Han pasado ya unas semanas después de las celebraciones y ceremonias sobre el medio siglo del tiranicidio que acabó con la vida del entonces presidente español, el arquitecto del franquismo, Luis Carrero Blanco. Como la mayoría de los ciudadanos de este país que Marc Legasse decía que ni existía, no soy autista y, por ello, tampoco he podido abstraerme a tanto engaño desplegado desde Madrid.
El gallego y heterodoxo Ramón María del Valle Inclán fue nombrado, durante la Segunda República, conservador general del Patrimonio Artístico Nacional, cargo del que dimitió poco después por el lamentable estado en que se encontraba precisamente el patrimonio hispano.
Mikel Zabalza fue torturado aplicando las técnicas habituales de Intxaurrondo y cuando murió en la «bañera», el crimen ocultado por la cúpula de Interior, la misma que en aquella época participó en el diseño y contratación de mercenarios y agentes para los GAL.
La infiltración de agentes en diversas asociaciones catalanas ha vuelto a destapar el espionaje que realizan las diversas policías y el CNI a ciudadanos del Estado. Euskal Herria, epicentro de un movimiento independentista dinámico, ha sido vanguardia en infiltraciones, espionajes y técnicas.
En los últimos tiempos, los verdugos de las atrocidades cometidas reivindican su estatus para aparecer con laureles en ese relato trampeado de la «Transición Modélica».
Ni la toma de la Bastilla, ni la Marsellesa ni les Bleus cohesionaron a una sociedad diversa tanto como lo hizo el relato de «las guerras heroicas».
Los conflictos, los enfrentamientos, las guerras suscitan negocios redondos. Las víctimas han pasado a ser daños colaterales de inversiones estratosféricas, mientras que las propuestas políticas, los escenarios de concordia, las apuestas por el diálogo o los llamados a la paz son solo referencias secundarias en esos movimientos económicos.
Resulta indignante que aún en 2022 andemos buscando fosas con los restos de aquellos presos, como si fueran despojos arqueológicos
En estos tiempos que llaman de relajo, de paz (¿romana?) o, como dice la izquierda abertzale, de transición, las espadas de Damocles continúan balanceándose sobre nuestras cabezas.
En 1995 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el ametrallamiento policial fue ilegal, contra el derecho a la vida. A pesar de que eran militantes del IRA.