La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el diputado opositor Juan Guaidó y su supuesto procurador, José Ignacio Hernández, actuaron en «colusión» con el Banco de Inglaterra para evitar que 31 toneladas de oro propiedad del Estado venezolano, que se encuentran resguardadas en dicha entidad bancaria, sean devueltas a las autoridades venezolanas. Además, el Banco de Inglaterra ignoró las instrucciones de Venezuela de entregar los recursos correspondientes al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para atender la situación humanitaria por la pandemia del Covid-19, por lo que procederán a demandarlos ante la Corte Penal Internacional.
«Decidieron hacer un complot para quedarse con el oro de Venezuela, patrimonio público de la Nación», enfatizó la vicepresidenta, en conferencia de prensa.
Recordó que el año pasado, Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, solicitó a la entonces primera ministra de Reino Unido, Theresa May, y al actual primer ministro, Boris Johnson, que retuvieran esas reservas de oro venezolanas.
Ante la negativa del Banco de Inglaterra de hacer la devolución, Caracas presentó una demanda, el pasado 14 de mayo, en tribunales ingleses, puesto que «se está dando una violación al derecho internacional público», manifestó la vicepresidenta.
Señalo que el oro forma parte del patrimonio de Venezuela según su Constitución: es inalienable e inembargable. Además, el oro forma parte de las reservas internacionales del país, y es protegido por la Ley de Inmunidad Soberana sobre las Reservas Internacionales, resaltó Rodríguez.
Indicó que el Banco de Inglaterra desatendió las órdenes que le está dando su cliente, el Banco Central de Venezuela, donde le pide que entregue los recursos de Venezuela en expresión monetaria, que alcanzan alrededor de mil millones de dólares, para ser entregados al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para atender la situación humanitaria por la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, no se ha logrado ningún acuerdo, debido a la negativa de la entidad inglesa a acceder a esa alternativa, y por ello se procedió a la demanda. Ante esta situación, Rodríguez alertó a otros países que tengan reservas en el Banco de Inglaterra: «En cualquier momento este banco lo desconoce como cliente para quedarse con su oro».
Recordó que el Banco de Inglaterra sólo puede actuar como custodio y depositorio a solicitud de sus clientes, y no puede interpretar las leyes a su voluntad.
«Se estará realizando este jueves (28 de mayo de 2020) una audiencia en los tribunales ingleses, esperamos que se respeten las leyes de los mercados financieros internacionales», porque «cada momento que atrasen el juicio, serán responsables de la muerte de las personas a causa del covid-19 en Venezuela«, enfatizó la funcionaria, al explicar que el país sudamericano ha insistido en la devolución de las reservas para hacer frente a la pandemia.
La vicepresidenta, además, anunció que el presidente Nicolás Maduro solicitó llevar al Banco de Inglaterra ante la Corte Penal Internacional (CPI) y a quienes, desde esa institución, actuaron para lograr el despojo del oro venezolano, por cometer «delitos de exterminio» y «lesa humanidad» tipificados en el Estatuto de Roma, ello mediante un complot que involucra a Guaidó y a José Ignacio Hernández, y que está afectando al país «en medio de la peor pandemia que está viviendo la humanidad«.
Señaló que, cada día y cada hora que se retrase la decisión del tribunal, son responsables por cualquier fallecido o contagiado de Covid-19 en Venezuela.
Además de la retención de este oro en Inglaterra, el pasado 7 de mayo, el presidente Maduro informó que Venezuela tiene congelados más de 30.000 millones de dólares en bancos extranjeros, debido al bloqueo de EE.UU.
Contralor denuncia venta ilegal de bienes de Citgo en EEUU
El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, denunció que el diputado opositor Juan Guaidó en combinación con el gobierno de Estados Unidos vendieron bienes de Citgo, a un valor de 1.200 millones de dólares, mediante una ilegal decisión de un tribunal estadounidense. Indicó que este hecho será denunciado ante la Convención de Naciones Unidas, en Viena, Austria «para alertar a los países del mundo para que no sean víctimas de la modalidad de delincuencia organizada» que utiliza el diputado en desacato.
El titular del Máximo Órgano de Control Fiscal venezolano señaló que con esta venta salen favorecidos sectores privados, familiares y amigos de Donald Trump y familiares directos de Juan Guaidó, puesto que Citgo está valorada en 34 mil millones de dólares.
Destacó que la decisión tomada por el juez norteamericano Leonard Stark y apoyada por la Corte Suprema de EEUU busca terminar de robar los activos de Venezuela. «Quieren proceder con la venta de nuestros activos a la empresa minera canadiense Crystallex, en confabulación con el diputado Juan Guaidó, quien busca enriquecer su bolsillo», concluyó.
A continuación, el texto íntegro de comunicado:
La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, rechaza el nuevo atropello a nuestra patria, ahora a través de una ley del tribunal de Distrito Federal de EEUU para la venta judicial de la empresa Citgo perteneciente a Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) como un acto flagrante de corrupción de un sector de la oposición venezolana dirigido por Juan Guaidó y su banda de delincuentes, valiéndose de artificios para hacer que el gobierno de los Estados Unidos confisque y remate los bienes pertenecientes a la nación venezolana y al pueblo venezolano.
La oposicion en la figura de Guaidó y con el apoyo del Gobierno de Donald Trump se apropia de los activos del Estado venezolano en el exterior por medio de la figura de representantes fraudulentos para confiscar, vender, robarse descararadamene los activos de las República Bolivariana de Venezuela con el fin de obtener comisiones que Guaidó destina a personas privadas de su entorno.
Citgo es una empresa venezolana en territorio estadounidense que está secuestrada por la administración del Gobierno de Donald Trump desde principios del año 2019, y sus bienes valorados en más de 34.000 millones de dolares están retenidos por los Estados Unidos como parte del bloqueo económico, genocida comercial, financiero y diplomático que ejerce contra nuestra patria Venezuela.
Estas acciones judiciales violan el Derecho Internacional. Es verdaderanente insólito y sin precedentes históricos, más triste y alarmante es cuando se apoya de un sector de venezolanos apátridas, es una operación de crimen organizado internacional que pretende rematar el activo más importante que tiene la República Bolivariana de Venezuela en el exterior por un monto de estimado de 1.200 millones de dolares.
Los supuestos representantes judiciales que actúan falsamente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela en tribunales estadounidense carecen de legitimidad, son usurpadores y quebrantan flagrantemente las leyes nacionales como la Ley Antocorrupción y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal venezolano y la Constitución y atropella y violan los tratados internacionales suscritos legalmente por nuestro país; esta es una práctica delictiva novedosa utilizada por las mafias organizadas internacionales, donde varios funcionarios públicos se confabulan con el sector privado para crear una distorsión mediática, fin de hacer ver al mundo que existe un caos en determinados países para actuar en alianzas con naciones cómplices.
La Contraloría General de la República apoya y promueve las acciones que las autoridades legítimas del Estado venezolano encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ejercerá ante todas las instancias internacionales con el fin de mantener y recuperar los activos de la nación en territorio extranjero y defender los derechos el pueblo de Venezuela.
La Contraloría General de la República está presentando la denuncia ante la Convención de la ONU en Viena, que se encarga de tratar los hechos de corrupción, terrorismo, narcotráfico y recuperación de activos confiscados ilegalmente por países y entes privados y también alerta a los países del mundo para que estén atentos a esta modalidad de corrupción y no sean víctimas de estos delincuente.
La soberanía, la dignidad, la legalidad y la legitimidad del pueblo venezolano son irrenunciables y defenderemos bajo cualquier circunstancia y en cualquier escenario.
Elvis Amoroso
Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela.