Xabier Makazaga

Tortura y pentotal

Zamora — Fri, 07 Oct 2022 17:00:27 +0000

Tortura y pentotal

Imagen

Zamora Vie, 07/10/2022 - 13:00

Autor

Xabier Makazaga

Así escondió Sáenz de Santa María la infamia de la tortura, empleando la pluma de un periodista de prestigio como Diego Carcedo. Y así han seguido haciéndolo todos los torturadores

José Antonio Sáenz de Santa María, el general de bien poblado bigote y cara de muy mala leche que fue director general de la Guardia Civil se alistó voluntario con 16 años en el ejército franquista, y sabía perfectamente, debido a su larga experiencia, que el nervio de la guerra ha sido y será siempre la información.

También conocía el método más expeditivo para conseguir dicha información. Sobre todo, porque desde 1949 coordinó la represión contra la guerrilla antifranquista, el «maquis». Una represión implacable, cuyo éxito siempre adjudicó a la información que al final de su vida pretendió lograba gracias al uso con las personas detenidas del pentotal, más conocido como «suero de la verdad».

Así lo recogió el periodista Diego Carcedo en la biografía autorizada que escribió sobre Sáenz de Santa María, en la que dedicó varias páginas al tema. En esa biografía se cuenta la milonga de lo eficaz que era esa droga, poniendo en boca de un médico de aquella época la siguiente frase: «Está revolucionando las técnicas de investigación criminal. Se lo inyectas a un detenido y canta ópera, vaya si canta».

Sin embargo, la realidad es que la CIA y otros servicios estadounidenses experimentaron con el uso del pentotal y otras drogas en los interrogatorios, pero la conclusión que sacaron fue muy, pero que muy, diferente de la que nos quisieron hacer creer Sáenz de Santa María y su biógrafo Diego Carcedo.

Los estadounidenses sospecharon que los soviéticos estaban utilizando drogas o extraños métodos de tortura para conseguir confesiones, y encargaron un riguroso estudio al respecto que fue concluyente. Según dicho estudio, los soviéticos forzaban las confesiones por medio de técnicas como el aislamiento, la privación de sueño y el sufrimiento autoinfligido, obligando a las personas detenidas a mantener «posturas estresantes», que combinadas con un buen interrogatorio conseguía romper a casi todas ellas.

A partir de entonces, además de los eficaces métodos de tortura de costumbre, como la asfixia mediante la «bañera», la «bolsa» y similares, adoptaron esos nuevos que tan buenos resultados estaban dando a los soviéticos. Métodos que los estadounidenses transmitieron a sus aliados torturadores, como los españoles, que desde entonces han sacado excelente provecho de ellos.

Eso sí, los estadounidenses siguieron experimentando con todo tipo de drogas, entre ellas el LSD, pero los resultados que obtuvieron fueron en verdad decepcionantes y se tuvieron que rendir a la evidencia de que era pura quimera que pudiese existir un «suero de la verdad» que hiciera hablar sin más a los detenidos.

Por lo tanto, lo que contó el general Sáenz de Santa María, en la pluma de Diego Carcedo, era una mera justificación de por qué sus detenidos cantaban ópera. Es más que evidente el tratamiento que recibían no solo los guerrilleros sino todos quienes pudiesen saber algo sobre ellos: enlaces, gente que les suministraba alimentos, familiares…

Véase, en cambio, lo que se cuenta en esa infame biografía: «Detenían a enlaces, los llevaban al hospital con la disculpa de hacerles un reconocimiento reglamentario, les inyectaban el pentotal bajo la vigilancia del médico, y un policía la mar de afable aprovechaba el efecto de la droga para ir sacando las informaciones más comprometidas. La conversación, muy cordial y relajada, se grababa en un viejo magnetófono sin que el detenido se diese cuenta, y algunos fragmentos se mostraban luego a otros detenidos a quienes se les hacía creer que la persona en quien confiaban era un chivato y les había delatado. Luego se le practicaba el interrogatorio normal, en el que no solían contar nada comprometedor».

«La ola de delaciones y de declaraciones inculpatorias que se desató gracias al pentotal enseguida trasladó a la guerrilla un ambiente de desconfianza, intranquilidad y deseos de venganza que contribuyó, y mucho, a precipitar su final».

Así escondió Sáenz de Santa María la infamia de la tortura, empleando la pluma de un periodista de prestigio como Diego Carcedo. Y así han seguido haciéndolo todos los torturadores con la preciosa ayuda, entre otras muchas, de esos periodistas que ha preferido siempre creer lo increíble y no hacerse preguntas embarazosas.

Por eso han evitado a toda costa preguntarse por qué las personas a las que las fuerzas de seguridad vinculaban con ETA eran tan propensas a «cantar ópera» en manos de la Guardia Civil, pero no abrían la boca al ser detenidas por la Policía francesa. Esos periodistas han remarcado una y otra vez, por un lado, las detalladas cantadas en el Estado español de esas personas, y por otro, su «mutismo habitual» en el francés, pero muy significativamente eso nunca les ha dado nada que pensar.

Ahora bien, no hace falta ser un adivino para deducir cómo se las han arreglado siempre las fuerzas de seguridad españolas deteniendo gente a la que han torturado para obtener informaciones que permitiesen detener a más gente a la que aplicar la tortura y así sucesivamente. Un procedimiento aún más viejo que la existencia misma de la Guardia Civil.

Es lo que denunció en varias ocasiones el añorado periodista Javier Ortiz, quien conoció en sus carnes la tortura franquista. Según él, la gran mayoría, no solo de sus colegas sino de toda la sociedad española, «no quiere saber nada de la tortura. Porque le viene muy bien no saber nada de la tortura».

¡¿Hasta cuándo?!

Martín Villa es un...

Zamora — Mon, 20 Jun 2022 16:59:33 +0000

Martín Villa es un...

Imagen

Zamora Lun, 20/06/2022 - 12:59

Autor

Xabier Makazaga

Podemos estar seguros de que no solo fue el responsable de la matanza de cinco obreros en Gasteiz, de lo sucedido en los Sanfermines de 1978. Todo indica que también fue directamente responsable de numerosas acciones de guerra sucia.

En su último libro, el antiguo director de "Diario 16" y "El Mundo", y en la actualidad de "El Español", Pedro J. Ramírez, menciona una conversación que tuvo a finales de 1978 con el entonces ministro Rodolfo Martín Villa, protagonista en aquella época de una famosa canción cuyo estribillo decía: «Atención, atención Martín Villa es un cabrón-on-on...».

Acababan de asesinar al dirigente de ETA Jose Miguel Beñaran «Argala» en Iparralde y Pedro J. le preguntó «¿Qué crees que ha sucedido?» a lo que Martín Villa respondió: «La versión que conviene dar es la de las disensiones en el seno de ETA». La misma versión que se esforzaron siempre por difundir; a veces, con manifiesto éxito, como en el caso de «Pertur».

Pedro J. le preguntó entonces sobre los autores del atentado y la respuesta de Martín Villa tampoco tuvo desperdicio alguno: «Eso no te lo voy a decir. Pero sí te voy a dar una clave: nuestras relaciones con la Policía francesa son magníficas. Mucho mejores que con su Gobierno». Lo que, a mi entender, equivale a reconocer la ayuda que recibieron de la Policía francesa para llevar a cabo aquel atentado. Y otros muchos.

En cuanto a las consecuencias del atentado, Martín Villa también habló bien claro: «Sabes que soy contrario a la negociación con ETA. El atentado ha venido bien desde ese punto de vista. Y esto no está bien decirlo, pero ya podrían acompañarlo tres o cuatro más».

Los anunciados atentados llegaron bien pronto. Tres semanas después de asesinar a «Argala» intentaron hacer otro tanto con otro dirigente de ETA, Jose Manuel Pagoaga «Peixoto». No lo consiguieron pero quedó prácticamente ciego y con gravísimas secuelas.

Además, tras el atentado quedó de manifiesto que las autoridades españolas no solo tenían unas excelentes relaciones con la Policía francesa. También las tenían con las autoridades de dicho país que se encargaron de dejar bien claro hasta donde estaban dispuestas a llegar en su colaboración con los torturadores españoles: el 30 de enero de 1979 pusieron a disposición de éstos a siete militantes recién refugiados en Iparralde. El infierno que padecieron durante los siguientes diez interminables días fue inenarrable.

El cometido contra «Peixoto» fue el primer atentado de 1979, un año en el que otros cuatro refugiados fueron asesinados en Iparralde donde los muertos a causa de la guerra sucia fueron muy numerosos: más de una veintena de refugiados políticos vascos y también más de una decena de personas que nada tenían que ver con el colectivo de refugiados. En cuanto a los desparecidos, los familiares de Lasa y Zabala, pudieron al menos recuperar sus cadáveres 22 años después de que desaparecieran. Otros no han podido tener ni siquiera ese consuelo. Pertur, Naparra, Popo... continúan desaparecidos.

Los ejecutores de las acciones de guerra sucia cometidas en Iparralde perpetraron otras muchas acciones terroristas en los más diversos lugares. No sólo en Hegoalde, sino también en París, Caracas... En todos esos lugares asesinaron y provocaron graves heridas a numerosas personas.

Hasta que, a finales de 1983, empezaron a utilizar la sigla GAL para reivindicar las acciones de guerra sucia, se sirvieron de otras muchas; en especial, la del Batallón Vasco-Español, BVE. Siempre les ha interesado muchísimo que la responsabilidad de todas aquellas acciones recaiga en «organizaciones terroristas», como los GAL y el BVE. Organizaciones que nunca existieron sino como pantallas para ocultar el terrorismo de Estado.

En todo caso, cada vez que salían a relucir pruebas irrefutables de la implicación de significados miembros de las Fuerzas de Seguridad, los Servicios Secretos o el Ejército, las autoridades españolas pretendían que se trataba de agentes que actuaban por su cuenta, sin respaldo alguno de sus superiores, y mucho menos de las propias autoridades.

Otro tanto hicieron cada vez que se pudo demostrar que las armas y municiones empleadas en las acciones de guerra sucia habían sido compradas por las Fuerzas de Seguridad españolas. También entonces negaron toda responsabilidad, aduciendo una supuesta imposibilidad de controlar a ciertos elementos franquistas que intentaban depurar. Una excusa que caía por su propio peso desde el momento en que nunca tomaron medida alguna contra los agentes descubiertos organizando o ejecutando acciones de guerra sucia.

Tampoco las autoridades francesas se mostraron nada diligentes a la hora de tomar medidas contra ellos. Desde el inicio, tuvieron pruebas irrefutables de quién se encontraba tras aquellas acciones terroristas, pero no tomaron medidas contra los organizadores de las mismas sino contra quienes las sufrieron: los refugiados vascos. Por eso los considero cómplices necesarios de dichas acciones de guerra sucia.

En cuanto a las autoridades españolas, tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse. Lo hizo debido a las increíbles chapuzas que cometió, usando la sigla GAL, el inspector de policía José Amedo. Entonces, quedó bien claro hasta que punto era directamente responsable de la guerra sucia el Presidente Felipe González, el Señor X que se encontraba en el vértice de la cadena de mando.

No existen pruebas tan contundentes sobre la directa responsabilidad de sus antecesores en el cargo, pero lo que sí se puede probar es que algunos de los mercenarios que ejecutaron todas aquellas acciones de guerra sucia participaron en ellas primero en pleno franquismo, más tarde cuando Adolfo Suárez presidía el Gobierno español, usando sobre todo la sigla BVE, y también cuando lo presidía Felipe González, usando la sigla GAL.

En cuanto a Martín Villa, podemos estar seguros de que no solo fue el responsable de la matanza de cinco obreros en Gasteiz, de lo sucedido en los Sanfermines de 1978... Todo indica que también fue directamente responsable de numerosas acciones de guerra sucia. Lo que le dijo a Pedro J. Ramírez tras el atentado contra Argala, lo delata.

Subsuelo ético

Zamora — Mon, 09 May 2022 15:50:23 +0000

Subsuelo ético

Imagen

Zamora Lun, 09/05/2022 - 11:50

Autor

Xabier Makazaga

Que yo sepa, desde 2009, ni Xabier Etxeberria ni Galo Bilbao han vuelto a hablar en sus trabajos ni del tema de la tortura ni del de sus víctimas. Y no han mostrado preocupación alguna por ellas, lo que considero muy significativo.

No cabe duda alguna de lo que afirmaron en varios de sus trabajos, publicados entre 2005 y 2007, Xabier Etxeberria, Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto, y Galo Bilbao, profesor de Ética de la misma universidad. Según ellos, las víctimas del terrorismo podían ser causadas por «grupos con motivación política armados frente al Estado –grupos terroristas– o el propio Estado a través de una violencia que quebranta gravemente los derechos humanos y que tiene en la tortura su expresión máxima –terrorismo de Estado–».

El tipo de violencia estatal que consideraban terrorista abarcaba «excesos en algunas leyes, arbitrariedad judicial, malos tratos y torturas, fomento de grupos paraestatales como antiterroristas...». Y, sobre todo, ambos tenían extremadamente claro que «El acto terrorista por excelencia del Estado es la tortura» y que «Con la irrupción del referente de los derechos humanos, se acepta oficialmente que no se debe torturar, porque es un atentado contra la dignidad, pero [...] se realiza en secreto, siendo muy difícil de probar».

También expresaron con suma claridad las terribles consecuencias de ese secretismo con el que se practica la tortura: «por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no sólo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho». Así, las autoridades españolas han negado durante décadas su condición de víctimas a miles de personas que han alegado haber sufrido torturas, exigiéndoles pruebas que el régimen de incomunicación hace casi siempre imposibles. Y lo que es aún mucho peor, han tratado y siguen tratando a esas víctimas del terrorismo de Estado de mentirosas y de seguir consignas para denunciar torturas inexistentes.

Mientras tanto, esas mismas autoridades apelan sin cesar a un suelo ético al que supuestamente se adhieren y que esconde un subsuelo de lo más impresentable. Un subsuelo en el que han ocultado a miles de víctimas del terrorismo de Estado; muy en especial, las de la tortura, a las que encima humillan tratándolas de mentirosas. ¿Cabe mayor insulto a una víctima?

A ese respecto, me parece de lo más significativo que Galo Bilbao cambiara de pronto de opinión, sin dar explicación alguna. Tras haber subrayado una y otra vez, hasta 2007, que los Estados democráticos también pueden practicar el terrorismo y que la tortura practicada por funcionarios estatales debía ser calificada de terrorista, en 2009 empezó a defender todo lo contrario.

En concreto, afirmó que no identificaba como terroristas «las actuaciones judiciales, políticas o policiales puntuales que hayan supuesto un exceso de violencia o una vulneración manifiesta de derechos humanos (como es el caso de la tortura)». Se trató, sin duda alguna, de un cambio radical de opinión sin dar explicación alguna, pero Galo Bilbao se limitó a señalar que aquello no era «exactamente» lo que había dicho hasta entonces. ¡Menuda ética la suya!

Fue Xabier Etxeberria quien trató de argumentar aquel repentino cambio sosteniendo, en otro trabajo publicado en 2009, que «A la hora de definir quién es terrorista cabe contemplar dos opciones: una más inclusiva y otra más restringida [la que niega el terrorismo de Estado]» y añadió que él consideraba a la primera, que estaba «sustentada en el pensamiento ético-político, en sí más adecuada, pero la segunda es la que refleja mejor el actual uso jurídico y social que se hace de los términos «terrorista» y «víctima del terrorismo», al menos en nuestro contexto».

Eso sí, Etxeberria reconoció que el Estado tenía mucho que ver con el «actual uso jurídico» y también es evidente cómo se las arregla ese mismo Estado para conseguir que se consolide el «uso social» que le conviene en cada momento. Además, no explicó en absoluto qué fue lo que influenció tanto los mencionados usos jurídico y social entre 2007 y 2009, ya que hasta 2007 tanto él como Galo Bilbao tenían muy claro que los torturados y torturadas eran víctimas del terrorismo.

Por otra parte, Etxeberria dejó muy claro que la opción «sustentada en el pensamiento ético-político» considera como terroristas diversas violencias ilegales utilizadas por los Estados, incluidas las torturas. Es indiscutible que el ámbito en el que trabajan tanto él como Galo Bilbao es el de la ética y se supone que siempre deberían de priorizar dicha opción, pero...

En todo caso, que yo sepa, desde 2009, ni Xabier Etxeberria ni Galo Bilbao han vuelto a hablar en sus trabajos ni del tema de la tortura ni del de sus víctimas. Y no han mostrado preocupación alguna por ellas, lo que considero muy significativo porque ha sido precisamente desde 2009 cuando se han realizado y publicado importantes trabajos sobre la realidad de la tortura en Euskal Herria. ¿Cómo explican dicha actitud?

También me parece reseñable que el repentino y nada ético cambio de opinión de Galo Bilbao se produjera cuando se produjo. ¿No fue entonces cuando las autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca decidieron que los torturados y torturadas por las Fuerzas de Seguridad no eran víctimas del terrorismo de Estado sino de «abusos policiales»?

Esas autoridades saben de sobra que ese término las discrimina claramente y en absoluto refleja el sufrimiento padecido por las miles de víctimas de la tortura que siguen sin recibir la verdad que tanto necesitan. Una verdad sin la que jamás podrán recibir la justicia, reparación y garantías de no repetición a que tienen derecho todas las víctimas. Todas, sin excepción alguna.

Debajo de ese suelo ético, que tanto mencionan, hay un subsuelo de lo más impresentable. Un subsuelo que apesta.

Guerra sucia: ningún caso resuelto

Zamora — Mon, 15 Nov 2021 18:20:23 +0000

Guerra sucia: ningún caso resuelto

Imagen

Zamora Lun, 15/11/2021 - 14:20

Autor

Xabier Makazaga

Como se ve, aunque la gran mayoría de la gente crea lo contrario, el caso Marey está muy lejos de estar resuelto. Y no hay voluntad alguna de resolverlo.

La Justicia española nunca ha querido saber nada sobre la identidad de los máximos responsables de la guerra sucia; entre ellos, el bien conocido señor X. Tampoco ha mostrado interés alguno en esclarecer por completo ninguno de los innumerables crímenes cometidos por el Estado español, con la complicidad del francés, sirviéndose de las más variadas siglas: ATE, GANE, BVE, GAL etc.

Una buena prueba de ello es lo sucedido en el caso del secuestro en Hendaia, en diciembre de 1983, de Segundo Marey, la primera acción reivindicada usando la sigla GAL. Se trata de un caso que casi todo el mundo da por absolutamente resuelto y por eso lo he elegido para mostrar, y demostrar, que ni tan siquiera ése se resolvió por completo. Y lo que es peor, tanto los secuestradores, como jueces y autoridades, todos, mintieron descaradamente y hoy día la gran mayoría de la gente toma esas mentiras por verdades incuestionables.

Por ejemplo, afirmaron que el verdadero objetivo del secuestro era el refugiado Mikel Lujua y que se dieron cuenta del error cometido en cuanto Marey fue entregado en la muga al subcomisario José Amedo, organizador de las acciones de guerra sucia cometidas usando la sigla GAL. La Justicia española dio por probado que fue eso lo que sucedió, pero es imposible que el objetivo fuese Lujua y que se apercibieran del error en la muga.

El objetivo no pudo ser Mikel Lujua porque nunca tuvo nada que ver con las finanzas de ETA y es evidente que los autores estaban persuadidos de haber secuestrado al “tesorero de ETA”. En efecto, «altos cargos de la policía española» le contaron al periodista Carlos Yarnoz, del diario “El País” que Marey «fue interrogado fundamentalmente sobre personas, empresas y entidades que pagan el impuesto revolucionario a ETA, así como sobre el destino de las cantidades económicas obtenidas por ese sistema». Además, los secuestradores dejaron muy claro en la reivindicación que lo habían secuestrado «por participar en el cobro del impuesto revolucionario».

Lo que es indiscutible es que sometieron a Marey a torturas, hasta que se tuvieron que rendir a la evidencia de que aquel pobre hombre nada podía tener que ver con ETA. Así lo denunció el propio Marey: «Fue una tortura sistemática. Eran profesionales (...) Se reían de mi postura, de mi dolor. Tenía alucinaciones, pesadillas espeluznantes que se han repetido desde entonces». A pesar de ello, la sentencia condenatoria del caso Marey no mencionó para nada las torturas que sufrió y encima los jueces afirmaron que los secuestradores no lo interrogaron. Así es como ha «resuelto» la Justicia española los escasos casos de tortura y guerra sucia que constan como oficialmente resueltos.

Hoy día, tanto Amedo como el señor X siguen pretendiendo que el secuestro de Segundo Marey fue sólo un «error relativo», cuando saben de sobra que la metedura de pata fue de escándalo. También saben que fue duramente torturado porque estaban persuadidos de que era «el tesorero de ETA», pero la Justicia nunca les ha cuestionado al respecto.

Por otra parte, en su día se habló mucho de un secuestro fallido que tuvo lugar mes y medio antes de que secuestraran a Marey. Sucedió en la misma villa de Hendaia y la víctima fue el refugiado político Joxe Mari Larretxea. Sin embargo, muy poca gente sabe que, pocos días antes, se produjo otro intento fallido en Iparralde, el del también refugiado Kandido Ostolaza. Un primer intento en el que la Policía francesa detuvo a cuatro policías españoles, ilegalmente armados, que fueron puestos casi de inmediato en libertad. Lo volvieron a intentar pocos días después con Larretxea y volvieron a detener a cuatro policías.

Entre ambos secuestros fallidos, los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo, a las órdenes de Galindo, sí que consiguieron secuestrar a Lasa y Zabala. He ahí otro caso que se considera resuelto, pero es obvio que hubo bastantes más implicados que los finalmente condenados y que éstos no han pagado un solo día de cárcel.

Lasa y Zabala fueron secuestrados en Baiona y después torturados, asesinados y enterrados en cal viva en el Estado español. ¿Alguien duda que otro tanto les hubiese sucedido a Ostolaza y Larretxea de no haberse frustrado sus secuestros? Y Marey también hubiese acabado asesinado y enterrado en cal viva de haber tenido la más mínima relación con ETA.

Los cuatro policías que intentaron secuestrar a Kandido Ostolaza estaban destinados en Bilbao y actuaron a las órdenes de Amedo. Los policías que torturaron durante su cautiverio a Segundo Marey también. ¿No cabe sospechar que, muy probablemente, algunos de quienes fueron detenidos cuando intentaban secuestrar a Ostolaza participaron después en el secuestro de Marey? ¿Quiénes ordenaron que fueran puestos en libertad y se ocultara su identidad cuando los detuvieron en Iparralde ilegalmente armados? ¿Quiénes fueron los responsables de que pudieran seguir practicando la guerra sucia financiada con los fondos reservados del Gobierno español y la complicidad del francés?

Como se ve, aunque la gran mayoría de la gente crea lo contrario, el caso Marey está muy lejos de estar resuelto. Y no hay voluntad alguna de resolverlo. Por eso es tan necesario que se investigue a fondo todo aquello, porque todas las víctimas tienen derecho a la verdad sin la que es imposible que reciban la justicia y reparación, con garantías de no repetición, a las que también tiene pleno derecho.

Segundo Marey murió prematuramente a causa de las secuelas que le dejó la tortura, sin que la Justicia española reconociera la verdad sobre las torturas que sufrió y tuvieron un terrible impacto en su vida. Murió sin haber recibido la verdad que se sigue negando a miles de víctimas del terrorismo de Estado; muy en especial, a las de la tortura.

¿Cuándo van a recibir esa verdad que se les niega con tanto encono?

Siglas usadas en la guerra sucia

Zamora — Thu, 13 Feb 2020 13:42:32 +0000

Siglas usadas en la guerra sucia

Imagen

Zamora Jue, 13/02/2020 - 09:42

Autor

Xabier Makazaga

La gran mayoría de los atentados quedaron completamente impunes. Sobre todo los cometidos en la Euskal Herria bajo administración española

Antes de empezar a usar la sigla GAL, a finales de 1983, para reivindicar los atentados de guerra sucia, se sirvieron de otras muchas: Anti-Terrorismo ETA (ATE), Batallón Vasco-Español (BVE), Triple A, Grupos Armados Españoles (GAE)... Además, muchos atentados ni siquiera los reivindicaron. Por ejemplo, tres atentados que hicieron el 21 de setiembre de 1980, el mismo día, en Durango, Etxebarri y Andoain.

En todo caso, la gran mayoría de los atentados quedaron completamente impunes. Sobre todo los cometidos en la Euskal Herria bajo administración española, pero también los cometidos en Iparralde, donde hubo tres campañas de guerra sucia contra la comunidad de refugiados políticos vascos.

En efecto, antes de la campaña de los GAL, iniciada en octubre de 1983, hubo otras dos, la primera de las cuales tuvo lugar entre abril de 1975 y octubre de 1976. Una campaña que se saldó con numerosos atentados con explosivos, varios intentos de asesinato frustrados, contra Txomin Iturbe, Josu Urrutikoetxea, Tomás Pérez Revilla…, y la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe ‘‘Pertur’’.

Después, durante un año y casi nueve meses, no hubo atentado alguno en Iparralde, pero en cuanto las autoridades españolas lo consideraron necesario, volvieron a las andadas, asesinando, el 2 de julio de 1978, a Agurtzane Arregi. Su marido, el histórico militante de ETA Juanjo Etxabe, recibió una decena de balas, pero salvó la vida. Aquel atentado dio inicio a la segunda campaña de guerra sucia, que duró hasta marzo de 1981 y fue mucho más cruenta que la anterior: ocho muertos y otro desaparecido, Joxe Miguel Etxeberria ‘‘Naparra’’, dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

También intentaron secuestrar y hacer desaparecer a la refugiada Arantxa Sasiain quien se libró de puro milagro. Cuatro años después, volvieron a intentar secuestrar a un dirigente de los Autónomos, Joxe Luis Salegi ‘‘Txipi’’ y poco después lo consiguieron en el caso de Lasa y Zabala.

El atentado más importante de esa segunda campaña fue sin duda el que costó la vida, el 21 de diciembre de 1978, al dirigente de ETA José Miguel Beñaran ‘‘Argala’’ y en 1979 asesinaron a otros tres refugiados políticos: Enrike Álvarez ‘‘Korta’’, Jon Lopategi ‘‘Pantu’’ y Justo Elizaran ‘‘Periko’’. Muchos más dejaron sus vidas en años posteriores.

En 1980 volvieron a repetirse los atentados en Iparralde y uno de ellos dejó en absoluta evidencia a las autoridades españolas: tres mercenarios ametrallaron el bar Hendayais, el 23 de noviembre de 1980, y mataron a dos personas que nada tenían que ver con los refugiados e hirieron a otras diez. Tras ello, atravesaron violentamente la frontera en un vehículo y mostraron a los policías españoles el número de teléfono del comisario Ballesteros quien ordenó, y consiguió, que los asesinos fueran puestos en libertad y se ocultara su identidad.

El último atentado de esa segunda campaña de guerra sucia en Iparralde se produjo en Donibane Lohizune y estuvo dirigido contra Eugenio Etxebeste ‘‘Antxon’’. De nuevo, como en la campaña anterior, volvió a quedar en evidencia que los mercenarios se servían de armas y municiones adquiridas por las Fuerzas de Seguridad españolas. Además, cuando poco después murió el mercenario detenido en dicho atentado, sus familiares reclamaron y obtuvieron una indemnización del Ministerio del Interior español.

El hecho de que hubiesen dejado tantas pruebas en los atentados contra el Hendayais y contra Etxebeste tuvo, sin duda, mucho que ver con la decisión de poner fin a aquella segunda campaña de guerra sucia. En Francia, habían comenzado a gobernar los socialistas junto con los comunistas y, al parecer, las autoridades españolas consideraron demasiado arriesgado continuar cometiendo atentados en Iparralde.

Cuando el PSOE ganó las elecciones, en octubre de 1982, y fue elegido presidente Felipe González, de inmediato empezaron las negociaciones franco-españolas, en las que los españoles dejaron bien clara la gran importancia que concedían a que se tomaran contundentes medidas contra los refugiados políticos vascos.

En cuanto decidieron las medidas a tomar y cómo llevar a cabo la tercera campaña de guerra sucia en Iparralde, los atentados y las medidas contra los refugiados se sucedieron. Unas medidas que se iniciaron con numerosas deportaciones, a las que siguieron las extradiciones y las entregas a los torturadores españoles y unos atentados, reivindicados usando la sigla GAL, que provocaron en Iparralde 26 muertos, ocho de los cuales nada tenían que ver con los refugiados.

En aquella tercera campaña, debido a las increíbles chapuzas cometidas por el subcomisario Amedo, quedó aún más en evidencia que eran las autoridades españolas quienes organizaban todos aquellos atentados. A pesar de ello, estas siguen afirmando que se trató de atentados cometidos por la «organización terrorista GAL» y negando que se tratara en absoluto de terrorismo de Estado. Y otro tanto pretenden en lo que se refiere a todas las demás siglas. Repiten una y otra vez que la guerra sucia la ejecutaron «organizaciones terroristas como los GAL, BVE y demás».

En realidad, todas esas siglas no fueron sino pantallas destinadas a ocultar el terrorismo de Estado, porque está bien claro quién organizó la guerra sucia, recabó información sobre los objetivos, puso esta a disposición de los mercenarios y se encargó de pagarles. Precisamente, sirviéndose de los bien oscuros «fondos reservados» del Estado.

Por eso es tan importante recalcar que las «víctimas de los GAL» y las «víctimas del BVE» son todas ellas víctimas del terrorismo de Estado y que tanto el Estado español como el francés les adeudan verdad, justicia y reparación, con la garantía de que nunca volverá a producirse nada similar.

Sus familias, amigos y compañeros de lucha no cejaremos hasta conseguir que ambos estados salden esa deuda. ¡Por supuesto que no!

El enorme poder de los torturadores

Zamora — Mon, 10 Feb 2020 14:32:23 +0000

El enorme poder de los torturadores

Imagen

Zamora Lun, 10/02/2020 - 10:32

Autor

Xabier Makazaga

No son pocos los generales de la Guardia Civil involucrados en su día en muy sonados casos de tortura. Por ejemplo, el siniestro jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por secuestrar, torturar y enterrar en cal viva a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Y aún son más numerosos los coroneles, entre los que destacan cuatro de los implicados en el último caso de torturas en que se dictó una sentencia firme contra algunos de los torturadores y que tuvo lugar en enero de 1992, el caso de Kepa Urra.

Desde entonces, ha habido miles de casos de torturas, pero tan solo una sentencia condenatoria, la del caso Portu-Sarasola, que después revocó el Supremo como en tantas otras ocasiones. Pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por ello, dicha condena no ha tenido repercusión alguna para los torturadores que, una vez más, han vuelto a quedar completamente impunes.

El caso de Kepa Urra se inició el 29 de enero de 1992, tras detener la Guardia Civil a varios militantes de ETA entre quienes se encontraba Kepa quien sufrió tales torturas que debió ser ingresado en grave estado en el hospital de Basurto. El médico forense constató que tenía diversos hematomas en ambos ojos, equimosis en el cuello y erosiones en las muñecas, además de una arritmia cardiaca. También señaló que Kepa estaba inconsciente y tenía diversas manchas de sangre, aún recientes, en sus fosas nasales, boca y faringe. Y que su estado era el de «casi total desconexión con el medio ambiente, si bien en el momento del reconocimiento pericial parece que comienza a responder a estímulos dolorosos, cosa que al parecer no había hecho desde el momento de su ingreso».

En 1997, la Audiencia de Bizkaia dictaminó que uno de quienes torturaron con semejante saña a Kepa Urra fue el entonces teniente Manuel Sánchez Corbí y lo condenó a cuatro años de prisión. El Supremo rebajó la pena a un único año, pero mantuvo la pena de inhabilitación especial, que conllevaba su expulsión del Cuerpo. De inmediato, fue indultado por el Gobierno tras lo que siguió subiendo en el escalafón y hoy día ya es coronel. Y el sindicato policial SUP afirma que «es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones».

Como Galindo, Sánchez Corbí ha recibido numerosas condecoraciones. Entre ellas, cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, remuneradas de forma vitalicia, y la Legión de Honor francesa, máxima distinción de dicho país. Además, hace un año, el Ministerio del Interior le concedió la Cruz de Plata, a propuesta del director de la Guardia Civil.

Hace un par de años, se explayó a gusto en numerosas entrevistas radiofónicas en las que explicó que su padre estuvo destinado como guardia civil en Gipuzkoa y él se crió en los cuarteles de Irun y Deba. También afirmó, por ejemplo, que la guerra sucia «no tuvo tanta importancia» y que, «quienes estaban entonces, hicieron lo que creyeron que debían hacer». E iba a hacer gala de su ideología ultra en una conferencia a la que finalmente no asistió en Bilbo titulada ‘‘¿Hemos acabado con ETA?’’.

Otro de los imputados y juzgados por torturar a Urra, Arturo Prieto Bozec, es también hijo de guardia civil. Y no de cualquiera. Su padre, miembro del servicio secreto franquista, estuvo involucrado en la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977, y al ser llamado a declarar en el juicio, no se presentó.

Arturo Prieto, hoy día coronel jefe de la Comandancia de Almería, no fue condenado en el caso Urra, pero sí en otros dos en los que los torturados fueron varios detenidos junto con él. En ambos casos, no fue posible identificar a los torturadores y dejó bien claro que Arturo Prieto, en tanto que instructor del caso, tuvo conocimiento de las torturas y no hizo nada por impedirlo. Ahora bien, como tantas otras veces, el Supremo anuló ambas sentencias.

Los otros dos imputados en el caso Urra que ocupan hoy día puestos relevantes fueron Alejandro Hernández Mosquera y Diego Pérez de los Cobos que ‘‘visitaron’’ al torturado en el hospital donde estaba ingresado. Una enfermera oyó sus gritos de socorro, pero los jueces consideraron que, pese a ser «sorprendente» la razón que adujeron para realizar aquella ‘‘visita’’, prevalecía la presunción de inocencia.

Es bien significativo que el Gobierno español escogiera precisamente a Pérez de los Cobos para dirigir la represión policial contra los independentistas catalanes, y hacerles acatar la Constitución, ya que en su juventud se distinguió precisamente por oponerse a la misma desde su posición ultraderechista. El día que se produjo el golpe de Estado de Tejero, el 23F, llegó incluso a presentarse, vestido con la camisa azul falangista, a un cuartel de la Guardia Civil donde se ofreció a secundar dicho golpe.

Por su parte, Hernández Mosquera tiene dos hermanos que son también coroneles de la Guardia Civil, con los que forma un trío de mucho poder, y fue precisamente uno de ellos quien tomó el relevo de Pérez de los Cobos en Catalunya cuando este fue nombrado jefe de la Comandancia de Madrid, paso previo a su ascenso al generalato.

Por lo tanto, cuatro coroneles de la Guardia Civil implicados en las gravísimas torturas que sufrió Kepa Urra no solo han ocupado y ocupan muy altos cargos, sino que todo indica que en un futuro próximo les será impuesto el fajín símbolo del generalato, y ocuparán puestos de aún mayor responsabilidad.

Esa es la cruda realidad de la tortura en el Estado español.

Terrorismo de estado franco-español

Zamora — Mon, 08 Jul 2019 17:11:05 +0000

Terrorismo de estado franco-español

Imagen

Zamora Lun, 08/07/2019 - 13:11

Autor

Xabier Makazaga

¿Cómo creer que los mismos hombres, simultáneamente, organizaban los GAL y negociaban la cooperación legal, oficial, con Francia?

Siendo Presidente del Gobierno, Felipe González aseguró que jamás habría pruebas de la implicación de las autoridades españolas en la guerra sucia. Se equivocó por completo y entonces dichas autoridades pasaron de negar toda implicación en la guerra sucia a justificarla, aduciendo que la colaboración francesa contra ETA se consiguió gracias a dicha guerra sucia.

En concreto, argumentaron que las autoridades francesas empezaron a colaborar en la lucha contra ETA a cambio de que cesaran los atentados de los GAL. Algo completamente falso, porque el acuerdo de colaboración franco-española fue anterior a que se iniciaran los asesinatos de exiliados vascos reivindicados usando las siglas GAL.

Recuérdese, al respecto, el argumento que esgrimió Felipe Gonzálezcuando tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo en relación a la primera acción reivindicada por los GAL, el secuestro de Segundo Marey. Según González, carecía de toda lógica que las autoridades españolas estuviesen involucradas en dicho secuestro, porque antes de que éste se produjera, el 4 de diciembre de 1983, ya había acordado en secreto con el presidente francés François Mitterrand unas sólidas bases de colaboración en la lucha contra ETA.

Un gran amigo de Felipe González, el embajador francés en la época de los GAL Pierre Guidoni, ya había utilizado ese mismo argumento en una tribuna titulada “Una página de historia”, publicada por el diario El País el 23 de enero de 1995. En concreto, arguyó que los atentados de los GAL «no podían conducir a obtener la cooperación de Francia», porque, para entonces, «ya se había conseguido», gracias al antes mencionado acuerdo secreto de colaboración franco-española contra ETA en el que él también participó.

Guidoni ligó aquel acuerdo a unas negociaciones más amplias sobre intereses comunes y descartó por completo que el Ministro del Interior en la época de los GAL, José Barrionuevo, y el entonces Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, tuviesen nada que ver con el secuestro de Segundo Marey, porque ambos acababan de participar en el acuerdo secreto

He aquí lo que se preguntó Guidoni: «¿Cómo creer que los mismos hombres, simultáneamente, organizaban los GAL y negociaban la cooperación legal, oficial, con Francia?». Sin embargo, está judicialmente probado que Vera y Barrionuevo hicieron ambas cosas a la vez y solo caben dos explicaciones. O las autoridades españolas engañaron arteramente a las francesas, o ambas actuaron de común acuerdo.

Ahora bien, no tiene ninguna lógica que el PSOE lanzara aquella campaña de guerra sucia en Iparralde sin el acuerdo de Mitterrand y otros dirigentes del PS. En ese caso, tenían mucho que perder y poco que ganar, como explicaron Felipe González y Pierre Guidoni. Sin embargo, con el beneplácito francés sí que tenían mucho que ganar y muy poco que perder… si no hubiesen actuado con tanta prepotencia y cometido tantas chapuzas.

Cabe resaltar al respecto el repentino cambio de actitud del principal dirigente del PS francés en Iparralde, Jean-Pierre Destrade, quien pasó de acusar públicamente a la Policía española de los primeros atentados de los GAL, a finales de 1983, a guardar un más que sospechoso silencio tras reunirse a principios de 1984 con el presidente Mitterrand.

Unos días después, se celebró en Baiona una reunión de una quincena de secretarios locales y dirigentes del PS en Iparralde con un enviado gubernamental, el ministro André Labarrere. Una reunión en la que éste les transmitió el mensaje de que los GAL eran «un mal necesario». Muchos protestaron con vehemencia. Destrade, en absoluto.

Tras ello, mientras se seguían produciendo los asesinatos reivindicados usando las siglas GAL, las autoridades francesas hicieron exactamente lo mismo que durante la anterior campaña de guerra sucia en Iparralde: empezaron a tomar contundentes medidas contra las víctimas de dicha guerra sucia. Primero se produjeron múltiples detenciones, confinamientos y deportaciones de exiliados vascos a terceros países y poco más tarde llegaron las extradiciones.

En todo caso, es indiscutible que la colaboración francesa contra ETAno se produjo a partir de que cesaran los atentados de los GAL, sino que fue simultánea a dichos atentados que, según todos los indicios, contaron con el beneplácito de las autoridades francesas. Aquellos atentados fueron «un mal necesario» que les permitió conseguir múltiples beneficios y por eso se trató, sin duda, de un terrorismo de estado franco-español.

Por otra parte, todo indica que, si las autoridades francesas se avinieron a hacer la vista gorda, lo harían a cambio de contrapartidas de la parte española en la negociación secreta mencionada por Guidoni. De ahí la importancia de investigarla a fondo en todos sus aspectos: colaboración contra ETA, ingreso de España en la CEE, compra por parte española de tecnología y armamento francés (el representante de la firma Alsthom, fabricante del Tren de Alta Velocidad francés adquirido por los españoles, fue precisamente Pierre Guidoni)…

Se trata de una investigación que debemos a todas las víctimas comoSegundo Marey quien, antes de morir, resaltó que «Se debe aclarar toda la verdad de los GAL para que las víctimas de esas siglas dejen de sufrir».

En efecto, es imprescindible que se aclare no solo todo lo referido a losGAL, sino también a las demás siglas usadas en la guerra sucia (BVE, ATE, Triple A…). Unas siglas que fueron puras pantallas para ocultar el terrorismo de Estado y cuyas víctimas necesitan saber toda la verdad. Lo necesitan con urgencia, porque sin esa verdad jamás podrán recibir la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que les deben los estados español y francés. Ambos.