Este jueves se pudo conocer que el Gobierno de Joseph Biden, presidente de EEUU, anunció que desde el pasado 6 de febrero controla las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington y Nueva York, así como de otras propiedades del Gobierno nacional, esto tras desconocer el pretendido interinato del exdiputado Juan Guaidó en diciembre pasado.
Fernando Blasi, enviado a EEUU por exdiputados, cuyos mandatos terminaron en 2019, a quienes Biden dice reconocer como poder en Venezuela, se enteró el miércoles, junto a una docena de personas, de la decisión de la Casa Blanca cuando se les impidió el acceso a los inmuebles, según señala Bloomberg.
El medio estadounidense, citando «personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es sensible», señala que «la misión (edificio de la embajada de Venezuela que pertenece al Estado venezolano) cerró porque la oposición se quedó sin un poder ejecutivo tras el final del gobierno interino de Guaidó en diciembre».
Destaca la nota cómo el «grupo de al menos una docena de personas seguía trabajando fuera de la embajada y las residencias diplomáticas esta semana» y cómo «el miércoles se les negó la entrada a los edificios».
Reseña Bloomberg, citando las fuentes anónimas del Departamento de Estado de EEUU, que en enero, tras el desconocimiento de Guaidó, esas personas a quienes les negaron la entrada a la embajada en Washington, al consulado en Nueva York y a las residencias «se les concedió un plazo de 30 días para resolver su situación migratoria».
La nota destaca también cómo desde hace cuatro años, durante la presidencia de en EEUU de Donald Trump, la Casa Blanca le entregó al pretendido interinato el control, no sólo de los inmuebles sino «de activos extranjeros, incluida la gestión de la empresa matriz de la refinadora de petróleo estadounidense Citgo Petroleum Corp».
Luego asegura que al retirarle a la oposición más radical contra el Gobierno de Maduro el control sobre las sedes y residencias diplomáticas aumenta «la confusión» respecto a la administración de los activos venezolanos en ese país.
Ahora Biden controla en solitario activos venezolanos
Vale acotar que Blasi, quien fue agregado comercial de la presunta misión de la que Vecchio era jefe, fue enviado en sustitución de Carlos Vecchio; enviado del pretendido interinato de Guaidó, pero para hacer aún más confuso el entramado emprendido por EEUU contra Venezuela, la Casa Blanca no lo reconoce porque no fue designado por un Ejecutivo, sino por un Legislativo, aunque ese presunto Parlamento no tiene legitimidad alguna al haber finalizado el período para el que fue electo.
Este panorama es el resultado de la estrategia golpista de Trump a través de Guaidó para hacerse de los bienes venezolanos en el extranjero sobre los que ahora no tiene control ni siquiera el pretendido parlamento autoproclamado en funciones al que el 3 de enero, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, dijo que reconocían en lugar de Guaidó.
Es importante recordar también que el pasado 6 de enero, Vecchio anunció que salía de la embajada venezolana en Washington tras finalizar el respaldo del Gobierno de EEUU al pretendido interinato, esto a través de un texto en el que arremetió contra sus antiguos cómplices en el interinato, quienes votaron para retirar el apoyo a Guaidó y por añadidura a él.
Tres días antes de la despedida de Vecchio, Pricedijo a la prensa tras desconocer a Guaidó, desde el Gobierno de Biden «respetan» las decisiones de los exdiputados electos en 2015, pero al no reconocer a Fernando Blasi como enviado, parece coherente asumir que no ueda ningún intermediario venezolano en el control de Biden sobre activos venezolanos en EEUU.
La embajada ya había sido violentada
Otro dato importante es cómo Vecchio ocupó la embajada venezolana en Washington tras un violento asalto realizado en mayo de 2019 por radicales ultraderechistas quienes, con apoyo de la policía estadounidense, irrumpieron ilegalmente en el recinto diplomático y arrestaron al grupo de ciudadanos estadounidenses que resguardaban las instalaciones.
La ocupación ilegal, a la que puso fin Vecchio el 6 de enero, pero se reeditó este 6 de febrero con la toma por parte de las autoridades estadounidenses, inició en mayo de 2019 tras el brutal asalto; violatorio de los tratados internacionales que se respetan incluso entre naciones en guerra, por parte de extremistas de derecha en la capital estadounidense.
Es importante también recordar que luego del asalto terminó en prisión parte del grupo de activistas que intentaba resguardar las instalación venezolana ubicada en el 1099 de Georgetown, entre las calles 30 y Northwest, en la capital estadounidense, Washington DC.
Los activistas estadounidenses fueron asediados y algunos de ellos arrestados y acusados penalmente por mostrar su apoyo a la legitimidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, los cargos luego fueron retirados por no tener sustentación legal.
Los activistas defendieron durante 36 días el edificio de la Embajada de Venezuela en Washington y ocupaban el edificio con expresa autorización de la Cancillería venezolana en nombre del Gobierno de Maduro desde el anuncio, por parte de ambos Gobiernos, de la ruptura de relaciones diplomáticas.
Estos activistas vivieron, en plena capital del país que se erige como paladín de los derechos humanos, un brutal asedio cuando las autoridades estadounidenses y los radicales opositores venezolanos cortaron los servicios de electricidad y agua para obligarlos a salir impidieron que ingresaran alimentos.
Grupos antiguerra asediados por radicales de la derecha venezolana protegían la embajada hasta que fuero asaltados por la Policía en 2019
Se trató de unos unos 50 activistas de grupos liberales antiguerra que prometían proteger el edificio lo que calificaban como “una toma hostil”, mientras el Departamento de Estado de EEUU los califica de “intrusos” y permitía que se violentaran derechos fundamentales con el corte de servicios vitales.
Vale recordar que a mediados de mayo, agentes policiales colocaron un “aviso de desalojo” en las puertas de la embajada de Venezuela en Washington.
La acción fue denunciada en Twitter por la organización Code Pink uno de los grupos de voluntarios estadounidenses que impedían la irrupción en la sede venezolana quienes arrogaban la representación diplomática de Venezuela en Estados Unidos.
El aviso ordenaba a quienes defendían el recinto “que se vayan inmediatamente” y amenazaba con arrestar a quienes se negaran a cumplir tales órdenes.
Code Pink, denunciaba además, que el documento no llevaba membrete ni firma de ninguna autoridad. No obstante en nombre de las autoridades, exigía el desalojo del edificio.
La periodista Abby Martin, que hacía seguimiento al caso, dijo que esta acción enviaba un mensaje a todas las embajadas en Estados Unidos de que ya no estarán protegidas por las leyes internacionales.
Posteriormente ocurrió que desconocidos llegaron hasta la embajada y rompieron los candados de las puertas que dan acceso al edificio.