Raúl Zibechi

Colombia es innegociable para el Comando Sur

Zamora — Thu, 10 Jun 2021 15:52:39 +0000

Colombia es innegociable para el Comando Sur

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Zamora Jue, 10/06/2021 - 11:52

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Raúl Zibechi

Ni el Pentágono ni la oligarquía van a ceder ante la calle y la sociedad colombianas, porque temen perderlo todo si dan medio paso al costado. Están dispuestos a provocar un baño de sangre antes que ceder, incluso van a hacer lo imposible por evitar una derrota electoral en mayo de 2022.

En el ajedrez geopolítico latinoamericano, el Caribe es el mare nostrum del imperio, allí donde no puede admitir ninguna oposición, ni naciones que salgan de su control. Ya se le escaparon dos, y no puede admitir una tercera, porque aceleraría su ya importante declive como superpotencia.

El más importante geoestratega estadunidense del siglo pasado, Nicholas Spykman, defendía una América mediterránea que incluye México, América Central y el Caribe, además de Colombia y Venezuela, que debe ser una zona en que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada, como señala en su obra America’s Strategy in Politics, citada por el brasileño José Luis Fiori (https://bit.ly/2Tvny5f).

Sin Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia es el único país sudamericano que cuenta con salida al Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control de las estratégicas regiones andina y amazónica.

La hipótesis con que debemos trabajar, es que Estados Unidos apoyará al gobierno de Iván Duque, más allá de alguna reprimenda menor por las ostensibles violaciones a los derechos humanos. Lo que está en juego es tan importante que se pueden pasar por alto los atropellos, del mismo modo que se hace la vista gorda ante la violencia israelí en la franja de Gaza o ante la brutalidad de la monarquía saudí en Yemen.

La oligarquía colombiana es la más rancia y vetusta del continente. Nació de la derrota del proyecto de Simón Bolívar en los albores de la nueva república, se afianzó a punta de bala y metralla, y tuvo dos momentos clave que explican su continuidad ante los avances populares.

El primero es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien era el muy probable vencedor en las elecciones de 1950. Fue un líder popular que ganó prestigio a raíz de su intervención en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928 y fue asesinado por la oligarquía y la CIA, dando inicio a la guerra civil entre liberales y conservadores que causó más de 300 mil muertos.

Con Gaitán muere toda esperanza de reforma agraria y de cambios en el dominio de la oligarquía terrateniente, que en ese periodo estaba siendo desplazada en Argentina por la rebelión obrera del 17 de octubre de 1945 y los gobiernos de Perón, y en Brasil por la gestión de Getulio Vargas. En otros países, como México y Bolivia, los terratenientes fueron desplazados por sendas revoluciones, mientras en Perú y Ecuador las reformas fueron encaradas por las fuerzas armadas en la década de 1960.

El segundo es conocido como Pacto de Chicoral. Fue la respuesta de los hacendados a la burguesía reformista colombiana y al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía realizar una tibia reforma agraria inspirada en la Alianza para el Progreso, para modernizar el país y debilitar al movimiento obrero y campesino como parte del combate al comunismo.

El 9 de enero de 1972 políticos y empresarios firmaron el Pacto de Chicoral (por la población donde se realizó el encuentro), un gran acuerdo de las clases dominantes y el poder político para liquidar el reformismo agrario. De inmediato se produjo “la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las bandas de ‘pájaros’ de los terratenientes”*.

El uribismo es hijo de esta historia y aunque la DEA llegó a denunciar sus vínculos con el narcotráfico, el servicio que presta al imperio es infinitamente más valioso que los desvaríos de su principal aliado en Colombia. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) controlan las instituciones judiciales y electorales, policiales y militares, como para perpetuarse en el poder mediante masacres y fraudes electorales sin más que alguna vaga declaración de laderos como Luis Almagro.

Por tanto, no aparece en el horizonte la posibilidad de cambios a nivel del Estado, ni por la vía electoral ni por ninguna otra, habida cuenta de la cohesión adquirida por la clase dominante que se muestra dispuesta a todo, sin fisuras, para seguir aferrada al poder.

Corresponde a los miles de jóvenes movilizados, decidir el rumbo de un paro que ya supera el mes y al que no se le adivina final. La inspiración ya la tienen, luego de haber convivido con la Guardia Indígena a la que llamaron para aprender de su experiencia: autonomía y autogobierno para defender territorios y pueblos.

* León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep, Bogotá, 1987, p. 177.

* Periodista, escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina.

Pandemia y quiebre de la democracia en América Latina

Zamora — Mon, 03 Aug 2020 14:08:36 +0000

Pandemia y quiebre de la democracia en América Latina

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Zamora Lun, 03/08/2020 - 10:08

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Raúl Zibechi

Los golpes de Estado tradicionales no son ya la norma. El último de estos golpes, el de Bolivia en 2019, es el más similar a los de viejo estilo. Pero en la mayoría de los países asistimos a una regresión democrática por la vía electoral y por la llegada al poder de personajes de la ultraderecha, digamos, de manera legal pero ilegítima.

La calidad de la democracia en América Latina, salvo excepciones, siempre estuvo cuestionada. Los Estados-nación creados con las independencias mantuvieron el colonialismo interno y lo que Aníbal Quijano denominó «colonialidad del poder». Que puede resumirse en que las repúblicas criollas dieron continuidad a las opresiones sobre pueblos y personas no blancas.

Ese sector, minoritario en la mayoría de las nuevas naciones, se reservó la propiedad de las mejores tierras, los cargos de poder en aparatos estatales destinados a conservar los privilegios, en alianza con la Iglesia y las fuerzas armadas. Las oligarquías que sucedieron a la dominación española y portuguesa, agravaron incluso la situación de los pueblos originarios y negros, pero también de la amplia camada de mestizos.

A grandes rasgos, los blancos conforman las elites, los mestizos la clase media y los indígenas y negros los sectores populares. La estructura social del continente superpone clase social con color de piel, con la relativa excepción de Argentina y Uruguay.

En los países andinos, el monopolio de la representación parlamentaria perteneció hasta poco tiempo atrás a la casta blanca, así como el aparato de justicia, los grandes medios de comunicación y las burocracias estatales. En uno de los países más «democráticos» del continente, Uruguay, la minoría negra (10%) está casi ausente entre las profesiones mejor pagadas, entre los parlamentarios y jueces, pero sobrerrepresentada entre las empleadas domésticas, los obreros de la construcción y en las periferias urbanas.

Las democracias fueron apenas un ejercicio electoral que no consiguió democratizar las sociedades, menos aún en países de mayorías negras como Brasil, donde la esclavitud se terminó recién a fines del siglo XIX, dando paso a un apartheid que continúa hasta hoy.

Las libertades democráticas fueron conseguidas gracias a la presión de las clases trabajadoras organizadas en sindicatos y partidos de izquierda, pero fueron brutalmente suprimidas y menoscabadas por golpes de Estado y masacres en todos los países, sin excepción.

En estos momentos vivimos un agudo retroceso de las democracias, similar al que sufrimos en las décadas de 1960 y 1970, aunque con características diferentes.

Hay cuatro procesos que están erosionando las frágiles democracias regionales. El primero es la militarización y el aumento de la represión. El Foro Social Brasileño de Seguridad Pública señala que en abril pasado se registró un 53% de aumento en abusos policiales y militares, en comparación con el mismo mes de 2019, con 381 muertos en un mes. La institución asegura que una de las causas de esta violencia es la militarización de la policía con la lógica de «la eliminación de los enemigos de la sociedad» (https://bit.ly/3f8wZNe).

En Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cercano al gobierno de Alberto Fernández, asegura que desde el inicio de la cuarentena, «en distintos lugares del país las policías provinciales y las fuerzas federales reiteraron prácticas violentas, algunas graves como torturas y ejecuciones. También ocurrieron muertes de detenidos en comisarías y la desaparición de una persona que fue hallada asesinada» (https://bit.ly/2D6w0A1).

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denuncia «golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y hasta desaparición forzada» desde la instalación de la cuarentena en marzo. «El incremento de las detenciones, se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías y también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales», con 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles de todo el país (https://bit.ly/2Pcl8D7).

En Colombia la ola de violencia contra líderes sociales y ex combatientes de las FARC desmovilizados viene creciendo de forma exponencial. Indepaz presentó un informe en el que asegura que durante el confinamiento por la pandemia se han registrado 82 homicidios. Desde que se firmo la paz, en noviembre de 2016, son 971 los indígenas, campesinos, afro, sindicalistas, mujeres y ambientalistas asesinados (https://bit.ly/339BuEN).

La segunda cuestión es que en los gobiernos empiezan a ocupar cargos relevantes personas de la ultraderecha o vinculadas a las dictaduras. En la cuarta reestructuración de su gabinete, el presidente Sebastián Piñera entregó el gobierno a la derecha pinochetista. El Ministerio de Interior recayó en un exalcalde de la dictadura de Pinochet, Víctor Pérez, que en su primera alocución amenazó con «mano dura» contra los manifestantes y el pueblo mapuche (https://bit.ly/3gkqsAy).

La situación de Brasil es la más elocuente. En el Gobierno de Bolsonaro hay 2.897 militares, un número superior al que los uniformados tuvieron en cargos oficiales durante toda la dictadura militar (https://bit.ly/3cwnoPi).

El tercer tema es el crecimiento de la desigualdad durante la pandemia, en el continente más desigual del mundo. En Brasil hay 49 millones de personas en la informalidad y 50 millones bajo la línea de pobreza, en un país de 210 millones de habitantes. De los 12 millones de desempleados, sólo 500.000 reciben seguro de desempleo.

Estas tres tendencias son estructurales: no dependen de quién o quienes ocupen los gobiernos, aunque deben establecerse matices.

Por último, la división de las izquierdas agudiza la crisis de las democracias. Este vacío lo están aprovechando las clases dominantes, las iglesias evangélicas y los aparatos represivos para imponer una dominación sin límites sobre los sectores populares.

Bolsonaro hunde a Brasil en el desgobierno

Zamora — Wed, 08 Apr 2020 02:54:43 +0000

Bolsonaro hunde a Brasil en el desgobierno

Zamora Mar, 07/04/2020 - 22:54

Raúl Zibechi

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cada día más aislado y ahora despojado de funciones por los militares, está enseñando su faceta más deplorable: prefiere hundir a su país en el caos y el desgobierno, antes de dar un paso al costado reconociendo su incapacidad para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

La última crisis se produjo el lunes 6, cuando el presidente decidió dimitir al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, con quien mantiene un fuerte contencioso por el aislamiento y la distancia social, que son recomendadas por la autoridad sanitaria, por todos los gobernadores y las fuerzas armadas.

Durante la tarde del 6 de abril, los ministros Walter Braga Netto (Casa Civil) y Luiz Eduardo Ramos (Gobierno), ambos militares, forzaron una marcha atrás ya que el presidente tenía la decisión tomada y ya había hablado con el sustituto del ministro de Salud, que aún sigue "balanceándose en el cargo".

Apenas se supo que el presidente estaba decidido a dimitir a su ministro de Salud, que tiene el doble de popularidad que Bolsonaro, comenzó un nuevo cacerolazo (como todas las tardes desde hace diez días), en rechazo al presidente y en respaldo a su ministro.

En estos momentos se superponen varias disputas y crisis. El presidente se opone a la cuarentena con el argumento de que la economía se verá afectada. Sabe que una crisis económica profunda, que por otro lado parece inevitable, puede hundir su gobierno y, sobre todo, impedir su reelección en 2022.

Pero esta es apenas la cara más visible del conflicto entre poderes. En las últimas semanas, Bolsonaro debió contemplar una importante pérdida de popularidad (que cayó hasta menos del 30%), extensas muestras de repudio entre las clases medias que lo eligieron, y rechazo explícito de los gobernadores, encabezados por el de Sao Paulo, el socialdemócrata João Doria, posible adversario en la carrera presidencial.

En este clima, los militares comprendieron que Bolsonaro afecta la gobernabilidad del país, ya que en la principal tarea del momento, el combate a la pandemia, está enfrentado a todo el arco político al despreciar la epidemia y proponer medidas poco consistentes como la reapertura del comercio, las clases escolares y el conjunto de la actividad económica.

Caída en espiral
Brasil vive un conflicto interno que amenaza con hundir al país en una espiral descendente, ya que en una situación extrema como la que provoca la pandemia, sólo una conducción firme y con gran legitimidad social e institucional, es capaz de superar las dificultades. Porque la epidemia está en sus primeras fases y todos los análisis coinciden en la fragilidad del sistema de salud, lo que puede tener un efecto "devastador" cuando llegue a los barrios más pobres.

Un primer aspecto a tener en cuenta, es el intento de las Fuerzas Armadas por acotar el poder de Bolsonaro. El 28 de marzo, los militaras convencieron al presidente de que el ministro de la Casa Civil, general Walter Braga Netto, debía convertirse en “presidente operativo” de Brasil.

Según el primer medio que filtró la información, la página miliar Defesanet.com, se trata de una "misión informal", para la que se convierte en "Jefe del Estado Mayor de Planalto", tarea que define como "más trascendente que la ya poderosa función de ministro de la Casa Civil que ejercía".

Según la propia página militar, de ese modo se buscaba poner coto a "una semana en la que proliferaron noticias falsas", entre ellas afirmaciones periodísticas "delirantes sobre la crítica de los militares al gobierno". Los militares pretenden proteger a su presidente, porque una crisis de gobierno se llevaría por delante el prestigio de la institución militar que lo sostiene con cientos de uniformados en los escalones más altos del gobierno.

Sin embargo, los militares no pudieron impedir los exabruptos de Bolsonaro ni evitar su creciente desgaste. Su ministro de Educación, Abraham Weintraub, provocó nuevo conflicto con China a raíz de unas declaraciones racistas. La primera había sido creada por uno de los hijos de Bolsonaro, el diputado Eduardo, que diez días atrás insultó al país asiático al acusarlo de dictadura responsable de la pandemia.

Ahora el ministro dijo que los chinos comen "todo lo que el sol ilumina", mientras los brasileños "crían a los cerdos en el chiquero". Según los medios, los diplomáticos chinos "perdieron la paciencia con Brasil", al que le exigen ahora una disculpa formal, ya que Weintraub es parte del gobierno.

La reacción china puede ser mucho más dramática para Brasil que la simple polémica diplomática. Medios brasileños se hicieron eco estos días de que China podría sustituir la soja brasileña por la de Estados Unidos. Aunque reconocen que por ahora no se han registrado cambios decisivos en esa dirección, estiman que es muy probable que por sus intereses comerciales China decida incrementar las importaciones desde el país del norte.

China es el principal socio comercial de Brasil, con el que mantiene un amplio superávit comercial que contrasta con el déficit que mantiene con Estados Unidos.

Más allá de ambos problemas mayores (división en la estrategia frente a la pandemia y crisis con China), Brasil presenta por lo menos otras dos debilidades.

La primera es la enorme debilidad institucional, a la que debe sumarse la errática política del presidente de abrir frentes innecesarios. En mi opinión, es la baja legitimidad institucional lo que lleva a cometer errores tan graves. En medio de la crisis, el ministro Weintraub, por ejemplo, amenazó con que el Gobierno se prepara para suspender la concesión de la TV Globo.

Una amenaza fuera de lugar contra la mayor red de medios privados del país. El ministro fue más lejos al anunciar que la Globo "no sobrevive hasta 2023". Una actitud tan infantil como decir que está dispuesto a disculparse de su "imbecilidad", siempre que China "nos venda respiradores al precio de costo".

La segunda debilidad la dejó sorprendida a la ex presidenta Dilma Rousseff en las redes sociales: "Hace diez años Brasil fabricaba aviones, ahora no es capaz de fabricar cubrebocas".

Caiu na rede: pic.twitter.com/haMPajF7jk

— Dilma Rousseff (@dilmabr) April 6, 2020

El país que pretendió ser un global player en la década de 2000, se tendrá que conformar con un lugar de segundo o tercer nivel en el escenario internacional.

Fuente

https://mundo.sputniknews.com/

Dónde perdimos la brújula

Zamora — Mon, 10 Jun 2019 13:37:01 +0000

Dónde perdimos la brújula

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Zamora Lun, 10/06/2019 - 09:37

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Raúl Zibechi

Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.

La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el "desarrollo" del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.

Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.

Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.

Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.

Por ese camino se llega a una extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto "antimperialismo", mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando "un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión" (https://bit.ly/2GyYFvy).

La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma (https://bit.ly/2IgjVqC).

En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras (https://bit.ly/2wCEJmQ). Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, "mucho menos que el orín de los perros".

Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.

El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más "revolucionarias" que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.

En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.

Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.

La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.