Sabino Cuadra Lasarte

Ley de Memoria Democrática: nueva prórroga a la impunidad

Zamora — Mon, 18 Jul 2022 13:08:54 +0000

Ley de Memoria Democrática: nueva prórroga a la impunidad

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Zamora Lun, 18/07/2022 - 09:08

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Sabino Cuadra Lasarte

En lo esencial, el régimen de impunidad para con el franquismo, arrastrado desde hace ya 44 años, sigue vivo en el nuevo proyecto

El 14 de julio el Congreso dio su aprobación al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Falta aún su tramitación ante el Senado y su sanción última por el Congreso, pero parece que el pescado está ya todo vendido. De todas formas, la esperanza es lo último que se pierde.

Buena parte del amplio espacio memorialista ha dado ya su opinión al respecto y esta no ha sido positiva. Hablo de grupos como ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), CEAQUA (Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina, formada a su vez por decenas de asociaciones y plataformas memorialistas), la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo (compuesta por varios grupos de memoria y sociales), la Asociación 3 de Marzo –Gasteiz–, la iniciativa Sanfermines 78: gogoan! –Pamplona–... También Amnistía Internacional expresó en su día serios desacuerdos con aspectos esenciales del proyecto. Todas estas opiniones, muy fundamentadas, deberían haber sido tenidas en cuenta en su tramitación, pero no ha sido así.

Las críticas parten de reconocer los importantes avances que el actual proyecto presenta con respecto a la anterior Ley de Memoria de 2007. Aun con todo, se sigue afirmando que, en lo esencial, el régimen de impunidad para con el franquismo, arrastrado desde hace ya 44 años, sigue vivo en el nuevo proyecto. Las asignaturas de verdad, justicia y reparación siguen sin aprobarse.

En el ámbito de la Verdad, se critica el proyecto por parcial e interesado puesto que, entre otras cosas, invisibiliza y protege a los victimarios (asesinos, torturadores, jueces, ministros, empresas esclavistas, Iglesia,…), mantiene en vigor la ley franquista de Secretos Oficiales y se olvida del proyecto de ley de Bebés Robados, aparcado desde hace ya dos años en un olvidado cajón del Congreso.

En cualquier caso, el acceso a la justicia es el terreno en el que el proyecto obtiene su suspenso más clamoroso, pues las puertas de sus palacios seguirán cerradas a las exigencias de las víctimas de los crímenes franquistas. La Ley de Amnistía de 1977 seguirá vigente y se sigue sin recoger la aplicación directa del derecho internacional referido a los crímenes contra la humanidad, contraviniendo así las reiteradas recomendaciones realizadas por la propia ONU.

Lógicamente, si partimos de una verdad parcial e interesada y del cierre de las puertas de la Justicia, la reparación resultante no podrá ser sino algo formal y administrativo, mucho más aún cuando la ley niega expresamente que los expolios realizados sean revertidos y los daños indemnizados.

La exigencia de justicia para con los crímenes del franquismo nada tiene que ver con el ojo por ojo de la ley del Talión, sino con las obligadas respuestas a dar ante violaciones masivas de derechos humanos universalmente reconocidos. Así, por ejemplo, en el caso de la tortura, el interés social pasa no solo por reconocer el delito y a su víctima, sino por identificar también al torturador para juzgarlo y condenarlo a una inhabilitación –entre otras penas– para ocupar cualquier puesto o trabajo que tenga relación directa o indirecta con los derechos humanos o la seguridad ciudadana. Se trata así de que nunca más el inspector torturador de ayer pueda convertirse mañana en comisario jefe de Policía, o el juez cómplice que se negó a investigar las denuncias presentadas ante él llegue a ser ministro de Interior. Algo de sentido común, ¿o no?

Otro ejemplo. La petición de juicio para Martín Villa (88 años), nada tiene que ver con reclamar para él celda o galeras, sino con sentarlo en el banquillo a fin de que sea juzgado y sentenciado por todos los crímenes policiales y parapoliciales cometidos durante su mandato: 3 de marzo, en Gasteiz, Semana Negra madrileña, II Semana Pro-Amnistia en Euskal Herria, Sanfermines de 1978, Málaga, Tenerife, Alicante, Barcelona…

De esta manera se lograría también, y esto es muy importante, que los textos educativos y de historia no se refieran a él como uno de los padres de la democracia española, sino como un jerifalte franquista responsable de crímenes contra la humanidad. Y que su patrimonio, obtenido a través de toda una vida al servicio de la dictadura y, posteriormente, en agradecidos Consejos de Administración, sea expropiado para reparar los daños derivados de estos crímenes. A esto se llama justicia y no hay razón alguna para negarse a ella, ni para cambiarla por nada.

La justicia transicional, esa que, con toda razón, pone el acento en la reparación a dar a las víctimas (atención médico-psicológica, laboral, social, compensaciones económicas,…) no es contraria a lo anterior. Así, la ONU la define como «los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala (franquismo, en nuestro caso), a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación». Es decir, sin rendición de cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos, la reconciliación obtenida no deja de ser sino una parodia.

Así lo afirmó, en septiembre de 2018, en el propio Congreso español, Fabian Salvioli, relator especial de la ONU para la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, quien señaló que «la reconciliación no es el olvido. En absoluto. Eso es una interpretación perversa del término», añadiendo igualmente que «no se puede hablar de reconciliación sin la acción de los tribunales de Justicia. Es imposible la reconciliación sin la Justicia». Es decir, con medias verdades y sin acceso a la justicia, la reconciliación es un fraude.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática sigue sin desmontar los actuales pilares del régimen de impunidad para con el franquismo. Sin modificar esto, se volverá a cerrar en falso una deuda histórica con la democracia, la justicia y los derechos humanos. La primera vez fue con la Ley de Amnistía de 1977. La segunda, con la Ley de Memoria de 2007. Pensamos que en esta tercera ocasión iba ya la vencida, pero no ha sido así.

Memorias corcho

Zamora — Fri, 18 Jun 2021 16:56:29 +0000

Memorias corcho

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Zamora Vie, 18/06/2021 - 12:56

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Sabino Cuadra Lasarte

Las políticas oficiales de memoria han sido, y siguen siendo, parcas, timoratas e interesadas, pues las verdades incómodas (torturas, victimarios...) se siguen silenciando y cubriendo con paladas de desmemoria.

Es lo que tiene el corcho, que aunque lo sumerjas una y mil veces en agua, siempre vuelve a salir a flote. Obedece así al principio de Arquímedes, ese que habla de la fuerza que empuja a los cuerpos sumergidos a emerger. Algo que sucede también con la memoria histórica, pues aunque la hundas en lo más profundo del océano de los silencios y el olvido, siempre termina por salir de nuevo a la superficie. Es inevitable.

El pasado 1 de junio se inauguró en Gasteiz el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Los reyes Felipe y Letizia, el presidente Pedro Sánchez, su primer espada policial, Grande Marlasca, alias «no-sabe-no-contesta» en casos de tortura, así como un selecto cortejo institucional, aportaron brillantez al acto. Previamente se habían trucado fechas e invisibilizado cuantos crímenes fueron necesarios, a fin de que su discurso no chirriara.

El terrorismo recogido en el Memorial partía del año 1960. De lo sucedido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1959 hacía mutis por el foro. Para colmo del descaro, y a pesar de ubicarse en Gasteiz, éste no prestaba espacio alguno a la matanza policial del 3 de marzo de 1976, ocurrida en esa ciudad: cinco muertos, decenas de personas heridas de bala, varios cientos atendidos en centros hospitalarios...

Pocos días después de la inauguración, distintos corchos memorialistas salían de nuevo a flote. El 4 de junio, arropada por un amplio espectro político y social (escritores, actores, juristas, catedráticos, expolíticos del PP y del PSOE, dos exlehendakaris vascos...), Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, secuestrado por los GAL, torturado por la Guardia Civil y asesinado y enterrado en cal viva, presentó en Madrid la plataforma B-Egiaz. La Audiencia Nacional se había negado previamente a investigar los crímenes del GAL, así como el papel de Felipe González y su gobierno en la creación y actividades de este grupo. A pesar de ello, la verdad tantas veces sepultada por el Gobierno y la Judicatura volvía a emerger con fuerza gracias a esta iniciativa.

Un día más tarde, el 5 de junio, en Donostia, varios cientos de personas recordaron a la joven Gladys del Estal, muerta en Tudela, en 1979, por un disparo a bocajarro en la nuca hecho por un guardia civil, cuando participaba en una pacífica sentada antinuclear. Su autor fue condenado a dieciocho meses de cárcel por una «acción de omisión negligente no maliciosa», de los que solo cumplió una parte. Poco después sería condecorado por el Gobierno de UCD con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil y, más adelante, en 1992, el gobierno de Felipe González le concedería la Cruz del Mérito Militar. Tampoco Gladys tendrá espacio alguno en el Memorial.

Dos días después, el 7 de mayo, la familia de María José Bravo, joven de dieciséis años violada y asesinada en Donostia, hace 41 años, recordó y denunció aquel crimen olvidado, que fue reivindicado en su día por el Batallón Vasco-Español (BVE). A su novio, Francisco Javier Rueda, de la misma edad, le hundieron el cráneo a golpes y le tiraron por un barranco. Falleció ocho años después debido a las graves heridas que sufrió. Su familia quiso investigar lo sucedido pero, según afirmó, «el Gobierno Civil se deshizo de todas las pruebas. No se pudo investigar nada, desapareció la ropa, desapareció todo». El Gobierno tampoco los ha reconocido como víctima de terrorismo alguno.

En resumen, tan solo una semana tras la inauguración del Memorial, los cuatro casos mencionados afloraban a la superficie poniendo en evidencia que la violencia del Estado y su terrorismo no tienen reflejo en la política memorialista del Gobierno. Son ejemplos tan solo. En Euskal Herria, casos similares abundan en el calendario. La plataforma Memoria Osoa, integrada por un par de decenas de grupos memorialistas vascos, denunció el día de la inauguración del Memorial su carácter excluyente y discriminatorio, pues «deja fuera a miles de victimas de la violencia provocada por los aparatos del Estado». Nos recordó que sigue habiendo dos varas de medir, dos clases de víctimas.

Los pasos dados hasta hoy por los gobiernos centrales en materia de memoria histórica han sido adoptados a la defensiva, buscando frenar así las exigencias de un movimiento memorialista que cada vez iba contando con más fuerza social, mediática, política e, incluso, institucional (autonomías, ayuntamientos...). Las políticas oficiales de memoria han sido, y siguen siendo, parcas, timoratas e interesadas, pues las verdades incómodas (torturas, victimarios...) se siguen silenciando y cubriendo con paladas de desmemoria. Las puertas de la justicia siguen cerradas a cal y canto y la política de reparación es parcial y, básicamente, de carácter simbólico-mediática.

Por si eso fuera poco, los empuñetados miembros del Consejo General del Poder Judicial acaban de afirmar que la apología del franquismo está amparada por la libertad de expresión, siempre que no suponga «menosprecio o humillación a las víctimas». Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué mente cabe que ensalzar la figura de un dictador que firmó miles de sentencias de muerte por razones estrictamente políticas no conlleva, de por sí, esa humillación? ¿Es posible separar el franquismo como ideología de un Estado totalitario, de la represión que éste empleó durante cuarenta años: asesinatos, desapariciones, tortura, robo de bebés, cárcel, exilio, trabajo esclavo, misoginia extrema, imposición cultural e identitaria? Evidentemente, no: ensalzar el franquismo es ensalzar el crimen.

El próximo 25 de junio, siete sindicatos (ELA, LAB, Steilas, CGT, ESK, EHNE e HIRU) han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Navarra para denunciar el trabajo esclavo de más de 20.000 prisioneros a los que el estado franquista obligó a realizar en Nafarroa todo tipo de obras e infraestructuras militares y civiles. Reclaman la verdad, justicia y reparación negada hasta la fecha. La iniciativa sindical –creo– es pionera en el Estado. Un nuevo corcho sale a la superficie. Que cunda el ejemplo.

¿Democracia plena o plana?

Zamora — Thu, 18 Mar 2021 15:33:40 +0000

¿Democracia plena o plana?

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Zamora Jue, 18/03/2021 - 11:33

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Sabino Cuadra Lasarte

Infectada de arriba abajo por procustos togados, uniformados, ensotanados y endinerados posaderos, decreta conforme a su gusto e interés las medidas de la políticamente correcta cama constitucional.

Lo que sigue tiene que ver con la afirmación reciente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que «España es una democracia plena». Contestaba así a Pablo Iglesias, quien, a cuenta de la condena del rapero Pablo Hasél, había puesto en una cierta solfa la calidad de la democracia española.

No entiendo muy bien eso de la democracia plena. En los cinco años de la carrera de Derecho, yo no oí hablar nunca de semejante concepto. Sí de la democracia «orgánica» (la de Franco), «popular» (países socialistas), «directa» (asamblearia y consejista), «formal» (puramente electoral), «participativa» (abierta, consultiva y refrendataria)..., pero de la «plena», era la primera vez.

Diccionario de la Real Academia Española: «Pleno: completo, lleno». Me quedo igual que antes, porque, ¿qué es una democracia completa o llena? Por otro lado, ¿llena de qué? ¿De aire, como los buñuelos? ¿De tentáculos, como los txipirones? ¿De lo que quieras, como los pimientos? Pedro Sánchez, como tantos políticos, juega con las palabras. Es como la Constitución, que afirma el derecho al trabajo sin discriminación de sexo (art. 35) y a una vivienda digna y adecuada (art. 47), y ya ves luego lo que hay. O sea, democracia buñuelo, rellena de nada en muchos casos.

Procusto era un posadero y bandido del Ática, Grecia. Ofrecía estancia al viajero solitario invitándole a pasar la noche y cuando este dormía, lo ataba e inmovilizaba en la cama. Luego, si su cuerpo sobresalía de esta, le serraba las partes del cuerpo sobrantes. Por el contrario, si le quedaba grande el lecho, lo descoyuntaba a fin ajustarlo a sus medidas. Eso sí, los que se ajustaban a su tamaño, dormían como dios.

La democracia española es bastante procusteana. Estira algunos derechos y cercena otros a fin de adecuarlos a los cánones del poder. La Administración, la Judicatura y, no digamos aún, el Ejército-Guardia Civil-Policía, están plagados de posaderos áticos, que no éticos. El último ejemplo han sido las prohibidas manifestaciones del 8 de Marzo en Madrid, primeras en todo un año de pandemia. Miles de mujeres en la calle eran mucho para la cama del delegado del Gobierno, así que ha aplicado serrucho constitucional. Otra cosa fueron las concentraciones señoritingas del barrio de Salamanca en contra de las medidas de confinamiento, o la concentración nazi-atapuercana en homenaje a la División Azul española, con toda su parafernalia fascista («preconstitucional» le llaman a eso) y su griterío xenófobo.

La Fiscalía, también de Madrid, acaba de archivar la investigación abierta sobre un chat ampliamente difundido por todo tipo de medios. En él, altos excargos militares, golpistas francogenéticos ellos, hablaban de la necesidad de fusilar a «veintiséis millones de hijos de puta», entre los que se encuentran probablemente la inmensa mayor parte de las lectoras y lectores de este artículo. El fiscal afirma que «no existen elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo». ¡Amén! Otra cosa son, por supuesto, los «ongi etorri» a expresos de ETA, que tras cumplir treinta años de cárcel, alejados y en régimen de aislamiento, son recibidos en su pueblo por sus familiares, amistades y conocidas para decirles que se alegran de verlos en libertad y decirles que se les quiere.

Tras reconocer Juan Carlos I, el héroe del 23-F, sus lapsus tributarios con Hacienda, e ingresar cuatro millones de euros para regularizar su fraudulenta situación, el presidente del Gobierno de la democracia plena española, Pedro Sánchez, se ha puesto serio y ha criticado al emérito –¡fíjateee!– por lo que ha llamado «sus conductas incívicas». Parece así como si sus distraimientos fiscales fueran similares a tirar un papel al suelo en la calle, cruzar un semáforo en rojo o dejar las cacas del perro sin recoger. Mientras tanto, el PSOE vota una y otra vez en el Congreso en contra de investigar las cuentas y cuentos del emérito, por entender que la Constitución lo inmuniza frente a tamañas ordinarieces parlamentarias. Complicidad pura y dura, llaman a eso.

La democracia española, entiendo yo, más que plena es plana. Infectada de arriba abajo por procustos togados, uniformados, ensotanados y endinerados posaderos, decreta conforme a su gusto e interés las medidas de la políticamente correcta cama constitucional. Y una vez hecho esto, cercena cuantas exigencias sociales, nacionales, juveniles o feministas puedan contravenir la paz, la justicia, la libertad y la igualdad hechas a su medida.

Se criminaliza políticamente, primero, y se recorta legalmente, después, las libertades democráticas (reformas del Código Penal, ley mordaza, ley de extranjería), y todo cuanto sobresale de su catre cuartelero. Leyes autonómicas vascas y catalanas que regulan las consultas ciudadanas son declaradas anticonstitucionales y el democrático referéndum catalán es tomado al asalto (¡a por ellos, oe...!) por sedicioso. Mientras tanto, la Fundación Francisco Franco recibe subvenciones a espuertas, a mejor gloria del genocida y sus hazañas.

En la democracia plena de Pedro Sánchez, más de seis mil personas torturadas en Euskal Herria esperan que algún fiscal o juez se acuerde de ellas. También lo hacen las familias de Joxean Lasa, Joxi Zabala y Mikel Zabalza, torturados hasta la muerte por beneméritas manos y bañeras. Democracia txipirón, llena de tentáculos franquistas por dentro.

Democracia buñuelo también, de mucha igualdad constitucional de boquilla, pero en la que las brechas salariales y de pensiones entre hombres y mujeres son de escándalo y más de un 40% de la juventud se encuentra en el paro; en la que bajo el gobierno autodenominado más de izquierdas de la historia de su España, en el reparto del PIB, las rentas del capital siguen creciendo a costa de las del trabajo,

Si Pedro Sánchez repitiera eso de la «democracia plena» frente a un espejo, hasta él se partiría de risa. También el espejo, por supuesto.

Juan Carlos I: se va el caimán... pero no tanto

Zamora — Fri, 07 Aug 2020 15:03:52 +0000

Juan Carlos I: se va el caimán... pero no tanto

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Zamora Vie, 07/08/2020 - 11:03

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Sabino Cuadra Lasarte

Los 65 millones ahora juzgados son pura anécdota. Lo importante para él es su patrimonio de 1.800 millones.

Cuando la cumbia colombiana “Se va el caimán” llegó a España en los años 50, los censores la tacharon de subversiva, prohibiendo su emisión. Con su mente calenturienta, identificaron al saurio con Franco y entendieron que la canción reclamaba el derrocamiento del dictador. Consiguieron, sin embargo, lo contrario a lo que se perseguía, pues la gente comenzó a cantar el estribillo en cualquier ocasión y lugar.

Su letra dice así: «Un día me fui a bañar, por la mañana temprano. Vi a un caimán muy singular, con cara de ser humano. Lo que come ese caimán, es digno de admiración: come queso y come pan y toma tragos de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla». La letra, por cierto, le viene al pelo a Juan Carlos I quien, por otro lado, acaba de huir a la República Dominicana, país muy cercano a la Barranquilla de la canción.

Juan Carlos I, aparte de queso y pan, ha comido de todo y rebañado todos los platos (lo del ron lo dejamos para otro día). El año 2012, el prestigioso “New York Times” investigó su fortuna, cifrándola en unos 1.800 millones. Afirmó que se trataba de una «fortuna opaca» y que era «un secreto cómo ha amasado su considerable riqueza personal». La revista “Forbes”, especializada en negocios y patrimonios, le calculó una fortuna similar. Pues bien, si dividimos esa cantidad por sus años de reinado –1975/2015–, resulta un ingreso promedio de 45 millones de euros al año, lo cual no está nada mal.

En 1980, el presupuesto de la Casa Real fue de 200 millones de pesetas, o sea, 1,2 millones de euros. En 2020 es ya de 7,9 millones, es decir, 6,5 veces la de aquel año. La partida, por otro lado, incluye el salario del rey y el de su familia (reina, princesas, padre y madre), los doce altos cargos de la casa y el mantenimiento de La Zarzuela. Es evidente así que sus ingresos públicos no dan para acumular un patrimonio como el suyo.

Desengañémonos, los 65 millones del affaire actual Corina-Arabia Saudí-AVE a la Meca es el chocolate del loro de lo que ha sido un enriquecimiento ilícito mantenido a lo largo de cuarenta años de reinado. Por eso, lo importante, que es sobre lo que menos se habla, es su patrimonio de 1.800 millones: sus orígenes, los negocios realizados para conseguirlos y la red mafiosa española-saudí sobre la que se ha asentado.

Por si alguien piensa que la justicia española va a hacer eso, justicia (ha tenido que ser la suiza quien airease sus trapos sucios), conviene recordar el caso de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y sus cinco hijos (entre ellos, Ana Patricia, actual presidenta del banco), a quienes descubrieron 2.000 millones de euros ocultos en diversos bancos suizos. El asunto se cerró tras pagar estos a Hacienda 210 millones y declarar la Audiencia Nacional que, tras esto, no cabía hablar de delito alguno.

Por otro lado, sentar al Borbón en el banquillo supondría también que las propias empresas españolas adjudicatarias de las obras del AVE a La Meca (Talgo, ACS, Copasa, OHL, Indra, Adif y Renfe...) que abonaron, según se ha publicado, una mordida de 120 millones por aquello, se vieran envueltas en el mismo delito, y eso es mucho juzgar. Por si fuera poco Villarejo, meter en el mismo cesto penal al emérito y a todo un ramillete de empresas del Ibex-35 podría hacer saltar una parte esencial del andamiaje de este régimen.

A la familia real, no es solo que les venga de ADN, sino que para ellos el fraude fiscal es puro deporte. Tres generaciones de borbones actuales han sido expertas en blanquear dinero. Hablamos de Pilar, hermana de Juan Carlos I, su tía Alicia y distintos borbones más –Carlos, Cristina, Alfonso, Pedro...–, que evadieron capitales y los llevaron a cuentas corrientes suizas, luxemburguesas, panameñas... Urdangarín, que fue el último en llegar, aprendió pronto el oficio. Estas habilidades se pegan pronto.

¿Y qué decir de Felipe VI?. En junio de 2014, en su discurso de investidura ante el Congreso, afirmó que la monarquía debía «observar una conducta íntegra, honesta y trasparente...» y que «los principios morales y éticos y la ejemplaridad» debían presidir su actuación. En cualquier caso, según “Daily Telegraph”, en 2004, su viaje de novios (Fiyi, Samoa, Jordania, Camboya, California y México), por importe de 500.000 euros, lo sufragó en gran parte, una empresa de Josep Cusí, amigo personal de su Juan Carlos I. Y fueron felices y comieron perdices. Por supuesto, hasta que no lo reveló el diario británico, en 2020, nada se supo de ello. El chaval salía a su padre. ¿A quién si no?

Luego supimos que Felipe VI era el segundo beneficiario de la cuenta corriente suiza adonde habían ido los cien millones de euros relacionados con la adjudicación del AVE en Arabia Saudí. Se trataba del mayor contrato industrial de España en la historia. Y Felipe VI, que supo del regalito, no dijo nada hasta que el escándalo estalló en Suiza este año 2020. La conducta íntegra, honesta y trasparente impregnada de principios éticos y morales de la que habló en el Congreso era puro cuento.

Mienten más que hablan. Y lo hacen porque son sabedores que quienes rociaron con sus hisopos democráticos la herencia monárquica instituida por Franco, les regalaron, no solo corona y Jefatura del Estado, sino también inmunidad-impunidad constitucional para que nunca puedan ser investigados ni condenados por la comisión de delito alguno. Constitución democrática ejemplo de Europa llamaron a eso.

Resumimos. Los 65 millones ahora juzgados son pura anécdota. El emérito se partió de risa cuando se enteró que su hijo le había quitado la paga de 200.000 euros anuales, pues lo importante para él es su patrimonio de 1.800 millones. Y con respecto a lo que nos cuente Felipe VI, incredulidad total. Todo lo que diga y haga quien se sabe amparado por una inmunidad constitucional carece de credibilidad alguna. Es más, mantener esta es prueba inequívoca de que sigue los pasos de su padre. Tiempo al tiempo. Se va el caimán, pero deja la camada en el nido.

Democracias cloaca

Zamora — Fri, 10 Jul 2020 16:19:35 +0000

Democracias cloaca

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Zamora Vie, 10/07/2020 - 12:19

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Sabino Cuadra Lasarte

Rodríguez Galindo es la persona más condecorada de la democracia. Grande Marlaska es guinness europeo en condenas por no investigar denuncias de torturas. Martín Villa cuenta, entre otras, con la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las Flechas, compartida a su vez con Adolf Hitler, Mussolini, Himmler…

Octubre de 1968. Juegos Olímpicos de México. Acaba de finalizar la prueba de 200 metros. Los velocistas negros de EEUU, Tommy Smith y John Carlos, han logrado el oro y el bronce. Suben al podio descalzos mientras se ponen un guante negro en la mano. Al comenzar a sonar el himno yanqui bajan la cabeza y alzan su puño enguantado. Poco después, en la final de 400 metros, otros tres atletas negros, Lee Evans, Larry James y Ronald Freeman, repiten el gesto. Denuncian así la segregación, la violencia racista y los asesinatos de Malcolm X y Luther King. Reivindican a su vez, con orgullo, el black power.

A finales de los 60, la sociedad estadounidense fue sacudida por todo tipo de manifestaciones, concentraciones y marchas de los movimientos negro y proderechos civiles. A estos se sumaron las gigantescas movilizaciones contra la guerra del Vietnam. Frente a ello, la represión fue brutal. Los asesinatos policiales selectivos, fueron acompañados de violencia indiscriminada. En 1970 –es solo un ejemplo–, la Universidad de Kent fue asaltada a bayoneta calada por la Guardia Nacional. Cuatro estudiantes serían asesinados en la carga.

Casi medio siglo después de aquello, en setiembre de 2016, Colin Kaepernick, importante figura del fútbol estadounidense, también negro, realizó un gesto similar al de México. Tras una final, al sonar el himno, puso rodilla en tierra y agachó su cabeza. Con su gesto quiso denunciar la continuidad de aquella segregación y violencia ejercida contra la población negra estadounidense. Colin sería condenado por el establishment deportivo y marginado de todo tipo de competiciones.

La historia de EEUU no es la que nos ha contado su industria del cine, ni sus poderosos medios de comunicación. Al contrario, aquella se hunde en un lodazal de conquistas violentas, expolio, esclavitud y guerras de conquista, que poco tiene que ver con el discurso oficial. Tras el triunfo de Trump, Spike Lee, famoso cineasta negro, afirmó: «La llamada cuna estadounidense de la democracia es una mierda... Los EEUU son un país construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud».

En el libro “La otra historia de los EEUU”, del historiador Howard Zinn, se desgrana todo lo anterior, mostrándose la verdadera historia de sus pueblos originarios, rebeldes siempre ante el expolio al que fueron sometidos, así como la de millones de personas negras, condenadas a un régimen de esclavitud y segregación que ha llegado hasta nuestros días. Se denuncia también en él la brutal explotación sobre la cual se asentó, a finales del siglo XIX, el capitalismo imperial estadounidense. Millones de inmigrantes italianos, alemanes, judíos, irlandeses, chinos..., crearon entonces, frente a aquel capitalismo negrero y genocida, un combativo sindicalismo de clase, objeto de una salvaje represión patronal-policial. No es casual por ello, que dos de las principales referencias del movimiento obrero internacional, el 1 de mayo y el 8 de marzo, tuvieran que ver con la lucha de aquellos hombres y mujeres y la violencia criminal que padecieron.

La lectura del libro comentado, salvadas las distancias, recuerda inevitablemente la propia historia del Estado español. Un Estado asentado también, desde sus propios orígenes, en la conquista, el expolio y la imposición violenta de religión, lengua y corona al resto de pueblos peninsulares. Conquista y expolio que traspasó luego los océanos y creó aquel imperio en el que la cruz y la espada, caminando siempre juntas, expoliaron a placer, para mayor gloria de sus insaciables monarquías y su extensa corte de nobles, terratenientes, militares, obispos y demás parásitos de todo pelo y condición.

Los pilares del Estado español tienen vicios de origen y estos no son accidentales. El problema radica en su propio ADN, cuyas malformaciones genéticas se han transmitido hasta el día de hoy de monarquía a monarquía, gobierno a gobierno y cúpula militar a cúpula militar: corrupción, parasitismo, paranoias imperiales, militarismo, exclusión... No es casualidad así que, quien se nos ha vendido como ejemplo de demócrata y gran hombre de Estado (Juan Carlos I, evidentemente), no era sino un descarnado ejemplo de desvergüenza, hipocresía y corrupción desaforada.

Hay más ejemplos de lo anterior. Rodríguez Galindo, que hizo del cuartel de Intxaurrondo un antro de torturas al por mayor y fue condenado por el secuestro, asesinato y desaparición de Lasa y Zabala, es la persona más condecorada de la democracia. Grande Marlaska, exjuez de ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, actual ministro del Interior, es guinness europeo en condenas por no investigar denuncias de torturas. Martín Villa, imputado en la querella argentina por los crímenes del franquismo, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y cuenta, entre otras, con la Gran Cruz de la Orden del Yugo y las Flechas, compartida a su vez con Adolf Hitler, Mussolini, Himmler...

Punto y seguido. El excomisario Villarejo, también condecorado y hoy encarcelado, ha sido experto en chantajes, espionajes y extorsiones varias, hechas tanto por encargo bancario como motu proprio. Felipe González, el demócrata modernizador de la España franquista, experto en chaquetazos (OTAN...), cloacas, privatizaciones y poltroneos IBEX-35, a quien la propia CIA ha señalado como capo di capi de los GAL. La guinda exótica la pone Fernández Díaz, anterior ministro del Interior, que unió de nuevo cruz (Opus Dei) y espada (80.000 guardias civiles bajo su mando), afirmando tener apariciones celestiales y un ángel de la guarda que le aparca el coche. Y lo dejamos aquí, porque si empezamos con cúpulas militares, judiciales, bancarias, cementeras y episcopales, no terminaríamos nunca.

Jesús Ibáñez, catedrático de sociología, definió en su día la Transición española de esta manera: «Las moscas han cambiado, pero la mierda sigue siendo la misma». En realidad, a lo que se ve, tampoco fueron tantas las moscas que cambiaron.