 días. 

Comparecencia y concentración esta tarde 

Altsasuko Gurasoak comparecerá a las 17.00 en Katakrak de Iruñea para valorar la sentencia y anunciar próximas movilizaciones. También ha convocado una concentración hoy a las 20.00 ante el Ayuntamiento de Altsasu.

 

Padres y madres de Altsasu: «Lucharemos y lucharemos hasta conseguir justicia»
Los padres y madres de los ocho jóvenes de Altsasu tienen claro que van a seguir luchando hasta que se haga justicia con sus hijos. Así lo han expresado en una comparecencia esta tarde en Iruñea, en la que han vuelto a recibir el apoyo de cientos de personas.

«Lucharemos, lucharemos y lucharemos hasta conseguir justicia», ha respondido Bel Pozueta, una de las madres de Altsasu, cuando le han preguntado sobre qué van a hacer tras la sentencia de la Audiencia Nacional española. Han avanzado también que sus abogados están estudiando la sentencia para recurrirla.

«Tenemos malas noticias, pero también fuerza», han añadido antes de agradecer el apoyo que han recibido por parte de la sociedad navarra y de otros territorios. «Si no estuviéramos tan arropados, no podríamos estar aquí», han destacado.

Cientos de personas les han recibido a las puertas del centro Katakrak de Iruñea, donde han comparecido en una abarrotada sala. Aplausos y gritos de «Altsasukoak aske» se han escuchado tanto en el exterior como en el interior del local. Entre los asistentes, numerosos electos. También personas como Mari Carmen Mañas, viuda de Ángel Berrueta.

Pozueta ha calificado la sentencia como «un absoluto desprecio al concepto de justicia, a la proporcionalidad» y ha destacado que consideran que son objeto de una venganza.

Ante esta situación, han señalado que no se van a quedar parados y anunciaron que continuarán con las movilizaciones. La primera de ellas, tendrá lugar hoy a las 20.00 en Altsasu. También hay previstas movilizaciones en otros puntos de Euskal Herria para rechazar la sentencia.

16 de junio en Iruñea
Junto a ello, han anunciado que convocarán el 16 de junio una manifestación en Iruñea. Esperan que supere las dimensiones de la que tuvo lugar en abril. En este sentido, han señalado que ya nadie puede dudar que este no es un caso de terrorismo y han advertido de que lo que les ha pasado a sus hijos puede ocurrirle a cualquiera.

«Nosotros teníamos claro que no era un caso de terrorismo. ¿Para qué nos han llevado a la Audiencia Nacional?», han preguntado antes de denunciar que a sus hijos les han puesto las penas máximas.

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia se ha registrado cuando Pozueta ha contestado la llamada de su hijo, Adur Ramírez de Alda, desde la prisión.

 

Condenados a dos años de cárcel los cuatro jóvenes juzgados en la AN por los incidentes de Iruñea
La Audiencia Nacional tampoco ha visto ‘terrorismo’ en los incidentes violentos ocurridos en una manifestación en Alde Zaharra de Iruñea en 2017 y ha condenado a los cuatro jóvenes acusados por estos hechos a dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos.

En la sentencia, divulgada por Efe, la Sala sostiene que no se ha acreditado la «participación de una organización terrorista o grupo concreto» en la manifestación de marzo de 2017 en Iruñea ni «ha quedado aclarado» cuál es la línea oficial de la misma, «ni si esa línea es precisamente la de los restos de una ETA crepuscular», como tampoco existen datos «sobre las entidades convocantes o sobre sus conexiones con la organización terrorista ETA».

De esta forma, como también ha ocurrido en el caso de la agresión de Altsasu en 2016, la Audiencia Nacional ha desoído la petición de la Fiscalía, que sí  enmarcó la actuación de los acusados en un delito de «terrorismo» y solicitó para ellos siete años de prisión por desórdenes públicos ‘terroristas’.

La sección segunda de lo Penal les impone varias agravantes porque usaron «objetos contundentes y artefactos pirotécnicos» y porque lo hicieron en una manifestación numerosa y ocultaron su rostro.

Los cuatro jóvenes de Errenteria y Beasain fueron juzgados el 21 y 23 de mayo. El fiscal pedía siete años de prisión para cada uno.