La neblina cubre las polvorientas calles, oculta la cruz de la cima de la iglesia y las fachadas de las casas que llevan dos décadas abandonadas. Hay tres mulas amarradas a un lado del atrio y una que otra gallina camina cerca de los soldados que patrullan un pueblo desolado, donde todavía no cicatrizan las heridas de una de las peores masacres de la historia del país. Allí, las Auc asesinaron a 16 campesinos, en octubre de 1997

En el lejano corregimiento El Aro, de Ituango, que se esconde en las montañas del norte de Antioquia, viven 44 familias, que suman al menos 180 personas, las cuales se resistieron a la guerra, al olvido y a la soledad. Los campesinos pasan sus días jornaleando para poder subsistir, viven del ganado, de la agricultura, de arrear bestias, de criar marranos y algunos también de la hoja de coca.

Ya pasaron 20 años desde que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) mataron sin piedad a 16 labriegos y quemaron el caserío, pero en la memoria de Rosalba Echavarría sigue viva esa imagen de los muertos y del pueblo acabado; ella todavía tiene miedo. Al igual que sus vecinos nunca recibió ayuda psicológica.

La masacre ocurrió entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. El último día, toda la población se desplazó al vecino corregimiento de Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia, y aún faltan más de 250 familias por retornar. “Antes de ese ataque, nosotros éramos felices, la iglesia se llenaba, teníamos muchos cultivos y buena actividad ganadera, de leche y de carne”, cuenta Rosalba.

Al igual que ella, sus vecinos esperan que algún día el atrio se vuelva a llenar, que las cantinas también; que las casas que hay en ruinas y con maleza hasta el techo se mejoren y sean habitadas; desean que haya misa los domingos, porque en El Aro ni cura hay hace más de cuatro meses.

En el caserío hay más mulas que personas, en casi todas las esquinas están estos animales, listos para que un arriero los ensille. José Marcelino Barrera, el esposo de Rosalba, es el mulero con más experiencia de la zona. A sus 72 años, es de los pocos campesinos que hoy se ve en el pueblo, lleva sombrero, botas pantaneras y machete a la cintura.

Masacre de El Aro

José Marcelino Barrera, arriero y sobreviviente de la masacre.

Hace dos décadas, José Marcelino y su esposa vieron asesinar a vecinos y amigos, fueron testigos de atrocidades, de saqueos de comida y de animales. También vieron arder corrales de marranos. “El del patio vecino tenía 40 cerdos y a todos los quemaron vivos”, recuerda el campesino.

En esos fatídicos días, empacaron algunos coroticos en un costal y se fueron para Puerto Valdivia a pie con tres niñitos cargados, porque los ‘paras’ ni mulas les dejaron. “Ellos llegaron a decir que iban a matar a todo lo que oliera a guerrilla, uno que culpa que las Farc vinieran a pedir comida y agua, si no les dábamos también nos mataban”, cuenta.

Es tradición que en El Aro todos ayuden a sus vecinos cuando les falta un huevo, algunos gramos de sal, un poco de aceite o agua hervida. Poder asistir al otro para ellos es una bendición porque hace 20 años, cuando los paramilitares llegaron a acabar con el pueblo, nadie podía ayudar a nadie. Si alguien lo hacía, moría. Incluso, les prohibían enterrar a sus muertos e ir a la iglesia, tenían que rogar para que los dejaran.

“Cuando empezó la balacera entre paramilitares y guerrilleros de las Farc, el sacerdote tocó las campanas, entonces los ‘paras’ le dijeron que en tiempo de guerra no se oía misa y de aposta le colocaron los muertos al lado de la casa cural para que pasara por encima de ellos”, recuerda Rosalba.

Su humilde casa está ubicada al lado de la iglesia. Es de tapia, tiene paredes desteñidas, piso de tierra y sus grandes puertas de madera están pintadas de rojo. En la entrada hay una pequeña tienda con mecato, gaseosa y mercado básico, lo que pueda traer en mulas para surtir, no es muy seguido, porque es difícil.

La travesía para llegar a El Aro empieza en el municipio de Valdivia, donde hay que ir a un improvisado puerto para tomar una chalupa que sale una vez al día y desafía el caudaloso río Cauca. Tras una hora de pasar por las turbulentas aguas, se llega a Tolúa y quedan cuatro horas de camino a lomo de mula por una montaña empinada, donde el verde oscuro contrasta con el verde claro de la coca.

Los caminos, trazados por los mismos campesinos, son estrechos, pantanosos y espesos, tanto que las mulas se ranchan y, a veces, se enloquecen y toman otra ruta. “Hace décadas nos están prometiendo una vía y ahora estamos hasta sin caminos para mover la comidita. Se acabaron por causa de las lluvias y los derrumbes, traemos las cosas con mucha brega”, describe Rosalba.

Resistencia para sobrevivir
A los campesinos les da la sensación de que el tiempo se detuvo o que la masacre ocurrió ayer. Aún hay casas destruidas, caminos en ruinas y desolados, así como rostros tristes.

Ellos hacen muchos esfuerzos para permanecer en el corregimiento, pero las condiciones son cada vez más adversas. Las calles son de pantano o de piedras carcomidas por el tiempo y por el fuego que echaron las Auc, muchos accesos a viviendas son rastrojos, donde solo se puede ir en mula, porque con botas pantaneras, los pies se hunden.

Las casas que albergan huérfanos, viudas y madres sobrevivientes de la masacre, no tienen pisos, las puertas están averiadas, las paredes tienen humedad y los techos muchas goteras con las que lidian día a día.

Masacre de El Aro

Aura Rosa Posada y su esposo Ramón Molina, sobrevivientes de la masacre de El Aro, también luchan contra el olvido.

Una de esas viviendas es la de Aura Rosa Posada, quien a sus 87 años recuerda como si fuera ayer ese octubre de 1997. “El día del éxodo, los ‘paras’ separaron a las mujeres y a los hombres, cada uno llegaba como pudiera a Puerto Valdivia, sin saber la suerte del otro. Era una incertidumbre muy horrible esperar si el esposo y los hijos llegaban vivos”, detalla.

Ella y su esposo Ramón Molina llevan casi cuatro años encerrados en el caserío porque tienen movilidad reducida. “Ya no estamos para caminar, arrear bestias ni para subirnos en una, por eso no vamos a Valdivia, tampoco a Ituango, porque son dos días a lomo de mula”, cuenta.

La pareja de abuelos no sabría qué hacer si tienen una emergencia, porque en el centro de salud hay desabastecimiento de medicamentos, no hay una sola enfermera ni mucho menos un médico. Una líder es la que suministra las pocas medicinas y atiende primeros auxilios.

Muchos enfermos mueren en el camino por falta de un médico y de vías. Blanca Jaramillo hace seis meses perdió a su mamá por una neumonía que se podía tratar. “La sacamos a pie con una hamaca, sosteniéndola a lado y lado, se nos murió a la mitad del camino, no aguantó”, describe.

Blanca tiene tres hijos y se queja por la floja educación que reciben. No importa si un niño cursa primero o quinto de primaria, ven las mismas clases, igual pasa en secundaria, los juntan desde sexto hasta noveno. La razón radica en que la escuela tiene dos maestras y un solo salón para 50 muchachos, las otras tres aulas están sin tableros ni pupitres buenos, tienen grietas, humedades y goteras.

La profesora Ana Monsalve cuenta que por ello usan el quiosco digital, donde el único computador es el de ella. Y, como si fuera poco, en la biblioteca no hay libros suficientes y los niños, que permanecen cinco horas en clase, no tienen restaurante escolar por el difícil acceso al corregimiento.

A eso se suma que falta un docente de física y química para ofrecer los grados décimo y once. Los adolescentes terminan noveno y no tienen nada más que hacer que ayudarles a sus padres en el campo.

En la escuela hay déficit de baños, no hay escenarios deportivos. Los estudiantes juegan baloncesto en una canasta improvisada, hecha de costal y sostenida con un palo de guadua.

El Aro, 20 años después

En el lugar, los niños no cuentan con la infraestructura adecuada para tomar clases.

El caserío cuenta con electricidad, pero no hay agua potable ni alcantarillado. El nivel de escolaridad es bajo, sobre todo en los padres. “Encuentro muchos papás que no saben leer, que no pueden ayudar a sus hijos a hacer la tarea”, cuenta la profesora.

Ómar Daniel Pérez, a sus 32 años, es uno de los padres analfabetas. Sin tartamudear confiesa que nunca aprendió a leer ni a escribir, no sabe sumar ni restar. Después de la masacre, donde perdió a su madre, quien veía por él, no quiso volver a la escuela.

Una memoria viva
Hace 20 años, el mismo día que los paramilitares torturaron a su mamá, Ómar Daniel tuvo que salir de El Aro con sus cinco hermanos menores sin saber qué suerte le correría a ella. Pensó que sobreviviría al igual que él, quien vio la muerte de cerca unas horas antes.

“Cuando esa gente entró, apenas tenía 12 años, recuerdo que ellos mostraban una lista de los que morirían, la mayoría eran jornaleros y comerciantes. Yo no estaba en ese listado, pero junto a seis personas me tiraron al piso, ahí al frente de la tiendita de doña Rosalba”, recuerda.

Más de 200 hombres armados, que se identificaron como miembros de las Auc de Córdoba y Urabá, reunieron a todo el pueblo, los obligaron a salir de sus casas para que fueran testigos de cada uno de los homicidios.

Masacre de El Aro

Ómar Daniel Pérez tenía 12 años cuando ocurrió la masacre.

“Delante de mí masacraron a tres vecinos, uno de ellos era Andrés Mendoza, el dueño de la cantina que yo tengo ahora. Estábamos filados en el piso y mientras él se moría me apretaba fuerte la mano, no podía mirarlo porque esa gente me chuzaba con el fusil, me daba con la pata, se me paraba encima de la espalda. Me salvé porque un paramilitar dijo que yo no era guerrillero”, describe Ómar Daniel.

El 25 de octubre de 1997, las Auc ya habían matado a 14 campesinos. A su mamá, la empleada doméstica de la casa cural, la señalaron de informante de la guerrilla, la violaron y torturaron. Una semana después de ese hecho, Ómar Daniel regresó a El Aro con la esperanza de encontrarla con vida. El pueblo estaba reducido a cenizas, ya no quedaba nada, su casa ya no existía.

Buscó a su madre por todas partes, en los potreros y en las ruinas. La encontró en una cañada. “Recogí el cráneo y los meros huesitos, ya se la habían comido los gallinazos, la reconocí por el pelo y la ropa, pero no podía creer que era ella”, describe.

“Después, un señor me contó que mi mamá estaba tirada en esa cañada, tan herida, que solo podía mover las manos, le partieron la cadera. Ella le rogó que la matara de un tiro porque no aguantaba el dolor, pero él no pudo, era uno de los campesinos que los ‘paras’ secuestraron para arrear 1.000 reses que se robaron y todas pasaron por encima de ella”, agrega.

Así como recuerdan el triste final de Elvia Rosa, los sobrevivientes hablan de Marco Aurelio Areiza, el tendero del pueblo que le ayudaba a sus vecinos, les daba mercados y les prestaba plata. A él, los paramilitares lo castraron y le sacaron el corazón delante de sus allegados.

En el corregimiento se acuerdan de cada uno de los campesinos que asesinaron. El más pequeño era Wilmar de Jesús Restrepo, de 14 años. “El niño estaba trabajando en una frisolera con un señor. Los 'paras’ les preguntaron si sabían dónde estaban escondidos los de las Farc, ellos respondieron que no, entonces los hirieron y les montaron morrales pesados, los obligaron a caminar hasta lo alto de la montaña, ellos no aguantaron y se sentaron a descansar y los mataron”, relata Blanca Jaramillo, una familiar.

En esos nueve días, los paramilitares no solo asesinaron, robaron ganado y destruyeron el pueblo, sino que también violaron mujeres, incluso, en la escena del crimen de sus esposos o hijos.

El Aro, 20 años después

En El Aro aún son evidentes las cicatrices de la masacre.

El 31 de octubre de 1997, después de asesinar a cada una de las personas que tenían en la lista, las Auc le echaron fuego a todo el pueblo, solo quedaron de pie ocho casas, la escuela y la iglesia. También secuestraron a 17 campesinos para que les arriaran las reses y las mulas que se robaron.

Según confesaron los jefes paramilitares en versiones libres de Justicia y Paz, ese último día de la masacre celebraron el éxito de la ‘operación’ y condecoraron a los hombres que participaron en ella.

Los jefes paramilitares Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y ‘Doble Cero’ planearon la masacre de El Aro un mes antes, en una reunión que sostuvieron en la finca La 57, ubicada en el departamento de Córdoba. Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, jefe del bloque Mineros, no estuvo en esa reunión, pero sí prestó a 50 de sus hombres, de acuerdo con testimonios de versiones libres.

El plan era llegar al corregimiento, una de las zonas de influencia de las Farc, donde los 'paras' creían que esa guerrilla tenía campamentos; guardaba secuestrados y planeaba operativos en Ituango, Valdivia y Briceño, donde hacían retenes ilegales. Esos tres municipios se comunicaban con El Aro, por eso era una tierra estratégica.

En los días de la barbarie un helicóptero ‘amarillo’ sobrevoló la zona, los sobrevivientes creyeron que los ayudarían, pero no fue así, por el contrario, la aeronave disparó ráfagas de fusil, recogió a dos paramilitares muertos y llevó munición.

Mancuso; Ramiro Vanoy, y Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, aseguraron en versiones libres que ese helicóptero era de la Gobernación de Antioquia. Por ello, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Medellín pidieron investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador del departamento.

Los campesinos coinciden en que Uribe deberá responder “por no tomar medidas necesarias para evitar la masacre, ni por detenerla cuando se pidió auxilio. Líderes que se desplazaron en los primeros días, llamaron al ente departamental para advertir lo que pasaba, pero nadie llegó”. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideró que no hay suficientes pruebas contra el expresidente.

Los exjefes paramilitares también confesaron que los homicidios se cometieron con el apoyo de militares y de policías de la zona, los campesinos lo corroboran y reclaman verdad, justicia y reparación.

Masacre de El Aro

Ante las adversidades, en El Aro, la población lucha por quedarse y subsistir.

La ilusión
En 1998, un año después de la masacre, la Alcaldía de Ituango reconstruyó las casas, pero a medias, por lo que muchos no se sienten reparados y reclaman la reconstrucción del pueblo. “Esto está peor que antes, no hay ayudas para mejorar los caminos, nosotros mismos los trazamos, la parroquia se arregla con los animalitos que nosotros donamos”, recalca Ómar Daniel.

Los habitantes dicen que la única reparación fue una cruz fabricada de madera, que está clavada en la mitad del pueblo y que costó casi 40 millones de pesos. “Es valioso que recordemos a nuestros muertos, pero esa plata hubiera servido para traer a un médico o para arreglar la escuelita”, añade Blanca.

La esperanza de los habitantes es que Empresas Públicas de Medellín (Epm) les doné una vía cuando termine de construir la central hidroeléctrica Ituango, que deberá estar en operación comercial para entregar energía al país desde diciembre de 2018.

En El Aro esperan que el Estado cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó indemnizar a los habitantes con 3.500 millones de pesos y poner en marcha un plan de mejoramiento de viviendas, así como garantizar un retorno seguro. Ese fallo fue hace 11 años, pero no se ha cumplido.

Los labriegos dicen que el Gobierno debe pedir perdón por dejar que los masacraran durante una semana y añaden que la Fiscalía tiene que reactivar las investigaciones, porque, al parecer, militares y políticos estarían involucrados en la masacre.

Mientras tanto, la neblina, que todas las mañanas y tardes opaca las casas de El Aro, desaparece, y el reflejo del sol da un brillo sobre el caserío. Eso es precisamente lo que esperan los habitantes, que así como el sol mira a su pueblo, el país también lo haga para que tengan un mejor futuro.