"Aquel 27 de febrero sonaron las dianas del 4 de febrero de 1992, como soldados nos sentíamos tan adoloridos, después de aquella tragedia", estas fueron las palabras del comandante Hugo Chávez, al recordar los angustiosos días del Caracazo.

 El 27 de febrero de 1989, en la ciudad de Caracasse gestó lo que sería una de las masacres más impactantes de la historia venezolana, aquel día el pueblo decidió tomar las calles de la capital para demostrar su rechazo al aumento del pasaje de transporte público, que sin pensarlo fue la chispa que disparó la revuelta popular.

A esto se le sumó la situación de acaparamiento y especulación con los productos de primera necesidad, principal causante del desabastecimiento e inflación en el país. Por ello, luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los productos que se encontraban en escasez, como leche, azúcar, café, harina, aceite, sardinas, entre otros.

Sin embargo, es importante señalar que entre líneas se observaba el descontento de un pueblo lastimado por una década de desaciertos financieros, al que además se sumó un programa de ajuste económico neoliberal, presentado por el entonces recién electo presidente de la República, Carlos Andrés Pérez.

"Venía calentándose la situación, una situación de caos moral y político, motivado a unas estructuras desgastadas, un pueblo sin rumbo, sin gobiernos y representantes", explicó el comandante Chávez en su programa Aló Presidente, número 269, al tratar sobre el tema.

Asimismo, narró lo que vivió esa fecha, "entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era Coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles. Y le digo: ‘Mi Coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo’. ‘¿Pero cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, como así fue".

Explicando de este modo, la política represiva instaurada por el entonces Gobierno de la República, que no solo negaba beneficios y derechos constitucionales al pueblo, beneficiando a los grandes empresarios de la época, sino que también hundió en la pobreza y la desesperanza a uno de los países más ricos del mundo.

28 de febrero: La masacre

Testimonios relatan que en horas de la madrugada del 28 de febrero de 1989, se desató una ola de saqueos en los diversos sectores de la ciudad. Haciendo frente a estos hechos, el ministro de Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, anunció la suspensión de las garantías constitucionales, medida ordenada por Pérez, con el fin de controlar la revuelta popular.

El derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidos durante 10 días.

Al llegar la noche las Fuerzas Armadas Nacionales, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, dieron inicio al toque de queda más sangriento de la historia de Venezuela, reprimiendo a los ciudadanos, que al no contar con una dirigencia, ni planes y objetivos precisos fueron reducidos en una semana, culminando así El Caracazo un 8 de marzo de 1989.

Pérdidas humanas y materiales

Según cifras oficiales, durante los acontecimientos del 27 y 28 de febrero hubo un promedio de 300 pérdidas humanas. Sin embargo, reportes extraoficiales alegan que este número asciende los 3.000 muertos. Aunado a esto muchas personas resultaron lesionadas y otros desaparecieron.

Esta afirmación fue fortalecida ya que posteriormente, fueron halladas en el Cementerio General del Sur, diversas fosas comunes, entre las que destacaba la fosa común "La Peste", en la cual aparecieron 68 cuerpos sin identificar que no estaban incluidos en la lista oficial.

Fueron saqueados un promedio de 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General. Solo en Caracas se registraron 154 incendios, según datos ofrecidos por el portar Telesur, añadiendo a su vez que entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1989, el Ejército y la policía usaron unas 4 millones de balas para reprimir al pueblo.

Detonante del Caracazo

Carlos Andrés Peréz a tan solo 14 días de su nombramiento, intentó provocar un cambio en la economía, implementando un programa de ajustes macroeconómicos promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mismo fue llamado "Paquete Económico". Las medidas serían de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual.

Este contemplaba:

- A través del programa del Fondo Monetario Internacional, el gobierno debía obtener 4.500 millones de dólares en 3 años.
- Las tasas de interés activas y pasivas fueron liberadas con un tope temporal fijado en un 30%.
- Eliminación de la tasa de cambio preferencial.
- Liberación de los precios excepto en 18 renglones de la cesta básica.
- Incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
- Aumento anual durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo.
- Aumento del precio de la gasolina en un 100%.
- Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
- Congelación de cargos en la administración pública, entre otros.

El resultado de este paquete económico finalizó en la caída en picada de la economía venezolana, aumento de los índices de inflación y desempleo, liberación de precios, lo que congeló el mercado de productos, cierre de muchas panaderías -quedando miles de venezolanos sin empleo-, aumento en un 200% del el precio, aumento en un 52% de la tarifa de gas doméstico, intensificación de la escasez y el acaparamiento, incremento de los precios de la gasolina en un 100% (Bs.2,75 para la de alto octanaje y 2,55 para la de medio octanaje).

Testimonios de un pueblo

Llegaban muchos jóvenes heridos

Francia Alfonzo de 67 años relata a YVKE Mundial, que desde su casa, ubicada en la parroquia El Valle, podía observar como las personas pasaban con neveras, comida, colchones…Añadió que en horas de la noche de ese 27 de febrero al llegar al Hospital Vargas donde laboraba comó enfermera en la emergencia encontró una unidad repleta de heridos, quienes denunciaban que la Guardia Nacional se encontraba disparando contra el pueblo, destacando que la mayor cantidad de heridos era gente joven "pura juventud".

Fue horrible para mi mis ojos que vieron caer a tanta gente joven

Fueron las palabras de Tania Ordoñez que con la edad de 58 años recuerda aquel sangriento día, señalando que como habitante de la parroquia 23 de enero, observó como destruyeron los bloques de esa populoso sector y como las personas clamaban auxilio para levantar a sus familiares que fueron acribillados por las fuerzas policiales, "era la guardia echándole plomo al pueblo", lamentó.

Me tuve que ir a mi casa casi arrastrándome

Por su parte, Xiomara Ordoñez de 56 años , narró para YVKE Mundial lo traumático que fue para ella esos días, detallando que ese 27 de febrero se encontraba en el Hospital Domingo Luciani con su esposo ya que debía asistir a una cita médica, cuando de repente le avisan que la misma había sido cancelada por una situación de saqueos que se estaba presentando en el centro de la ciudad.

Continúa explicando que no pudieron llegar a su hogar, el cual se encontraba ubicado en la Av. Fuerzas Armadas, estando obligados a dejar el vehiculo en un estacionamiento en Parque Carabobo, de ahí en adelante observaron como personas sin control se encontraban saqueando y desde los edificios arremetían contra ellos con armas de fuego.

Justicia para los mártires

Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 1998, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social.

Aunque todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989. La Revolución Bolivariana bajo el mando del comandante Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano. Sin importar que los hechos ocurridos no suscitaron bajo su mandato, en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, fueron anunciados una serie de mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

El 27 de febrero de 2013, la Asamblea Nacional juramentó una comisión para investigar la actuación de policías y militares en 1989. Ese mismo año Virgilio Ávila Vivas (Gobernador del Distrito Capital en 1989) fue acusado por la Fiscalía General de la República por su responsabilidad en la masacre, se conoce que en noviembre de 2014 inició el juicio en su contra.

Actividades conmemorativas promovidas por el Gobierno Bolivariano

El pasado 21 de febrero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que los actos conmemorativos a propósito de los 28 años de El Caracazo se llevarán a cabo el 01 de marzo.

"Como el 27 y 28 de febrero coincide con el carnaval será el miércoles 1 de marzo que se efectúen los actos conmemorativos y en recuerdo de las víctimas de esos días", manifestó durante su programa La Hora de la Salsa, transmitido por Radio Miraflores.

 

(AVN) - 28 años después seguimos rebeldes contra al neoliberalismo

28 años después la rebeldía contra el neoliberalismo continúa. La rebelión popular que se produjo en Venezuela el 27 de febrero de 1989 constituyó la respuesta del pueblo golpeado en la década de 1980 por políticas neoliberales que desencadenaron una profunda crisis social durante el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP).

A principios de 1989 cinco de cada diez hogares del país se encontraban sumergidos en la pobreza. Este escenario se recrudeció por recortes aplicados por el gobernante adeco en la inversión en políticas orientadas a satisfacer las necesidades de la población.

El gasto público dentro del Producto Interno Bruto para 1988 se ubicó en 21,5%, final del periodo presidencial del "Pacto Social" de Jaime Lusinchi, y en 1989 disminuyó a 21,2%, comienzo del segundo gobierno de CAP.

Esta reducción hizo mella en los recursos destinados al "gasto" social, como era concebido en la IV República, que bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación pasó de 12.005 millones de bolívares a 10.635 millones en ese mismo período.

"El esquema de crecimiento económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no sólo en cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la inversión social", señalan los investigadores José Ignacio Silva y Reinier Schliesser en el libro La evolución de la pobreza en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 1998.

A esto se sumó un alza en la inflación de 35,5% de 1988 hasta 81% de 1989, mientras que la estructura económica reflejaba que sólo 5% del empresariado concentraba el 70% de la producción.

Como consecuencia de una estrategia de marketing electoral que hacía referencia al pasado y a las promesas de bienestar, la población venezolana se creó expectativas que no pudieron ser cubiertas por el gobierno del dirigente de Acción Democrática (AD).

La imagen de Pérez se presentó ante el pueblo como la del presidente del "milagro económico" para apalancar la lucha contra la pobreza. Durante su campaña de "El Gocho pal' 88" prometió regresar al estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), conocida como la "Venezuela Saudita" por el flujo de dólares provenientes de la nacionalización de la industria petrolera y del hierro.

Sin embargo, luego de obtener la victoria con un 53% de los votos en los comicios de diciembre de 1988, Pérez intentó implementar medidas estructurales para desarrollar en el país un modelo de libre mercado basado en los principios de la doctrina neoliberal.

Aunque había asegurado al país que "no pueden haber ajustes en lo económico, cuyos efectos sólo se sientan en los grupos de menores ingresos" y que el FMI no impondría condiciones a Venezuela; la situación del país había ido empeorando paulatinamente con la baja de los precios del petróleo, la devaluación de la moneda y los altos niveles de inflación y deuda externa.

Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la deuda externa, que representaba un déficit acumulado de 7.376 millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus reservas internacionales, excluyendo el oro, que en buen aparte había sido enviado a Inglaterra con el pretexto de "abonarle" recursos a la reserva.

La traición de CAP

El 16 de febrero de 1989 CAP decidió traicionar la confianza del pueblo que lo eligió y anunció un paquete de medidas neoliberales. El principal objetivo del plan era lograr la "ayuda" financiera del FMI. Para ello, el país debía someterse a la constante supervisión de ese organismo, con el fin de obtener 4.500 millones de dólares en los siguientes tres años, y de otros 21.000 millones para los próximos 7 años.

El programa de ajustes, conocido como "El paquetazo", estipulaba entre otras medidas el alza de tarifas de bienes y servicios, liberación de precios de los alimentos -con excepción de 18 renglones de la cesta básica-, supresión de subsidios, y en especial negaba la posibilidad de decretar algún tipo de incremento salarial a la fuerza laboral del país.

Asimismo, incluyó la liberación de la tasa de cambio del bolívar, la eliminación progresiva de aranceles a la importación y la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, con lo cual muchas familias perdieron sus casas que aún terminaban de pagar a crédito.

"En coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca internacional, se planteó una estrategia económica dirigida a recuperar equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de un modelo económico y político rentístico-petrolero (populista clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista", refiere el texto 27- F para siempre en la memoria de nuestro pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo.

El estallido social

La mayoría de las medidas del paquetazo de Pérez eran de aplicación inmediata, entre ellas se encontraba el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró el 26 de febrero de 1989 un alza promedio de 94%, generando además, un incremento de 30% en las tarifas del transporte urbano.

Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron imponer sus tarifas. El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación en los principales rubros alimenticios.

Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida. Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.

"El FMI encendió las calles de Caracas"; "Violencia en todo el país" y "Arde el país, alza del pasaje prendió la mecha", eran los principales titulares de la prensa sobre este estallido social que representó la traición a un pueblo ya defraudado, abandonado por el Estado y condenado a la pobreza y la exclusión.

"Se asocia a El Caracazo al incremento de la gasolina, eso no es correcto. Eso fue una especie de chispa, que incendió un polvorín", dijo el economista Jesús Farías una entrevista a Venezolana de Televisión.

Aunque las cifras oficiales revelan que la represión policial durante el estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989 conocido como "El Caracazo" dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 personas fallecidas.

Farías señaló que estos sucesos generaron un punto de inflexión en los gobiernos que habían existido en el país, donde no se contaba con un programa para solventar la crisis económica que se estaba viviendo.

Así el 27 de febrero de 1989 se convirtió en la antesala a la Revolución Bolivariana, gestada con una insurrección de militares patriotas el 4 de febrero de 1992, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez.