El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la quema de fotografías de los monarcas fue un acto de legítima "crítica política". Condena a España a reintegrar los 2.700 euros de multa que impuso y a indemnizarlos con 9.000 euros.

 

Quemar fotos de los monarcas es un acto de crítica política y, por tanto, queda englobado dentro del derecho a la libertad de expresión. Así lo ha dictaminado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por unanimidad este martes, que ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión de dos jóvenes catalanes que en 2007 quemaron fotos de los monarcas y fueron condenados a pagar 2.700 euros de multa cada uno de ellos por un delito de injurias contra la Corona.

El caso arrancó en el año 2007 durante una visita de los monarcas Juan Carlos I y Sofía a la ciudad de Girona. Stern Taulats y Roura Capellera, los dos recurrentes, participaron en una protesta independentista y quemaron imágenes de los reyes. Los jóvenes fueron condenados por ello a quince meses de prisión, aunque después la sanción quedaría reducida al pago de 2.700 euros de multa. El Tribunal Constitucional les negó el amparo y explicó que Taulats y Capellera habían cometido un delito de odio al incitar a la violencia contra los monarcas.

Sin embargo, la Justicia europea ha sido tajante y por unanimidad ha establecido que la quema de imágenes de los monarcas eméritos formaba parte de una "crítica política a la institución de la monarquía" y "al Reino de España", por lo que es completamente legal y entra dentro del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Por todo ello, el TEDH condena a España a devolver los 2.700 euros de multa que impuso a los recurrentes y a indemnizarlos, además, con otros 9.000 euros.

El texto también recuerda a España que la libertad de expresión no solo es para la información o las ideas inofensivas sino también, y especialmente, para aquellas que puedan generar escándalo, "conmoción" o "preocupación".

Asimismo, la sentencia de Estrasburgo ha sido tajante para señalar que de ningún modo estos actos pueden ser encuadrados en un nuevo tipo de delito de odio, tal y como estimó el Tribunal Constitucional, y asegura que entenderlo de este modo "sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que permite que haya una sociedad democrática".

En este sentido, el TEDH recuerda a España que el delito de odio se creó para proteger a minorías discriminadas por su raza o su condición sexual y no a la Corona. La explicación de la Justicia europea, por tanto, deja en entredicho la polémica interpretación que el Constitucional realizó en 2015 cuando estimó que quemar fotos del rey suponía una incitación a la violencia contra la Corona.

El TEDH pone en el punto de mira las injurias a la Corona
Esta sentencia no es la primera contra España por vulnerar la libertad de expresión de un ciudadano condenado por injurias a la Corona. El TEDH ya dio la razón a Arnaldo Otegi frente a España cuando el primero fue condenado a un año de prisión tras afirmar que el rey Juan Carlos I era el jefe de los torturadores.

En aquella ocasión, la Justicia europea se lo dejó bien claro a España: proteger de manera especial al jefe del Estado, es decir al rey, en materia de injurias y calumnias no se ajusta al espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos que España suscribió.

 

(eldiario.es) - La Justicia europea sentencia que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España a devolver la multa de 2.700 euros a la que fueron sancionados dos jóvenes por el delito de injurias a la corona

Los magistrados europeos definen la quema de fotos de los monarcas como "la expresión simbólica del rechazo y crítica política" a la monarquía, negando la vinculación con el discurso del odio y la violencia que hizo el Constitucional

 

Quemar una foto de los reyes de España es libertad de expresión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha estimado el recurso de los dos jóvenes condenados por injurias a la Corona por quemar una foto de los reyes en 2007 en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía. Los magistrados europeos creen que el castigo penal impuesto a los jóvenes por la Justicia española "constituye una interferencia con la libertad de expresión".

La Audiencia Nacional condenó en 2008 a los dos jóvenes a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros. El Constitucional negó en 2015 el amparo solicitado por los condenados, una decisión que provocó cuatro votos discrepantes en el seno del tribunal. Los jóvenes recurrieron finalmente ante Europa la "injerencia injustificada" que, a su juicio, supuso la condena en su derecho a la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Más de diez años después de los hechos, el TEDH da la razón, por unanimidad, a los dos jóvenes y concluye que la quema de la foto de Juan Carlos I y Sofía por la que fueron condenados Enric Stern y Jaume Roura "no fue un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar y vilipendiar" a la institución, sino "la expresión simbólica del rechazo y crítica política" a la monarquía, según recoge la sentencia publicada este martes (consultable en francés).

En consecuencia, los magistrados creen que la Justicia española vulneró el artículo 10 de la CEDH al castigar penalmente a los jóvenes por la quema de fotos, y condenan a España devolver los 2.700 euros de multa a los que fueron sancionados, así como a indemnizarles con 9.000 euros. La sentencia es vinculante para el Estado.

"La puesta en escena orquestada, aunque dio lugar a la quema de imagen de los monarcas, es una forma de expresión de una opinión en el contexto de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía", sostienen los magistrados de Estrasburgo, que recuerdan que la libertad de expresión ampara no sólo los actos o ideas consideradas "inofensivas", sino también las que generan "conmoción" o "preocupación".

Los jueces europeos enmarcan la protesta en "una crítica a lo que el rey representa, como jefe y símbolo del aparato del Estado" que los dos militantes independentistas rechazaron prendiendo fuego a una fotografía de Juan Carlos I y Sofía. Concluyen los magistrados que la quema de la fotos "entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y corresponde a la expresión de un rechazo de la monarquía como institución".

El TEDH da un revolcón a la argumentación esgrimida por siete de los once jueces del Tribunal Constitucional (TC) para negar el amparo solicitado por los jóvenes. Los magistrado del TC consideraron que quemar públicamente el retrato de los monarcas no era solo un acto "ofensivo" sino también incitador al odio y a la violencia. Interpretó el Constitucional que la protesta "trasladó la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados".

Los magistrados europeos niegan por completo que la quema de fotos de los monarcas puedan ser consideradas como incitadoras al odio, y recuerda que este tipo de delitos protegen a minorías discriminadas por su raza o su condición sexual. De hecho, los magistrados de Estrasburgo creen que vincular la quema de fotos de los monarcas con el discurso de odio y la violencia, tal y como hizo el TC, "sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de sin el cual no hay una sociedad democrática".

Así, el TEDH se sitúa en línea con los votos particulares de magistrados progresistas del TC, que, en contra del criterio mayoritario del pleno, consideraron que el tribunal sí debía dar amparo a los dos jóvenes. "La crítica malsonante, la manifestación políticamente incorrecta, los gestos o actos desabridos, de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión", recordó la magistrada Adela Asua en su voto particular, al que se adhirió su colega Fernando Valdés Dal-Ré.

 

(La Haine) - Demoledor informe de Amnistía Internacional denuncia las leyes de excepción en el Estado español
Amnistía Internacional denuncia el clima de autocensura impuesto por el gobierno, así como el artículo 578 o la persecución a raperos o periodistas

La persecución contra twitteros, titiriteros, raperos, artistas o periodistas, es el eje central del informe anual de Amnistía Internacional sobre el Estado español. La involución democrática y las nuevas legislaciones mordaza están en el punto de mira del nuevo informe de la Organización, que señala el artículo 578 del Código Penal como "especialmente preocupante" y denuncia que "el estigma asociado a los cargos de “enaltecimiento” del terrorismo puede tener también efectos duraderos y devastadoresen personas cuyo fín era expresar libre y legítimamente ideas y opiniones".

El Informe dedica un apartado a las personas represaliadas en el marco de las llamadas "operaciones araña", a través de los casos de Arkaitz Terrón y J.C.V. (Ambos de Barcelona), el informe expone que el objetivo de estas operaciones ha sido el de "crear un clima de autocensura en la población".

Otro de los apartados del extenso informe presentado por la organización pone el punto de atención en los ataques contra la libertad artística, a través de los casos de La Insurgencia, Nyto, Pablo Hasel o Cesar Strawberry y conclye que "estos casos reflejan una intolerancia creciente y peligrosa hacia cualquier expresión,incluida la artística, que pueda considerarse provocativa, inquietante o incluso ofensiva. Pero escandalizar a personas diciendo o tuiteando ocantando cosas ofensivas no es delito. Aplicar el derecho penal a estas expresiones no sólo estigmatiza, sino que las graves consecuenciasque puede conllevar —como los antecedentes penales, la cárcel y la inhabilitación— son preocupantemente desproporcionadas".

En su capítulo dedicado a las restricciones a la libertad de prensa, el informe arroja luz sobre los casos de nuestro compañero Boro LH o el cineasta Alejandro García, de Resistencia Films, advirtiendo de que "es un reflejo inquietante de la situación de la libertad de expresión en España que la mera repetición de una frase utilizada por un grupo armado, como en el caso de Boro, o entrevistar a personas que según el Estado han“enaltecido” a un grupo armado, como en el caso de Alex, sea causa de un procesamiento penal".

El informe advierte de que "en toda Europa, los Estados están restringiendo diversas formas de expresión, incluida la expresión en Internet, so pretexto de la seguridad nacional". Y concluye, que "con el uso de estas disposiciones para penalizar expresiones legítimas, las autoridades españolas incumplen las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El impacto del artículo 578 es devastador para las personas: desde cuantiosas multas hasta largos periodos de exclusión del sector público, pasando por las penas de prisión.Pero incluso más allá de estas sanciones, este uso abusivo de las disposiciones antiterroristas lleva a las personas a autocensurarse por miedo a sufrir la represión. La criminalización de unabanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos.Esta limitación y reducción del espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica representa una amenaza más a largo plazo para la fuerza de la sociedad civil y la capacidad de garantizar no sólo el derecho a la libertad de expresión, sino la defensa de toda una serie de derechos humanos fundamentales."

Informe de Amnistía Internacional sobre la libertad de expresión en España by Carles Villalonga on Scribd