La Cadena Radial Bolivariana - Voz de la Resistencia- realizó una entrevista al comandante Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP y miembro de la delegación fariana en los diálogos por la Paz con Justicia Social.

Dialogamos fraternalmente con el camarada alrededor de los temas centrales de la agenda, y de las posiciones de las FARC-EP para abordar la mesa de diálogos con el gobierno colombiano.

CRB: Sin dudas esta es una agenda distinta tanto en su forma como en su contenido. ¿Cómo definiría usted esta agenda a la que han denominado Acuerdo General para la terminación del Conflicto…?

Jesús Santrich: Es una agenda sencilla que trata de resumirse sin extenderse en demasiados conceptos, muchos de los puntos que las FARC ha elevado como banderas, reivindicando los intereses más sentidos del pueblo colombiano. Sobre todo en su preámbulo está recogido el espíritu de lo que las Farc anhelan abordar junto al pueblo para salir de este conflicto político-social-armado que desangra la patria. Hay mucha inspiración en instrumentos como el programa Agrario de los guerrilleros y la Plataforma Bolivariana por la nueva Colombia.

por otro lado, y podríamos buscar muchos otros filones de interpretación, está en ese primer punto que prosigue al preámbulo, el abordaje del aspecto agrario y de desarrollo rural que es nodal como factor que ha generado la confrontación; con un detalle muy relevante y es que para las FARC es punto de partida el enfoque territorial del asunto.

En una formulación sencilla partimos de la definición del problema de la tierra como intrínseco al concepto de territorio, que implica la preocupación por la soberanía en asuntos como el del reordenamiento territorial, la definición de la soberanía alimentaria y el sentido de la patria. Fuera de ello es imposible abordar el tema.

Finalmente diría que en la suscripción de dicho acuerdo las FARC han dejado sentada su magnanimidad, su compromiso irreductible con la paz de Colombia.

CRB: El primer punto de la agenda es el difícil tema de la tierra y del territorio. Cómo abordará las FARC-EP este tema al calor de los diálogos?

Jesús Santrich: Bueno, de alguna manera ya lo he dicho al hacer la caracterización rápida del acuerdo, pero podríamos indicar algunos aspectos que son de uso común, que el gobierno los maneja plenamente y sabe que son punto de partida de las injusticias que mantienen  viva la confrontación.

Por ejemplo la espantosa desigualdad que entraña la tenencia de la tierra. Para nadie es secreto que desde las FARC, históricamente nuestros planteamientos abogan por la redistribución de la tierra en un país donde en manos de unos pocos latifundistas está concentrada la propiedad de los fundos productivos.

Esta situación de desigualdad es inmensa, tanto como que el 41 % de la tierra está en manos de por ahí 100 mil personas; y esto es lo que trae la miseria al campo, porque esas tierras le han sido arrebatadas, despojadas a los campesinos mediante la violencia institucional y para-institucional.

Otras cifras hablan de que en manos de 2428 familias oligarcas está el 53.5 % de la tierra apta para cultivar; en contraste, 2 millones 200 mil familias campesinas  sobrevivían en el área restante.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi calcula que las fincas con más de 500 hectáreas comprenden el 61% de la superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, y la concentración dela tierra crece vertiginosamente.

Según las cuentas de este instituto IGAC y CORPOICA, del hectareaje apto para la agricultura que puede estar en el orden de las 21.5 millones de hectáreas, solamente se dedican para cultivos algo más de las 4 millones de hectáreas. Es muy superior el número de hectáreas dedicadas por los latifundistas a la ganadería extensiva. Eso puede estar por el orden de las 39 millones hectáreas en pastos destinados  a un hato que no sobrepasa las 25 millones de cabezas, lo cual significa que se destina algo más de hectárea y media por animal.

A pesar de esta espantosa concentración de la tierra en pocas manos, (que coloca el índice Gini referido a la desigualdad en el plano de la distribución de la tierra, en 0.87), más del 60 % del sostenimiento alimentario del país depende de los pequeños propietarios y los aparceros, personas a las que no se les garantiza créditos, mercadeo ni condiciones laborables decentes.

Por esto el agro va en decadencia, ya estamos importando alrededor de 10 millones de toneladas de alimentos.

La injusta estructuración latifundista de la tierra en Colombia no es consecuencia de la presencia guerrillera, son las aristocracias en el poder las que diseñaron este esquema que ahora profundizan para entregar el territorio a las trasnacionales de la extracción minera y del negocio de los agro-combustibles. Y digo esto, porque en nuestra visión el asunto no está planteado sólo en el plano de luchar por la titulación de predios. No, no. La concentración de la tierra ha tomado tanto vuelo que ahora hasta la titulación se utiliza para hacer despojo legal a los campesinos, tal como ahora lo plantea la famosa ley de restitución del presidente santos, que en el fondo busca una ulterior liberalización de mercados para que sean las trasnacionales las que se aprovechen de la legalización.

Nosotros tenemos una preocupación por la manera como los gobiernos neoliberales han ido sobreponiendo sus proyectos extractivos, agroindustriales, plantaciones para biocombustibles y megaproyectos minero-energéticos o de grandes presas, etc. sobre cualquier parte del territorio, destruyendo los suelos, arrasando el medio ambiente y dejando en desastre las relaciones socioculturales de las comunidades raizales.

Así entonces, este tema hay que mirarlo a fondo, no podemos permitir que se siga atentando con el suelo, el subsuelo y el sobre suelo, que es el conjunto del territorio con sus relaciones comunitarias y el sentido de soberanía y patria que es lo que interesa al pueblo colombiano antes que permitir que un gobierno cualquiera cumpla sus metas macro económicas que lo que hacen es enriquecer a las trasnacionales y a las entidades financieras.

Ley General Agraria y de Desarrollo Rural que tiene el gobierno medio en marcha y medio engavetada, es más que todo un proyecto de reordenamiento territorial que lo que busca es disponer el territorio para facilitar la incursión de las trasnacionales en un campo sin campesinos.

Eso es algo de enormes implicaciones para la soberanía y la sostenibilidad alimentaria y ambiental que no se puede pasar por alto.  Incluso, se ha querido con este proyecto, en miras a favorecer las transnacionales, aniquilar las Unidades Agrarias Familiares y el tejido social de los pobladores del campo.

Tierra para la minería, para la explotación forestal, para la generación de agro-combustibles y no para resolver el asunto de la soberanía alimentaria, esto en el marco de la definición del uso de la tierra. Se asegura para los intereses latifundistas el monopolio de la definición del uso de la tierra, y este es otro asunto que habría que revisar con detenimiento.

No pasemos por alto tampoco que se encuentra esa figura problemática del  llamado derecho de superficie, que desde el gobierno se pretende implantar precisamente porque coloca al campesino como un rentista de la tierra; que arrienda su pedacito de tierra por un valor determinado dentro de un determinado tiempo que puede estar en los 30 años, con la particularidad de que puede ser transferible; no la propiedad  como tal sino el derecho sobre el usufructo de la propiedad, dentro de la lógica de la bancarización, solo comparable con los procesos de aseguramiento de las cosechas que hoy se están haciendo con compañías aseguradoras trasnacionales sobre las variables climáticas como: lluvias, sequías, etc.

Es más, cuando los campesinos comienzan a cultivar ya están pagando un seguro, es decir, ya los mismos costes de producción están relacionados con el sistema. Pero de todo lo complicado y fétido, lo más grave es la manera como el campesino es sacado de su terruño mediante estas argucias leguleyas. Por ahora te diría esto solamente.

La Cadena Radial Bolivariana - Voz de la Resistencia- realizó una entrevista al comandante Jesús Santrich, integrante del EMC de las FARC-EP y miembro de la delegación fariana en los diálogos por la Paz con Justicia Social. Dialogamos fraternalmente con el camarada alrededor de los temas centrales de la agenda, y de las posiciones de las FARC-EP para abordar la mesa de diálogos con el gobierno colombiano.

CRB: Sin dudas esta es una agenda distinta tanto en su forma como en su contenido. ¿Cómo definiría usted esta agenda a la que han denominado Acuerdo General para la terminación del Conflicto…?

Jesús Santrich: Es una agenda sencilla que trata de resumirse sin extenderse en demasiados conceptos, muchos de los puntos que las FARC ha elevado como banderas, reivindicando los intereses más sentidos del pueblo colombiano. Sobre todo en su preámbulo está recogido el espíritu de lo que las Farc anhelan abordar junto al pueblo para salir de este conflicto político-social-armado que desangra la patria. Hay mucha inspiración en instrumentos como el programa Agrario de los guerrilleros y la Plataforma Bolivariana por la nueva Colombia.

por otro lado, y podríamos buscar muchos otros filones de interpretación, está en ese primer punto que prosigue al preámbulo, el abordaje del aspecto agrario y de desarrollo rural que es nodal como factor que ha generado la confrontación; con un detalle muy relevante y es que para las FARC es punto de partida el enfoque territorial del asunto.

En una formulación sencilla partimos de la definición del problema de la tierra como intrínseco al concepto de territorio, que implica la preocupación por la soberanía en asuntos como el del reordenamiento territorial, la definición de la soberanía alimentaria y el sentido de la patria. Fuera de ello es imposible abordar el tema.

Finalmente diría que en la suscripción de dicho acuerdo las FARC han dejado sentada su magnanimidad, su compromiso irreductible con la paz de Colombia.

CRB: El primer punto de la agenda es el difícil tema de la tierra y del territorio. Cómo abordará las FARC-EP este tema al calor de los diálogos?

Jesús Santrich: Bueno, de alguna manera ya lo he dicho al hacer la caracterización rápida del acuerdo, pero podríamos indicar algunos aspectos que son de uso común, que el gobierno los maneja plenamente y sabe que son punto de partida de las injusticias que mantienen  viva la confrontación.

Por ejemplo la espantosa desigualdad que entraña la tenencia de la tierra. Para nadie es secreto que desde las FARC, históricamente nuestros planteamientos abogan por la redistribución de la tierra en un país donde en manos de unos pocos latifundistas está concentrada la propiedad de los fundos productivos.

Esta situación de desigualdad es inmensa, tanto como que el 41 % de la tierra está en manos de por ahí 100 mil personas; y esto es lo que trae la miseria al campo, porque esas tierras le han sido arrebatadas, despojadas a los campesinos mediante la violencia institucional y para-institucional.

Otras cifras hablan de que en manos de 2428 familias oligarcas está el 53.5 % de la tierra apta para cultivar; en contraste, 2 millones 200 mil familias campesinas  sobrevivían en el área restante.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi calcula que las fincas con más de 500 hectáreas comprenden el 61% de la superficie predial y pertenecen al 0.4% de los propietarios, y la concentración dela tierra crece vertiginosamente.

Según las cuentas de este instituto IGAC y CORPOICA, del hectareaje apto para la agricultura que puede estar en el orden de las 21.5 millones de hectáreas, solamente se dedican para cultivos algo más de las 4 millones de hectáreas. Es muy superior el número de hectáreas dedicadas por los latifundistas a la ganadería extensiva. Eso puede estar por el orden de las 39 millones hectáreas en pastos destinados  a un hato que no sobrepasa las 25 millones de cabezas, lo cual significa que se destina algo más de hectárea y media por animal.

A pesar de esta espantosa concentración de la tierra en pocas manos, (que coloca el índice Gini referido a la desigualdad en el plano de la distribución de la tierra, en 0.87), más del 60 % del sostenimiento alimentario del país depende de los pequeños propietarios y los aparceros, personas a las que no se les garantiza créditos, mercadeo ni condiciones laborables decentes.

Por esto el agro va en decadencia, ya estamos importando alrededor de 10 millones de toneladas de alimentos.

La injusta estructuración latifundista de la tierra en Colombia no es consecuencia de la presencia guerrillera, son las aristocracias en el poder las que diseñaron este esquema que ahora profundizan para entregar el territorio a las trasnacionales de la extracción minera y del negocio de los agro-combustibles. Y digo esto, porque en nuestra visión el asunto no está planteado sólo en el plano de luchar por la titulación de predios. No, no. La concentración de la tierra ha tomado tanto vuelo que ahora hasta la titulación se utiliza para hacer despojo legal a los campesinos, tal como ahora lo plantea la famosa ley de restitución del presidente santos, que en el fondo busca una ulterior liberalización de mercados para que sean las trasnacionales las que se aprovechen de la legalización.

Nosotros tenemos una preocupación por la manera como los gobiernos neoliberales han ido sobreponiendo sus proyectos extractivos, agroindustriales, plantaciones para biocombustibles y megaproyectos minero-energéticos o de grandes presas, etc. sobre cualquier parte del territorio, destruyendo los suelos, arrasando el medio ambiente y dejando en desastre las relaciones socioculturales de las comunidades raizales.

Así entonces, este tema hay que mirarlo a fondo, no podemos permitir que se siga atentando con el suelo, el subsuelo y el sobre suelo, que es el conjunto del territorio con sus relaciones comunitarias y el sentido de soberanía y patria que es lo que interesa al pueblo colombiano antes que permitir que un gobierno cualquiera cumpla sus metas macro económicas que lo que hacen es enriquecer a las trasnacionales y a las entidades financieras.

Ley General Agraria y de Desarrollo Rural que tiene el gobierno medio en marcha y medio engavetada, es más que todo un proyecto de reordenamiento territorial que lo que busca es disponer el territorio para facilitar la incursión de las trasnacionales en un campo sin campesinos.

Eso es algo de enormes implicaciones para la soberanía y la sostenibilidad alimentaria y ambiental que no se puede pasar por alto.  Incluso, se ha querido con este proyecto, en miras a favorecer las transnacionales, aniquilar las Unidades Agrarias Familiares y el tejido social de los pobladores del campo.

Tierra para la minería, para la explotación forestal, para la generación de agro-combustibles y no para resolver el asunto de la soberanía alimentaria, esto en el marco de la definición del uso de la tierra. Se asegura para los intereses latifundistas el monopolio de la definición del uso de la tierra, y este es otro asunto que habría que revisar con detenimiento.

No pasemos por alto tampoco que se encuentra esa figura problemática del  llamado derecho de superficie, que desde el gobierno se pretende implantar precisamente porque coloca al campesino como un rentista de la tierra; que arrienda su pedacito de tierra por un valor determinado dentro de un determinado tiempo que puede estar en los 30 años, con la particularidad de que puede ser transferible; no la propiedad  como tal sino el derecho sobre el usufructo de la propiedad, dentro de la lógica de la bancarización, solo comparable con los procesos de aseguramiento de las cosechas que hoy se están haciendo con compañías aseguradoras trasnacionales sobre las variables climáticas como: lluvias, sequías, etc.

Es más, cuando los campesinos comienzan a cultivar ya están pagando un seguro, es decir, ya los mismos costes de producción están relacionados con el sistema. Pero de todo lo complicado y fétido, lo más grave es la manera como el campesino es sacado de su terruño mediante estas argucias leguleyas. Por ahora te diría esto solamente.