Recientemente el gobierno de España asumió posición contra el gobierno de Venezuela al respecto de la muerte del capitán de corbeta (en situación de retiro) Rafael Acosta Arévalo.
Aunque las autoridades venezolanas han dispuesto de su infraestructura jurídica para determinar las responsabilidades del caso y que se haga justicia, es indispensable subrayar que pese a ello la posición de España, que ha decidido fustigar al gobierno venezolano, guarda perfecta sincronía con la de otras instancias, como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que también ha enfilado la construcción de un expediente que criminaliza a las autoridades del país.
Diversos medios de comunicación y operadores políticos han presentado el caso Acosta Arévalo como una situación generalizada, señalando "la práctica estructurada de la tortura por parte del Estado venezolano". De ahí que los esfuerzos de las instituciones venezolanas para resolver el caso no son analizados en su justa dimensión, pues los señalamientos contra Venezuela se encuentran lejos del ámbito de la jurisprudencia y la ponderación, y más bien, dentro de la arena política.
Sobre España hay que señalar que tiene larga data en prácticas de tortura. Tal vez como herencia de la Inquisición y de la dictadura de Francisco Franco, en el presente, se ha consolidado un sólido expediente que casi siempre pasa desapercibido.
Jóvenes detenidos mueren en manos del gobierno español
Recientemente fue reportada la muerte de un joven de 18 años en el centro de menores Tierras de Oria en Almería, una vez que se le aplicara el llamado "protocolo de contención" ante una "situación de agresividad". Se trataba de un joven de 18 años, de origen marroquí, quien tenía un diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.
Al joven marroquí, mediante necropsia, se le detectó signos de asfixia, dejando en entredicho al llamado "protocolo de contención" al que son sometidos muchos detenidos. El centro de menores de Tierras de Oria ya había sido señalado en los años 2012 y 2015 de tratos desproporcionados y excesivamente agresivos contra jóvenes españoles y otros de condición inmigrante.
En febrero de 2015 fue difundido un video donde podía apreciarse a dos jóvenes retenidos en dicho centro atados a una cama gritando que les dieran agua.
También es conocido el caso de Mamadou Barry, de 17 años, quien también murió a causa de la aplicación del "protocolo de contención". Ello ocurrió en 2017 y el menor murió luego de 20 días en coma en el hospital de Melilla después de permanecer retenido en otro centro para menores. El Estado abrió una investigación de oficio sobre el suceso y apreció "cierta rudeza" por parte de los trabajadores de seguridad del centro durante su intervención.
En julio de 2011 un joven de 19 años murió también en extrañas circunstancias en el centro de internamiento de menores Teresa de Calcuta, en la localidad de Brea de Tajo, sureste de la comunidad de Madrid. Este joven murió la noche de haber ingresado y sobre su fallecimiento, aunque supuestamente se debió a "causas naturales", otros denunciantes indican que el joven fue sometido a prácticas denigrantes de "bienvenida" a dicho centro.
La posición de la ONU es incontestable: El Estado español tortura
El maltrato contra menores españoles o inmigrantes detenidos es una pieza de una situación mucho más compleja y multifactorial. Por ello, el sistema de Naciones Unidas ha puesto especial atención posicionando a España como un "sospechoso habitual" de este tipo de crímenes.
En 2002, el relator de la ONU para la tortura Theo Van Boven atendió 110 solicitudes de investigación por abusos en ese país solo en ese año. En el año 2004, Van Boven publicó un informe refiriendo prácticas fuera de la norma internacional por parte del gobierno de España, señalando casos de aislamiento prolongado, tortura física y psicológica contra detenidos acusados de crímenes contra el Estado, la mayoría de ellos de origen vasco.
El informe de Van Boven contrastó con los señalamientos de la época. La magnitud y el saldo de víctimas del gobierno español desde el año 2000 y hasta la publicación del informe, daba cuenta de más de 600 personas detenidas y sujetas a maltratos. El relator hizo recomendaciones al Estado y el gobierno de la época rechazó el informe tildándolo de "falso" y refutando las recomendaciones.
Sin embargo, las denuncias persistieron. En 2008 Martin Scheinin, relator de la ONU, visita nuevamente al país, redactando un nuevo informe reseñando reiteradamente la posición anacrónica de España frente a otros países de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
Scheinin solicitó al Estado que derogase los métodos de incomunicación contra los detenidos vascos pues ello abría la puerta a torturas y vejaciones contra prisioneros, negándole el derecho a la defensa. Tales recomendaciones también fueron desoídas.
Otras voces más allá de la ONU insisten en lo mismo
En 2017, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) dio a conocer en un informe duras situaciones de los centros penitenciarios y de detención: "maltrato físico, inmovilización con sujeción mecánica durante 14 días, menores obligados a orinarse encima y uso de objetos como palos, bates de béisbol, látigos y sogas" en los centros de detención españoles.
En las cárceles se recurre a la inmovilización de presos mediante sujeción mecánica "durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado", tal y como señala el informe del CPT. Es más, "parece ser que en algunos casos el único motivo por el que se recurre a ella es punitivo".
El medio ruso Sputnik reseñó que España registró, en 2017, el mayor número de casos de torturas desde el año 2004, según el informe de la ONG Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Según la ONG, unas 1.014 personas sufrieron torturas en el 2017 por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos de centros de menores.
Dicha organización recopiló entre 2004 y 2017 unos 3.602 casos de torturas y malos tratos que afectaron a un total de 9.085 personas.
Estas organizaciones y entes que en paralelo a la ONU han revisado las denuncias de abusos por parte de las autoridades, han referido la persistencia de casos, y la tendencia de las autoridades, contra grupos específicos de la sociedad. A saber, militantes de izquierda, integrantes de la sexodiversidad, menores, inmigrantes, y en algunos casos, personas señaladas de crímenes contra el Estado, en su mayoría de ellos vascos.
Hechos que subrayan, según las víctimas denunciantes, la vigencia de prácticas propias del franquismo en el actual Estado español.
De hecho el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) reseña explícitamente casos, como "la incomunicación por semanas de los detenidos, la inanición, los golpes con objetos contundentes, la introducción de objetos por el recto a los detenidos, inmovilización mecánica, asfixia con bolsas y otras prácticas vejatorias, como atar a los prisioneros de manera en que tengan que hacer sus necesidades fisiológicas encima de sí mismos".
Como un elemento agravante de estas circunstancias, está la debilidad de la institucionalidad española en ofrecer las experticias médicas de manera oportuna a las víctimas, así como la negación, en muchos casos de procesar las denuncias de los detenidos, quienes en la mayoría de los casos permanecen bajo amenaza de ser señalados de "mala conducta" y temen que se les incrementen las penas o el tiempo de detención.
Según los informes referidos, muchos médicos de las instancias policiales y judiciales encargados en la materia se rehúsan a realizar exámenes a las víctimas y denunciantes "para no caer en discrepancias con sus compañeros".
El CPT, instancia del sistema de la Unión Europea, va más allá de los relatores de la ONU y refiere que las similitudes en los métodos van de un recinto al otro, de un ente al otro, a lo largo y ancho de la institucionalidad española, refiriendo que tales circunstancias distan mucho de ser casos aislados. Se trata de una tendencia recurrente en las prácticas del Estado.