La República Bolivariana de Venezuela exigió este miércoles al gobierno de Estados Unidos devolver los bienes y las sedes diplomáticas venezolanas en territorio estadounidense.
En rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, el canciller Félix Plasencia expresó «llamo al presidente Joe Biden, a mi colega Anthony Blinken, que instruya a las autoridades correspondientes y responsables en el respeto del Estado de derecho para que sean devueltos a los venezolanos, la sede de nuestra embajada y la residencia en la ciudad capital de Washington, así como la sede del Consulado General en la ciudad de Nueva York, que en el pasado fueron ultrajados y robados a todos los venezolanos».
«Hoy están siendo destruídos. Deben ser devueltos al Gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y a todos los venezolanos», reiteró Plasencia quien manifestó «yo como custodio de esos bienes muebles e inmuebles, exijo que los edificios de nuestra sede en Washington y en el Consulado de Nueva York, y los bienes muebles y obras de arte y archivos que allí se protegen, sean devueltos».
De igual forma, agradeció al gobierno de Bolivia la recuperación 11 vehículos que fueron hurtados durante el interinato de la autoproclamada señora Jeanine Áñez, en la que «representates de Juan Guaidó, -el capo mayor de la banda de delincuentes internacionales,- destruyeron los bienes de la República».
Precisó que en la «lista de delincuentes» figuran Arturo Vilar Esteves, Rafael Cáceres, Henry José Rivas Pérez, Maro Martínez, Winston Flores y José Gregorio Cumare.
Plasencia, quien presentó pruebas de los vehículos recuperados, condenó que esa banda destruyó la biblioteca, los bienes culturales y obras de arte tanto en la residencia oficial como en la sede de la embajada de Venezuela en Bolivia.
Denunció la presencia de esa banda estructurada en Bolivia, la cual «entró ilegalmente a ese país para violar la sede de la representación diplomática, destruir y sustraer los bienes de los venezolanos, y «construir una ruta ilegal para facilitar papeles falsos y venderlos en el mercado de ese país es un delito mayor que tiene consecuencias penales y de castigo en Bolivia y en Venezuela, y cualquier país civilizado que respete el estado de derecho, el orden constitucional y las leyes».
El canciller solicitó a las autoridades judiciales de España que respeten las exigencias del ordenamiento legal venezolano, y extraditen a los delincuentes que escapan y huyen de la justicia venezolana y residen hoy en ese país.