Pasqualina Curcio

4F: estocada mortal al neoliberalismo

Zamora — Tue, 01 Feb 2022 14:51:31 +0000

4F: estocada mortal al neoliberalismo

Imagen

Zamora Mar, 01/02/2022 - 10:51

Autor

Pasqualina Curcio

“El cuatro de febrero no solo fue la estocada mortal al puntofijismo, el cuatro de febrero le dimos también la estocada mortal al neoliberalismo salvaje que casi acaba con los pueblos de este continente (…) El cuatro de febrero detuvo en seco el plan neoliberal de entregar a Venezuela al gran capital transnacional, esa es una de las glorias de aquel día memorable, cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos.” (Hugo Chávez, 4 de febrero de 2002).

El neoliberalismo se remonta a la década de los 70 cuando los Chicago Boys junto con Milton Friedman lo ensayaron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, y es que solo bajo un régimen represor que haga contrapeso al pueblo y a académicos era posible desarrollar, al pie de la letra, un sistema económico tan salvaje. El sustento teórico del neoliberalismo es el monetarismo. Se basa en la premisa/excusa de que el libre mercado, por sí solo, es el que garantiza la eficiencia económica, por lo tanto, el Estado no debe intervenir en la economía, debe limitarse a lo mínimo.

Definido como lo más salvaje del capitalismo, el neoliberalismo privilegia a la burguesía, a los dueños del capital, sobre todo a los grandes, al transnacional. Lo hace a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora que es la mayoría. Por lo tanto, aumentar la ganancia es el gran objetivo, lo que necesariamente implica, por la propia naturaleza y dinámica del capitalismo, que los salarios sean relativamente más bajos. Recordemos que en el sistema capitalista la ganancia es mayor cuando los salarios son menores. No por casualidad entre las principales medidas neoliberales se encuentra liberar los precios de todos los bienes, y para que ese incremento de los precios pueda ser embolsillado por la burguesía, los salarios deben permanecer congelados.

Una vez que los dueños del capital obtienen su ganancia, ¿qué hace el neoliberalismo? Los protege garantizándoles que dichas ganancias no vayan a parar al Estado, por lo que la exoneración de impuestos sobre la renta/ganancia y de los aranceles es otra de las medidas de la receta neoliberal. Como el Estado, aunque es mínimo en este “modelo”, debe tener algún ingreso, el neoliberalismo se ingenió el impuesto sobre el valor agregado que lo pagamos todos, sobre todo los asalariados, cada vez que compramos un bien, independientemente de nuestro ingreso.

Dado que se trata de privilegiar a los capitales transnacionales, incluidos los financieros y aseguradores, se les reserva y se les otorga la exclusividad de los grandes negocios, los mejores, los más rentables y de paso estratégicos, y si por casualidad estos los tiene el Estado, pues hay que privatizarlos, claro que lo hacen con eufemismos como la sinceración de activos del Estado, alianzas estratégicas mixtas, siempre con el argumento de que el Estado es ineficiente. Nos referimos a los servicios básicos: electricidad, telecomunicaciones, agua, salud incluido el aseguramiento, fondos de pensiones, la banca, petróleo, gas, minerales, etc.

El neoliberalismo no inició con el Consenso de Washington suscrito en 1989, desde hacía rato había permeado en los países de Nuestra América, incluso había llegado a Europa en 1980 de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan para el desmontaje del Estado de Bienestar. Venezuela no fue la excepción, el VIII Plan de la Nación aprobado por Carlos Andrés Pérez en 1989, conocido como el “Gran Viraje”, desencadenante del Caracazo y del 4F, fue la formalización de políticas neoliberales que se implementaban en Venezuela desde hacía años. Según datos del BCV, aunque la economía creció 25% entre 1976 y 1989, el salario real cayó 20% y la pobreza aumentó 153% mientras se le entregaba a la burguesía 149.721 millones de dólares equivalentes al 103% de los ingresos por exportación petrolera, o sea más de lo que ingresaba.

Todo se desarrolló bajo la justificación política del Pacto de Puntofijo, el cual fue suscrito por las élites de Acción Democrática y Copei en octubre de 1958 como un mecanismo para la “estabilidad democrática”, pero que, sin embargo, excluyó la participación del Partido Comunista de Venezuela y se convirtió en una traición al espíritu del 23 de enero y al pueblo que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez. Pacto, además, previamente promovido en 1957 en Nueva York por Nelson Rockefeller, Richard Nixon, John Foster Dulles, Rómulo Betancourt, Rafel Caldera, Jóvito Villalba y el empresario Eugenio Mendoza.

El paquetazo neoliberal de 1989, luego continuado “disimuladamente” por Rafael Caldera, consistió en: congelación de los salarios; liberación de los precios; unificación del tipo de cambio y liberación del mercado cambiario; privatización de las empresas de servicio eléctrico, telecomunicaciones; aumento de las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua, teléfono, gas); aumento del precio del transporte público; aumento del precio de la gasolina; exoneración de impuestos y aranceles; implementación del impuesto al valor agregado; privatización/apertura de las empresas del Estado incluyendo PDVSA; privatización de los servicios de salud y de la seguridad social en general.

Estos paquetes siempre están acompañados de un combo de políticas sociales compensatorias y asistencialistas debido a que, conscientes de los efectos inhumanos de la receta neoliberal, incluyen acciones focalizadas a las personas y hogares más afectados, los de pobreza extrema, los que llaman más vulnerables. Se trata de subsidios directos, lo mínimo básico imprescindible para que sobrevivan y medio puedan trabajar, aunque en el discurso lo muestran como un gran esfuerzo siempre “preocupados” por el bienestar del pueblo.

Entre los efectos de estas políticas podemos mencionar las grandes desigualdades que se manifestaron en indigencia, niños en las calles, pobreza (61,37% de los hogares en 1996), miseria (35,39% de los hogares en 1996), consumo de alimentos por debajo de 2.100 kilocalorías/persona/por día, y muertes por desnutrición (4 personas morían diariamente de hambre).

En lo político, las consecuencias del capitalismo salvaje se vieron reflejadas no solo en el Caracazo el 27 de febrero de 1989 y la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, sino la cada vez menor credibilidad en las instituciones del Estado, incluyendo el voto. Si bien desde 1958 la abstención a las elecciones presidenciales era tan solo de un dígito, en 1958 (6,6%) y en 1968 (3,3%), a partir de 1978 comenzó a aumentar a 12,5%, en 1983 fue 12,2%, 1988 (18,1%) y en 1993 (39,8%). Sin dejar de mencionar que las políticas neoliberales, entre otras, cavaron la tumba del partido Acción Democrática, históricamente el más grande de esa época.

“El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión, el 4 de febrero no ha terminado, su espíritu insumiso debe acompañarnos cada día, porque los poderes que enfrentamos desde hace más de dos décadas persisten aún en su intento de detener el curso de la historia en Venezuela, en Nuestra América y en el mundo, son los poderes que amenazan con destruir a la humanidad y el planeta. El por ahora de hace 21 años es hoy un para siempre del pueblo bolivariano”. Con estas palabras se despidió el comandante Chávez mediante una carta que envió desde La Habana el 4 de febrero de 2013, un mes antes de su partida física.

“Trampa electoral en Venezuela”

Zamora — Wed, 03 Nov 2021 14:03:41 +0000

“Trampa electoral en Venezuela”

Imagen

Zamora Mié, 03/11/2021 - 10:03

Autor

Pasqualina Curcio

No se han terminado de anunciar los resultados electorales cuando ya algunos factores políticos de la oposición venezolana se adelantan y cantan ¡fraude! Es a lo que nos tienen acostumbrados desde hace varios años. A veces, e incluso participando en la contienda y en plena campaña, comienzan a posicionar dicho discurso que busca deslegitimar, sin prueba alguna, la institución electoral. Ni hablar de lo que dicen durante la jornada de votación, sobre todo cuando se acerca la rueda de prensa por parte de las autoridades del ente comicial para anunciar los resultados. Al día siguiente desbordan los medios de comunicación nacionales e internacionales con los titulares ¡Trampa electoral en Venezuela!

A los hechos nos remitimos, por ejemplo, en el marco de las elecciones regionales y municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este próximo 21 de noviembre, el partido político de oposición MUD emitió el 31 de agosto un comunicado en el cual anunció su participación en los referidos comicios pero, en el mismo documento se lee: “Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales”.

En este escenario, consideramos importante resaltar tres aspectos, entre muchos otros, que caracterizan el modelo electoral venezolano y que no necesariamente son conocidos por el pueblo elector. Aspectos que garantizan la confiabilidad, seguridad y transparencia de los procesos electorales y por lo tanto el cumplimiento de dos de los principios fundamentales del derecho civil a votar consagrado en nuestra Constitución, a saber, el secreto del voto y cada votante un voto.

1) Las Actas de las auditorías. Es por todos sabido que desde el 2004 nuestro sistema electoral es automatizado y sometido a diversas auditorías antes, durante y después del proceso electoral. Se auditan desde los movimientos y actualizaciones del Registro Electoral, es decir, los electores que podrán ejercer su derecho al voto, hasta el software de totalización de los resultados pasando por los cuadernos de votación, las propias máquinas de votación, el software para la selección aleatoria de los miembros de mesa, el sistema biométrico mediante el cual se corrobora que no existe relación ni se genera un orden entre la captura de la huella dactilar y la secuencia de los votos, garantizando el mandato constitucional del secreto al sufragio y el principio de un voto por elector. También es auditada la red de transmisión de datos.

Lo relevante en este asunto de las auditorías no es solo el aspecto técnico que garantiza la seguridad y confiabilidad del sistema desde el punto de vista tecnológico, sino el aspecto político, nos referimos específicamente a quiénes realizan las auditorías y cómo lo hacen. Es el caso, que cada auditoría cuenta con la participación de un representante de cada uno de los partidos políticos que forman parte de la contienda electoral además de los representantes del CNE. Adicionalmente, luego de realizarse la auditoría se deja constancia expresa y escrita de la conformidad con el funcionamiento del sistema, acta que firman todos los partidos y el CNE. En caso de que hubiese alguna observación también queda recogida en el acta.

Resulta y acontece que entre los años 2004 y 2020 se han realizado 373 auditorías y 25 procesos electorales, es decir, en promedio cada proceso se ha auditado 15 veces sin que se hayan registrado objeciones por parte de los partidos políticos según consta en todas las actas que, de paso, son publicadas en el portal web del CNE (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/documentos_por_evento.php). La pregunta que surge entonces es, si todos estuvieron conformes con el sistema electoral, lo cual constó en las actas ¿cómo es que, después de anunciados los resultados y en los casos en los que pierden, dicen que el sistema no es seguro y transparente?

Para los comicios del próximo 21 de noviembre se han realizado, hasta la fecha, 26 auditorías, las actas están publicadas en la página web del CNE, en ninguna hay observaciones por parte de los partidos políticos participantes.

2) La llave de acceso al sistema automatizado. Hay otro aspecto de suma importancia relacionado con las auditorías y es el hecho de que, una vez que se realiza la auditoría se genera una especie de llave o clave alfanumérica cifrada a través de un hash o firma electrónica, la cual es compartida entre el CNE y los partidos políticos de todas las tendencias que participan en la contienda electoral y que, por lo tanto, estuvieron presente en cada auditoría. El hecho de que esta clave sea compartida significa que, a cada organización política le corresponde una parte de la clave, lo que hace imposible acceder nuevamente al componente ya auditado del sistema automatizado (si es que alguien tuviese las intenciones de alterarlo luego de la auditoría). La única manera de ingresar nuevamente al sistema previamente auditado es que todos los partidos políticos y el CNE suministren simultáneamente su parte de la clave.

3) La selección de los miembros de mesa. Durante la jornada de votación, los protagonistas somos los electores, pero los principales garantes de que el proceso se realice de manera exitosa y transparente, además de los trabajadores del CNE, son los miembros de las mesas electorales. En este aspecto es importante resaltar que, a diferencia de los procesos electorales que se realizaban antes de 2004, en los cuales dichos miembros eran seleccionados a dedo por los partidos políticos y el CNE, desde la automatización del voto, la selección se realiza de manera aleatoria a través de un sistema computarizado, de paso también auditado.

La selección aleatoria implica que la probabilidad de parcialidad del proceso durante la votación tiende a cero, pero eso no es lo más importante, sino que estos miembros tienen, entre sus tareas, una fundamental para garantizar la confiabilidad en el modelo electoral y es que deben contrastar los resultados que constan en el acta que emite al final la máquina de votación de cada mesa con los comprobantes de voto contenido en las cajas, resultados que incluye el número de votantes y los votos que obtuvo cada candidato. Esta información, posteriormente es transmitida al centro de totalización, proceso que también fue previamente auditado, y dicha acta, a su vez, debe necesariamente coincidir con los resultados publicados por el CNE en su portal web los cuales se muestran desagregados por centro electoral y por mesa de votación.

Este aspecto es de suma importancia porque es la garantía de que lo que está en la caja coincida con el acta de la mesa electoral, con los votos que viajaron por la red de transmisión de datos, posteriormente totalizados y publicados por el CNE en su portal, de manera desagregada, por mesa y centro de votación.

En este proceso de contrastación entre el acta que se emite en la mesa de votación y los comprobantes de las cajas pueden y deben participar los testigos de los partidos políticos que fueron asignados a cada mesa electoral y nosotros los electores.

Muchos otros aspectos garantizan la seguridad y transparencia del modelo electoral venezolano, Así que, el llamado es a confiar en nuestra institución electoral y a acudir el 21 de noviembre venidero a ejercer nuestro derecho constitucional al voto para dirimir nuestras diferencias de manera democrática, pacífica y soberana.

La doble moral de Estados Unidos

Zamora — Tue, 06 Apr 2021 16:07:02 +0000

La doble moral de Estados Unidos

Imagen

Zamora Mar, 06/04/2021 - 12:07

Autor

Pasqualina Curcio

Más de 41.500 personas murieron el año 2020 en Estados Unidos, no precisamente por causa del covid-19, fallecieron víctimas de disparos. En plena pandemia, se registraron 592 tiroteos masivos en el mencionado país del norte, algo así como 1,6 enfrentamientos armados cada día. En 2019 fueron 415.

Las ventas de armas de fuego batieron récord en 2020, 23 millones en menos de un año, 64% más que las ventas registradas en 2019 cuando se registraban más armas en manos de civiles estadounidenses que habitantes: la relación era 120,5 armas por cada 100 habitantes. Más de 8 millones que compraron armas en 2020 lo hicieron por primera vez (Fundación Nacional de Deportes de Tiro).

Para vergüenza de la humanidad, no fue solo George Floyd quien murió asfixiado mientras un policía presionaba, con la rodilla, su cuello. Según datos de Mapping Police Violence, 316 afrodescendientes murieron a tiros por la policía de Estados Unidos, lo que representa el 28% de las 1.127 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad con armas de fuego en 2020.

A raíz de tal atrocidad, cientos de protestas contra el racismo se dieron en el país norteamericano dejando un saldo de más de 10.000 manifestantes arrestados, entre ellos 117 periodistas. De acuerdo con The Guardian, los policías golpearon y rociaron con gas pimienta a los reporteros. En cambio, solo el 2% de los policías involucrados en tiroteos fueron acusados de delito.
Esta flagrante violación de los derechos humanos a la vida, a la libertad de manifestar y de expresión, al debido proceso y a la no discriminación por raza o etnia fue invisibilizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero además ocurrió en medio de una de las peores pandemias que aflige a la humanidad.
Mientras cada hora morían cinco estadounidenses víctimas de armas de fuego, 64 fallecían de covid-19 por la incompetencia de un gobierno que, a pesar de hacerse llamar potencia mundial, de disponer de cuantiosos recursos y sin estar bloqueado financieramente ignoró desde sus inicios los riesgos del virus otorgando prioridad a la actividad económica por encima de la vida de la población. Estados Unidos encabeza la lista mundial de contagios y muertes a causa del coronavirus, por lo que los derechos a la salud y a la vida están seriamente vulnerados en el país del norte.

William Foege, el ex director del Centro de Enfermedades Contagiosas de ese país calificó de masacre lo que el gobierno de EEUU ha desencadenado por su incompetencia para contener el virus. Por su parte, The Washington Post calificó las acciones del gobierno con respecto a la pandemia como “asesinatos autorizados por el Estado” donde “los ancianos, los trabajadores de las fábricas y los afroamericanos e hispanoamericanos” son deliberadamente sacrificados.

Ni siquiera el derecho a la educación ha sido garantizado. El acceso a internet es fundamental para la prosecución educativa en pandemia. No obstante, en el país con el supuesto mayor avance tecnológico del mundo (después de China) 17 millones de niños viven en hogares sin conexión a internet y más de 7 millones no tienen computadora (según el censo de 2018).

La desigualdad y por lo tanto la pobreza y el hambre en Estados Unidos aumentaron en 2020. Más de 50 millones de personas, es decir, el 17% de la población sufrió de inseguridad alimentaria en 2020, es decir, no tenía qué comer, de ellos 1 de cada 4 niños (Feeding América). Recordemos que, en 2019, según la Oficina de Censos, 40 millones de estadounidenses vivían en condición de pobreza y más de medio millón carecía de refugio permanente, cifras que aumentaron en pandemia (Informes sobre la violación de derechos humanos en Estados Unidos elaborados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China).

Alrededor de 20,5 millones de estadounidenses perdieron sus empleos durante la pandemia y la tasa de desocupación llegó a 21,2%. Paradójicamente, en menos de 12 meses, los 614 multimillonarios de ese país aumentaron su riqueza en US$ 931.000 millones (Forbes) gracias a las políticas del gobierno que estuvieron orientadas a la protección del mercado bursátil. Los 50 estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país (Bloomberg).

Ni hablar de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de EEUU a la población migrante. En 2020 murieron 21 personas bajo custodia de inmigración. De los 266.000 niños migrantes detenidos y separados de sus padres o familiares, más de 25.000 han sido detenidos durante más de 100 días, 1.000 por más de 1 año y algunos han pasado más de cinco años bajo custodia. Varios solicitantes de asilo fueron amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación, aquellos que se negaron fueron ahogados, golpeados, rociados con gas pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares (Oficina de Información del Consejo de Estado de China).

No conformes con violar los derechos humanos de su propia población, los gobiernos de Estados Unidos, mediante medidas coercitivas, pero también con otras acciones económicas, psicológicas y políticas enmarcadas en las guerras no convencionales, también vulneran los de todos aquellos pueblos que no se alinean a sus intereses al punto de incurrir en crímenes de lesa humanidad. Tratan de justificar sus acciones con la supuesta violación de derechos humanos en nuestros países, además del discurso del Estado fallido, de la presencia de supuestos regímenes dictatoriales, y más recientemente con la narrativa de terrorismo y narcotráfico. Discurso que, por supuesto, difunden sin la más mínima prueba.

A pesar de los múltiples llamados hechos por Naciones Unidas solicitando el levantamiento de las denominadas “sanciones” durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos intensificó el bloqueo financiero y económico contra Cuba, Irán, Venezuela, por mencionar algunos países.
No sabemos qué nos sorprende más, si la vergonzosa, pública y notoria doble moral de los gobiernos de EEUU en materia de derechos humanos o la desfachatez al no acatar las decisiones que democráticamente se han tomado en el seno de la ONU contra las medidas coercitivas. ¿Cuántos años llevamos votando contra el bloqueo genocida al pueblo cubano? Por lo menos desde 1992. ¿Nos hemos preguntado por qué EEUU no obedece las decisiones tomadas por la evidente y abrumadora mayoría de los países miembros de la ONU?

Esas votaciones, aunque muy importantes en la medida en que muestran la voluntad de la mayoría de los países que apuestan por la justicia, la paz y la autodeterminación de los pueblos, se han convertido en una especie de juicio moral que, por lo visto tiene sin cuidado al país del norte.

Algo no estamos haciendo bien, es necesario revisar la estrategia que los países han adelantado contra las medidas coercitivas unilaterales. Estas votaciones no han sido suficiente. A nuestro modo de ver lo que los países deben debatir y votar en la Asamblea de la ONU es, no solo manifestar si están a favor o en contra de las medidas coercitivas unilaterales, sino avanzar en la creación de una nueva arquitectura económica y política mundial para impedir que EEUU “sancione”, amenace, bloquee y someta a pueblos enteros para imponer sus normas, su sistema económico y apoderarse de sus riquezas. Al respecto, haremos propuestas en la próxima entrega.

El fin del imperio estadounidense

Zamora — Mon, 13 Apr 2020 23:29:28 +0000

El fin del imperio estadounidense

Imagen

Zamora Lun, 13/04/2020 - 19:29

Autor

Pasqualina Curcio

No es solo una grave crisis económica lo que en estos momentos y desde hace años atraviesa EEUU, es además una profunda crisis humanitaria la que su pueblo padece desde hace décadas.

Hay que mirar en perspectiva las recientes declaraciones de Donald Trump acerca de la propagación del coronavirus en EEUU en las que afirmó que, en el mejor de los casos, para finales de abril, estarían contando entre 200 y 300 mil vidas menos, dijo además que eso representaría un gran logro para EEUU (como si una sola vida no fuese motivo de dolor).

El que mueran 200.000 personas en EEUU a causa del Covid-19 representaría una tasa de mortalidad por coronavirus 256 veces mayor que la registrada por China y, de mantenerse la tasa de letalidad actual (2,48%) implicaría alrededor de 8 millones de personas contagiadas en EEUU (en caso de que la letalidad aumente a, por ejemplo 10%, el número de contagiados, de haber 200.000 fallecidos, sería 2 millones de estadounidenses). Es probable que dicha tasa de letalidad incremente por las características del sistema de salud en EEUU, que siendo privado limita el acceso a la atención que requieran las personas contagiadas de coronavirus.

Ya hoy se registran 245.442 personas con Covid-19 y 6.098 fallecidos en el país occidental lo que equivale a una tasa de mortalidad y una tasa de prevalencia (número de casos entre el total de la población) 8 y 13 veces mayor que la de China respectivamente a pesar de que, a diferencia del país asiático, el Covid-19 no le agarró por sorpresa a Trump.

En default

Aunque las calificadoras de riesgo no lo digan EEUU se encuentra en una crítica condición de default debido a una deuda externa impagable que supera los 21 billones de dólares. Ni todo el oro del mundo sería suficiente para saldarla, adicionalmente con las reservas que posee solo cubre el 2% de dicha deuda. Son tan bajas sus reservas internacionales que, según el Banco Mundial, apenas le cubren 1,4 meses de importaciones, situación que hace a ese país muy vulnerable en el marco de la recesión que está ocasionando la cuarentena social.

La solución clásica de encender la maquinita que fabrica dólares y pagar la deuda ya no es buena idea porque el sistema financiero mundial se está deshaciendo del petro-dólar-papelillo, lo que explica el desplome de su valor, y más bien está buscando comprar oro que, al parecer, es más seguro.

Debemos añadir el hecho de la gran dependencia de EEUU a las importaciones que provienen de China y un agotamiento preocupante de sus reservas de hidrocarburos al punto que, siendo el mayor consumidor de petróleo a nivel mundial, incluso más que China aunque su población sea 4 veces menor, debió optar por la costosa y contaminante tecnología del fracking. En términos coloquiales, EEUU no está en su mejor momento económico, se encuentra en desventaja con China, así que el desespero por conseguir petróleo y oro es cada vez mayor.

La crisis humanitaria

La tensa calma en la que diariamente vive el pueblo estadounidense aterrorizado por las políticas represivas de los gobiernos de turno de la Casa Blanca luce cada vez menos calmada por la manifestación evidente de la crisis humanitaria interna.

La pérdida del control sobre la pandemia del covid-19 es una muestra más, aunque ahora amplificada dado el carácter exponencial del coronavirus, del fracaso del sistema de salud y de la grave crisis la cual, a su vez, es consecuencia de la instauración de un sistema económico, social y político explotador y criminal que siempre coloca al capital y a sus dueños por encima de la vida y del ser humano. Un sistema que además privilegia y orienta sus recursos a la guerra en lugar de destinarlos a la vida y la paz.

Las cifras que se presentan a continuación y que muestran la grave crisis humanitaria en EEUU fueron tomadas del informe "Registro de las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en 2019" publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China en marzo de este año 2020.

En EEUU muere 1 persona cada 15 minutos por armas de fuego. En 2019 murieron 39.052 personas por disparos. El FBI estimó 1.206.836 de crímenes violentos ocurridos en todo el país durante 2018, incluidos asesinatos, violaciones, robos y asaltos con agravantes.

Los tiroteos masivos caracterizan a los EEUU: el número de asesinatos en masa alcanzó un récord de 415 durante 2019, o sea más de 1 tiroteo diario. Es el país con más armas de fuego en manos de civiles: en promedio 120,5 armas por cada 100 habitantes.

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 630.000 personas murieron por sobredosis de estupefacientes en todo el país entre 1999 y 2016. En 2017 fallecieron 72.000 por esta causa, es decir, en promedio 200 personas por día. En EEUU 1 de cada 16 estudiantes de último año de secundaria reportó un uso diario de marihuana.

Entre otros aspectos, en EEUU alrededor de 61.000 prisioneros están recluidos en régimen de aislamiento lo que constituye un acto de tortura según la ONU. Desde 2017 han sido arrestados 36 periodistas mientras cubrían protestas y desde el año 2017 las autoridades estadounidenses de inmigración han separado a más de 5.400 niños de sus padres en la frontera con México.

El 43,5% de la población estadounidense (140 millones de personas) tiene bajos ingresos, es decir, cuentan con ingresos menores del doble de la línea de pobreza y alrededor de 41 millones de estadounidenses viven por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales 42.5% son blancos, 27.4% son latinos y 22.7% negros estadounidenses.

En 2018 más de medio millón de estadounidenses vivían en las calles y carecían de refugio permanente según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de ese país.

EEUU tiene la tasa más alta de desigualdad de ingresos entre los países occidentales según Philip G. Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. El 10% más rico de los hogares estadounidenses es dueño del 75% de la riqueza del país según la firma financiera JP Morgan Chase.

Mientras el 44% del pueblo estadounidense sucumbe en la pobreza y la desigualdad, el gasto para la guerra aumenta. El presupuesto militar en 2017 fue de 688 mil millones de dólares y solo 190 mil millones fueron asignados a programas contra la pobreza. Actualmente 53 centavos de cada dólar se asignan a gastos militares mientras que solo 15 se destinan a los programas sociales. Según el Instituto Watson de la Universidad Brown, el costo estimado de la guerra contra el “terrorismo” promovida por EEUU desde el 2001 asciende a 6,4 billones de dólares, y se estima que alrededor de 800 mil personas han muerto en esas guerras.

La grave crisis económica, energética, militar y humanitaria que atraviesa EEUU, el inminente desplome de su hegemonía, así como sus fracasadas intenciones por derrocar la revolución bolivariana y hacerse de la mayor reserva de petróleo y oro del planeta explican el desespero por entrar en territorio venezolano.

Estemos alertas, el desespero los hace cada vez más torpes, pero también más peligrosos.

¿Venezuela narco Estado? Entre mentiras, números y verdades.

Zamora — Tue, 07 Apr 2020 01:31:39 +0000

¿Venezuela narco Estado? Entre mentiras, números y verdades.

Imagen

Zamora Lun, 06/04/2020 - 21:31

Autor

Pasqualina Curcio

“Yo era el director de la CIA. Mentimos, engañamos, robamos. Es como si tuviéramos cursos de entrenamiento completos.” Esta confesión la realizó ante un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas el 15 de abril de 2019 el hoy Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

Se trata del mismo personaje abyecto quien ayer, en un acto carente de ética, incitando al delito ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quien le entregase al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Entrenado para mentir justificó su ofrecimiento afirmando que Maduro es el responsable del “tráfico internacional de narcóticos”.

Mike Pompeo junto con el Fiscal General de EEUU, William Barr, acusaron a Maduro sin prueba alguna (como suelen hacer los voceros del imperio estadounidense) de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína".

Aseguraron que “los exjefes guerrilleros [de las FARC] que han retomado las armas ´obtuvieron el apoyo del régimen de Maduro´ para operar en la frontera entre Colombia y Venezuela con el objetivo de enviar al territorio estadounidense toneladas de cocaína.”(1)

Barr, al igual que Pompeo, tomó los cursos de entrenamiento para mentir, engañar y robar. Se desempeñó como funcionario de la CIA entre 1973 y 1977.

La actuación protagonizada por Barr y Pompeo es parte del guión para acabar con la Revolución Bolivariana. En el documento titulado “Plan Maestro para derrocar a la dictadura venezolana” del 23-02-2018 suscrito por el entonces Jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, se lee entre los objetivos y estrategias:

“Intensificar notablemente la denuncia contra el régimen de Maduro calificándolo de criminal, ilegítimo, ladrón de la riqueza del pueblo venezolano y saqueador del tesoro nacional (…) Hacer uso de la ´corrupción generalizada´ y de las ´ganancias originadas por las operaciones de narcotráfico´ para desacreditar su imagen [la de Maduro] ante el mundo y sus seguidores.”

También está entre los planes: “Continuar el fuego en la frontera con Colombia, multiplicar el tráfico de combustible y otros bienes, el movimiento de los paramilitares, incursiones armadas y tráfico de drogas, provocando incidentes armados con las fuerzas de Seguridad de la Frontera”…Reclutar paramilitares mayormente de los campos de refugiados en Cúcuta, la Guajira y del Norte de Santander”.

Es y ha sido parte del Plan, entre otros: “Aumentar la inestabilidad interna a niveles críticos… causar víctimas y señalar como responsable al gobierno de Venezuela magnificando, frente al mundo, la ´crisis humanitaria´ a la que ha sido sometido el país…” (2)

Los números, en cambio, no mienten.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó su más reciente informe correspondiente al año 2019 en el que sistematiza, por país, los datos de producción, consumo y tráfico de drogas ilícitas en el mundo. (3)

Es el hecho verdadero y cierto que la República Bolivariana de Venezuela no figura en el resumen ejecutivo del mencionado informe, lo que significa que los niveles en nuestro país son relativamente tan marginales que no amerita su inclusión. ¿Qué narco Estado puede existir en un país que ni siquiera figura en las estadísticas de consumo, producción y tráfico de drogas?

Al observar los anexos detallados del informe, la República Bolivariana de Venezuela aparece de última en las listas de prevalencia de consumo de drogas (a diferencia de Estados Unidos que la encabeza), no figura en las listas de países que siembran y fabrican drogas (a diferencia de Colombia que es la primera de la lista), pero Venezuela si figura en la lista de países que han incautado drogas.

De acuerdo con el mismo informe, de las 18 millones de personas que se estima consumen cocaína a nivel mundial, el 38%, o sea 6,8 millones son de América del Norte. La tasa de prevalencia del consumo de cocaína en América del Norte es 2,10%, es decir, 6 veces por encima de la tasa de prevalencia mundial que es 0,37%. La prevalencia se calcula dividiendo el número de personas de un grupo de edad que consume drogas con respecto al total de personas de esa edad.

Muestra el informe que 44,6 millones de personas consumen cannabis (marihuana) en América del Norte, lo que representa el 24% del total de personas que la consumen en todo el planeta, siendo la prevalencia 4 veces mayor que la mundial.

De las 245.400 hectáreas de cocaína que fueron cultivadas en 2017, 171,000 estaban en territorio colombiano, es decir, el 69,68%. En cuanto a la fabricación potencial de cocaína 100% pura, de las 1.970 toneladas que se produjeron en 2017, 1.379 fueron fabricadas en Colombia.

¿Cómo logran pasar 1.379.000 kilos de cocaína frente a las narices de las autoridades del Estado colombiano sin que se den cuenta? ¿Cómo ingresan todas esas toneladas de cocaína a EEUU sin que el Estado norteamericano se entere de ello? ¿De qué manera 18 millones de estadounidenses trafican droga sin que el Estado se percate? O las autoridades de los Estados colombiano y estadounidense son muy ineficientes, o son cómplices, o forman parte del negocio, o son quienes trafican, o son narco Estados, o todas las anteriores.

¿Por qué EEUU acusa a Venezuela de narco Estado y no a Colombia?

Verdades: la tragicómica decadencia del imperio estadounidense

El hecho de que el gobierno de EEUU, país con el mayor consumo y tráfico de drogas del Planeta acuse de narco Estado a Venezuela, país que ni siquiera figura en esas estadísticas mundiales es, por decir lo menos, una torpeza más que pasa a engrosar la lista de errores que el narco Estado estadounidense ha venido cometiendo ante el desespero por su evidente caída como imperio y potencia hegemónica.

No solo no ha logrado derrocar la Revolución Bolivariana Socialista y Chavista, a pesar de todos los intentos, mentiras, engaños y robos durante 20 años, sino que sobre todo le ha sido imposible ocultar ante los ojos del mundo su crisis económica, su impagable deuda externa que suma US$ 21 billones de dólares, su situación de default, su déficit comercial, el desplome de su petro-dólar-papel, su derrota ante la guerra comercial contra China, la violación de los derechos humanos en su territorio y más recientemente la pérdida del control del COVID-19 convirtiéndose en el epicentro de la pandemia a pesar de que, a diferencia de China, estaba más que alertado.

Mientras una pandemia aflige al planeta quedó en evidencia la condición inhumana y criminal del imperialismo estadounidense al arremeter con medidas coercitivas y bloqueos económicos contra pueblos del mundo impidiéndoles importar alimentos y medicinas: Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, entre otros. Asunto tan evidente que la propia Unión Europea, el Secretario General de Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se han visto en el deber moral de hacerle un llamado de atención al gobierno de EEUU y solicitarle el cese de las mal llamadas sanciones.

La verdad es que la actuación de Barr y Pompeo fue una escena más de la tragicómica decadencia del imperio estadounidense.

(1) https://www.dw.com/es/estados-unidos-ofrece-15-millones-de-recompensa-por-nicol%C3%A1s-maduro/a-52927989

(2) http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/masterstroke_-_plan_to_overthrow_the_venezuelan_dictatorship.pdf

(3) https://dataunodc.un.org/drugs

¿Maduro sigue en Miraflores?

Bolivar — Wed, 10 Apr 2019 00:14:02 +0000

¿Maduro sigue en Miraflores?

Imagen

Bolivar Mar, 09/04/2019 - 20:14

Autor

Pasqualina Curcio

Esta es la pegunta que todas las mañanas, con molestia y cada vez mayor desespero hace Trump a sus empleados de la CIA:

¿Por qué si hemos aplicado todos los manuales para derrocar gobiernos democráticos y ensayado con cada una de las doctrinas y armas de guerra no convencional, Maduro sigue mandando en Venezuela?

Comenzamos presionando a las empresas transnacionales para que generaran escasez de bienes esenciales. Luego decidimos bloquearles las transacciones financieras. Como a ningún otro país les hemos atacado su moneda e inducido una hiperinflación. He perdido la cuenta del número de sanciones que he firmado. Les robamos CITGO, un oro que tienen en Inglaterra y un dinero en Euroclear.

Intentamos desencadenar una guerra civil. Financiamos a esos grupos de la supuesta resistencia que se creyeron el cuento de ser los libertadores.

Con el apoyo de nuestros medios de comunicación y de Almagro pretendimos hacer creer al mundo que Maduro es un dictador. Que es el responsable de una crisis humanitaria que tampoco hemos logrado generar.

Llegamos al punto de convocar nosotros mismos la marcha del 23 de enero, para que hubiese por lo menos un grupito de personas que garantizase el show de autoproclamación de Guaidó. A él y otros más les hemos pagado para que convenzan a la FANB de dar un golpe de Estado.

Los hemos amenazado de intervención militar.

Les boicoteamos la electricidad, el agua, las comunicaciones, el transporte…y Maduro sigue allí.

Cabizbajos responden los halcones:

Cuentan con una estrategia de guerra que no tenemos codificada: la unión cívico militar. Fue un invento de Chávez. Estamos descifrando de qué se trata y cómo funciona.

Los apoyan buenos amigos: los rusos con juguetes bélicos de última generación y los chinos con su nueva creación, el petro-yuan-oro. Ambos transitan una supuesta ruta que es de seda. Creemos que se trata de otro código militar. Lo estamos descifrando.

No solo es Maduro. Es todo un ejército. Son millones. Están organizados y muy bien armados de ideas y consciencia. Tienen tomadas las calles en campamentos que llaman tribunas antiimperialistas.

Hay algo que debe saber que nos preocupa, Señor Presidente: hay un tal Rondón que dicen no ha peleado todavía. Nuestros funcionarios de inteligencia siguen investigando quién es y qué rango tiene.

Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela

Zamora — Tue, 19 Mar 2019 16:39:16 +0000

Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela

Zamora Mar, 19/03/2019 - 12:39

Pasqualina Curcio

Nota previa de los editores: el siguiente es un informe realizado por la profesora Pasqualina Curcio a solicitud de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos FUNDALATIN en el marco de la 40° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y de la visita de la Comisión Técnica enviada a Venezuela por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet. Lo consideramos un documento altamente valioso, pues constituye el estudio más sistemático y riguroso en torno al impacto real de las medidas coercitivas impuestas contra Venezuela y la guerra económica.

Adicional al levantamiento de dicho impacto, la profesora Curcio insiste en su llamado: el gobierno nacional debe trascender la mera denuncia mediática de las medidas y la guerra económica y hacer uso de los mecanismos exisåtentes en las instancias internacional respectivas a fin de trascender a la denuncia formal y combatirlas en el terreno legal.

“Estados Unidos prepara nuevas y significativas sanciones contra Venezuela” [2]. Este fue el titular de muchos periodicos a nivel mundial el pasado 12 de marzo. La información la dio a conocer Elliot Abrams, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela.

Declaraciones similares las han ofrecido otros voceros de la Casa Blanca. Recientemente y al mismo estilo del “hacer chillar la economía” pronunciado por Richard Nixon al referirse a Chile a inicios de los 70´, William Brownfield dijo:

“Si vamos a sancionar a PDVSA, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mayor resolución sería acelerar el colapso aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”.

Desde 1999, el pueblo venezolano ha sido víctima de sistemáticas agresiones por parte de los gobiernos de EEUU. Recordemos el sabotaje, en noviembre de 2002, contra la principal industria del país, Petróleos de Venezuela. Empresa que genera el 98% de los ingresos en divisas a la nación, y cuya paralización implicó una pérdida de 16.000 millones de dólares para la economía venezolana.

A partir del año 2013, luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez e iniciando el primer período presidencial de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense retomó las agresiones contra el pueblo venezolano las cuales fueron encubiertas, pero que con el pasar del tiempo son no solo abiertas y formales, sino más intensas.

Se trata de agresiones económicas que no solo se han limitado a medidas coercitivas unilaterales caracterizadas principalmente por bloqueos financieros y comerciales, sino que también han atacado nuestra moneda, el bolívar, induciendo una hiperinflación y una desestabilización de todos los sectores de la economía derivando en una importante contracción de la producción nacional y por lo tanto afectando a la población venezolana. Se trata de una guerra económica.

Las agresiones económicas forman parte de un plan cuyo objetivo es derrocar el gobierno constitucional, legítimo y democráticamente electo en Venezuela mediante la generación de la desestabilización económica y política, que acompañada con un discurso en el que se responsabiliza al gobierno bolivariano y a su modelo, permita socavar el apoyo popular, así como fracturar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que derive en un golpe de Estado.

Dicho plan ha sido develado en dos sendos documentos suscritos por el Jefe del Comando Sur de los EEUU, Kurt Tidd. El primero de ellos titulado Venezuela Freedom-2 Operation, y el segundo Golpe maestro para acabar con la ´dictadura´ de Venezuela.

Se lee en estos documentos:

“Intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, socavar el apoyo popular… Continuar endureciendo la condición dentro de las Fuerzas armadas para llevar a cabo un golpe de Estado…

…Alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento…contribuir a hacer más crítica la situación de la población…

…Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro…Obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos.”

En el marco de estos planes, los cuales requieren del apoyo de la comunidad internacional para la posterior entrada en territorio venezolano, el gobierno de los EEUU se plantea como estrategia la generación de una crisis humanitaria que justifique la intervención por la vía de la ayuda humanitaria. Se puede leer en los documentos:

“Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humanitaria por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar” demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas…

…Doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su política controladora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez.”

No podemos dejar de mencionar que el ataque terrorista y criminal al sistema eléctrico nacional perpetrado el 07 de marzo que resultó en un apagón y dejó sin electricidad, agua y comunicaciones a toda la población venezolana por un lapso de casi tres días, poniendo en riesgo la vida de venezolanos y vulnerando sus derechos humanos, forma parte de estos planes para generar caos y desestabilización.

Centraremos este informe en el impacto de las agresiones económicas sobre el pueblo venezolano. Consideramos tanto las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones y bloqueos financieros y económicos, como el ataque a la moneda. Se presenta la metodología para la estimación de las pérdidas ocasionadas por estas agresiones, así como la fuente de la información.

Cronología de las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano

Diciembre 2014. El Congreso de EEUU aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual se establece la hoja de ruta para la política de EEUU hacia Venezuela y que otros Estados, bajo su influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela.
Marzo 2015. Barack Obama dicta la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
Marzo 2016. La administración estadounidense renueva por un año la Orden Ejecutiva 13692.
Mayo 2016. El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Julio 2016. El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en EEUU, entre ellas las del Banco Central de Venezuela (BCV). Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó 63 566 millones de dólares, sin embargo, este índice incrementó 202% durante el mismo período, pasando de 768 en 2012 a 2323 en 2016. Cada 100 puntos de riesgo-país equivalen a 1% adicional de tasa de interés.
Agosto 2016. Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos corresponsales de esta institución.
Septiembre 2016. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden a la propuesta venezolana.
Noviembre 2016. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares. La petrolera estadounidense, Conoco Phillips, demanda a PDVSA ante una Corte en Delaware, EEUU, por una operación de canje de bonos. El objetivo de este recurso legal consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación.
Diciembre 2016. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes.
Julio 2017. La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA, informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en EEUU se niega a recibir fondos provenientes de la petrolera venezolana. El banco Citibank (EE.UU) se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 300 mil dosis de insulina. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dicta sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos, incluyendo al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un día después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
Agosto 2017. El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela.
Octubre 2017. El bloqueo financiero de EEUU imposibilita a Venezuela depositar en el banco suizo UBS recursos para vacunas y medicamentos adquiridos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, lo que generó un retraso de cuatro meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación en el paí
Agosto 2017. El banco Bank Of China (BOC – Panamá), informa que debido a instrucciones del Departamento del Tesoro de EEUU y a presiones del gobierno panameño, no podrá realizar ninguna operación en divisas a favor de Venezuela.

Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos, por la restricción impuestas por bancos corresponsales en EEUU y Europa, a operaciones de Venezuela.

El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos habían sido girados por la República Popular China.

Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto a la situación en Venezuela” la cual establece las siguientes prohibiciones:

- Que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días.
- Que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días.
- Nueva obtención de acciones por parte del gobierno de Venezuela.
- Pago de dividendos o distribución de ganancias al gobierno de Venezuela por parte de empresas que operan en EE. UU., lo que afecta especialmente a la refinería CITGO.

La empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de “revisión”. A la fecha, Euroclear mantiene retenidos 1.600 millones de dólares sin posibilidad de movilización.

Septiembre 2017. El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), emite una alerta denominada “banderas rojas” que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela, para impedir el pago de alimentos y medicinas.

Un cargamento de 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegan al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este importante insumo.

El desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comité Locales de Abastecimiento y Precios es interrumpido por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense.

Venezuela es incluida en la lista de países con prohibición de viajes a EEUU (travel ban). La prohibición aplica sólo a funcionarios del gobierno venezolano.

Octubre 2017. La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense de crudo venezolano, suspende compras directas a PDVSA.

Canadá aprueba el proyecto de ley S-226 que le autoriza a imponer restricciones en materia de las transacciones de bienes y congelar los activos de funcionarios extranjeros.

La petrolera estadounidense NuStar Energy prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe.

El Banco Deutsche Bank informa al banco Citic Bank de la República Popular China, el cierre de sus cuentas de corresponsalía, por procesar pagos de PDVSA.

Noviembre 2017. Colombia bloquea el despacho del tratamiento antimalárico (primaquina y cloroquina) solicitado al laboratorio BSN Medical en ese país.

Las transnacionales farmacéuticas Baster, Abbot y Pfizer se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos imposibilitando la posibilidad de compra por parte de Venezuela.

EEUU sanciona e inhabilita a funcionarios venezolanos que administran los programas de provisión de alimentos, impidiéndoles firmar acuerdos comerciales o convenios internacionales que favorezcan la política alimentaria de Venezuela.

La Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad a Venezuela.

El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central de Venezuela (BCV), cierra definitivamente las cuentas.

Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, son devueltas por bancos internacionales.

La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela en “default selectivo”.

Diciembre 2017. Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto en varios estados.

Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores.

Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el exterior cuyos pagos fueron realizados.

Enero 2018. 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de dólares, no puedieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones.
Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de EEUU, amplía las sanciones financieras a Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017. Impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.
Marzo 2018.

La Administración Trump:

- Renueva por un año la orden ejecutiva 13692
- Renueva la orden ejecutiva 13808 e impone 6 nuevas medidas coercitivas que atentan contra la estabilidad financiera de Venezuela, al prohibir la reestructuración de la deuda e impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano.
- Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.

El Gobierno de Panamá publica una lista de 55 ciudadanos venezolanos sancionados (incluyendo al Presidente Nicolás Maduro) y 16 empresas venezolanas consideradas de “alto riesgo”.

Abril 2018. Canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, y a nombre del Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un grupo de seguimiento para estudiar medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EEUU y Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos que requiere el paí
Mayo 2018. Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional, la petrolera estadounidense Conoco Phillips anuncia que embargará activos internacionales de PDVSA.

Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis.

El gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y producción CLAP.

En represalia por la elección presidencial para el período 2019-2025, en la que votaron más de 9 millones de ciudadanos y Nicolás Maduro gana con el 67% de los votos, Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13835 en la que amplía las sanciones económicas contra Venezuela y mediante la cual prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.

EEUU sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico.

Agosto 2018. EEUU autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo Petroleum, propiedad de PDVSA.

El gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares que adeuda a la Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro de energía al estado de Roraima. El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por el bloqueo económico y financiero impuesto por EEUU y la Unión Europea contra Venezuela”.

Noviembre 2018. Donald Trump prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano.[12]
Enero 2019. La administración de Donald Trump aprueba nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que incluye el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial CITGO, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.[13]

Cómo han atacado la moneda
Paralelamente a la aplicación de medidas coercitivas, bloqueos, sanciones y apropiación de activos, el imperialismo, ha estado atacando la moneda nacional, el bolívar, con el objetivo de inducir la inflación y afectar los niveles de producción nacional. Lo hace mediante la manipulación diaria del tipo de cambio a través de portales web cuyos dominios residen en territorio estadounidense, específicamente Miami.

Al manipular el tipo de cambio y cotizarlo a un valor mayor al oficial inciden sobre los precios de todos los bienes importados, los cuales, a su vez son requeridos para los procesos de producción. El aumento de los precios de los productos importados eleva todos los costos de producción y por consiguiente los precios de los bienes finales. Es lo que se conoce como un shock de oferta que se manifiesta en una estanflación, es decir, aumento de precios (inflación) con estancamiento o recesión económica.

Históricamente, los incrementos del tipo de cambio en Venezuela derivan en aumentos de los precios internos de la economía, lo que ocurre es que a partir del año 2013, dicho tipo de cambio ha estado siendo manipulado políticamente a través de portales web que residen en EEUU:

Esta agresión contra la economía venezolana y por lo tanto contra el pueblo todo, tiene tres efectos: 1) deteriora el salario real; 2) contrae los niveles de producción; 3) hace insuficiente el gasto y la inversión públicas.

Desde el año 2013 hasta la fecha han manipulado el tipo de cambio 3500 millones por ciento. En 2013 lo cotizaban en 8,69 BsF/US$ y hoy lo publican en 350.000.000 BsF/US$:

Nada ha ocurrido en la economía venezolana que permita explicar esta supuesta depreciación de la moneda en tales magnitudes. Ha sido una manipulación del tipo de cambio que atiende a un patrón de comportamiento político asociado a momentos de alta conflictividad o de procesos electorales:

Hemos estimado las pérdidas que ha ocasionado el ataque a la moneda sobre los niveles de producción nacional que sumadas a las ocasionadas por el bloqueo, las sanciones y las apropiación ilegal de nuestros activos dan muestra de la magnitud criminal de las medidas coercitivas unilaterales por parte del imperialismo contra el pueblo venezolano.

Impacto de la Guerra Económica contra el pueblo de Venezuela
A 114.302 millones de dólares ascienden las pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales que, desde el 2013 y hasta la fecha, EEUU ha impuesto al pueblo venezolano, incluyendo el ataque a la moneda nacional.

De estos 114.302 millones, 21.450 millones de pérdidas han sido ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos financieros, los embargos comerciales, el robo de los activos de CITGO, los recursos que se dejan de percibir por tal acto de pillaje, el oro retenido en Inglaterra y los euros bloqueados en Euroclear.

La diferencia, es decir, 92.852 millones de dólares, corresponde a lo que hemos dejado de producir como consecuencia del ataque a la moneda, que además de inducir la inflación, también contrae los niveles de producción nacional.

Impacto de las medidas coercitivas unilaterales

En un escenario de estimación muy conservador, las pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales ascienden a 21.450 millones de dólares hasta la fecha. Incluye:

11.000 millones de dólares de pérdidas por lo que se dejará de percibir debido a la apropiación ilegal de la empresa petrolera y venezolana CITGO por parte de EEUU.
7.000 millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de CITGO.
1.600 millones de dólares retenidos por Euroclear.
1200 millones de dólares equivalente al oro retenido por el Banco de Inglaterra [15].
467 millones de dólares por el descenso del valor de los títulos valores en custodia en Euroclear, los cuales pasaron de USD 1.093.529.941,96 a 625,90MM, descendiendo 57,24% como consecuencia del bloqueo financiero.
37 millones de dólares por trabas operativas que vienen imponiendo las navieras y los puertos internacionales, como es el caso del roleo de la carga que tiene como destino a Venezuela y el aumento de los tiempos de espera; aunado al incremento de las tarifas.
655 mil dólares por transferencias, consultas de pagos, enmiendas de las transferencias, entre costos operativos. Antes de la aplicación de las sanciones estadounidenses, las instrucciones de pago eran enviadas a través de los bancos corresponsales y eran ejecutadas en 48 horas. Ahora en promedio, un pago se hace efectivo entre 10 y 20 días continuos.
20 millones de dólares por el diferencial cambiario al verse obligada la República a adoptar otras divisas, distintas al dólar americano, para realizar las transacciones financieras y comerciales.
264 millones de dólares por pérdida del bono adquirido a través de Credit Suisse correspondiente a la deuda pública externa.

Se trata de estimaciones conservadoras por cuanto no incluyen por ejemplo, las pérdidas ocasionadas por la descomposición de alimentos o medicamentos retenidos más del tiempo previsto en los buques, o el costo adicional de transporte y trámites administrativos ocasionados por la necesidad de realizar triangulaciones en las compras y así evitar sanciones a empresas o países por parte de EEUU.

Impacto del ataque a la moneda

Entre las agresiones económicas no podemos dejar de considerar el ataque a la moneda por las afectaciones sobre el pueblo venezolano, las cuales no solo se limitan al deterioro del salario real producto de la hiperinflación inducida que dicho ataque ocasiona, sino que además tiene un efecto de contracción de la producción nacional y por lo tanto del consumo nacional. Este ataque proviene de páginas web cuyo dominio reside en EEUU, específicamente el portal web dolartoday.

Históricamente la producción nacional en Venezuela ha estado determinada en 96,6% por los niveles de exportación petrolera, durante los últimos 4 años, y particularmente desde el 2016 la venta del petróleo ha incidido solo en 60% sobre el producto interno bruto, el otro 40% está influenciado por el shock de oferta consecuencia del ataque a la moneda. En otras palabras, la caída del producto interno bruto que desde el año 2016 hemos registrado se debe, en 60% a la caída de las exportaciones petroleras, y en 40% al ataque a la moneda.

Es por esta razón que, a pesar de la recuperación de las exportaciones petroleras en 2017 y 2018 (1), debido principalmente al aumento del precio del hidrocarburo, el producto interno bruto no se recuperó, sino que mantuvo su tendencia descendente:

En condiciones normales, es decir, de no haber habido manipulación política del tipo de cambio, se hubiese esperado una recuperación del PIB al verse incrementadas las exportaciones. No ha sido el caso en 2017 y 2018.

En un escenario conservador, suponiendo condiciones normales, sin guerra económica, sin ataques al bolívar, con un precio promedio del barril de petróleo de 45 US$, y con niveles de exportación petrolera alrededor de US$ 37.000 millones, similares a las exportaciones del año 2015, lo que supone iguales niveles de producción petrolera que los registrados ese año, es decir, 2,9 millones de barriles diarios e implica suponer que no hubiese habido un sabotaje en la industria petrolera , el producto interno bruto debió ubicarse alrededor de US$ 131.000 millones, equivalentes a la del año 2015.

Al calcular la diferencia anual del producto interno bruto anual esperado, es decir, el del 2015, con lo efectivamente producido los años 2016, 2017 y 2018, se obtiene que, en total, durante esos 3 años se dejaron de producir US$ 92.852 millones.

De esa pérdida estimada en US$ 92.852 millones, la cual incluye los efectos del ataque a la moneda y del boicot silencioso a la industria petrolera, US$ 41.691 millones corresponden al ataque a la moneda.

Al sumar las pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales y las relacionadas con los niveles de producción nacional debido al ataque a la moneda y al boicot a la producción petrolera, resulta una pérdida total de 113.652 millones de dólares.

Para el tamaño de la economía venezolana, esta cifra representa un poco menos de la producción nacional de todo un año con un precio de US$ 45 el barril de petróleo. El producto interno bruto del año 2015 ascendió a US 131.626 millones.

Estos 114.302 millones de dólares equivalen también a la importación de medicamentos y alimentos para abastecer a los 30 millones de venezolanos durante 26 años. Por ejemplo, el año 2004 en el que no se registró escasez de comida la importación, incluyendo la materia prima para la producción, fue US$ 2.160 millones (cifras del Instituto Nacional de Estadísticas). En el caso de los medicamentos, la importación ascendió a US$ 2.259 millones. Es decir, con US$ 4.300 millones al año se cubren las importaciones y se abastece de insumos, materias primas y productos finales para alimentos y medicamentos a toda la población.

Las pérdidas que hasta la fecha han ocasionado las sanciones, el bloqueo y el ataque a la moneda coinciden con la inversión en salud para 10 años tomando en cuenta que ésta representa alrededor del 10% del producto interno bruto anual. En otras palabras equivalen a la garantía de prestar el servicio de salud hospitalario, ambulatorio, preventivo, tanto del sector público como privado, a todos los venezolanos durante 10 años.

Representan garantizar el derecho a la educación durante 10 años, tanto pública como privada, desde prescolar hasta universitaria. La inversión en educación representa el 10% del producto interno bruto anual.

Estas pérdidas representan las importaciones totales anuales para 7 años y medio, incluyendo maquinarias, repuestos, transporte, materias primas, insumos, alimentos y medicamentos, textiles, productos de la industria química, etc. Por ejemplo, el año 2004, en el que no hubo desabastecimiento, las importaciones anuales sumaron 15.161 millones de dólares.

Corresponden a la deuda externa total de la República, la cual debemos pagar en un plazo de 20 años.

Para que tengamos otras referencias y podamos reconocer la magnitud del ataque criminal y genocida sufrido por el pueblo venezolano ofrecemos otros indicadores:

Con los 1.200 millones de dólares que Inglaterra nos tiene retenidos en oro se adquieren los alimentos para 6 millones de hogares por 6 meses.
Solo con 20 millones de dólares se cubre la atención y el tratamiento para 3 años a todas las personas con malaria.
Con 40 millones de dólares se procura el tratamiento antirretroviral para personas con VIH y con Sida durante 2 años.
Con 18 millones de dólares adquirimos las 9 millones de dosis de vacunas para aplicar el plan de vacunación anual.
Con los 11.000 millones de dólares que representan las pérdidas por el acto de pillaje contra CITGO, importamos todas las medicinas y material médico quirúrgico incluyendo los insumos para la producción interna durante 5 años.

Cada número aquí presentado corresponde al rostro de una mujer, un hombre, un niño, una niña venezolanos. No se trata solo del impacto económico sobre las importaciones o la producción, se trata del impacto que estas agresiones económicas tienen sobre la garantía de los derechos humanos de cada venezolano.

Estas agresiones afectan de manera masiva y sistemática a toda la población, tanto civil como militar.

No obstante, debemos precisar que Venezuela no se encuentra en una situación de crisis humanitaria. Sin desconocer las dificultades para la adquisición de alimentos y medicamentos que estas agresiones han ocasionado, en el país se desarrollan actividades rutinarias laborales, educacionales, recreativas con normalidad.

A pesar del ataque criminal contra el pueblo de Venezuela, los últimos 6 años se han construido más de 2,5 millones de viviendas, no se ha cerrado un solo hospital o una escuela, las empresas de alimentos y medicamentos siguen operando en nuestro territorio.

Venezuela sigue ocupando el primer lugar como país menos desigual de América Latina según cifras de la CEPAL.

Son indicadores que muestran que a pesar de las dificultades causadas por la guerra económica, Venezuela no se encuentra en situación de crisis humanitaria, por lo tanto no requiere ayuda humanitaria.

Los venezolanos requerimos que cesen las agresiones, que se levanten las sanciones y el bloqueo y que detengan el ataque a nuestra moneda.

Guerra Económica: crimen de lesa humanidad

El bloquear financiera y económicamente a un país, propiciar un embargo comercial, retener sus divisas, apropiarse de sus activos y atacar su moneda no solo violan toda normativa internacional, sino que además constituyen crímenes de lesa humanidad según la definición dada por el Estatuto de Roma.

Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU visitó Venezuela en noviembre de 2017, se reunió con todos los sectores de la sociedad y elaboró un informe (2) en el que afirma que “[l]a solución de la «crisis» venezolana radica en las negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el fin de la guerra económica y el levantamiento de las sanciones”.

De Zayas sugirió a los Estados Partes en el Estatuto de Roma “reconocer los crímenes geopolíticos, entre éstos las medidas coercitivas unilaterales y las manipulaciones monetarias que inducen hiperinflación, como crímenes de lesa humanidad”. Plantea que “la guerra económica, los embargos, los bloqueos financieros y los regímenes de sanciones equivalen a crímenes geopolíticos y de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional” por cometerse como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Estas agresiones económicas que el imperialismo ha puesto en práctica cada vez que se siente amenazado con la posibilidad de que se consolide un modelo de justicia social, de igualdad, que garantice los derechos humanos a toda la población, trascienden en tiempo y espacio las fronteras venezolanas. Ocurrió con el proyecto socialista de Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973, o el de la revolución sandinista en Nicaragua en los 80, o en cuba de la década de los 60 hasta nuestros días.

Lo dijo Allende en su discurso ante la Asamblea de la ONU el 04 de diciembre de 1972, en el que denunció que su país estaba siendo agredido, discurso que, por cierto, pocos creyeron:

“El portavoz del Grupo Africano declaró, que su Grupo se solidarizaba plenamente con Chile porque no se trataba de una cuestión que afectara sólo a una nación, sino que potencialmente a todo el mundo en desarrollo. Esas palabras tienen un gran valor, porque significan el reconocimiento de todo un Continente, de que a través del caso chileno está planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países débiles del Tercer Mundo.”

Es hora de que estas acciones coercitivas del imperialismo sean no solo develadas y denunciadas ante el mundo, sino además reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Los venezolanos no necesitamos ayuda humanitaria, lo que reclamamos es justicia para impedir la impunidad de declaraciones como las ofrecidas por el portavoz del Departamento de Estado de EEUU quien dijo al abordar la efectividad de las medidas coercitivas unilaterales: “La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto (…) han obligado al Gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo (…) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos”.

Reconocer las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda como crímenes de lesa humanidad sería un paso importante para la estabilidad y la Paz mundial.

En este aspecto, la ONU tiene, desde hace décadas, una gran deuda.

Notas:
1. Esta cifra corresponde al promedio de espera de los buques, que aumentó en un 33,33% pasando de 45 días en el año 2017 a 60 días en el año 2018. A los costos por días de demora, que han aumentado 51,52%, pasando de USD. 16.500 a USD. 25.000 en el caso de buques a granel, resumiéndose en un costo adicional respecto al año 2017 de USD. 26,65MM. En el caso de los buques por contenedores, sus costos asociados aumentaron en promedio un 40,63% desde USD. 3.200 a USD. 4.500, resumiéndose en un costo adicional respecto al año 2017 de USD. 10,40MM. (Tomado del informe del Ministerio del poder popular para las Relacione Exteriores. “Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela”. Septiembre 2018.
2. Organización para las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, Alfred-Maurice de Zayas. 2018.

Fuente

http://www.15yultimo.com