Mapuches

Héctor Llaitul “Esta es una condena política contra el movimiento autonomista Mapuche”

Zamora — Tue, 07 May 2024 23:35:08 +0000

Héctor Llaitul “Esta es una condena política contra el movimiento autonomista Mapuche”

Zamora Mar, 07/05/2024 - 19:35

Carolina Trejo Vidal

Entrevista a

Héctor Llaitul

A horas de leerse su sentencia, el werkén histórico de la Coordinadora Arauco Malleco habla sobre el trasfondo de su condena dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco que lo declaró culpable, la ley de seguridad del Estado, y acerca las imputaciones hechas hacia él y su organización por el asesinato de los tres carabineros en Cañete en la madrugada del sábado 27 de abril.

Lo que se mostró en este juicio fue la confrontación del poder con la histórica reivindicación mapuche. Causa que se ha ido transformando lentamente en un proceso revolucionario, con una propuesta política, ese es el trasfondo de la condena que me toca asumir. Más allá de ser una condena eminentemente política, porque estaban como querellantes los representantes de la institucionalidad opresora del Estado capitalista y colonial, como son el ministerio público, los fiscales junto a las forestales (que están detrás de la sentencia), para nosotros este es un proceso que demuestra cómo se va creando, en el sentido más profundo, la fuerza de lucha de los oprimidos y sus consecuencias.

Porque efectivamente hay una base sustantiva en materia de acumulación de fuerza, como se ha estado desarrollando el movimiento Mapuche autonomista, en donde se incorporó inclusive la confrontación por la vía armada, una definición tomada luego de un análisis profundo de las condiciones objetivas y subjetivas para su desarrollo y legitimidad. Análisis con los elementos y la perspectiva histórica, y eso es lo que se persigue y se castiga.

Hay aspectos que históricamente dan sustento a las contradicciones que observamos hoy en día como, por ejemplo, el hecho que hasta los comunistas están en la gobernanza neoliberal. Así es, comunistas, progresistas y gente que tiene una postura marcada en contra de la ultraderecha, pero, sin embargo, están participando y creando las condiciones para que se desarrolle un tipo de gobernanza neoliberal que favorece a los mismos que se beneficiaron con el golpe militar, con la dictadura de Pinochet.

¿A qué condiciones y ventajas se refiere?

Si nos remontamos a los inicios de la dictadura y al rol que cumplió, por ejemplo, Fernando Léniz como ministro, o el propio Julio Ponce Lerou (una de las fortunas más grandes de este país y encargado de la Conaf en la época) nos damos cuenta que fueron ellos quienes crearon las condiciones y los mecanismos para facilitar el proceso de invasión forestal en Wallmapu. A nuestro juicio, se debiera hacer un análisis más profundo de éste y otros antecedentes, un desafío para periodistas de investigación con expertos y especialistas, no solamente de la historia, sino con políticos de izquierda y revolucionarios que fueron testigos de aquel entonces de la implantación a sangre y fuego del modelo forestal y sus implicancias en el sistema de propiedad, basado en más y nuevas usurpaciones a los mapuche. Un estudio riguroso respecto del decreto 701 que implicó todo el desarrollo subsidiario y tributario que favoreció de forma descomunal a los grupos económicos responsables del golpe militar. Esos golpistas, civiles y militares, los mismos que asesinaron e hicieron desaparecer opositores y arremetieron contra los oprimidos en general y al pueblo Mapuche en particular. Aquí, en mi condena, hay dos elementos a analizar, uno, la ley de seguridad del Estado, que se originó para perseguir y exterminar principalmente a los comunistas. Y el otro elemento, es que se ha favorecido una condena política en donde están detrás los mismos grupos sediciosos, golpistas, conglomerados económicos que hoy día dominan este país y que tienen subordinados y funcionales hasta al Partido Comunista chileno. Un contrasentido que debiera ser analizado.

¿A qué atribuye esta situación que usted describe?

La explicación de la actual realidad socio-política está dada porque existe un nuevo proceso de reconversión capitalista en el Wallmapu. Esto es como un experimento para el Cono sur, para implantar definitivamente un desarrollo económico industrial, basado en el extractivismo, arremetiendo contra todos los pueblos, contra todas las comunidades, contra todos los colectivos y grupos que sobreviven en esta territorialidad ancestral.

Este análisis económico debe tener una dimensión cultural, porque la confrontación no solamente es con grupos económicos forestales, sino con todos los grupos de poder existentes en Chile. Grupos económicos que están relacionados con el mundo monopólico y financiero e inciden en el ámbito de la economía forestal, energética, minera y que tiene que ver con Entel, Copec, con Colbún, con los bancos, las pesqueras, el capital especulativo financiero, con las inversiones de todo tipo.

Esta es también una condena política que se inscribe en la arremetida contra el movimiento autonomista Mapuche para consolidar los diversos procesos de reacomodo de gran capital en las zonas de conflicto. Una arremetida representada claramente por las forestales, una economía al servicio de los poderosos, que significa el desarrollo de la industria maderera, principal razón por lo que se ha militarizado el Wallmapu. Así se ha aumentado la criminalización de la causa Mapuche y se ha direccionado hacia los sectores vanguardistas, incorporando nuevos instrumentos tecnológicos de persecución. Con fuerzas de elite y con tácticas de todo tipo que implican, a su vez, tecnicismos de todo orden en materia judicial cuando se dan los procesamientos y se busca la condena de los weichafe más destacados. En este sentido resulta necesario dar continuidad a nuestra lucha, por lo mismo es fundamental hacer este análisis y hay que hacer las denuncias respectivas, es decir, exteriorizar la lucha político ideológica que está dando el movimiento Mapuche autonomista.

Entonces, ¿usted cree que hay una continuidad en el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura?

El Golpe militar significó una revolución capitalista en donde Pinochet, los militares, el fascismo, la CIA, el imperialismo norteamericano, pusieron y entregaron los recursos y el mundo Mapuche “al servicio del desarrollo capitalista”, y todo con un carácter antidemocrático y que sorprendentemente hoy también defienden los comunistas y los progresistas. Porque el decreto 701 lo dictó la Junta militar, no fue una ley que emanó del Parlamento chileno, pero hasta hoy lo siguen manteniendo, una política continuista, entreguista y represora. Y qué significó esto, que con ese decreto se pasó a las manos de los poderosos, de los ricos de la oligarquía, el 75% de una subvención para el desarrollo forestal. Los mismos grupos económicos que hoy día son objeto de demanda de territorialidad, porque son los usurpadores históricos.

Es por esto que hay una contradicción tan profunda al hablar de avances sustantivos en materia democrática y política, pero lo que se está haciendo es argucia política, politiquería para mantener el desarrollo capitalista que arrasa con Wallmapu, que golpea al mundo Mapuche. O sea, la forestación que se plantea desde este desarrollo capitalista, resulta ser el exterminio del pueblo Mapuche, porque ataca nuestra esencia cultural, ideológica, espiritual. Mantener el monocultivo, pinos, eucaliptos, es la desertificación de los suelos, es la escasez de agua. Y ese es el gran trasfondo de la criminalización de nuestra lucha, la imposición y defensa de un modelo de desarrollo capitalista, a ultranza.

Según se desprende de sus palabras ¿existe una confrontación histórica en relación a la propiedad, uso y la visión de las tierras mapuche?

Efectivamente e insisto, no se debe olvidar que fue la dictadura militar la que instaló el proceso de invasión capitalista por parte de la industria forestal, aunque si nos remitimos a los orígenes de la usurpación territorial, lo que queda claro fue la ocupación político militar, cuando se conforma el estado nación chileno hacia el año 1881-1883 con la mal llamada Pacificación de la Araucanía y todo lo que se significó esa campaña político militar. Y a partir de ese hecho siempre hubo una confrontación en relación a las tierras, a las escasas tierras que quedaron de mano de los mapuche, menos del 6%.

Sin embargo, la presencia de las forestales fue nefasta en nuestro territorio, por eso nosotros hablamos de una cuarta invasión contra la que estamos luchando y es la del capitalismo depredador, principalmente aquel que representa la industria maderera.

A ello se suman una serie de fenómenos en esta nueva usurpación, todo lo que fue la contrarreforma agraria, es decir, todo el proceso que se avanzó en tiempos de Salvador Allende, fue destruido. Los territorios recuperados para el mundo Mapuche quedaron nuevamente en manos de la usurpación forestal.

Porque se impuso una lógica, contrapuesta incluso con lo que se planteó en ese momento, que solo se debía ocupar tierras que tenían aptitud forestal y no agrícola, pero, sin embargo, el proceso de contrarreforma dejó muy claro que para el desarrollo de la explotación forestal devastadora se ocuparían todas las tierras disponibles.

El resultado del despojo de tierras tiene que ver con una acción indiscriminada de grupos económicos que hoy día están retratados principalmente en las empresas forestales, en Mininco, Arauco, Cautín, que impusieron un proceso de ocupación del territorio mapuche hasta el día de hoy.

¿Cómo se consolida el modelo de desarrollo forestal el Wallmapu?

Hablar de la consolidación del sistema de propiedad usurpado basado en el desarrollo forestal en Wallmapu es complejo, porque a nuestro juicio es la continuidad de la dictadura del capital monopólico financiero que se instaló, como señalamos, a sangre y fuego con la dictadura cívico militar. Cuando se produce un recambio en el marco del poder interburgués con una salida pactada con el pinochetismo, con la dictadura, con las fuerzas antidemocráticas de la ultraderecha en ese tiempo, lo que se pactó fue la mantención del sistema neoliberal. Entonces, los gobiernos post dictadura lo que han venido desarrollando, en el fondo, es un modelo de continuidad de la economía que está basada en el extractivismo, en la depredación de los territorios ancestrales y mapuche. En las últimas décadas lo que observamos es la continuidad de este modelo de desarrollo, lo que ha permitido a los grupos económicos una impresionante acumulación de riqueza, de la cual hacen gala a nivel latinoamericano.

Por tanto, para nosotros no hay un momento preciso de consolidación de este modelo en nuestros territorios ancestrales. Lo que nosotros observamos es el desarrollo capitalista sin freno, y que hoy día tiene incluso una salvaguarda de parte de este gobierno que se declaró más democrático o progresista, como una suerte de alternativa, pero que ha mostrado una defensa irrestricta del modelo de desarrollo forestal. De hecho, durante el juicio en mi contra, la posición de los fiscales y querellantes, fue muy clara en la defensa del desarrollo capitalista forestal, aunque nieguen que hubo persecución política.

Usted habló en su juicio de un choque de culturas ¿cómo lo graficaría en este caso?

Porque los fiscales fueron muy claros al retratar que el modelo de desarrollo forestal era la alternativa para toda la sociedad y para el pueblo nación Mapuche. Por eso nosotros planteamos desde un inicio que este era un choque de culturas, porque lo que ellos entienden como forestación nosotros lo entendemos como deforestación y desertificación de los suelos, por lo tanto, como un atentado o una acción genocida que ataca lo fundamental del pueblo Mapuche, su esencia cultural, ideológica y espiritual.

Un pueblo relacionado con el mundo, con la naturaleza, basado en el respeto y en equilibrio con la biodiversidad, con la sustentabilidad, choca directamente con este modelo de desarrollo forestal depredador. Sobre todo, en un contexto en que está en peligro la humanidad, con el calentamiento global y la falta del recurso hídrico, del agua para los pueblos, para todos las comunidades y los colectivos.

¿Cómo describiría el proceso de persecución política al que usted ha hecho referencia?

Aquí hay un entramado que fue muy bien planificado que tiene que ver con un proceso de represión masiva, luego de represión más selectiva. Toda la policía, la fiscalía, la institucionalidad en contra de algunas expresiones del mundo Mapuche, una judicialización en específico, una condena extremadamente político-ideológica en contra del vocero histórico de la CAM, en contra mía. Y después viene todo un marco del discurso oficial que combina la posición de la ultraderecha, de la gobernanza neoliberal y del progresismo funcional al sistema.

Pero también aparecen otras las voces, distintas voces, no es menor que ahora aparezcan personajes como Fernando Pairican, Natalia Caniguan, Salvador Millaleo, y así aparecerán otros, tratando de establecer una visión de cómo resolver el conflicto mapuche. Si en estricto rigor, la causa Mapuche frente a esta realidad, a esta condición objetiva, a este modelo de desarrollo está basada en lo que nosotros sostuvimos y seguimos sosteniendo como CAM y como movimiento revolucionario Mapuche, se basa en la confrontación política, ideológica, cultural y también por la vía de la acumulación político militar mapuche.

Tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, algunos sectores han querido atribuirle a la CAM y a su condena el ataque, ¿qué puede decir ante estas imputaciones?

De hecho, no hubo ni siquiera que sacar pronunciamiento, ya que no hubo una postura clara en tratar de acusarnos. Porque es nuestro pueblo Mapuche el que tiene absolutamente claro que tipo de acciones desarrollamos. Así también lo tiene claro la clase política y la opinión pública nacional e internacional.

La CAM tiene una conducta basada en una ética de Acción Política muy consecuente en la defensa de la vida y los territorios, con justica y sustentabilidad para todos.

El movimiento Mapuche nada tiene que ver con este deleznable hecho. Como CAM, hacemos un deslinde categórico y firme frente a hechos que no contribuyen a la causa Mapuche. Al contrario, los únicos que sacan rédito de esto son las forestales y las fuerzas políticas de la ultraderecha.

La lucha mapuche es en contra del sistema capitalista y colonial, es una lucha en contra del sistema de propiedad usurpado, hoy en manos de los grupos económicos. Los mismos que se han enriquecido, han explotado y siguen depredando nuestros territorios ancestrales, siempre lo hemos dicho y lo hemos sostenido consecuentemente con nuestra práctica política. Nuestra lucha es en contra de las inversiones de todo tipo, extractivistas que arremeten contra el Itro fil mongen mapuche y pretenden perpetrar el poder de dominación en todo el Wallmapu. Y de forma irresponsable ciertas autoridades han tratado de asignar responsabilidad en este hecho al movimiento Mapuche. Así se han referido inclusive fiscales antimapuche designados por estas autoridades.

¿A qué responderían estas acusaciones?

Como parte del movimiento Mapuche en lucha podemos comprender que desde la ultraderecha se nos acuse artificiosamente, ya que ellos siempre han demostrado su odio racista y colonial en contra nuestra. Por supuesto la prensa ligada a los poderosos cubren con información sesgada y tendenciosa, queriendo con ello perjudicar y enlodar la digna lucha que han asumido las comunidades.

Por ahora podemos afirmar que este hecho brutal solo sirve a nuestros enemigos históricos y en nada contribuye al proceso de lucha territorial y político, expresado principalmente en la recuperación territorial, que choca de frente con los intereses del gran capital. Con una acción así, solo logran rédito político los sectores más recalcitrantes de la derecha económica y política, que son precisamente quienes están en los enclaves de poder de la mal llamada Araucanía.

¿Quiénes podrían estar detrás de este hecho?

En este contexto, la nueva ofensiva neofascista en contra de la causa Mapuche le puede imponer a la actual gobernanza neoliberal una agenda de seguridad que solo va a favorecer una mayor represión e injusticias. Se fortalecerá la militarización, se profundizará la criminalización, imponiendo con mayor dureza la doctrina de seguridad nacional, en donde se ha definido a los mapuche como el enemigo interno. Es cosa de observar, se mantienen en sus cargos los altos mando policiales, autoritarios, se legislan nuevas leyes a un más represivas, como la ley antitoma, la justicia militar, entre otras. Se instala a jueces y fiscales cada vez más antimapuche y vinculados a la derecha. Se le asignan prerrogativas a los tribunales para que “legitimen” procesos y condenas arbitrarias e injustas que contravienen todo debido proceso. Se legitima la persecución política.

Por todo lo anterior es que concluimos que una acción de estas características no puede ser endosada a la causa Mapuche y debe ser situada en el crimen organizado y las mafias ligadas al poder en la zona, las que nunca han sido perseguidas por la institucionalidad chilena. Inclusive, deben ser situadas en el rol que vienen cumpliendo sectores de la ultraderecha ligados a los intereses de las forestales, quienes han formado equipos paramilitares que han actuado en completa impunidad, porque los distintos gobiernos de turno, jamás los han perseguido y solo se han dedicado a mantener militarizado el Wallmapu, reprimiendo la legítima y justa causa del pueblo nación Mapuche.

Por Carolina Trejo Vidal, 6 de mayo de 2024

Lluvia e infamia sobre el Wallmapu. La condena contra Héctor Llaitul Carrillanca

Zamora — Tue, 07 May 2024 23:26:06 +0000

Lluvia e infamia sobre el Wallmapu. La condena contra Héctor Llaitul Carrillanca

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Zamora Mar, 07/05/2024 - 19:26

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Voces En Lucha

«Hoy 7 de mayo, en una breve audiencia vía zoom se dieron a conocer las penas contra el comunero mapuche. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condena al vocero de la CAM a 23 años de cárcel por la Ley de Seguridad del Estado».

Una lluvia persistente cae sobre el corazón del Wallmapu, en un día infame de abril, a las puertas del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Ondean banderas azules con una estrella blanca de ocho puntas en el centro. En mapudungun, la lengua mapuche, esa estrella simboliza el Wüṉyelfe, el Lucero del alba, ‘portador del amanecer’. Se concentran comuneros venidos de territorios mapuche en resistencia. Repiquetean los kultrún y las trutrukas, sonidos ligados a la espiritualidad y cosmovisión, y desde hace siglos, música de batalla y resistencia del mundo mapuche.

“Como comunidades que trabajamos directamente con la Coordinadora Arauco Malleco, vinimos a presenciar la condena de nuestro lamgien, condenado por todos los cargos que se le acusan. La idea que ha venido planteando la CAM por más de 25 años es la que se desarrolla en las comunidades. Bajo ningún punto de vista es delictual, como lo quiere hacer ver el Estado, nosotros somos comunidades en resistencia, comunidades que hemos vuelto a nuestros lof, a nuestros territorios, que han sido usurpados por parte de los colonos y las forestales. Hoy día, a nuestro lamgien se le condena por usurpación de tierra, nos dejan a nosotros como los usurpadores, es paradójico y vergonzoso. (…) Nuestro lamgien es un defensor de nuestra ñukemapu, las comunidades que estamos ejerciendo el control territorial somos los verdaderos defensores de nuestra ñukemapu y por lo tanto no nos vamos a retirar. Decirle a nuestros lamgien que están sufriendo largas condenas en las cárceles de Temuco y Concepción que aquí está su gente, que aquí está la gente de las comunidades acompañando en todo momento. Nosotros no bajaremos los brazos y confiamos y creemos en su digna lucha y también creemos que ellos van a ser absueltos, porque no existen pruebas que los puedan condenar”, dice con voz serena Orfelina Alcaman, vocera del lof Pidenco, bajo la lluvia y junto a pancartas guindadas a las vallas del tribunal con letras pintadas a mano que dicen: “Juicio justo y libertad al werken camche Héctor Llaitul”, “Libertad a todos los presos políticos mapuche y los weichafe de la CAM”.

Esta mañana lluviosa de un 22 de abril conocemos efectivamente la sentencia de una condena anunciada al vocero político mapuche y referente histórico de la CAM, Héctor Llaitul Carrillanca. Culpable por la Ley de Seguridad del Estado; culpable de todos los cargos: usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Tras la sentencia se anunció que el 7 de mayo se dictarían las penas. El werken mapuche se enfrentaba a la petición de la Fiscalía de 25 años de prisión. Para entender las causas de esta condena política, asomémonos a algunos de los querellantes. Por un lado, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, es decir, el gobierno de Boric, empeñado en ser recordado como uno de los presidentes más entreguistas y serviles de la historia de Chile. Quien jamás hubiera llegado a la presidencia sin la Rebelión Popular de 2019, afirma en estos días, a propósito del atentado y la muerte de tres miembros de la policía militarizada de Carabineros, que “quien ataca a Carabineros ataca a la Patria”. Cierra filas acríticamente protegiendo al cuerpo represivo causante de muertes, miles de lesionados, entre ellos niños, niñas y adolescentes, mutilados oculares, detenidos, torturados y violencia sexual contra mujeres durante las históricas protestas. Un cuerpo corrompido al servicio de los intereses de minorías dominantes, gravemente cuestionado por probados montajes como la escandalosa Operación Huracán, también contra el pueblo mapuche, y con causas abiertas como la del director general de Carabineros Ricardo Yáñez, “por lesiones graves y homicidios”, que pueden ser considerados jurídicamente delitos de lesa humanidad. ¿No hay prisión preventiva para el jefe de Carabineros? ¿No es removido del cargo tras la formalización de semejante investigación en su contra? “Todos somos necesarios”, afirma el Presidente al respecto tras la “crisis” por las muertes de los 3 policías. “No es un momento de debilitar ni mover a las figuras clave”, sentencia la ministra del Interior, quien por el contrario consideró el veredicto contra el comunero Héctor Llaitul «muy significativo y como Gobierno lo encontramos muy importante».

Los virajes de Boric desde que llegó al gobierno son dignos del mejor de los contorsionistas. Mostró sin embargo su verdadero rostro antes de arribar a La Moneda, el 15 de noviembre de 2019 con la firma del «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que contribuyó a sepultar la Rebelión Popular en las calles. No es la única lucha que pretende enterrar el actual presidente dizque progresista de Chile.

Quien en su época de diputado visitara a Presos Políticos Mapuche y hablara en sus comunidades de “territorio liberado”, o se refiriera a la CAM en estos términos: “La Coordinadora Arauco Malleco entiendo que es una organización que no reivindica atentados a personas, o sea, se enmarca dentro de un conflicto que es mucho más grande y que entiendo tiene que ver con la usurpación de tierras por parte del Estado y en particular de las forestales”, quien mandara condolencias al propio Héctor Llaitul por el supuesto asesinato de su hijo, hoy también preso: “Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. ¡No más militarización! No permitiremos impunidad”, asume ya en el gobierno el encargo del gran capital de oprimir la lucha de este pueblo, y de una de sus corrientes más revolucionaria, digna y combativa. Lo que antes era el Wallmapu, hoy en el lenguaje converso y militarizado de Boric, es “La Macrozona Sur”. Criminalización y militarización del territorio histórico mapuche mediante la extensión del estado de excepción que tanto criticó en época de Piñera, han sido las respuestas de su mal gobierno al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Si hace meses afirmaba, respecto a Llaitul, “nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, hoy saca pecho ante la condena al vocero político, y mantiene a otros 14 comuneros CAM en prisión preventiva a la espera de juicio. Quien condenara la represión y abogara por el diálogo, tras el extraño atentado contra los tres Carabineros en la “zona roja mapuche”, lidera junto a la oposición una reforma exprés de la ley antiterrorista para incrementar la escalada punitiva. Y ahora la emprende contra un símbolo de la resistencia popular, el perro bautizado popularmente como “Negro Matapacos”, imagen que dice “denigrante” y que él mismo utilizó dado que el perro acompañó las luchas donde Boric emergió a la luz pública como líder estudiantil. Paradójicamente, los dos grandes hitos de desborde popular de este siglo en Chile, 2011 y 2019, apuntalaron la carrera política del actual Presidente. Boric, para este viaje no hacían falta alforjas.

La CAM acumula una larga historia de lucha. No solo de resistencia, también de construcción de autonomía, pensamiento propio y proyecto político de raigambre mapuche. Su forma de lucha, el control territorial: sabotaje a medios de producción y materia prima de grandes latifundistas, recuperación territorial y reconstrucción del mundo mapuche. Reconstrucción de vida digna entorno a la cosmovisión y las formas de vida originarias. ¿Se puede ejercer la vida mapuche sin territorio? En sus 25 años, la CAM suma varios weichafe muertos por parte del Estado chileno. Alex Lemun, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca o Toño Marchant. Nadie puede decir el nombre de muerte alguna causada por la CAM. La concepción ética es parte de su acervo político y cultural. Su antagonista histórico no son los pequeños ni medianos campesinos, sino el Estado opresor chileno y su alianza esencial con el gran capital, que en este caso toma forma de capital forestal, que devasta la mapu, la tierra, sembrando pino y eucalipto para engordar las fauces de la gula capitalista. Acumulación por despojo.

Este breve contexto ayuda a entender el fondo de la condena política contra el vocero mapuche Héctor Llaitul. Y aquí entra en escena el rostro “encapuchado” de otro de los querellantes: la forestal Bosques Cautín S.A., propietaria de 25.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptus. Y entran en escena, ¿casualidad?, los testigos sin rostro, bajo reserva de identidad, lo que viola las garantías de un debido proceso. Durante la preparación de juicio oral fue removida la jueza de Garantía tras ordenar que se revelara la identidad de los testigos únicamente a la defensa para garantizar un juicio justo. Casi un año después, Héctor Llaitul es declarado culpable con la utilización de testigos sin rostro, hecho por el cual el Estado chileno ya fue condenado por la CIDH en 2014.

En la declaración de Héctor Llaitul antes de la condena, afirmó: “Nos obligan a existir en el antagonismo: la tierra para los poderosos o la tierra para los mapuche. Hablen sobre las pruebas de este juicio, pero no nos vengan a decir que el Estado chileno ha resuelto nuestros derechos fundamentales, cuando en su naturaleza más profunda se trata de un Estado colonialista, racista, discriminador. Y no nos vengan a decir tampoco que la industria forestal que nos tiene sin afluentes de agua, es una alternativa de desarrollo para el Pueblo Nación Mapuche. (…) Este lugar fue la zona más rica en biodiversidad del mundo. Hoy es la segunda región más desértica de Chile. El modelo de monocultivo forestal que defiende este gobierno sólo ha dejado un suelo ácido e inútil. Pero el Pueblo Nación Mapuche tiene una relación de equilibrio con la tierra y ella no se va a detener. (…) Yo estando preso, sigue existiendo el conflicto mapuche. Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche, porque es un problema objetivo”.

Este lunes amanecemos con la noticia de “Alerta Roja en la Macrozona Sur”, con un “despliegue al máximo de las fuerzas militares en el territorio», a la espera de la oficialización de la pena de Héctor Llaitul, afirman los medios hegemónicos. Alimentan así una matriz de opinión que vincula al movimiento mapuche con hechos de violencia como los acaecidos recientemente.

En una entrevista de la periodista Carolina Trejo publicada hoy, Héctor Llaitul responde sobre los asesinatos a los 3 Carabineros: «La CAM tiene una conducta basada en una ética de Acción Política muy consecuente en la defensa de la vida y los territorios, con justica y sustentabilidad para todos. El movimiento Mapuche nada tiene que ver con este deleznable hecho. Como CAM, hacemos un deslinde categórico y firme frente a hechos que no contribuyen a la causa Mapuche. Al contrario, los únicos que sacan rédito de esto son las forestales y las fuerzas políticas de la ultraderecha. La lucha mapuche es en contra del sistema capitalista y colonial, es una lucha en contra del sistema de propiedad usurpado, hoy en manos de los grupos económicos».

Hoy 7 de mayo, en una breve audiencia vía zoom se dieron a conocer las penas contra el comunero mapuche. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condena al vocero de la CAM a 23 años de cárcel por la Ley de Seguridad del Estado. Las abogadas defensoras presentaron un solicitud de recusación y el tribunal llamó a una audiencia de revisión de la prisión preventiva. Una vez más, la infamia del aparataje estatal al servicio de la desposesión capitalista, deja caer sus garras sobre el movimiento originario mapuche.

No la tienen fácil los aspirantes a sepultureros de la dignidad mapuche. La lucha de este Pueblo Nación es de raíces profundas y ancestrales. Y como afirma el werken Llaitul, cuando una causa está enraizada en la razón de ser de un pueblo, no basta con encarcelar ni asesinar a su gente, la gente de la tierra. Lo vemos con el genocidio contra el pueblo palestino. Y lo expresó aquel día infame de abril, a las puertas del Tribunal Oral de Temuco, bajo la lluvia, Orfelina Alcaman, vocera del lof Pidenco, una de tantas comunidades en resistencia recuperadas frente al capital forestal: “Creemos que esta es una persecución política hacia nuestro pueblo por osar levantar rebeldía en contra de este Estado opresor. Hacer un llamado a las comunidades, que sigan sosteniendo esta lucha, que sigan permaneciendo firmes, que con la condena de nuestro lamgien no está todo dicho, nosotros tenemos derecho propio a ejercer control territorial para poder desarrollar autonomía en nuestros territorios, fenten newen kompuche, ¡Marrichiweu!”.

Por Vocesenlucha | 7 de mayo de 2024

Nación Mapuche. Héctor Llaitul, de la CAM y otrxs referentes convocan a movilizarse en todo el territorio por el comunero asesinado

Zamora — Fri, 05 Nov 2021 17:56:19 +0000

Nación Mapuche. Héctor Llaitul, de la CAM y otrxs referentes convocan a movilizarse en todo el territorio por el comunero asesinado

Zamora Vie, 05/11/2021 - 13:56

Resumen Latinoamericano

Nación Mapuche. Héctor Llaitul, de la CAM y otrxs referentes convocan a movilizarse en todo el territorio por el comunero asesinado

Habla Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, frente al último ataque sufrido en el Wallmapu por parte de Infantes de Marina, en el marco del escalamiento de la guerra del estado chileno contra el pueblo-nación mapuche, en el que resultaron muertos dos comuneros.

El vocero político de la #CAM #HéctorLlaitul hace un llamado a Organizar la resistencia y la Autodefensa #Mapuche … «A la Tralkas ka kvtral .. arderá lo que debe arder», sabotaje al capital y reforzar el control del Territorio, fue lo que público en su red social de WhatsApp.

VIDEO: Referenta Mapuche en la Capital chilena convocan a movilizarse en todo el territorio para repudiar los asesinatois de dos comuneros

DESMILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU AHORA!
Desde la Corte de Apelaciones en Santiago Centro, Mewlen Huencho y Manuel Vergara llegan exigir al Estado chileno la desmilitarización del Wallmapu, mediante un recurso de protección contra el estado de sitio declarado por le dictadura de Piñera y avalada por el congreso. Paralelamente, en Concepción y Temuco se realiza esta misma acción.

FIN AL GENOCIDIO. ¡WALLMAPU LIBRE!

Declaración pública del Referente Político Social, RPS.

La guerra declarada por el Estado chileno, racista y colonial, suma nuevas víctimas: asesinados y heridxs, incluidos menores de edad. Esta arremetida no es más que la continuidad del actuar criminal de los Estados chileno y argentino aplicada durante el siglo XIX con la llamada “Pacificación de la Araucanía” y la “Conquista del Desierto”, política genocida que han mantenido bajo diferentes formas e intensidades hasta nuestros días.

El gobierno de Sebastián Piñera no ha dudado en mantener y acentuar esta guerra permanente e histórica contra el pueblo mapuche declarando el Estado de Emergencia en el territorio mapuche, permitiendo con ello el despliegue de todo el aparato armado que posee el Estado. Las comunidades en este instante están siendo atacadas y amenazadas por tierra, mar y aire por parte del conjunto de las FF.AA., además de las fuerzas policiales que operan al servicio de los intereses del gran capital chileno y transnacional ligado a las forestales, a la gran propiedad rentista de la tierra y a la elite usurpadora de las tierras ancestrales.

Frente a este tipo de ataque todo pueblo tiene el legítimo derecho a la autodefensa y la rebelión pues se trata de defender la vida y el territorio apropiado y arrasado por fuerzas sicarias del capital y las fuerzas terroristas del Estado. La autodefensa y la rebelión han sido los recursos necesarios a los que una franja importante del pueblo mapuche, en permanente resistencia y confrontación directa con los usurpadores y genocidas, ha recurrido y con ello, han avanzado en la recuperación de tierras, en forzar la expulsión de las forestales, reforzando su proyecto político de control territorial y autonomía.

Ante esta lucha y los violentos sucesos de este miércoles 3 de noviembre, el pueblo chileno, el pueblo mestizo y todos los pueblos que han sufrido el yugo de la opresión capitalista y neocolonial, no pueden quedar impávidos, indiferentes, en silencio. Hay que levantar la voz, poner los cuerpos y actuar. Por ello llamamos:

A movilizarnos exigiendo la renuncia inmediata y juzgamiento de los responsables políticos y militares directos partiendo por Piñera y los altos mandos de la Armada y el Ejército, contraalmirante Jorge Parga y el general de brigada Lionel Curti, a cargo del control zonal en las regiones del Biobío y La Araucanía. Así también de los ejecutores materiales de los asesinatos.

A manifestarnos con nuestras organizaciones sociales y populares en todos lugares del país y con todas las formas posibles de protesta popular, exigiendo el fin de la política guerrerista y genocida contra el Pueblo Mapuche.

Así también, llamamos a organizaciones indígenas y populares de América Latina, Europa y el mundo a manifestarse fuera de las embajadas, consulados y/o sedes de empresas chilenas y transnacionales con inversiones en Chile, exigiendo el fin al genocidio y el juzgamiento Piñera por este nuevo actuar criminal.

POR TODXS LXS PEÑI Y LAMNGEN ASESINADXS DE AYER Y HOY

FIN AL GENOCIDIO

!WALLMAPU LIBRE!

Cortes de rutas

Mari mari kom puche, kom ñom mapu mulelu

Comunicamos a nuestro pueblo nación mapuche y a todos los simpatizantes de la lucha de nuestro pueblo, que hoy miércoles 03 de noviembre del año 2021, interrumpimos el tránsito en la calle avenida las encinas con uruguay, por que repudiamos la militarización una vez más en nuestro territorio, en donde el estado chileno busca continuar reprimiendo y amedrentando a nuestra gente en donde el día de hoy termino con el asesinato de un weichafe, además de heridos por culpa de la militarización que el estado chileno a mandado para devastar nuestro territorio y someter su control a través de las armas.

TXIPATUPE WIGKAKE ANÜMKA TAIÑ MAPU MU, TXIPATUPE PUKE KARÜKECHE TAIÑ MAPU MU, ZOY NEWENTU WEICHATULEAIÑ TAIÑ INGKANIEPEAFIEL IÑ ITXOFILLMOGEN, WEWAIÑ, AMULEPE TAIÑ WEICHAN KOM WALLMAPU MU!!

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https://www.resumenlatinoamericano.org

Prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre se encuentran al borde de la muerte

Zamora — Mon, 31 Aug 2020 15:29:45 +0000

Prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre se encuentran al borde de la muerte

Zamora Lun, 31/08/2020 - 11:29

Tanya H. Medina

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

La policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Fuente

https://www.elsaltodiario.com