El Tribunal de Paz de Colombia imputó "crímenes de guerra y de lesa humanidad" a 15 militares por las muertes de cerca de 127 civiles, presentados como guerrilleros fallecidos en combate para obtener incentivos dentro del cuerpo castrense.
"Los 15 miembros del Ejército (...) fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira (extremo norte de Colombia)", afirmó ese órgano judicial en un comunicado.
"Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos 'en combate'": magistrado Óscar Parra
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 15, 2021
Entre los imputados se encuentran dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales, de acuerdo con el texto.
Todos hacían parte del Batallón de Artillería No.2, La Popa, que actuó en el norte de Colombia entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
"Las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por algunos integrantes del Batallón La Popa, entre 2002 y 2005, corresponden a delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal Colombiano": magistrado Parra
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La imputación hace parte del caso conocido como 03 o Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Dentro de este, las zonas del Catatumbo así como la región Caribe fueron priorizadas como subcasos, al igual que las regiones Antioquia (noroeste), Huila (suroeste), Casanare y Meta (centro), aún pendientes.
De acuerdo con el tribunal, estos uniformados "hicieron parte de una organización criminal (...) a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como 'bajas en combate' a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares" de extrema derecha.
"Los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar (...) para presentar como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares", afirma el magistrado Óscar Parra
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 15, 2021
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal tras el acuerdo de paz de La Habana, firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
Los militares tenían dos patrones para perpetrar estos delitos, según la imputación.
- En primer lugar, las víctimas eran señaladas de participar en grupos armados ilegales, sin verificar las acusaciones, "y sin que se hubiera presentado combate alguno".
- En segundo lugar, buscaban personas "en condición de vulnerabilidad", sin familiares que los buscaran, "y a quienes engañaron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas".
- El documento destaca, además, la particular afectación de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, habitantes de esta zona de Colombia, en los hechos delictivos mencionados.
A comienzos de este mes, el mismo tribunal ya había imputado cargos similares a diez militares y un civil por hechos ocurridos en Norte de Santander, noreste de Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal tras el acuerdo de paz de La Habana, firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.