María Ángeles está esperando una carta. En cuestión de días o semanas sabrá si protestar contra un desahucio en Euskadi puede, o no, ser motivo de multa. A la espera de una sentencia sobre este caso registrado en Vitoria, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene una voluminosa carpeta de sanciones a través de la ley mordaza, una norma que, paradójicamente, el PNV –partido que gobierna en esta comunidad autónoma con el apoyo del PSE– busca reformar en Madrid.
De acuerdo a distintas respuestas escritas entregadas por Seguridad al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, entre 2015 y 2018 –último año sobre el que existe información– la Ertzaintza ha aplicado un total de 17.820 multas a través de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza.
El impacto económico de estas sanciones tampoco ha sido menor. Según datos del Gobierno Vasco, desde la implantación de esta polémica norma en 2015 y hasta noviembre de 2018 la administración recaudó 1.327.722 euros en multas.
En otra respuesta enviada a Arzuaga en noviembre de 2018, el Gobierno indicó que el monto total por las multas incoadas asciende a 4,5 millones de euros. Público ha solicitado al Departamento de Seguridad los datos correspondientes al número de sanciones impuestas en 2019, pero de momento no ha habido respuesta.
Según consta en los distintos informes proporcionados a Arzuaga por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, las "faltas de respeto y consideración" a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –reguladas en el artículo de la ley mordaza– motivaron 3.137 multas entre 2015 y 2018. Solo en 2016 hubo 1.058 multas por ese precepto, mientras que en 2017 bajaron a 800 y en 2018 ascendieron a 870.
Por su parte, las faltas por "desobediencia" o "resistencia" a la Policía provocaron 1.880 sanciones en el mismo periodo, repartidas de la siguiente forma: 273 en 2015, 668 en 2016, 445 en 2017 y 494 en 2018.
La Ertzaintza también aplicó o tramitó 830 multas relacionadas con "desórdenes graves" y otras 338 vinculadas a faltas en torno al derecho de reunión. Estas últimas han estado basadas fundamentalmente en el artículo de la ley mordaza que apunta hacia quienes se manifiesten sin permiso o se nieguen a disolverse en caso de que la Policía así lo ordene.
Asimismo, las faltas relacionadas con el consumo, tenencia o plantación de drogas, también reguladas en la ley mordaza, ocupan el primer puesto con 8.127 multas entre 2015 y 2018.
La posición del PNV
Mientras el Gobierno Vasco aplicaba sin ambages esta ley, el PNV –partido al que pertenece la consejera de Seguridad– defendía posiciones contrapuestas. En junio de 2016, la formación nacionalista apoyó en el Parlamento Vasco una Proposición No de Ley en la que se solicitaba precisamente que el Ejecutivo autonómico no aplicase la ley mordaza.
Aquella iniciativa salió adelante con los votos de PNV, EH Bildu (promotora de la proposición) y PSE, mientras que el PP votó en contra. Elkarrekin Podemos, que también se opone a la aplicación de esa norma, aún no contaba con representación en la Cámara vasca.
El PNV también llevó este tema al Congreso. En marzo de 2017 se aprobó una iniciativa legislativa de la formación nacionalista en la que se reclamaba modificar distintos aspectos de la polémica ley. Desde entonces, el partido de Urkullu ha mantenido en Madrid la reivindicación de la reforma de esta norma –se trata, de hecho, de una de sus iniciativas estrella en el Congreso–, algo que ha transcurrido en paralelo con su aplicación en Euskadi.