El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se puso ayer en contacto con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para manifestarle el apoyo del Gobierno español a su negociación con la guerrilla de las FARC. Así lo anunció tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hizo hincapié en diferenciar la situación del país latinoamericano con la de Euskal Herria y ETA.

«ETA y las FARC no tienen nada que ver y, desde luego, nosotros tenemos una línea de actuación muy clara y ver parale- lismos desde luego es no conocer la realidad, que creo que los españoles la conocen muy bien», dijo Sáenz de Santamaría sin aportar más explicaciones.

Las FARC existen y practican la lucha armada desde 1964. Son consideradas como «grupo terrorista» por muchos estados y por la Unión Europea. Constituyen la más duradera y mayor guerrilla de América Latina, dado que se le atribuyen miles de militantes, actualmente quizás más de 10.000. El conflicto colombiano también es mucho más virulento que el vasco; se calcula que en las últimas cuatro décadas han muerto en ataques de las diferentes organizaciones armadas y la fuerzas estatales y paramilitares cerca de 40.000 personas.

En la misma rueda de prensa, Sáenz de Santamaría replicó al comunicado de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) hecho público el jueves. Lo hizo para remarcar que «no vamos a cambiar la política penitenciaria. No se negocia, no se cede nada. ETA solo tiene el fin de disolverse de manera incondicional».

A vueltas con Uribetxebarria

El comunicado fue emitido al hilo del caso de Iosu Uribetxebarria. Ayer fue apoyado en Arrasate con una nueva manifestación en la que participaron 600 personas y que se une a las concentraciones diarias hasta que vuelva a casa.

El caos creado es tal que ni siquiera se conoce qué sala tiene que decidir el recurso. El jefe de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ya ha tomado la primera iniciativa, que es consultar a los dieciocho jueces del Pleno de lo Penal si creen que deben decidir todos ellos sobre la cuestión. Es lo que propone la Fiscalía.

Grande-Marlaska dice que si la mayoría lo considera conveniente decidirá el Pleno, y en caso contrario será la sala que habitualmente se encarga de estos asuntos y que está formada por solo cinco jueces, entre ellos el propio Grande-Marlaska. En el supuesto de que la decisión recaiga en el Pleno, lo que se dará a conocer el martes o miércoles una vez que los dieciocho jueces se posicionen, el tema de Uribetxebarria podría abordarse en la reunión que ya está convocada para el jueves. En caso de que fuera la sala de cinco jueces, no hay fecha prevista.

En cualquier caso, ello no implica que la resolución del tema se vaya a producir en breve plazo. Y es que la Fiscalía apunta en su escrito la opción de que se decrete la nulidad de la actuación del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, entre otras cosas por acudir al Hospital Donostia sin el fiscal. Si ello ocurriera, el procedimiento volvería a la fase de presentación de informes médicos, toma de posiciones de las partes y nueva decisión sobre la libertad condicional. Se alargaría de nuevo, por tanto, mientras la salud del preso de Arrasate se sigue consumiendo.