La Audiencia Nacional española y el Tribunal Supremo han citado a partir del jueves al president catalán, Carles Puigdemont, y a los 13 consellers del Govern contra los que ayer se querelló la Fiscalía por delitos de «rebelión, sedición, malversación y otros conexos», así como a la presidenta y cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron la declaración de independencia.

Lamela cita a Puigdemont y al resto de consellers y les reclama una fianza de 6,2 millones
La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha citado el jueves y viernes como investigados al president catalán Carles Puigdemont y a los 13 consellers del Govern contra los que ayer se querelló la Fiscalía por delitos de «rebelión, sedición, malversación y otros conexos». Les ha dado un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.

Carmen Lamela, juez de la Audiencia Nacional española, ha admitido la querella de la Fiscalía por delitos de «rebelión, sedición y malversación de fondos públicos» contra el president de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 13 miembros del Govern.

En el mismo auto en el que la magistrada se declara competente para investigar los hechos acuerda como primera diligencia citar a los 14 querellados, en calidad de investigados, para el próximo jueves, 2 de noviembre, y viernes, 3 de noviembre, a las 09:00 «para declaración y a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal».

Además de las citaciones, Carmen Lamela acuerda fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con «apercibimiento de embargo» si no la depositan en el plazo de 3 días. La juez ordena también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el procés.

En su auto, Lamela explica que investiga «una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno».

Lamela concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados «urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas ( ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre».

La juez considera que la querella del fiscal expone de manera «seria, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación».

La magistrada explica en su escrito que procede incorporar la querella a la causa donde ya se investiga por sedición a los presidentes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados desde hace más de dos semanas por la misma jueza.

 

El Supremo admite la querella de la Fiscalía y cita para este jueves y viernes a la Mesa del Parlament
El Tribunal Supremo ha admtidido a trámite la querella de la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación presentada contra la presidenta y cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron la declaración de independencia, a quienes ha citado para los próximos días 2 y 3 de noviembre a partir de las 9.30.

La Sala de admisiones del Tribunal Supremo, que integran cinco magistrados, ha aceptado admitir a trámite la querella interpuesta ayer por la Fiscalía contra seis miembros de la Mesa del Parlament por rebelión, sedición y malversación.

Tras reanudar la deliberación que inició en la tarde de ayer, el Supremo ha designado instructor de la misma al magistrado Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Citados

Nada más ser nombrado, Llarena ha citado para los días 2 y 3 de noviembre a Forcadell y a los cinco miembros de la Mesa. Las comparecencias se producirán a partir de las 9.30 y los investigados deberán declarar acompañados de abogado, según explica la providencia que ha dictado el instructor de la causa.

Será Llarena quien, en su caso, decida si procede adoptar medidas cautelares –si se las pidiera el fiscal– y también todas las diligencias necesarias para avanzar en la investigación.

La querella se presenta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas; los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet –todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados–, y contra el secretario tercero de la misma, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot.

El ponente de la resolución será el propio presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y completarán este órgano los magistrado Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela.

 

Puigdemont: «Respetaremos el resultado de las elecciones. ¿Hará lo mismo el Gobierno español?»
El president catalán, Carles Puigdemont, ha afirmado que no han acudido a Bruselas para demandar asilo político, sino a trabajar «como un Gobierno legítimo» y para ello creen que «la mejor manera de hacerlo es venir a la capital de Europa», para actuar con «libertad y seguridad». Ha dicho que afrontarán las elecciones del 21 de diciembre como «un reto democrático» y que respetarán los resultados electorales, y ha interpelado al Gobierno español si hará lo mismo. También ha asegurado que no «escaparán a la acción de la justicia».

El president, Carles Puigdemont, y varios de sus consellers –Meritxel Serret, Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Meritxel Borràs y Toni Comin–, han comparecido bajo una enorme expectación mediática en el Club de Prensa Bruselas, donde ha aclarado que no han acudido a la capital belga para pedir asilo y que «nunca» abandonará el Govern, y ha aceptado las elecciones impuestas el 21 de diciembre por el Gobierno español como «un reto democrático» que «no nos da miedo».

«No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como capital de Europa. No se trata de política belga. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad», ha remarcado.

El president catalán ha explicado que la decisión de acudir a Bruselas se adoptó el viernes, de común acuerdo con el Govern, ante los datos que apuntaban a que el Ejecutivo español «planteaba una ofensiva agresiva sin precedentes contra el pueblo catalán y los funcionarios», algo que se confirmó con las querellas presentadas ayer por la Fiscalía, que podrían implicar penas de hasta 30 años de prisión para cada integrante del Govern y de la Mesa del Parlament querellados.

Ha recordado que, antes y después del referéndum del 1-O, él extendió la mano al diálogo «hasta el infinito», hasta el punto de suspender la declaración de independencia a cambio de un diálogo, pero tanto el Gobierno del PP como el PSOE rechazaron frontalmente su oferta.

En esas circunstancias, las decisiones del Goviern primaron la «prudencia, la seguridad y la moderación» y estuvieron encaminadas a «evitar la violencia, porque la paz y el diálogo siempre han sido una prioridad de la mayoría de la población y Gobierno catalán». De esta manera, parte del Govern se desplazó a Bruselas para dejar en evidencia en Europa y ante el mundo la situación que se vive en Catalunya y el «grave déficit democrático del Estado español», y seguir trabajando allí «como un Gobierno legítimo», con «libertad y seguridad», a pesar de las limitaciones que les supone la estrategia adoptada.

Entre tanto, el resto del Govern, con el vicepresident Oriol Junqueras a la cabeza, seguirá trabajando desde Catalunya.

Puigdemont no ha aclarado su futuro inmediato ni cuánto tiempo permanecerán en la capital Belga, aunque ha asegurado que no van a «escapar a la acción de la justicia». Ha dicho que que si se le permitiera «un juicio justo, con garantías, independiente, con separación de poderes, como en la mayoría de países europeos», retornaría «de forma inmediata».

«Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada», ha manifestado.

Sí ha querido dejar claro que ve la acción judicial contra él como una «demanda política» y se va a oponer a ella «desde una posición política y no jurídica. No queremos escapar a nuestra responsabilidad de la Justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el marco de la UE».

Elecciones 21-D

En su comparecencia, Puigdemont también se ha referido a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy para el 21 de diciembre, que asumen como un «reto democrático». Ha asegurado que no tienen medio a las urnas y que respetarán los resultados de los comicios, y ha interpelado al Gobierno español si «hará lo mismo».

«Siempre que haya urnas, allí nos encontrarán», le ha advertido.

Mensajes a Europa y el pueblo catalán

El president catalán también ha querido transmitir un mensaje a Europa, a la que le ha pedido que «reaccione» y que «vea y entienda» que el caso catalán es «la causa sobre la que se fundamentan los valores de Europa».

«Decimos a Europa, necesitamos vuestra ayuda, es un conflicto político que necesita una salida política», ha insistido.

Al pueblo de Catalunya le ha advertido de que «se preopare para un camino largo» ante un Estado «que solo cuenta con la razón de la fuerza» y que «ha decidido utilizar la violencia y la represión para conseguir que abandonemos nuestro proyecto politico».

Frente a ello, ha añadido, «el pacifismo como única arma será la base de nuestra victoria», ya que «es en territorio de democracia donde somos más fuertes y siempre hemos ganado».

 

(30/102017) - La Fiscalía se querella contra el Govern y la Mesa por rebelión, sedición y malversación
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha presentado sendas querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra el Govern y contra los miembros de la Mesa del Parlament ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo. Ha solicitado que sean citados a declarar y ha pedido su «inmediata detención» en caso de que no comparezcan y una fianza conjunta en ambas querellas de 6,2 millones de euros.

La Fiscalía general del Estado ha interpuesto sendas querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra los «principales responsables de la Generalitat» en la Audiencia Nacional, y contra la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa aforados que tramitaron la declaración de independencia ante el Tribunal Supremo.

El fiscal José Manuel Mata ha anunciado que ha pedido que los querellados sean citados ante los mencionados tribunales para prestar declaración «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados». En caso de que no comparecieran, ha pedido su «inmediata detención».

Añade, que tras la admisión a trámite de las querellas «se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados». De este modo, la Fiscalía pide que se incluya «la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros».

Maza ha explicado que la primera querella ante la AN se dirige contra «los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia», realizada «con total desprecio a nuestra Constitución». En la demanda está incluido el exconseller Santi Vila, Santi Vila, pese a que dimitió antes de la proclamación.

La segunda querella se ha presentado ante el Tribunal Supremo contra Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa –entre ellos Juan Josep Nuet, de CSQP– al conservar «la mayoría» de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament.

Según Maza, la presidenta y el resto de miembros de la Mesa posibilitaron con sus acuerdos «la culminación del proceso independentista» facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

El fiscal general ha recalcado que «a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas».