Luismi Uharte

Cuba en tiempos de Trump. El rumbo continúa a pesar de la agresión imperialista

Zamora — Thu, 16 Apr 2020 19:59:06 +0000

Cuba en tiempos de Trump. El rumbo continúa a pesar de la agresión imperialista

Zamora Jue, 16/04/2020 - 15:59

Luismi Uharte

Tras una década de presidencia de Raúl Castro (2008-2018) que no dejó a nadie indiferente, Cuba entra en la tercera década del siglo XXI en un contexto sumamente complejo, ya que tiene que compaginar la aplicación concreta de su nueva ruta económica con políticas de resistencia frente a la intensificación de la agresión de EE.UU.

Una vez debatidos y aprobados los ‘Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución’, reformada y refrendada la Constitución y materializado el relevo generacional, Cuba afronta una nueva etapa en la que se prevé una producción legislativa intensa que aterrice las grandes decisiones que se tomaron en los años previos. Esto en un contexto de ataque por parte de la administración Trump que recuerda a épocas de la guerra fría.

Agresión imperialista. Los avances históricos logrados durante el gobierno de Obama han sido desmontados en poco tiempo por el actual inquilino de la Casa Blanca, que está aplicando un plan bien definido para estrangular económicamente a la isla, golpeando a los principales sectores de la economía (turismo, remesas y servicios médicos).

Por un lado, se han aprobado una batería de sanciones para afectar a la industria turística cubana, un sector estratégico para el país. Destaca la prohibición de viajar a compañías navieras, (especialmente cruceros) y a aerolíneas (permitiendo sólo trayectos a La Habana). A esto hay que agregar la inclusión en una lista negra de las principales empresas cubanas de turismo (Gaviota, Habaguanex…). A su vez, la aerolínea estatal Cubana de Aviación ha tenido que suspender un buen número de vuelos internacionales porque algunas compañías aéreas extranjeras han cancelado sus contratos de arrendamiento de aviones, producto de las amenazas de sanción por parte de Washington.

Todo esto se ha traducido en una caída de más de un 8% del flujo turístico internacional hacia la isla, pasando de 4,7 millones de turistas aproximadamente en 2018 a 4,3 en 2019. La caída del turismo procedente de EE.UU. es mucho más marcada, ya que se ubica en un 20% y quiebra además una tendencia al alza que venía dándose desde el inicio –en 2014- del proceso de normalización de relaciones entre los 2 países.

Por otro lado, se han puesto importantes obstáculos migratorios y fuertes restricciones a las remesas. La Visa que EE.UU. otorgaba a cubanos que querían viajar a su territorio tenía una vigencia de 5 años y ahora se reduce a solo 3 meses y un único viaje. Además, el cierre de los servicios consulares en Cuba obliga a todo aquel que quiera solicitar una Visa a desplazarse a un tercer país, lo cual es económicamente inviable para una mayoría de la población. El endurecimiento para la obtención de una Visa no solo se da para visitas familiares sino también para viajes de tipo científico, médico, cultural y deportivo.

Paralelamente, Trump también ha decidido golpear las remesas, una de las principales fuentes de ingresos de la isla. Las remesas de dólares de los emigrados residentes en EE.UU. hacia Cuba han sido restringidas, fijando un límite máximo de 1.000 $ por trimestre. Una medida que las y los ciudadanos inmigrantes de otros países no sufren.

Otro flanco donde el bloqueo se ha intensificado es el energético. El Departamento del Tesoro de EE.UU., desde mediados de 2019, empezó a aplicar sanciones a empresas proveedoras de combustible de diferentes países e incluso a los barcos que lo transportan. A fines de febrero se vivió una situación tan extrema como surrealista, ya que el gobierno cubano tuvo que comprar directamente un barco que transportaba combustible para la isla, debido a que el armador de la nave había decidido finalmente no desembarcar la carga tras la amenaza yanki de ser sancionado.

El efecto más visible de este endurecimiento del bloqueo energético se percibe en las gasolineras, donde proliferan las colas de vehículos y, en el transporte público, incapaz ahora de garantizar un servicio continuo y regular. Pero el efecto más preocupante se está sintiendo en el ámbito productivo, ya que muchas empresas han tenido que reducir sus horarios de trabajo debido a la escasez energética. De hecho, parece que el Estado cubano ha decidido priorizar el suministro eléctrico doméstico y sacrificar relativamente la productividad, para evitar cualquier imagen que recuerde los apagones del Periodo Especial.

Washington también ha operado para golpear los servicios médicos cubanos en el exterior, actualmente la principal fuente de ingresos del país. En septiembre pasado lanzó un comunicado exigiendo a todos los países que disfrutan de asistencia médica cubana para que suspendan dicha relación. A su vez, ha logrado que tres antiguos aliados de la isla hayan cancelado sus programas de cooperación sanitaria: el Brasil de Bolsonaro a fines de 2018, el Ecuador de Moreno en octubre de 2019 y el gobierno golpista boliviano más recientemente. A todo esto, se suma la reactivación del programa para incitar a médicos a desertar del país, ofreciéndoles un contrato en EE.UU.

El círculo del bloqueo se cierra con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite denunciar en tribunales norteamericanos a cualquier empresa del mundo que haga negocios en Cuba en propiedades de ciudadanos estadounidenses de antes de la Revolución del 59. A pesar de que dicha ley lleva un cuarto de siglo vigente, el Título III nunca se activó, en gran medida por la presión europea e internacional. Ahora, Trump quiere pasar a la historia activándola. Sin embargo, esta es la medida que menos impacto ha tenido, ya que las demandas que se han puesto hasta el momento en tribunales no han tenido recorrido jurídico.

Hoja de ruta cubana. La intensificación del asedio imperial no ha facilitado que el gobierno cubano pudiera desplegar con la amplitud y la velocidad necesarias una serie de medidas económicas que son parte sustancial de su hoja de ruta. De hecho, el propio presidente Miguel Díaz-Canel señalaba recientemente que el 2019 fue un año muy duro porque sentimientos del ‘Periodo Especial’ volvieron a planear sobre la conciencia colectiva: “tanto el recuerdo de los momentos duros como un sentir colectivo en defensa de la soberanía nacional”.

El presidente se mostró orgulloso por haber evitado los apagones, a pesar del ataque energético, pero a continuación fijo los retos a corto y medio plazo que tiene el país: ser más efectivos en la “batalla diaria contra la corrupción y el robo de combustible” y reducir la dependencia del diésel incrementando la generación de energías renovables.

Una de las medidas más populares que se tomó en julio de 2019 fue el incremento salarial en el denominado ‘sector presupuestado’, es decir, el de las y los empleados públicos de los sectores ‘no productivos’ (sanidad, educación, cultura, burocracia, etc.). El incremento fue de un 68% y benefició a millón y medio de personas, el 50% del total del empleo estatal y aproximadamente 1/3 del total de trabajadores, ya que el otro tercio restante trabaja a día de hoy en el sector no estatal (privado y cooperativo). El aumento fue considerable ya que el gobierno era consciente del aumento sostenido de los precios de alimentos y transporte, en gran medida debido a procesos de especulación.

Otra medida relevante como consecuencia de la falta de divisas -producto de la intensificación del bloqueo- ha sido la apertura, a fines de año, de tiendas que permiten el pago en dólares. El Estado necesita moneda fuerte y esta es una vía directa de adquisición.

La anunciada unificación monetaria y cambiaria, que se ha ido retrasando de manera recurrente, ya tenía fechas para inicios de 2020 pero con el inicio de la crisis del Coronavirus se volverá a posponer un tiempo. De cualquier manera, la inminencia de la medida se empezó a sentir en la calle en diversos comportamientos cotidianos. Por un lado, la población que tiene en efectivo mucha moneda convertible (CUC) está comprando dólares o mercancías para su reventa. Por otro lado, en algunos establecimientos de gastronomía del Estado no se acepta el CUC y solo se recibe el peso convencional, el CUP, que será finalmente la moneda única que operará en el país.

Junto a la unificación de moneda se espera que se unifique también la tasa de cambio, ya que en la actualidad coexisten varias, la de la población (1 dólar = 25 pesos) y la que disfrutan algunas empresas a tasa preferencial (1 = 10 y en algunos casos 1 = 1). Esto último sigue impidiendo comparar la eficiencia de las empresas y dificulta identificar a las deficitarias. Por ello, el gobierno se lo ha fijado como reto ineludible, en coherencia con la directriz del ‘socialismo sostenible’ que guía la actual etapa histórica.

Mientras tanto, el Coronavirus llegó también a Cuba y las autoridades activaron los primeros protocolos de cierre parcial de fronteras y exámenes médicos preventivos a miles de personas. Pero lo más impactante ha sido la reacción del país en clave internacionalista, ya que la frágil coyuntura económica agravada por la agresión estadounidense no ha impedido que el gobierno haya decidido apoyar a otros países en la lucha contra esta pandemia.

Cuba ha vuelto a ser reconocida en todo el mundo por su avanzado sistema de investigación farmacéutico público, gracias al uso del ‘Interferon Alfa 2B’ para combatir la enfermedad. A su vez, el país aceptó la solicitud del gobierno británico para que un crucero de esta nacionalidad con afectados por coronavirus pudiera desembarcar en la isla, después de que varios países del entorno se habían negado a recibirlos. Cuba, además de abrirles las puertas decidió tratar a los enfermos en sus hospitales. Por último, Cuba ha enviado personal médico a varios países latinoamericanos y a la zona de mayor infección, por el momento, de todo el planeta: Lombardía (Italia).

El ex presidente brasileño Lula en una carta reciente dirigida al presidente cubano Díaz-Canel sintetizaba magistralmente el aporte cubano en esta crisis mundial: “es en los momentos de crisis que conocemos a los verdaderamente grandes”.

* Luismi Uharte pertenece al Grupo Investigación Parte Hartuz (Universidad del País Vasco)

Venezuela en tiempos de Trump. Diálogo político a pesar del asedio económico

Zamora — Thu, 09 Apr 2020 00:21:24 +0000

Venezuela en tiempos de Trump. Diálogo político a pesar del asedio económico

Zamora Mié, 08/04/2020 - 20:21

Luismi Uharte

Un año después del intento de derrocamiento violento contra el gobierno venezolano por parte de la alianza entre EE.UU., los Ejecutivos ultras de América Latina (Colombia y Brasil, principalmente) y la vieja oligarquía criolla, el escenario político en el país se caracteriza por una mayor estabilidad, a pesar de la enorme precariedad en términos socioeconómicos.

Radiografía económica. La economía sigue siendo, sin duda, el tema con mayúsculas que preocupa y ocupa tanto al gobierno y el resto de agentes políticos como a la población, fundamentalmente a las clases populares. Por tanto, es inevitable poner el foco en la actual coyuntura económica, para intentar identificar los principales factores que explican el desplome profundo y continuado del PIB nacional.

El factor monetario continúa teniendo una gran relevancia y específicamente algunas dinámicas asociadas a este. Por un lado, la especulación, planificada perversamente para provocar un aumento sideral de los precios (hiperinflación desde 2017) y en consecuencia una destrucción absoluta del poder de compra de la mayoría de la ciudadanía. Por otro lado, el ataque permanente a la moneda nacional, el bolívar, induciendo una dinámica de devaluación constante hasta convertirla en un medio de cambio cada vez menos seguro.

La pérdida de valor del bolívar ha llegado a tal grado que a lo largo de 2019 fue perdiendo cada vez más presencia en los intercambios cotidianos de la gente, siendo sustituida de facto, por el dólar y en menor medida por otras monedas (peso colombiano, real brasileño) en las regiones de frontera. El salto cualitativo es que el dólar ha pasado de ser ‘refugio de valor’ a moneda de cambio diaria para toda la ciudadanía. En este contexto, algunos economistas apuntan a la posibilidad de que el gobierno intente evitar la dolarización a través de la implantación generalizada de una moneda paralela (quizás el ‘petro’) que mantenga su equivalencia respecto al dólar, al igual que hizo Cuba con el peso convertible (CUC) a mediados de los noventa.

El factor productivo es otro elemento central y fundamentalmente la producción de la primera industria del país, el petróleo. Las sanciones que existen desde la época de Obama y el bloqueo actual están golpeando duramente a una infraestructura de origen estadounidense, que ahora no tiene acceso a repuestos de todo tipo debido al asedio. Si a esto agregamos la menor inversión (por falta de recursos) y la fuerte migración de profesionales, nos encontramos con que el sector estratégico ha reducido 2/3 su producción, pasando de 2,7 millones de barriles/día a menos de un millón.

El deterioro de servicios públicos básicos, sobre todo a partir de 2019, se ha convertido en otro factor de gran impacto en la economía. El caso del servicio eléctrico es el más paradigmático, ya que venía sufriendo sabotajes en los últimos años, pero el ataque cibernético de marzo del año pasado fue de tal magnitud que dejó unas pérdidas de más de 1.000 millones de dólares y unas secuelas en regiones del interior del país que todavía continúan, ya que los apagones no han concluido.

Pero el factor que se destaca en la actualidad como el más virulento y que explica en gran medida los factores antes citados, es el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. Por un lado, todos los sectores productivos –no sólo el petrolero- se han visto brutalmente afectados en su dinámica importadora y exportadora, lo cual ha llevado al cierre de miles de empresas. Por otro lado, a nivel financiero, además de bloquearle el crédito internacional al país, Washington amenaza a bancos de todo el mundo para que no permitan al Estado venezolano realizar transacciones de ningún tipo.

En síntesis, Venezuela está empezando a verse afectada como lo ha estado Cuba en las últimas décadas, producto de un duro bloqueo por parte de la principal potencia occidental. Se calcula que en los últimos 5 años el país ha perdido más de 20.000 millones anualmente como consecuencia del bloqueo.

Todos los factores citados son clave para entender el actual panorama económico, que se traduce en una caída brutal del PIB, solo equiparable a contextos de guerra convencional o de catástrofes naturales. Desde el 2014 el PIB ha decrecido constantemente todos los años y se estima que la caída acumulada puede ser de un 20 a un 25% en relación al PIB de 2013. La caída abrupta del ingreso de la clase trabajadora, que ha pasado en una década de tener uno de los salarios mínimos más robustos de América Latina a uno de los más precarios, hay que situarlo en este contexto de ‘excepción’ y guerra de cuarta generación.

Ante este escenario crítico, las visiones al interior del chavismo sobre cómo enfrentar la situación son divergentes, aunque todas coinciden en la urgencia de incrementar exponencialmente la producción nacional. Por un lado, al interior del gobierno han ido tomando fuerza los sectores que consideran que es prioritario aumentar la productividad y sortear el bloqueo a través de varias vías: intensificar la participación en el negocio petrolero de capital extranjero de países aliados; promover la explotación minera en el Arco Minero del Orinoco; e impulsar la producción privada del sector empresarial no golpista.

Por otro lado, el chavismo de base y anclado a las Comunas considera que hay que priorizar a la economía comunal frente a la privada, dotándole de muchos más recursos materiales y brindándole un mayor acompañamiento técnico. A su vez, insisten en la necesidad de promover modelos de gestión más directa en las empresas públicas para enfrentar así la ineficiencia y el burocratismo.

Disputa política. En el terreno político el nivel de conflictividad se ha reducido notablemente, ya que conforme fue avanzando el año 2019 fueron perdiendo fuerza los sectores más extremistas de la oposición que habían apostado por la vía violenta. Ninguna de las tres versiones –aislada o combinadas- funcionó: en primer lugar, las Fuerzas Armadas venezolanas no se plegaron al golpe militar; en segundo lugar, los ejércitos de Brasil y Colombia no secundaron la orientación estadounidense de embarcarse en la aventura de la invasión militar; y, por último, los intentos de provocar una guerra civil no tuvieron éxito.

Paralelamente, la figura de Juan Guaidó fue perdiendo relevancia, a pesar del reconocimiento que obtuvo de grandes potencias occidentales. La capacidad de movilización que lograron en los primeros meses de 2019 se fue apagando y el personaje prefabricado por la CIA se fue convirtiendo, al interior del país, en una especie de bufón político con cada vez menos incidencia en sus potenciales bases.

De todas formas, no hay que olvidar que en los primeros meses, la amenaza real de una invasión imperialista obligó a un cierre de filas y todos los sectores del chavismo, hasta los más críticos, priorizaron la unidad, en un escenario de grave peligro no solo para la continuidad del gobierno sino sobre todo para la soberanía nacional.

En la actualidad, a un año del intento de derrocamiento, la correlación de fuerzas ha cambiado. Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado fortalecerse y fundamentalmente ha conseguido trasladar la disputa política al terreno civil. Por otro lado, la oposición vuelve a estar fragmentada, como otras veces, entre los sectores que priorizan la vía violenta y los que apuestan por la negociación con el Ejecutivo.

Hay que destacar la habilidad del gobierno al haber logrado dividir a la oposición al interior de la Asamblea Nacional y desactivar así la función destituyente que ésta ha pretendido desempeñar en los últimos años. A principios de 2020 se eligió una nueva directiva, asumiendo Luis Parra, del sector opositor favorable a la negociación. De esta manera, Guaidó fue desplazado como presidente del parlamento, aunque no aceptó su derrota y proclamó que continuaba siendo el presidente legítimo. En consecuencia, hoy día tenemos 2 Asambleas Nacionales opositoras, divididas entre sí y una Asamblea Constituyente de mayoría chavista.

Esta situación un tanto surrealista parece que será resuelta en las elecciones parlamentarias que se deberían celebrar a fines de este año, en su fecha oficial. Lo más importante es que para que estas se celebren hay en marcha una negociación entre un sector mayoritario de la oposición y el gobierno. El primer paso de este proceso es la elección de un nuevo CNE (Consejo Nacional Electoral), principal condición que puso la derecha y que el PSUV está dispuesto a aceptar.

Por ello, se espera que en las próximas semanas –Coronavirus mediante- se pueda elegir un nuevo CNE legitimado por los principales actores políticos y que el nuevo ente fije un cronograma para la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional. Un nuevo parlamento que aceptara la legitimidad del Ejecutivo permitiría presionar con mucha más fuerza a la mayoría de los gobiernos que siguen reconociendo a Guaidó con el neocolonial título de ‘presidente encargado’.

De cualquier manera, el inefable personaje continúa con su actividad circense, avalada por la Casa Blanca, y a principios de marzo montó un falso positivo en un acto político público en la ciudad de Barquisimeto, denunciando al gobierno por intentar asesinarle en atentado fallido. El autor del atentado, detenido posteriormente, reconoció haber sido contratado para escenificar el suceso.

Sin embargo, este 2020 será un año duro porque Trump, en campaña electoral hacia las presidenciales de noviembre, apretará más las tuercas contra sus enemigos del Caribe. La amenaza de aplicar un bloqueo naval contra Venezuela y la reciente acusación de narcotráfico contra el presidente Maduro son señales bien claras en ese sentido.

* Luismi Uharte es miembro de Parte Hartuz Ikerketa Taldea

Fuente

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Honduras: Radiografía actual a 10 años del golpe

Zamora — Mon, 25 Nov 2019 01:44:08 +0000

Honduras: Radiografía actual a 10 años del golpe

Zamora Dom, 24/11/2019 - 21:44

Luismi Uharte

El golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009 inauguró una fase de golpes parlamentarios contra gobiernos del eje progresista latinoamericano. A este le sucedieron los golpes contra Lugo en Paraguay (2012), contra Rousseff en Brasil (2016) y el fallido contra Maduro en Venezuela (2016-17).

Objetivos golpistas. El derrocamiento de Zelaya tenía como objetivo expreso abortar un proceso que había provocado un rechazo creciente de la oligarquía y el imperialismo estadounidense. Durante el primer año de su mandato (2006) no se produce ningún cambio relevante, pero a partir de 2007 se efectúa un giro con el acercamiento a Venezuela y la entrada en Petrocaribe. 2008 será clave ya que Zelaya se adhiere al ALBA, además de incrementar el salario mínimo más de un 60% y negociar con el movimiento campesino un decreto para legalizar tierras ocupadas. La propuesta de consulta popular en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente será la gota que colme el vaso y que justifique el golpe.

Zelaya, además de “traidor de clase” para las élites del país, había intentado redefinir el papel geopolítico asignado históricamente a Honduras (ser plataforma contrarrevolucionaria contra los países del entorno, principalmente Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentágono planificó su caída.

El golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica. Al día siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunció como falsa.

Laboratorio de distopía. El régimen que desde hace una década se ha impuesto en Honduras es una combinación de autoritarismo político y ultra-liberalismo económico, por lo que lo “liberal” se vacía de la ecuación política, pero se radicaliza en el plano económico. Es un ejemplo del nuevo tipo de régimen que se está ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un capitalismo cada vez más extremo con sistemas políticos no literalmente dictatoriales, pero si en transición hacia un post-Estado de Derecho. En síntesis, una muestra del laboratorio de distopías del siglo XXI.

El nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder cada vez más coercitivo. Por un lado, las dos últimas elecciones presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposición de centro-izquierda (Partido LIBRE y aliados), pero ha continuado gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a través de un fraude avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto, permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo abruptamente uno de los principios básicos del liberalismo electoral. En resumen, se garantiza el derecho a presentarse (‘no es una dictadura tradicional’) pero se hace inviable el derecho a gobernar.

El segundo pilar del nuevo régimen es un modelo de administración de gobierno en el que el ‘poder coercitivo’ tiene cada vez más peso frente al ‘poder persuasivo’. Generar consenso cada vez importa menos, por lo que se prioriza la coerción, la cual se ejerce combinando instrumentos legales e ilegales.

La represión ‘legal’ se está materializando a través de tres vías principales: la militarización, la judicialización y el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del país ha denunciado la creciente militarización, con la creación de una policía militar y el destino de las Fuerzas Armadas a labores policiales, además de la creciente presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de seguridad’ para financiar la escalada represiva.

La judicialización es otro instrumento privilegiado de la represión ya que se está haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras (terrorismo, usurpación) para imponer penas desproporcionadas a líderes del movimiento popular. Además, en noviembre el Congreso pretende aprobar un nuevo código penal sumamente represivo. Lo anterior se complementa con un incremento sustancial del número de presos políticos y la creación de cárceles de máxima seguridad (formalmente para narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el territorio).

El régimen articula la represión legal con el uso de instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento campesino e indígena denuncia la infiltración para generar división al interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campañas de criminalización, caracterizando a líderes sociales como pandilleros, narcotraficantes o terroristas, para así legitimar acciones en su contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran número de líderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en algunos casos en régimen de semi-clandestinidad. Por último, las agresiones y asesinatos están a la orden del día, con un fuerte incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de más del 90% de los crímenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, “no estamos en un Estado de Derecho sino en uno de Desecho”.

Régimen económico ultra-liberal. Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitución del modelo neoliberal y a su vez una radicalización de este. Los pilares del actual modelo son: intensificación del extractivismo y de la agroindustria, contra-reforma agraria, reducción abrupta del salario y privatizaciones.

A través de la denominada “diarrea legislativa” (Nueva Ley de Minería de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva de territorio a proyectos transnacionales mineros y energéticos. La minería ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes el incremento es del 450%. Desde La Vía Campesina de Honduras (LVC) denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales.

Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades campesinas e indígenas que habitan o viven cerca de los territorios concesionados son múltiples. Uno de los más destacados por LVC es la restricción del acceso al agua por la privatización de cuencas, el desvío de cauces y la contaminación de acuíferos. También destacan la restricción del acceso a recursos forestales por la tala masiva.

La contra-reforma agraria que viene de los años 90 (Ley de ‘modernización’ agraria) se ha intensificado con la expansión del modelo agro-industrial y la consiguiente expulsión de masas de campesinos de sus tierras. La concentración de tierra se ha acelerado en torno a los productos ‘estrella’ de exportación: café, banano, palma de aceite y caña de azúcar. Paralelamente, la importación de alimentos básicos se ha acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.

Rafael Alegría, dirigente histórico campesino, señala que el movimiento campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario), pero como este no cumple su función las familias se ven obligadas a ocupar (‘recuperar’ lo robado históricamente), y entonces el Estado activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de conflictividad y represión. En la última década más de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.

La reducción del salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a través de la Ley de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mínimo. En cuanto a las privatizaciones, además de las vías terrestres, el gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educación, pero no lo ha logrado producto de la movilización popular. Por otro lado, el proyecto estrella de la década han sido las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico), popularmente conocidas como “ciudades modelo”, donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino que además se autogobiernan y disponen de policía y administración de justicia propia. En síntesis, supresión radical de la soberanía nacional.

Las consecuencias sociales de este laboratorio de distopía son dramáticas ya que han llevado al país a una situación de evidente “emergencia social”. Sin embargo, el apagón mediático global invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas son pobres y más de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la emigración se ha disparado. Según Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un 40% de la población tiene planificado migrar y un 20% más no descarta hacerlo.

Resistencia popular. A pesar de esta radiografía dramática, Sosa subraya una serie de elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo. Asegura que a lo largo de estos 10 años se ha desarrollado una lucha constante y que se ha producido un proceso de fuerte politización en los sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una década de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el país; la reactivación del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el fraude electoral de 2017 y la más reciente movilización (exitosa) contra el intento de privatización de la salud y la educación. Concluye augurando una intensificación del conflicto y de la disputa entre el bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.

Fuente

naiz.eus