Colombia

Mancuso: “El paramilitarismo surge de la mano del Estado”

Zamora — Mon, 15 May 2023 22:12:11 +0000

Mancuso: “El paramilitarismo surge de la mano del Estado”

Zamora Lun, 15/05/2023 - 18:12

Colombia Informa

Los días 10, 11, 15 y 16 de mayo del presente año, el Tribunal de Justicia Especial para Paz (JEP) realizarán una audiencia única para escuchar a Salvatore Mancuso. Las declaraciones salpican a políticos, fuerzas armadas, así como a empresas privadas.

Esta Audiencia Única de Verdad, fue efectuada en Montería, donde la JEP dará una última oportunidad al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso para que demuestre que actuó como ‘bisagra’ entre la fuerza pública y los paramilitares.

Mancuso se conectó virtualmente desde un centro de reclusión en Georgia, E.U. para responder el cuestionario de la magistrada Heydi Baldosea, Presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, del Magistrado Pedro Díaz y de la Magistrada María del Pilar Valencia.

La magistrada Baldosea recordó que en la Audiencia Única de Verdad: “Mancuso Gómez debe demostrar judicialmente que su rol no fue el de un simple integrante del grupo paramilitar, sino que actuó en calidad de sujeto incorporado a la fuerza pública”.

"Cuando fui a pedir ayuda y protección al Estado terminé reclutado por el Ejército", dijo Mancuso. Y relató cómo frente a las extorsiones de la guerrilla acudió al mayor Frattini Lobascio quien le pidió su colaboración como guía e informante para poder actuar contra la guerrilla pic.twitter.com/Ei5q35uAnx

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 10, 2023

En las declaraciones, Mancuso explicó la forma como conocieron que existía una política del Estado para facilitar la creación de grupos paramilitares. En este trabajo estaban involucradas la Policía Nacional de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército Nacional de Colombia.

Las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso señalan que los grupos paramilitares fueron creados gracias al Estado colombiano. Leyes y políticas oficiales permitieron la creación de estos grupos armados, que se fortalecieron gracias a las llamadas Convivir. A esto se sumó la dirección y coordinación de las Fuerzas Militares con el apoyo de empresarios y políticos.

El exparamilitar también explicó que en este esfuerzo se sumaron ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios para facilitar la creación de estos grupos. Detalló también que fue el Ejército quien les dio entrenamiento y formación. Si bien algunos empezaron como guías o personas que les facilitaban información, después aumentaron su trabajo de la mano de las fuerzas armadas.

Los mencionados por Mancuso

El excomandante paramilitar recordó durante la audiencia a Pedro Juan Moreno Gómez: “Pedro Juan Moreno me asesora para crear la Convivir Horizonte Ltda. con uniforme de policía cívica, hacíamos retenes e inteligencia con la policía. Todas las semanas hacíamos reunión en el comando de la policía con el comandante y el subcomandante de la policía”.

Pedro Juan Moreno Villa fue un político, empresario e ingeniero. Fue elegido secretario de gobierno, cuando Álvaro Uribe fue elegido gobernador de Antioquia en 1995, época en la que juntos impulsaron la creación de las Convivir.

Moreno Villa fue uno de los promotores de la primera elección de Uribe para la presidencia. Sin embargo, se distanció de este debido a diferencias con algunas de las personas que trabajaban con Uribe Vélez, como Fabio Echeverri.

Pedro Juan Moreno Villa murió en 2006 en accidente aéreo en la región de Urabá. El 2 de junio de 2010, durante una audiencia pública contra el general (R) Rito Alejo del Río, procesado por sus nexos con paramilitares, desmintió que la muerte de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, haya sido producto de un accidente. Afirmó que él fue asesinado. En 2016, el Fiscal General de la Nación compulsó copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez por la muerte de Pedro Juan Moreno.

Otro de los señalados por Mancuso, fue el exvicepresidente Francisco Santos. Este periodista y político fue vicepresidente durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Mancuso afirmó que Santos le pidió que creara el Bloque Capital para crear un grupo paramilitar en Bogotá.

De igual forma, Francisco Santos usaba su columna en el periódico El Tiempo para justificar y legitimar el accionar de los grupos paramilitares y buscar que la sociedad apoye estos grupos.

Mancuso le dijo a la JEP: “Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó el periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de las autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso”.

En 1997, el periódico El Tiempo pertenecía a la familia Santos, donde trabajaba Francisco Santos. Actualmente, este diario pertenece al multimillonario banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

Aunque el diario El Tiempo publicó la noticia sobre la audiencia en la JEP de Salvatore Mancuso, no hizo ninguna mención a las acusaciones hecha por el excomandante paramilitar. Por su parte, Francisco Santos negó las acusaciones.

Mancuso también responsabilizó al general Iván Ramírez Quintero, quien a pesar de las múltiples acusaciones por paramilitarismo trabajó como asesor del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

De igual forma, fue mencionado Jorge Visbal Martelo, quien dirigió la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). Estuvo en el Congreso colombiano en el gobierno Uribe y embajador de Perú durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Actualmente, se encuentra encarcelado, luego de ser encontrado responsable de concierto para delinquir con los grupos paramilitares.

Empresas multinacionales acusadas

Entre las empresas mencionadas por Mancuso de apoyar a grupos paramilitares aparecen las multinacionales Chiquita, Dole y Del Monte, Drummond: “Cada una de ellas pagó un centavo de dólar por cada caja de banano que exportaron”.

En 2007, la Chiquita Brands International admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que financió paramilitares y fue obligada a pagar una multa de 25 millones de dólares. La bananera ya no opera en el país. Esta misma empresa antes se llamaba United Fruit Company, la misma que tuvo responsabilidad en la masacre de las bananeras, cometida por los militares en 1928.

La empresa carbonífera estadounidense Drummond, que explota sus yacimientos en el departamento del Cesar, enfrentó un proceso judicial en su país por pagar a un comandante paramilitar para que asesinara a tres líderes sindicalistas. También fue acusada de financiar grupos paramilitares.

Desde 2007, Salvatore Mancuso acusó a las empresas Postobón y Bavaria de financiar grupos paramilitares. Ambas empresas negaron las acusaciones hechas por el excomandante paramilitar.

Mancuso denunció en 2007, que Postobón pagaba unos 7.000 dólares mensuales al cambio de entonces por cada departamento en el que distribuía sus productos, mientras que Bavaria desembolsaba unos 70 centavos de dólar por cada 30 cervezas que vendía en la Costa Atlántica.

Postobón hace parte del conglomerado Ardila Lule, dueños de varias empresas como RCN, el equipo de fútbol Atlético Nacional, empresas azucareras, entre otras empresas. Hasta el año 2005, Bavaria perteneció al Grupo Santo Domingo.

Mancuso también confirmó que los paramilitares asesinaron a varias personas y le entregaron a las víctimas al Ejército, los cuales presentaban a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.

En los próximos días continuará en la JEP la audiencia donde Salvatore Mancuso continuará explicando la forma como el paramilitarismo era dirigido y organizado por la fuerza pública, la cual les entregaba información a los paramilitares para cometer crímenes.

JEP envía a la cárcel a Coronel acusado del asesinato de 70 personas

La Jurisdicción Especial para la Paz envió a la cárcel al coronel retirado Publio Hernán Mejía, el cual se encontraba en libertad condicional. Este militar es acusado del asesinato de 70 personas, las cuales fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.

Por incumplir el régimen de condicionalidad, la JEP revocó el beneficio de libertad y expidió orden de captura contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía.

La JEP informó en el día de hoy que el coronel (r) Publio Hernán Mejía incumplió las garantías de no repetición y revictimización con las que se comprometió cuando se sometió a la JEP. Así lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, tras resolver el incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

El tribunal decidió revocar el beneficio de libertad otorgado y ordenar la captura del alto oficial retirado del ejército. Publio Hernán Mejía es acusado por antiguos soldados profesionales de tener vínculos con paramilitares y de ordenar el asesinato de personas para luego presentarlas como guerrilleros dados de baja en combate.

El coronel (r) Publio Hernán Mejía se encontraba en libertad después que la JEP autorizó la libertad transitoria, condicionada y anticipada en 2017.

La decisión fue tomada luego de comprobar que las expresiones utilizadas por el compareciente, en redes sociales, violaron el compromiso de garantías de no repetición.

La JEP le imputó a Mejía Gutiérrez crímenes de guerra y lesa humanidad, dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes de Estado. Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, fue hallado máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. Tras decidir no reconocer responsabilidad, el proceso del Coronel (r) fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación.

Según la JEP, expresiones y afirmaciones públicas hechas por Mejía Gutiérrez durante las protestas sociales en 2021 van en contravía del deber que los comparecientes adquieren de asumir la defensa de una cultura de paz, inclusive en escenarios de contienda política.

La JEP analizó 26 vídeos publicados en el canal de YouTube’ Primero la Patria’ y encontró que en cuatro de ellos se presenta una afectación directa al régimen de condicionalidad, lesionando gravemente los derechos y garantías de las víctimas.

El Tribunal determinó que el coronel estigmatizó, amenazó, lanzó expresiones de odio, incitó a la violencia, negó la democracia y revictimizó los derechos de las víctimas. También, presentó la confrontación armada como única salida al conflicto armado. “No se trata, pues, de meras opiniones o comentarios molestos, se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluyen más grave aún a víctimas ante la JEP y a sus representantes”, señaló la JEP.

En días pasados, el excoronel Publio Hernán Mejía, el exgeneral Iván Ramírez Quintero y el excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez fueron sancionados por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.

Según el gobierno estadounidense, los exmilitares fueron sancionados “por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia”, por lo que ni los exoficiales ni sus familias podrán entrar a territorio norteamericano.

La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó que el coronel Mejía sea arrestado y remitido a un lugar de reclusión en donde deberá cumplir la sentencia impuesta por concierto para delinquir agravado.

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Concluye el Segundo Ciclo de Diálogos de Paz con el ELN en México

Zamora — Mon, 13 Mar 2023 12:59:52 +0000

Concluye el Segundo Ciclo de Diálogos de Paz con el ELN en México

Zamora Lun, 13/03/2023 - 08:59

Colombia Informa

El viernes 10 de marzo en la ciudad de México, las delegaciones del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional entregaron las conclusiones del segundo ciclo de diálogos que comenzó el pasado 13 de febrero. El evento contó con varios invitados, entre ellos lideresas sociales, la Vicepresidenta Francia Márquez, el canciller Álvaro Leyva, gobernadores, entre otros.

Durante las conversaciones, las partes avanzaron en lo que llamaron el “Acuerdo de México” que definió la agenda definitiva y avanzó en su primer punto: La participación de la sociedad. Además, de dar las primeras ideas sobre un futuro cese al fuego bilateral.

Finalmente, la agenda contempló los siguientes puntos: 1. Participación de la sociedad 2. Democracia para la paz 3. Transformaciones para la paz 4. Víctimas 5. Fin del conflicto armado.

Pablo Beltrán caracterizó la Mesa de diálogo como un instrumento de un proceso de cambio que incluye los mandatos de la juventud en el pasado estallido social. Sobre el primer punto dice que la mesa “Convoca a toda Colombia a construir una visión común de paz con la finalidad de una alianza político social que estructure un acuerdo nacional” y determine así las transformaciones que el país necesita. También dijo que el cese al fuego contará con el objetivo de llevar alivios humanitarios y permitir que las comunidades participen del proceso de paz.

Por parte del gobierno, Otty Patiño enfatizó que “La paz no es una imposición y requiere consensos profundos” y que a pesar de las dificultades, buscaran un “itinerario común de paz”.

Los representantes de Cuba y países garantes señalaron que la experiencia mostraba que “cuanta más participación había en los acuerdos, más alta era su legitimidad”.

El acuerdo es claro al decir que “la participación será vinculante y transformadora” y el cese al fuego será temporal bajo el marco del DIH, contando con un mecanismo de evaluación y monitoreo, como lo dijo Silvana Guerrero, delegada de ELN.

Finalmente, la Vicepresidenta Francia Márquez hizo énfasis en la actual crisis económica, social y ambiental que vive el país a causa de modelos y estructuras que se han impuesto a través de la violencia. Manifestó la urgencia de “sacar las armas del camino” aunque también reconoció que “no hay mensajes alentadores, en los territorios, la gente sigue sufriendo el conflicto”, lo cual obligaba a este gobierno a continuar acogiendo este proceso “y no levantarse de la mesa hasta la firma de la paz”.

En días pasados, la mesa informó que Cuba será el anfitrión del próximo ciclo de diálogos. Mientras tanto, las comunidades en los territorios siguen padeciendo el conflicto y esperan alivios humanitarios, pero también ser escuchadas en este proceso que se espera traiga cambios importantes en la sociedad colombiana.

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El Comandante Pablo Beltrán habla sobre los Diálogos de Paz

Zamora — Thu, 23 Feb 2023 02:27:25 +0000

El Comandante Pablo Beltrán habla sobre los Diálogos de Paz

Zamora Mié, 22/02/2023 - 22:27

Cira Pascual Marquina

Entrevista a

Pablo Beltrán

Colombia y Venezuela –junto con Ecuador y Panamá– forman parte de lo que Simón Bolívar llamó “La Gran Colombia”. Estos países hermanos comparten una historia, una cultura y un horizonte emancipador. Por eso, una paz sustantiva en Colombia es de enorme importancia no sólo para el pueblo neogranadino, sino también para Venezuela y para toda la región.

En esta entrevista, Pablo Beltrán –miembro del Comando Central del ELN [Ejército de Liberación National] y jefe de la Delegación de Diálogos– habla sobre los Diálogos de Paz que iniciaron en Caracas en noviembre de 2022 y que actualmente continúan en México.

70 años de guerra en Colombia y al menos 157 líderes sociales asesinados en el año 2022 en la guerra contra el pueblo. ¿Están dadas las condiciones políticas y sociales para firmar un acuerdo entre el ELN y el Gobierno de Colombia?

Existen de sobra condiciones y exigencias políticas y sociales para sacar adelante un Proceso de Paz en Colombia, porque es lo único que nos hará una nación viable. Además ahora hay un Gobierno progresista que tiene como una de sus metas principales lograr una paz integral y definitiva. Las víctimas que suman decenas de millones reiteran su exigencia para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Los sectores de la derecha que antes se opusieron al Proceso de Paz, ahora mantienen una actitud escéptica, pero con la expectativa de también ser tenidos en cuenta en la formulación de una visión común de paz.

El 21 de noviembre inició un nuevo ejercicio en los Diálogos de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Estos diálogos se inician en un nuevo escenario político y geográfico. ¿Podrían hablarnos brevemente del rol de Venezuela como país veedor en estos diálogos?

Desde el primer día del Gobierno del Presidente Hugo Chávez en 1999, la República Bolivariana de Venezuela ha albergado Mesas de Diálogo entre el Gobierno de Bogotá y el ELN. Desde entonces cumple el doble rol de ser País Garante de esta Mesa –que le implica ser testigo y depositario de los acuerdos que se suscriben–, junto a ser el país de tránsito para nuestra Delegación de Diálogos de paz.

Ustedes han planteado en una entrevista que para el ELN es importante que los diálogos operen en dos registros amplios: (I) Hacia la desactivación de los factores internos que generan el conflicto social, político y armado y (II) hacia la activación de un proyecto soberano sin la intervención de Estados Unidos como atizador de la guerra en Colombia. Comencemos por el primer punto. ¿Qué mínimos plantean desde el ELN para la desactivación de los factores internos que crean el conflicto en Colombia?

Insistimos que debemos actuar sobre las causas que generan el Conflicto Armado en Colombia y no solo tratar de afectar sus consecuencias. También hemos dicho que estas Mesas de Conversaciones, como no pueden hacer “una revolución por contrato”, tampoco pueden hacer una desmovilización de las rebeldías por contrato. En este sentido la desactivación de las causas la entendemos como un proceso que erradique el empobrecimiento y exclusión social, que frene el saqueo de bienes nacionales y su depredación inclemente, que erradique la persecución y el genocidio político que ordena la Doctrina de Seguridad del viejo régimen, que ataque frontalmente la corrupción sistémica y que las políticas para el país se dejen de dictar en Washington.

Este programa de transformaciones lo debe soportar una amplia alianza de fuerzas políticas comprometidas con el cambio y la solución política del conflicto, que pueda ser desarrollado en el corto, mediano y largo plazo, más allá de solo en el actual Gobierno.

En relación al punto II, el gobierno de Gustavo Petro no parece tener intención de activar un proceso para que las bases estadounidenses sean desmanteladas. ¿Cómo destrabar esta situación, que por demás afecta a toda la región?

El arte de dominar del imperialismo norteamericano ha estado en “dividir para reinar”, pero ahora comienza una nueva fase del proceso de integración de América Latina y el Caribe, que va a hacer posible tener una sola voz ante las potencias mundiales, con lo que problemas agudos que sufren nuestros pueblos van a tratarse desde una fuerza soberana conjunta, que reclama soluciones dignas para sus naciones y sus pueblos. Por ejemplo, hacer de esta región una zona de paz, buscar alternativas a la fracasada “Guerra contra las drogas”, deshacernos de la esclavitud de la deuda externa, entre otros problemas.

Posiblemente, uno de los problemas más gruesos en los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC fue la limitada participación del pueblo en el proceso. Entiendo que el primer punto que el ELN pone sobre la mesa en los diálogos es la “participación de la sociedad civil en la construcción de la paz”. ¿Cómo se puede lograr este objetivo?

Los tres primeros puntos de la Agenda de negociaciones están referidos a la participación vinculante de la sociedad en este proceso de solución política del conflicto, con el propósito de construir una visión común de paz. Esto implica diseñar una metodología precisa de participación, que permita diagnosticar los problemas estructurales del país y a su vez formular un plan de transformaciones de corto, mediano y largo plazo; esto es, que la gente diga cuáles son los cambios indispensables y asuma un compromiso para realizarlos, lo que pasa por materializar un acuerdo nacional de muchas fuerzas políticas y sociales interesadas en pasar la página de la Guerra del viejo régimen y en buscar alternativas más allá del capitalismo salvaje.

En concreto, ¿cuál sería el impacto de un posible acuerdo para el pueblo colombiano, pero también para el pueblo venezolano y las gentes de la región en general?

El lunes 6 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aceptó volver a ser País Garante de esta Mesa de Diálogos de Paz y agregó que este es un “proceso fundamental para consolidar la paz de Colombia y en consecuencia de gran importancia para la región y el mundo”.

¿Cómo esperan que pueda funcionar un eventual cese bilateral tras acordarlo en los Diálogos?

Contamos con la experiencia del cumplimiento de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional acordado con el Gobierno de J. M. Santos en 2017, en saludo a la visita del Papa Francisco; el cual funcionó –con uno que otro incidente– y demostró por primera vez en la historia de Colombia que era posible este tipo de desescalamiento del conflicto armado; para lograr este resultado fue necesario acordar protocolos muy específicos, que señalaron qué cubría este cese y qué no cobijaba.

En el proceso de paz con el ELN, ¿cuáles serían los elementos de justicia que ustedes están interesados en alcanzar y a cuáles se comprometerían?

El punto cuatro de la agenda de negociaciones dice que “en la construcción de una paz estable y duradera, es esencial el reconocimiento a todas las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación, con base en la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido. El conjunto de estos elementos fundamentan el perdón y proyectan el proceso de reconciliación”. Para nosotros lo primero es escuchar a las víctimas y que sean vinculadas efectivamente en este Proceso de Paz. En segunda instancia trataríamos lo pertinente a la situación jurídica de los integrantes del ELN, asunto que es materia del punto cinco de la agenda referido a poner fin al Conflicto Armado y sacar la violencia de la política.

[Entrevista para Venezuelanalysis.com]

Exterminio o genocidio: lo que dice el fallo de la Corte IDH en el caso de la UP

Zamora — Thu, 02 Feb 2023 17:31:30 +0000

Exterminio o genocidio: lo que dice el fallo de la Corte IDH en el caso de la UP

Zamora Jue, 02/02/2023 - 13:31

El Espectador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este lunes a Colombia por el asesinato, desaparición y persecución sistemática de integrantes del partido político Unión Patriótica (UP). En algunas decisiones, la justicia ha declarado que se trató de un genocidio, pero, ante el tribunal internacional, el Estado colombiano había pedido que se descartara este término. Al resolver el expediente y declarar la responsabilidad estatal por agresiones contra más de 6.000 víctimas, la Corte dio su posición al respecto.

La Corte IDH escribió en la sentencia que “pudo comprobar la existencia de un plan de exterminio sistemático de los militantes e integrantes de la UP llevado a cabo por actores estatales y/o terceros con la tolerancia o aquiescencia del Estado”. El fallo describe cómo, después de 1986, cuando la UP participó en sus primeras elecciones, sus líderes más visibles comenzaron a ser asesinados, a la vez que cientos de militantes tuvieron que salir desplazados de sus hogares, a decenas de mujeres las violentaron sexualmente, entre otros vejámenes.

De manera insistente, las víctimas habían pedido que se declarara que el Estado colombiano había cometido un genocidio, en violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Los abogados de Colombia le habían pedido a la Corte que descartara esa petición, bajo el argumento de que no tenía competencia para determinar esto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al presentar el caso al tribunal internacional, había concluido que no se daban las condiciones para calificar lo ocurrido como un genocidio.

Entre abogados, además, siempre ha habido controversia por esto, ya que la Convención define el genocidio como la matanza, lesión grave, medidas tendientes a la destrucción física, medidas destinadas a impedir los nacimientos o traslado a la fuerza de niños de un mismo grupo nacional, étnico, racial o religioso. El tratado no habla de grupos políticos. Sin embargo, en el Código Penal colombiano sí se incluyó la identidad política de las víctimas en la definición de genocidio, y hay decisiones judiciales, por ejemplo, en Justicia y Paz que han reconocido que contra la UP se gestó un genocidio.

En la sentencia, la Corte IDH recordó que el “objeto de su mandato es la aplicación de la Convención Americana (de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José)”. A renglón seguido añade que no le corresponde a esa Corte Interamericana determinar responsabilidades penales individuales. Y es precisamente eso lo que busca la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Lo que sí pueden hacer los jueces interamericanos es definir la responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos, que acarrea consecuencias administrativas.

En este caso, entonces, la Corte volvió a utilizar una fórmula a la que había recurrido en el pasado: al no poder hacer una calificación propia del derecho penal, como atribuir la comisión de un delito —el genocidio—, clasificó lo ocurrido como un “crimen contra la humanidad”. Así lo explica el fallo: “todo el emprendimiento sistemático contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica configura un crimen contra la humanidad”.

Y añade: “es claro que las acciones y omisiones o aquiescencias estatales emprendidas con el propósito de aniquilamiento de un grupo humano de cualquier naturaleza configuran siempre un crimen de lesa humanidad”. Incluso explica que las acciones y omisiones del Estado frente al exterminio de la Unión Patriótica derivaron en que el propio Estado aún no haya esclarecido lo que ocurría y qué organizaciones criminales había detrás, “a fin de poner en marcha todo su aparato estatal para desarticularlas y prevenir la continuidad del exterminio que estaba ocurriendo bajo su jurisdicción”.

Ahora bien, desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que actúan como abogados de Colombia, celebraron que la sentencia reconociera decisiones internas que han declarado que sí se trató de un genocidio. “Se trata del reconocimiento de genocidio político de un partido político en Colombia”, dijo Martha Lucía Zamora, su directora, tras señalar un aparte del fallo de la Corte IDH en el que se explica que, en el Código Penal colombiano el delito genocidio sí puede cometerse contra grupos políticos, elemento que no está incluido en la Convención internacional.

Para Zamora, entonces, “hay un acompañamiento, una coordinación entre nuestra legislación interna del Código Penal y la decisión de la Corte Interamericana del reconocimiento de que se trató de un genocidio político”, según dijo en rueda de prensa. La directora de la Andje añadió que, “esto es muy importante para el país pues realmente muchos años no se tuvo claridad sobre este tema y por esa razón la diferencia entre lo consagrado internamente y las disposiciones internacionales sobre la materia”.

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Comunidades completan 48 horas de Paro Regional Indefinido en Colombia

Zamora — Thu, 26 Jan 2023 17:59:13 +0000

Comunidades completan 48 horas de Paro Regional Indefinido en Colombia

Zamora Jue, 26/01/2023 - 13:59

Natalia Duque

Comunidades campesinas y mineras de la región de los Dos Ríos, en Colombia, declararon un Paro Regional Indefinido para exigir el desmonte del paramilitarismo y el reconocimiento de una Emergencia Humanitaria. Desde este lunes en la madrugada se mantienen bloqueando una de las principales vías del país y exigen la presencia del presidente Gustavo Petro.

En la madrugada del 23 de enero miles de personas de los departamentos de Norte de Santander, Santander, nordeste antioqueño, Cesar y Bolívar, se encontraron en La Lizama, un punto de la vía que comunica las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja. Armaron algunas carpas y con banderas, trapos y carteles se pararon en medio de la carretera.

"Paro Regional Indefinido, Emergencia Humanitaria, Vida y Territorio", escribieron en un gran pedazo de tela amarillo que atraviesa la calle y que acompaña como bandera a las comunidades que desde hace varios meses han denunciado la incursión y fortalecimiento de grupos paramilitares en sus territorios.

“Hablamos de una crisis humanitaria porque las comunidades se están viendo afectadas en sus cotidianidades”, asegura María José Pérez, defensora de Derechos Humanos de la Región de Los Dos Ríos.

Se cumplen casi 2 días del #ParoEnLaLizama
Los pueblos de la #RegiónDeLosDosRíos ha salido a la calle, obligados ante la #EmergenciaHumanitaria
Que vive la región.
Presidente @petrogustavo es necesario el #DesmonteDelParamilitarismo en el país pic.twitter.com/TtViLP6owq

— Congreso de los Pueblos (@C_Pueblos) January 24, 2023

Además, afirma que “se están presentando grandes afectaciones a los Derechos Humanos, como retenes irregulares, asesinatos selectivos, desplazamiento y una gran estigmatización de las dirigencias y liderazgos sociales”.

A esta hora la vía que comunica las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja aún permanece bloqueada. Pero esta movilización indefinida es la expresión de distintas denuncias y llamados urgentes que las organizaciones de la región han hecho a la opinión pública y al gobierno nacional durante meses.
Los Dos Ríos y la presencia de actores armados

La región de “los Dos Ríos” lleva este nombre porque la atraviesan dos grandes ríos: el Magdalena y el Cauca. Sus suelos tienen vocación agrícola, es decir, son aptos para sembrar alimentos, y cuenta con territorios estratégicos como la Serranía de San Lucas, un entramado de montañas en cuya tierra abundan minerales.

Además, esta región resulta ser estratégica para el narcotráfico pues, según el 'Informe de Derechos Humanos en la región de los Dos Ríos: paramilitarismo y modelo represivo contra las comunidades', realizado por el Equipo Jurídico Pueblos -EJP-, en ella nacen dos corredores; el primero empieza en Segovia (Antioquia), conecta a Bolívar y termina en el Catatumbo (Norte de Santander). El segundo, conocido como "Corredor norte", inicia en Anorí y va hasta el Urabá chocoano.

Este es un “epicentro estratégico al que los grupos paramilitares quieren llegar y desencadena en que la crisis humanitaria sea más fuerte”, afirma Pérez. Aquí hacen presencia los Caparrapos, una banda llamada Jalisco Nueva Generación y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

Según las comunidades estas últimas son quienes llevan a cabo un mayor ejercicio de control y zozobra, luego de haber crecido y consolidado su presencia durante el periodo de pandemia.

Estas estructuras “operan -de manera coordinada- bajo una misma estrategia, con el Ejército y en algunos sectores, con las Disidencias” de las Farc, según el informe del EJP. Se trata de “un plan de copamiento militar y paramilitar”, una estrategia atravesada por intereses económicos y políticos: mineros, agroindustriales, ganaderos, narcotráfico; dejando a las comunidades en el centro de esa disputa.

• Las riquezas naturales, hídricas, energéticas y agropecuarias de la #RegiónDeLosDosRíos la sitúan como una de las más importantes del país. Debido a esto, está inmersa en fuertes conflictos por el control del territorio y sus economías. Por eso hay #ParoEnLaLizama pic.twitter.com/MyeXzSj8h3

— DerechosdelosPueblos (@equipojuridico) January 24, 2023

Ataques, desplazamientos, asesinatos

“Miles de campesinos nos encontramos hoy aparcados en la carretera porque queremos buscar soluciones a la situación humanitaria que venimos sufriendo”, dice Leidy Gil, vocera de los Dos Ríos. Esta crisis se materializa en cada una de las veredas, municipios y departamentos que integran esta región a manera de asesinatos selectivos, confinamientos, retenes irregulares, entre otras acciones.

En los últimos dos años se han registrado tres casos de judicializaciones y detenciones arbitrarias, al menos cinco casos de desaparición forzada en 2022 y el asesinato de dos líderes históricos de la región: Jorge Tafur y Teófilo Acuña.

Sumado a esto se ha hecho un “control social conjunto”, pues en el sur de Bolívar, por ejemplo, el ejército establece un retén y a menos de 15 minutos las AGC instalan otro, cuenta Gerardo Amador, campesino de esta región.

Además, las comunidades denuncian que todos los días se evidencia el movimiento de los grupos paramilitares con la presencia de entre cien y quinientos hombres que transitan libremente y en connivencia con la fuerza pública.

María José Pérez asegura que esta crisis humanitaria ha tenido como consecuencia el desplazamiento masivo, la estigmatización del campesinado y, sobretodo, sensaciones de zozobra y temor para las comunidades. A pesar de esto, las organizaciones sociales y populares, “dentro de la resistencia, lucha por la permanencia y la vida, nos seguimos manteniendo firmes”.

En medio del temor y la violencia se han forjado y fortalecido un tejido social organizativo que, “en un ejercicio de autoprotección, hemos creado Guardias Campesinas, Agromineras; tenemos actividades de caravanas humanitarias y ambientales… y por supuesto, la movilización social y política como en la que nos encontramos el día de hoy”, afirma Pérez.
El desmonte del paramilitarismo: una exigencia clave

“Nos lanzamos hoy a la calle porque necesitamos garantías para permanecer en nuestros territorios”, aseguró Leidy Gil en la rueda de prensa que se llevó a cabo el martes 24 de enero en el punto de bloqueo. Para este momento los campesinos y campesinas ya completaron 48 horas de protesta y podrían ser muchas más, pues hablan de un paro regional de carácter indefinido.

Sostienen como una de sus principales exigencias que el presidente Gustavo Petro establezca un mecanismo de interlocución con la región y sus procesos organizativos, aclarando en esa misma rueda de prensa que han “apoyado el impulso de este gobierno y esta movilización no se enmarca en el llamado de la ultraderecha a salir a las calles”.

Además, exigen que se reconozca el estado de Emergencia Humanitaria en la región y se tomen medidas concretas para garantizar la vida, la permanencia y el ejercicio de los liderazgos, a través de la creación de un plan integral y de una comisión permanente que realice el seguimiento de la Emergencia.

Sin embargo, hay una exigencia de carácter más estructural que es transversal a las problemáticas que exponen: el desmonte del paramilitarismo. En este punto el Estado juega un papel fundamental, pues, según los mismos testimonios de las comunidades, ha sido evidente la colaboración de la fuerza pública con los grupos paramilitares.

✊Exigimos el #DesmonteDelParamilitarismo y garantizar la vida, integridad física y el derecho a permanecer y defender el territorio de estas comunidades campesinas y sus liderazgos sociales. Por eso hay #ParoEnLaLizama pic.twitter.com/Af59Jm6CV0

— Coordinador Nacional Agrario | CNA-Colombia (@CNA_Colombia) January 24, 2023

Aunque es el campesinado de esta región quienes se declararon en paro indefinido, la historia se repite en los demás departamentos y ciudades del país, donde el accionar de estos grupos pone en riesgo los planes de vida construidos por las comunidades.

Para Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos y quien también acompaña la protesta, “si no se desmantela el paramilitarismo, cualquier propuesta de paz, planteada por cualquier gobierno, fracasa. No es posible. Por eso es importante que se entienda por qué esta lucha trasciende esta carretera…es una reivindicación nacional”.

Hasta el momento, al punto de bloqueo han llegado efectivos del ejército y policías que transitan de manera irregular, con sus identificaciones escondidas, hostigando a los manifestantes; sin embargo, el gobierno nacional todavía no se ha manifestado con relación a las exigencias del paro.

Hoy estoy como interlocutor del Gobierno Nacional con las comunidades de la región de los dos Ríos, se está pidiendo que haya un desmonte del paramilitarismo. La comunidad campesina ya no aguanta tanto atropello y asesinato de estos grupos. #DesmonteDelParamilitarismo pic.twitter.com/YcfC82FYPN

— Robert Daza (@RobertDazaG) January 24, 2023

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Así fue la caravana del Gobierno y Eln para oír el drama de guerra en el Pacífico

Zamora — Tue, 24 Jan 2023 13:41:17 +0000

Así fue la caravana del Gobierno y Eln para oír el drama de guerra en el Pacífico

Zamora Mar, 24/01/2023 - 09:41

Natalia Romero Peñuela/Camilo Alzate González

Cinco días duró el recorrido que delegados del Gobierno y el Eln realizaron en Bajo Calima y el medio San Juan, zonas donde se harán los pilotos de alivios humanitarios. Las comunidades hicieron varias peticiones, que serán presentadas en el próximo ciclo de la mesa de diálogos que inicia en febrero, en México. Colombia+20 los acompañó.

Desde la orilla del río Calima, mientras el bote se acerca, Santa Rosa de Guayacán aparece como cualquier otro pueblo de las selvas del Pacífico, rodeado de monte y nubes perpetuas. Pero basta detenerse un momento junto al embarcadero para comprender que este es un pueblo fantasma: no se oyen los perros ni el cacarear de los gallos, tampoco salen niños corriendo a recibir a los visitantes con su acostumbrado tropel de algarabía, ni hay ropa secándose al sol en las ventanas.

Santa Rosa de Guayacán es un pueblo muerto o, mejor, es un pueblo del que se ha retirado la vida. Las casas, que ya han empezado a perder algunas tejas de zinc arrancadas por el viento, completan un año y dos meses vacías, desde que los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Agc (también llamadas Clan del Golfo) forzaron a las 28 familias de indígenas wounaan a huir rumbo a Buenaventura, en noviembre de 2021. Como este hay otros tres caseríos en el río Calima parcialmente vacíos o abandonados por completo desde que empezó la crisis humanitaria en la región, a finales de 2021.

Después de una correría de varios meses padeciendo el hambre y la limosna en las calles de Buenaventura, las 28 familias del resguardo wounaan de Guayacán fueron a parar al albergue Arcesio Paz, administrado por la Arquidiócesis de Cali en Dagua, Valle del Cauca, un pueblo frío y montañoso lejano, a muchos kilómetros de su tierra. En ese albergue, el primero de un eje humanitario que es apoyado por la Iglesia católica en la región, los 155 comuneros indígenas se convirtieron en 163, porque varias de las desplazadas habían salido huyendo embarazadas.

Y este, dicen ellos, es uno de los dramas más dolorosos para el pueblo wounaan en Buenaventura y el Chocó: sus hijos están naciendo y creciendo lejos del río, algunos no lo han visto nunca. El territorio, ese concepto que engloba la vida, la historia y las creencias de estas comunidades, ha sido reemplazado por el albergue, un lugar ajeno y extraño donde la supervivencia depende de la caridad, las donaciones o ayudas humanitarias de agencias y entidades oficiales.

Igual a este albergue hay al menos ocho entre Cali y Buenaventura, receptores de la población que escapa de la reciente ola de violencia, pero también de desplazados de hace 20 y 25 años que no quieren volver a sus tierras. Siguiendo la ruta de estos albergues comenzó el miércoles la Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el río San Juan, como parte de los acuerdos logrados en diciembre pasado entre el Eln y el Gobierno para generar “alivios humanitarios inmediatos” en una de las regiones más afectadas por la confrontación.

La caravana es el primer gesto concreto desde que empezaron los diálogos con el Eln, el 21 de noviembre de 2022. También es la primera vez que se hace un recorrido con delegados de la mesa para documentar la situación de derechos humanos, hacer un informe y avanzar en un acuerdo parcial de alivios en la zona.

Todo eso se llevará a la mesa que sesionará en México, luego del encuentro en Caracas, donde superaron el impasse generado por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un acuerdo de cese al fuego bilateral que no existió.

La delegación visitó albergues en Dagua y Buenaventura y luego se dividió para hacer dos recorridos: uno por el medio y bajo San Juan para visitar los pueblos de San Miguel, Noanamá, Negría y Panamacito. La otra recorrió el Bajo Calima (Valle) hasta llegar a Docordó (cabecera urbana del Litoral de San Juan, en Chocó) en el camino visitó las comunidades de La Colonia, San Isidro, Valledupar, Palestina, Cabecera, Unión Balsalito y Docordó.

Más de 100 personas hicieron parte de la caravana, entre líderes del Consejo Comunitario del Bajo Calima, del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), de la Asociación de Cabildos Indígenas Valle del Cauca (ACIVA), del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), organizaciones sociales y de víctimas, miembros de las iglesias católica y protestante, agencias internacionales de Naciones Unidas y la MAPP-OEA.

Los delegados de la mesa de diálogo encabezan los ejercicios de conversación en las comunidades: Carlos Rosero y Horacio Guerrero por parte del Gobierno, y Juan Carlos Cuéllar y Jairo Arrigui, por parte de la gestoría de paz del Eln. Además de la periodista Mábel Lara y la joven indígena Dayana Domicó.

“Cuando escucho paz total pienso en que nadie nos moleste cuando vamos a rozar la caña o a coger la papa china, cuando vamos a barrer el camarón no queremos ver hombres armados”, dice en el patio del albergue Arcesio Paz una mujer indígena que antes ha lanzado una plegaria a Ewandá, la deidad de los wounaan que, según su cosmovisión, creó a este pueblo de guerreros en una playa del Pacífico muy cerca a la desembocadura del río Baudó.

La guerra es una vieja conocida en esta zona. Ni siquiera se sintió un respiro en 2017 con la retirada de las Farc, como sí ocurrió transitoriamente en otras partes del país. Los wounaan de Santa Rosa de Guayacán, por ejemplo, acumulan cuatro desplazamientos masivos, como este, desde el año 2010, con sus respectivos retornos que casi siempre ocurren sin garantías.

Otras familias asentadas junto a la autopista Cali-Buenaventura en el asentamiento wounaan phobor llevan más de dos décadas desplazadas viviendo entre Buenaventura y Zabaletas, de donde salieron el pasado 21 de diciembre después del asesinato de uno de sus comuneros. La situación se repite con los más de 90 pobladores de la comunidad de Valledupar, que duraron 20 años resistiendo a la violencia a orillas del bajo San Juan, hasta que el 1.° de febrero de 2022 tuvieron que salir luego de que hombres armados llegaron a extorsionar y amenazar a las familias.
“Cuando escucho ‘paz total’ pienso en que nadie nos moleste cuando vamos a rozar la caña o a coger la papa china, cuando vamos a barrer el camarón no queremos ver hombres armados”

Ahora ocupan la Escuela Matía Mulumba, en la entrada a la ciudad puerto, en medio de la incertidumbre de ser desalojados, porque la Unidad de Víctimas no ha pagado el alquiler de ese espacio. Ninguno quiere volver a su territorio; en cambio, piden una reubicación digna.

La situación no es muy distinta para las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima que, apeñuscadas en el salón comunal del barrio San Buenaventura - R9, escuchan la reunión y participan atentamente. Los andenes cubiertos de la basura podrida de los vecinos dan paso a un espacio de unos 50 metros cuadrados que son a la vez habitación, comedor, patio para colgar la ropa y salón comunal para las 120 personas que salieron forzadas de las comunidades de El Guadual, Ceibito y Nueva Esperanza, por los combates en ese corregimiento de Buenaventura. “Queremos el territorio saneado de grupos armados, tanto ilegales como legales, porque ambos nos han afectado nuestros derechos”, reclama sudoroso uno de los líderes.

Tienen una lista de cuatro puntos fundamentales para el retorno: primero, un territorio con seguridad integral no policiva; segundo, servicios básicos como salud y educación; tercero, participación efectiva en la mesa de negociación, y cuarto, acompañamiento para la permanencia en el territorio.

“El día que me fui estaban en mi casa los hombres armados. ¿Usted cree que eso es vida?”, pregunta al borde del llanto una mujer en el coliseo del barrio El Cristal, a unos 10 minutos de San Buenaventura. Cuenta que por la ola invernal perdió dos hectáreas de cacao y una de caña, además de unos animalitos. Y por temor, no ha podido volver para recuperarlos. En ese otro albergue permanece desde hace un año la comunidad de San Isidro, ubicada en el bajo San Juan. Los afros sí quieren volver, pero el fin de la guerra no es su único clamor.

Las peticiones de toda la vida

Inversión en salud, educación, proyectos productivos, vías, saneamiento básico y territorios libres de actores armados son algunas de las peticiones reiteradas y casi que repetidas de memoria por las comunidades del sur del Chocó, formuladas sin distinción por afros e indígenas. Son las mismas peticiones que le repiten con vehemencia, como recitando un largo memorial de agravios, a todo funcionario o periodista que ponga un pie en estas orillas.

Por primera vez, una caravana acordada por una mesa de negociación entre el Gobierno y un grupo armado los escucha. Esa es una esperanza. Así lo dicen en la cabecera del corregimiento Bajo Calima, perteneciente a Buenaventura. Después de semanas de silencio y vacío en las calles, atiborradas de grafitis del Eln tachados por las Agc, recibieron con marimba y tambores a los delegados. “Nos invade la tristeza / en nuestro Bajo Calima. / Un pueblo de gente buena / resiliente y optimista (bis). La gente se desplazó / por un problema social / Por Dios, dennos la manito / que queremos retorná”, entonaron estudiantes y maestros de la Institución Niño Jesús de Praga.

Pero ante el largo pasado de incumplimientos, también son muchos quienes los reciben con desconfianza. De hecho, desde la primera reunión de organización de la caravana, Elizabeth “Chava” Moreno, representante legal de Acadesan, cuestionó la ausencia de instituciones del departamento de Chocó que pudieran atender los llamados más urgentes de la población mientras las peticiones de mediano y largo plazo son llevadas a la mesa de diálogo.

“Yo veo aquí representantes de la gobernación del Valle del Cauca y de la Alcaldía de Buenaventura, pero ¿dónde están los del Chocó? Se trata de que sean ellos quienes se comprometan a cumplirle a la población”, insistió.

Para Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del Eln, que esas entidades hayan faltado pese a que la delegación de gobierno asegura que las invitó envía un mal mensaje a las comunidades. “Las personas están viviendo en condiciones infrahumanas en los albergues. Se necesitan acciones urgentes de comida y salud. Era necesario que estuvieran aquí las entidades para que se comprometieran con hechos concretos, pero nos dijeron que se les presentaron situaciones de emergencia en otros lugares”, explicó a Colombia+20. Y añadió que los reclamos que la población le ha hecho directamente al Eln, como el fin de la confrontación armada, serán llevados a la mesa de diálogo.

En el Chocó es evidente que, al menos por estos días, la guerrilla está respetando una vieja petición de las comunidades y la iglesia que consiste en no presentarse, con armas y uniformes, en los caseríos.

No obstante, la gente quiere mucho más que un cese al fuego con este proceso: “Esos diálogos con las Farc nunca los conocimos, solo hasta que estuvieron firmados”, dice a los pobladores de Panamacito el líder local Willington Valoys. “Hoy se abre la posibilidad. La gran ilusión era el capítulo étnico, pero eso ha sido un fracaso por la poca participación y porque el gobierno de Duque hizo trizas el acuerdo de La Habana”.

Jairo Arrigui, también gestor del Eln, reconoció ante la comunidad desplazada de Santa Rosa de Guayacán las limitaciones de la caravana: estos diálogos apenas están comenzando y superando sus primeros tropiezos. “Aquí no tenemos facultad para solucionar nada, pero llevaremos las inquietudes a la mesa de diálogos”.
“Las personas están viviendo en condiciones infrahumanas en los albergues. Se necesitan acciones urgentes de comida y salud”

La comunidad de Paimadó, que ajusta tres desplazamientos masivos desde el 13 de agosto de 2021 y en donde hombres de las Agc permanecieron apostados durante varios meses en 2022, envió una delegada que leyó un pronunciamiento: “Los rumores que se escuchan es que la comunidad la pintan toda como paracos: no somos paracos, ni elenos, ni disidentes; somos chocoanos”, decía el documento que pedía cesar las agresiones contra la población y que los grupos “se enfrenten por fuera de las comunidades”. Varios secuestros, al menos un asesinato e incursiones que motivaron esos desplazamientos se atribuyen al Eln.

Negría es la cara opuesta: señalados de acoger a la guerrilla, sus pobladores acumulan cuatro desplazamientos masivos desde enero de 2022, cuando ocurrió la primera incursión de las Agc en su pueblo. Y esta estigmatización contra unos y otros es una de las consecuencias más duras que la guerra desatada desde agosto de 2021 le deja al pueblo negro del río San Juan, que antes no conocía las fronteras invisibles ni los recelos entre comunidades, como explica Felipe Martínez, directivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan): “Exigimos que paren los señalamientos a los líderes y personas de las comunidades”.

La paz llega con la noche

Un salón de madera, que debe servir como bailadero o cantina, recibe a los caravanistas en Panamacito. Los habitantes han pintado un letrero que encabeza la mesa central de la reunión: “Donde existe capacidad para llegar a acuerdos reina la paz”. Por ahora, el Eln y el Gobierno parecen estar de acuerdo en su voluntad de negociar, a pesar de los desencuentros. Pero falta saber si los otros grupos armados están dispuestos a llegar a acuerdos; esa es una de las dudas repetidas que los campesinos formulan a la mesa, en donde Carlos Rosero y Mábel Lara, por el Gobierno, y Jairo Arrigui, por el Eln, toman nota.

“No solo hay que hablar con el Eln”, se queja un campesino, “¿y con los demás grupos cuándo van a hacer la paz? Son ellos los que van a quedar manejándonos”. Esta preocupación no es menor en un territorio donde guerrillas y paramilitares se han reciclado y reencauchado después de todos los procesos de paz, ocupando los vacíos dejados por sus antecesores.

La lista de arbitrariedades contra la población civil es larga, ampliamente conocida y se reparte entre todos los actores armados, legales e ilegales. Van desde restricciones a la movilidad, amenazas a quien colabore con el “enemigo”, retenes y requisas en medio del río, hasta asesinatos y confinamientos por los combates (solo entre Palestina y Puerto Limón las comunidades calculan más de 7.000 personas de 32 caseríos confinadas en diciembre por los combates y paros armados).

Al final, un hombre dice que la paz llegará cuando él y sus vecinos puedan salir a cazar sin miedo de lo que pueda ocurrir en el monte. La paz, insiste, será poder embarcarse otra vez en la canoa para cruzar el río de noche sin problemas, como en el tiempo de sus ancestros.

Incidentes con el Ejército durante el recorrido

El 20 de enero, cuando los visitantes desembarcaron en San Miguel, a orillas del San Juan, dos pelotones del Batallón de Ingenieros No. 15 caminaron por las calles del poblado, lo que causó molestia en los organizadores. Miembros de la delegación gubernamental consideraron el hecho como una provocación de los militares, pues estaba acordado que ningún grupo armado haría presencia donde estuviera la caravana.

Ese mismo día se presentó un segundo incidente mientras la caravana visitaba el poblado de Negría, que se encuentra abandonado, pues sus habitantes están desplazados en Istmina, San Miguel e Isla de Cruz. Un pelotón del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26 ocupaba el caserío, que tiene pintas de las Agc. Los soldados acampaban en una de las casas abandonadas y tomaron fotos con celular a miembros de la caravana cuando estaban embarcándose. El negociador Carlos Rosero les hizo el reclamo, a lo que respondieron que era parte de su protocolo reportar cuando llegaba “una visita” al pueblo.

Presos políticos del Eln, el otro pendiente

Dentro de los acuerdos anunciados el 12 de diciembre también estaba la atención humanitaria para un grupo de presos políticos del Eln. El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, dijo que serían ocho los miembros del Eln liberados debido a que padecen de graves enfermedades.

Sobre el tema Juan Carlos Cuéllar, delegado del Eln en la mesa y quien estuvo presente en la caravana, dijo: “Lo que se necesitaba de urgencia era la atención inmediata médica y que se les diera el beneficio de casa por cárcel para que pudieran ser bien atendidos. Estamos pendientes para que eso ocurra antes del próximo ciclo”.

Ninguno de esos ocho ha recobrado la libertad. Tampoco se ha concretado la excarcelación de otros dos gestores de paz que pidió el Eln.

Lo que viene

El gestor de paz del Eln, Juan Carlos Cuéllar, explicó: “El domingo vamos a hacer una evaluación para recoger la visión de los procesos sociales, las iglesias, los acompañantes internacionales. Nos tomaremos unos días para hacer la sistematización y el documento de conclusiones que presentaremos al próximo ciclo de negociación. Allá se discutirá, se definirá el alivio humanitario y se implementará”.

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Culmina en Caracas el primer ciclo del diálogo entre el ELN y el Gobierno de Colombia

Zamora — Tue, 13 Dec 2022 14:31:21 +0000

Culmina en Caracas el primer ciclo del diálogo entre el ELN y el Gobierno de Colombia

Zamora Mar, 13/12/2022 - 10:31

VTV

La delegación del Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluyeron en Caracas, Venezuela, el primer ciclo de conversaciones para negociar la paz en el territorio neogranadino. Como primer resultado de estas mesas de trabajo figura la liberación de 20 personas, entre civiles e integrantes de la fuerza pública, desde el pasado 7 de agosto a la fecha.

El diálogo, que comenzó el pasado 21 de noviembre en el Hotel Humboldt en Caracas, cerró con resultados “altamente positivos”, destacó el general Carlos Martínez Mendoza, quien hizo lectura del comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

A fin de contribuir a una solución política del conflicto armado en el país suramericano, el Gobierno de México aceptó la solicitud de que la siguiente ronda de conversaciones se realice en su nación, bajo las mejores condiciones y garantías.

En este contexto, el Gobierno venezolano felicitó a las partes por realizar de manera exitosa el primer ciclo oficial de las negociaciones a través de sus delegaciones, para lograr la paz en Colombia.

“Para nuestro país, su pueblo y su gobierno, ha constituido un hecho de transcendental importancia haber podido servir como sede inicial de este ciclo de trabajo, el cual termina con resultados altamente positivos contribuyendo con el desarrollo de los diálogos por la paz que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro”, apunta la misiva.

Los representantes de las Repúblicas de Chile y Noruega (países garantes) resaltaron que “este proceso de paz significa una luz de esperanza en un mundo sumido en tensiones destructivas y guerras. Es una apuesta por el diálogo para afrontar las causas y consecuencia de los conflictos armados”.

En este primer ciclo, se acordó retomar la agenda de diálogo firmado en marzo del 2016, ajustado a los nuevos contextos nacionales e internacionales. Asimismo, se elaboró una normativa que regula y potencia el trabajo; se adoptaron los principios y procedimientos básicos de funcionamiento, estableciendo protocolos con reglas claras para las partes, con presencia de los testigos y las Naciones Unidas; además, se acordó la reactivación del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación (Gpaac) y la Conferencia Episcopal de Colombia como institución agregada permanente en las mesas de negociaciones.

Entre los otros acuerdos alcanzados, se encuentra el acuerdo parcial de atención de emergencias, que será ejecutado en enero del 2023 sobre el Bajo Calima, Valle del Cauca, y el Medio San Juan, en Chocó. También, se desarrollarán trabajos para mejorar el plan de comunicaciones y pedagogías para involucrar a la sociedad colombiana e internacional en el proceso de diálogo.

Ambas delegaciones resaltaron el ambiente respetuoso, transparente y cordial que se vivió en estas semanas de labores, el cual acrecienta la esperanza de Colombia y de la región para una paz integral y definitiva.

#COMUNICADO🔴| Jefe de Estado, @NicolasMaduro felicita al Gobierno de la República de Colombia y al ELN por haber realizado de manera exitosa, el primer ciclo oficial de conversaciones como parte de los Diálogos de Paz. #InmunityForSaab pic.twitter.com/8PiGRsdooF

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 12, 2022

México será sede de segunda ronda de diálogo entre Colombia y el ELN

Las representaciones del Gobierno de Colombia y del ELN destacan el ambiente respetuoso, transparente y cordial durante las semanas de labores.

México será el país sede de la segunda ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cerraron el primer ciclo este lunes en Caracas, Venezuela, tras 21 días de conversaciones, que se retomarán el próximo enero.

El embajador de México ante Venezuela, Leopoldo de Gyves, informó que su país “ha aceptado con todo gusto y responsabilidad” la solicitud hecha por el Alto Comisionado para la Paz.

El diplomático indicó que se están analizando las fechas propuestas, así como los “requerimientos necesarios y los aspectos logísticos para que pueda llevarse a cabo dicha ronda bajo las mejores condiciones y garantías”.

Concluyó el ciclo de diálogo entre el Ejército de liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia, en Caracas, Venezuela. Anuncian un nuevo ciclo que tendrá lugar en México. Toda la información ppr @teleSURtv pic.twitter.com/TX1J4JniDc

— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) December 12, 2022

En nombre de los países garantes, Noruega informó que desde el pasado 7 de agosto a la fecha, el ELN, ha dejado en libertad a 20 personas, entre civiles e integrantes de la fuerza pública.

Asimismo, las representaciones de las delegaciones destacan del ambiente respetuoso, transparente y cordial vivido en este ciclo de los diálogos.

De igual forma, las partes acordaron crear un canal de emergencia a raíz de los hechos violentos que se han registrado durante los últimos días, especialmente en el departamento del Cauca.

''Las partes reconocen la grave situación de violencia que se presenta en los territorios y deciden poner en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencia que inicia a a partir del enero del 2023'', afirmó el vocero.

#ENVIVO | Desde #Venezuela, delegaciones de Paz del Gobierno Nacional de #Colombia y del ELN emiten declaraciones en el marco del cierre del 1er ciclo de conversaciones
Síguelo aquí ➡https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/bLw9WtTCbj

— teleSUR TV (@teleSURtv) December 12, 2022

Entretanto, el Gobierno de Venezuela expresó que estará siempre dispuesto para cualquier iniciativa que contribuya a alcanzar la anhelada paz de Colombia.

Según trascendió el fin de semana, la Iglesia católica participará en la mesa de diálogo, a la que también se invitará a otros gobiernos como el de Estados Unidos.

Asimismo, está previsto que con la reanudación del diálogo,se sumen otros países, entre ellos Alemania, España y Suiza, como "acompañantes del proceso", o a Chile y México, como "garantes".

Recibimos con mucha esperanza la aceptación por parte de la Iglesia Católica de ser acompañante permanente de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN. pic.twitter.com/GO5ygLktBg

— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) December 11, 2022

Por el grupo insurgente, uno de sus negociadores, Israel Ramírez Pineda encabezó los diálogos, que comenzaron en Caracas el pasado 21 de noviembre con la propósito de ambas delegaciones de concretar pronto acuerdos sobre lo que llaman "asuntos básicos y urgentes", para dar paso más tarde a otros "más estructurales".

La Iglesia católica, por otra parte, ya confirmó que será acompañante permanente de los diálogos, según anunció el domingo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis José Rueda, dijo en un comunicado que "la Conferencia Episcopal recibe con gratitud y responsabilidad la invitación a participar en su condición de acompañante permanente en la Mesa de Diálogos a través de la representación del ilustre monseñor Héctor Fabio Henao (que ocupa el Secretariado Nacional de Pastoral Social)".

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https://albaciudad.org

Garantes aplauden acuerdo tomado por Gobierno de Colombia y ELN

Zamora — Fri, 07 Oct 2022 17:09:40 +0000

Garantes aplauden acuerdo tomado por Gobierno de Colombia y ELN

Zamora Vie, 07/10/2022 - 13:09

Telesur

“Confirmo que Cuba continuará su papel de garante con arreglo a lo acordado y a lo que requieran las partes", dijo el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel.

Venezuela, Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aplaudieron este martes el acuerdo de reanudar la mesa de conversaciones, tomado por ambas partes en Caracas.

Delegaciones del Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro y del ELN anunciaron este martes la reactivación de la mesa de diálogo, que estuvo suspendida por cuatro años por decisión del Gobierno anterior de Iván Duque.

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme compromiso con el proceso de paz total de Colombia y como país garante (...) celebra el acuerdo del reinicio de la mesa” de conversaciones, aseveró el Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro en un comunicado publicado en sus redes sociale

El gobierno del Pdte. @NicolasMaduro , ratifica su firme compromiso con el proceso de paz en #Colombia. Celebramos el reinicio de la mesa de negociación entre el Gobierno colombiano y el #ELN. Estamos convencidos de que el diálogo es fundamental en la resolución de conflictos. pic.twitter.com/aFkWGi47Wy

— Carlos Faria (@Fariacrt) October 4, 2022

Venezuela “aspira que se consolide este nuevo esfuerzo entre las partes, para que el pueblo de Colombia supere esta etapa de conflictos que fortalecería a América Latina y el Caribe como una zona de paz, logrando avanzar en el esfuerzo bolivariano de unión y prosperidad para nuestros pueblos”, agregó.

Apoyamos decisión de reinstalar la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN
Confirmo que #Cuba continuará su papel de garante con arreglo a lo acordado y a lo que requieran las partes. Nuestro compromiso con la paz en Colombia es invariable.#ElCaminoEsLaPaz

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 4, 2022

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo por su parte en su cuenta de Twitter: “Confirmo que Cuba continuará su papel de garante con arreglo a lo acordado y a lo que requieran las partes. Nuestro compromiso con la paz en Colombia es invariable”.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, de su lado, subrayó que el Gobierno de La Habana “apoya (el) anuncio realizado hoy en Caracas por representantes del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en presencia de Garantes de Venezuela, Noruega, Cuba e invitados especiales, de que se reinstalará la Mesa de Conversaciones en próximas semanas”.

#Cuba apoya anuncio realizado hoy en Caracas por representantes del Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en presencia de Garantes de Venezuela, Noruega, Cuba e invitados especiales, de que se reinstalará la Mesa de Conversaciones en próximas semanas.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 4, 2022

“Cuba continuará apoyando y contribuyendo, de conjunto con Países Garantes, a las negociaciones con el ELN, y reitera su profunda convicción de que el pueblo merece la paz y encontrará los caminos para alcanzarla”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores.

Noruega también publicó en sus redes sociales una felicitación por la decisión de reinstalar la mesa de diálogo entre ambas partes, lo cual consideró “un paso importante hacia la paz en Colombia”.

Noruega felicita la decisión del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de reinstalar las negociaciones formales, un paso importante hacia la paz en Colombia. Agradecemos la confianza puesta en nosotros para continuar en nuestro rol como país garante. pic.twitter.com/tUhiqm9AwC

— Noruega en Colombia (@NoruegaenCOL) October 4, 2022

“Agradecemos la confianza puesta en nosotros para continuar en nuestro rol como país garante”, indicó el Gobierno noruego.

Guterres pide respaldo para esfuerzos de Petro

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, saludó la reanudación de la mesa de conservaciones entre el Gobierno y el ELN, y alentó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos del presidente Petro en este asunto, dijo el vocero del dirigente del organismo, Stéphane Dujarric.

"El secretario general celebra la decisión anunciada hoy por el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de reanudar los diálogos de paz' e "insta a ambas partes a que aprovechen plenamente esta oportunidad para poner fin a un conflicto letal que ha durado décadas, y cuya resolución es fundamental para ampliar el alcance de la paz en el país", mencionó.

Guterres manifestó además "su profundo reconocimiento a Cuba, Noruega y Venezuela por haber aceptado asistir a las partes como países garantes, y alienta a la comunidad internacional en su conjunto a prestar su apoyo".

Gobierno de Colombia y ELN firman acuerdo en La Casona Aquiles Nazoa para reanudar proceso de diálogo

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron este martes en Caracas, Venezuela, un acuerdo para restablecer el proceso de diálogo. Antonio García, primer comandante del ELN, explicó en rueda de prensa para medios nacionales e internacionales realizada en la Casa Cultural Aquiles Nazoa, en Caracas, que este proceso lleva 10 años, desde 2012 y ante las nuevas circunstancias políticas de Colombia se ha permitido reiniciar las negociaciones.

El acuerdo firmado señala que después de la primera semana de noviembre de este año se restablecerá el proceso de diálogo, por lo que se reinstalarán las mesas de negociaciones.

Las actuales conversaciones comenzaron desde los puntos de acuerdo y los avances establecidos en lo pactado el 30 de marzo de 2016 en Cartagena, Colombia.

Precisó que hay un acuerdo sobre la participación internacional y va a continuar con sedes rotativas como el Reino de Noruega, Venezuela y Cuba que serán países garantes, mientras que una Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la iglesia católica actuarán como invitados especiales.

«Mantendremos la estructura de garantes que se acordó. Es probable que los acuerdos vayan abriendo otras oportunidades. Ahora estamos retomando el camino de la confianza y seguridad», expresó en la rueda de prensa.

Agregó que este proceso retoma el camino que se construyó con base al derecho internacional y en concordancia con el Gobierno. Manifestó el deseo de que la sociedad participe para construir un escenario de democracia, ya que, aseveró que los procesos de negociación buscan los cambios.

García explicó que uno de los temas centrales serán las armas, tanto las que usa y cómo las usa, el Estado colombiano. «En Colombia estamos ante una realidad que hay grupos armados que responden a otros causales de una organización política como es el ELN, que tiene ética y estructura y responde a sus actos. También están los otros grupos delincuenciales, ligados al paramilitarismo y muchos de ellos creados por el Estado», expresó.

Por su parte, Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, destacó que desde el 7 de agosto cuando tomó posesión el presidente colombiano Gustavo Petro, se presentaron los escenarios y condiciones de respeto a la organización y la Constitución. Manifestó que el propósito de las conversaciones está en ser eficaces y que posibiliten una situación de mejoría a la población basados en el valor supremo de la vida y el respeto.

Además, dijo que con este proceso se buscan no solo medidas humanitarias sino también, la consolidación de una democracia justa, social, ambiental y económica. Enfatizó que actualmente están en la fase de construcción de confianza, y según lo que se acuerde será comunicado a Colombia y el mundo. Recalcó que «Venezuela es garante de la palabra del Gobierno y de la palabra del ELN, y lo que se acuerde en ambas partes».

A inicios de septiembre, durante una jornada de trabajo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro detalló que su homólogo colombiano Gustavo Petro, le envió una misiva para solicitar que Venezuela sea garante del proceso, que se prevé desarrollarse en La Habana, Cuba.

Las conversaciones con el ELN es una de las promesas de campaña de Petro, y una de sus primeras decisiones al asumir el poder el pasado 7 de agosto.

«Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN, junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega», anunció el presidente Petro en su cuenta de la red social Twitter, donde indicó además que una Misión de Verificación de Naciones Unidas y la iglesia católica actuarán como invitados especiales.

Venezuela también fue garante del proceso de paz que se desarrolló en Cuba entre el Gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Fuente

https://www.telesurtv.net

«Las luchas del pueblo» Entrevista exclusiva con Antonio García (ELN)

Zamora — Tue, 02 Aug 2022 02:06:35 +0000

«Las luchas del pueblo» Entrevista exclusiva con Antonio García (ELN)

Zamora Lun, 01/08/2022 - 22:06

La Tizza

Entrevista a

Antonio García, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia

¿Cuál es el mundo en el que vivimos hoy? Las esperanzas de redención y cambio civilizatorio que la pandemia generó como efecto ilusorio, fueron destruidas. El mundo capitalista actual es más injusto que el de ayer. La guerra entre Rusia y Ucrania es el botón de muestra de que el destino de nuestros pueblos se juega muchas veces en un ajedrez geopolítico de difícil dilucidación. Las contradicciones entre países del capitalismo central no toman en cuenta el destino de los pueblos y se resuelven de modo doloroso contra los sueños de justicia de los sectores populares. Latinoamérica vive un período singular, con un — en apariencia — renovado ciclo de gobiernos «progresistas». ¿Qué tenemos hasta hoy?

El «progresismo (en el gobierno) realmente existente» en esta «segunda oleada» ha demostrado una impotencia casi estructural en el intento de avanzar con un proyecto de profundas transformaciones. Cada proceso tiene dificultades específicas, pero el signo de este nuevo ciclo es, otra vez, la decisión de correrse «al centro» para poder ganar elecciones y después para sostener el gobierno. El modo en que Lula construye su regreso por medio de una alianza con sectores muy conservadores, responsables muchos de ellos del golpe a Dilma, y la forma en que Gustavo Petro y el Pacto Histórico han confeccionado un gabinete para gobernar, no garantizan señales en otra dirección.

¿Cuándo esta izquierda en el gobierno dejará de utilizar al Estado como fin en sí mismo, cuándo desestimará la importancia de hacer concesiones tranquilizantes a las oligarquías y privilegiará, en cambio, las alianzas vigorosas con los pueblos? ¿Cuándo demostrarán su disposición a luchar desde el primer día y hasta las últimas consecuencias por conquistar toda la justicia y no un pedacito de ella?

¿Cuáles son esos posibles caminos, rutas, ideas, proyectos y acumulados históricos que pueden ayudar a construir de manera colectiva ese sueño?

Algunas certezas, preguntas, dudas y aciertos hemos encontrado en esta entrevista con Antonio García, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

LaTizza: El 4 de julio se conmemoró el 58 aniversario del surgimiento del ELN. ¿Cuáles son los recuerdos que le vienen a la mente sobre esos orígenes? ¿Qué causas sociales explican el surgimiento de la guerrilla? ¿Cuáles son las razones personales que le hicieron entrar a la guerrilla?

Antonio García: Las dolorosas experiencias de construcción de guerrillas revolucionarias que acompañaran las luchas del pueblo luego de la violencia. La oligarquía liberal-conservadora, para superar la violencia, realizó varios pactos en 1957 que fueron puliendo hasta definir el Frente nacional. En mayo de 1958 se hicieron las elecciones y el 7 de agosto se posesionó el primer presidente; a partir de ahí se turnarían el gobierno cada cuatro años. Las guerrillas liberales fueron engañadas y traicionadas en una negociación que sólo buscó su desmovilización.

Luego vino una etapa de ensayos en la construcción de guerrillas apoyándose en los residuos o grupos que habían quedado de la violencia o de las guerrillas liberales, donde varios dirigentes rebeldes fueron asesinados por esos mismos bandidos como parte del plan de la oligarquía, como fueron los casos de Federico Arango Fonegra y Antonio Larrotta.

Una nueva guerrilla revolucionaria e independiente de la influencia oligárquica debía nacer como producto de la reflexión sobre estos errores. Fue la tarea que asumieron dirigentes de la juventud rebelde, que se juntaron con el movimiento de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja, los estudiantes de las universidades y de guerrilleros que no quisieron amnistiarse y que habían luchado bajo el mando del guerrillero liberal de Santander Rafael Rangel Gómez. Estos tres componentes parieron el primer frente guerrillero rural que marchó por primera vez el 4 de julio de 1964, pero ya la guerrilla urbana del ELN también había incursionado un mes antes en apoyo a las causas populares.

Las causas del surgimiento de la rebelión armada son de naturaleza social y política. Las primeras son las injusticias en las que están sumidas las mayorías nacionales, producto de un sistema político que favorece a una élite que vive mejor a causa de la pobreza de la mayoría; es la élite que ha gobernado al país por siglos, que usa el poder político, militar, jurídico y mediático para imponer su voluntad en favor de los grupos de poder económico alineados con los intereses norteamericanos. Para eso excluye políticamente, persigue, judicializa y mata. De ahí nacen sus políticas y prácticas, los presos políticos, exiliados, desplazados, torturados, masacrados, desaparecidos y el genocidio. Una realidad negada por los gobiernos, como el caso de los presos políticos, sólo hacen parte de fríos números en las estadísticas.

En una lucha de esta naturaleza no puede haber razones personales. Es igual para todas las personas del pueblo. Uno se va encontrando en su propia vida con esta realidad, lo ve en otros y en otras, el dolor y el sufrimiento, la necesidad en cada rostro y en cada casa, en las ciudades y los campos. El ser humano es por naturaleza un ser social, de esa comprensión nace la pertenencia a una colectividad y por tanto un compromiso por un destino común: no aceptar las injusticias en las comunidades y hacer parte de la construcción de un futuro más feliz para todos.

Desde muy joven fui dirigente estudiantil en mi colegio y estuve comprometido junto con otros jóvenes en la lucha por las reivindicaciones de estudiantes, campesinos y pobladores en Mocoa, mi lugar de origen a principios de la década del setenta. Luego continué en la lucha estudiantil y popular en la Universidad industrial de Santander; y en esas mismas luchas, en esos mismos lugares, en los barrios populares me encontré con otros muchos compañeros. Terminamos identificándonos con las aspiraciones del pueblo y vimos que la mejor opción era vincularnos al ELN y lo buscamos, antes que ellos nos buscaran.

La Tizza: Cuando nos acercamos al pensamiento latinoamericano autóctono nos encontramos con un pensador profundo como Camilo Torres. Quien logra percatarse, por medio de sus análisis, que las clases dominantes impedían cualquier posibilidad de cambio por medios «pacíficos». ¿Cuál es el lugar de Camilo Torres en la guerrilla del ELN? ¿Cuál es el significado que tiene para las luchas populares de Colombia? ¿Cuánto se estudia de su pensamiento hoy en los movimientos populares?

Antonio García: Camilo Torres está en el mismo origen del ELN, pues cuando el ELN está en su primer año de existencia, Camilo también está en la construcción de un gran movimiento político que se llamó Frente Unido. Recorrió campos y ciudades y en ese encuentro con la gente fue construyendo su programa, igual lo hacía el ELN. Hay una gran identidad entre los propósitos estratégicos de Camilo y el ELN. Camilo llegó a dicho programa en la lucha política amplia, pero es perseguido por el Estado y excluido por la jerarquía de la Iglesia Católica, las puertas de la legalidad se le van cerrando, y en esa misma medida Camilo se va acercando al ELN, y al final se va con quien se identifica.

Camilo era el principal dirigente político de Colombia y se une a una guerrilla revolucionaria. Al hacerlo está marcando un horizonte para las grandes mayorías excluidas De ahí en adelante habrá una juntura, entre lo que venía construyendo Camilo en el pueblo y las guerrillas del ELN. Pero además de eso, para refrendar esa identidad, Camilo llegó al ELN convencido de que debía ser un Jefe guerrillero, que debía prepararse para ir a crear otros frentes guerrilleros en otras regiones del país, de ahí en adelante eso quedó claro en la conciencia de las generaciones de nuestra guerrilla. Camilo está en el corazón y esencia del pensamiento del ELN, por eso tiene el más alto reconocimiento como uno de nuestros tres Comandantes en Jefe.

El significado para las luchas populares Camilo lo dijo muy claramente en sus mensajes a todos los sectores y al pueblo colombiano, en sus llamados a la necesidad de la unidad para la lucha; en no quedarse sólo en la lucha reivindicativa y construir caminos para llegar al poder político; que en la lucha hay que perseverar, que ella es larga y por eso hay que empezar cada día con nuevas energías; y, sobre todo, que en una lucha del pueblo los dirigentes deben estar comprometidos hasta el final.

Sin duda que Camilo es un referente de lucha para todo el campo popular; muy seguramente se estudia y se lee su pensamiento. Lo que ha acontecido en estos tres últimos años de lucha del pueblo colombiano evidencia que están impregnados de su vocación, energía y entrega por la Colombia con la que él soñó.

La Tizza: En una ocasión el Comandante Manuel Pérez habló de cómo la guerrilla debía hacerse cuerpo en el pueblo. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan al ELN en esa búsqueda de unidad del movimiento político con las masas? ¿Fue siempre así o es parte de un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo?

Antonio García: Cualquier forma de organización en una sociedad es regulada por la experiencia a lo largo de su historia; su nacimiento tiene unas causas, unas razones que son originadas por las circunstancias de vida; igual su desaparición, cuando ya no es necesaria o cuando hay otras formas superiores de organización o las circunstancias son otras distintas a las que originaron su nacimiento.

El ELN nació como una organización político-militar y sigue teniendo ese mismo carácter, sólo que ha ido evolucionando. En los primeros 10 años el ELN estuvo sometido a permanentes operaciones militares y su acción política en relación con las masas se vio afectada por la represión inclemente de los militares, campos de concentración, campesinos amarrados en helicópteros eran llevados por los aires para intimidar a sus comunidades, torturas y otro sinnúmero de barbaridades, como lo enseñan los manuales de contrainsurgencia. Esas operaciones rompieron el tejido social de las áreas por donde se movía la guerrilla. Esto conllevó a que la guerrilla se inclinara más por la operatividad militar para evitar que las gentes fueran afectadas.

Junto a lo anterior, también existía un pensamiento que le daba más peso al papel dirigente de las organizaciones políticas o guerrilleras que se catalogaban de vanguardia. Se cometieron errores dándole más peso a la guerrilla que a las masas; si bien eso podía estar en la visión que se tenía, las circunstancias operacionales terminaron imponiendo esa dinámica.

Con el tiempo vino la reflexión, el aprendizaje de otras experiencias, tanto del país como de otras latitudes. Ese proceso de reflexión y cambio lo lideró el Comandante Manuel Pérez, se abrieron nuevas experiencias y aprendimos que más que dirigir se trataba de acompañar las luchas del pueblo. Esto quería decir que estando junto al pueblo en sus vidas, en sus comunidades, se construye futuro, y también debe acompañarse sus luchas, para eso se requiere estar un paso adelante de las masas, pero no más que uno; para poner el pecho, para romper y enfrentar los peligros; para eso hay que estar un paso adelante; no para tener o exigir privilegios. Si te vas más de un paso te alejas y te quedarás sólo.

La Tizza: ¿Cuál es la concepción política del ELN, su estrategia de lucha, la visión que poseen del socialismo, del poder, y de qué fuentes teóricas y prácticas históricas se nutren para alimentar su concepción de lucha?

Antonio García: La concepción política del ELN está fundamentada en que en la historia las transformaciones las hacen los pueblos. A lo largo de la historia universal, en un tiempo determinado, se han juntado circunstancias, capacidades en una fuerza político-social y un ideario de cambio. La estrategia del ELN se orienta y trabaja en estos tres campos para construir un nuevo régimen político capaz de democratizar el país, darles participación a las mayorías para realizar los cambios para una Colombia distinta, más justa, más equitativa y feliz. Desde luego que el ELN le apuesta a la construcción de una sociedad pos-capitalista, pues el capitalismo es tan sólo un momento en la historia de las sociedades. Muy seguramente habrá una sociedad con un orden social diferente que se llama Socialismo y otros pueblos han intentado y seguirán intentando construirlo. Así como los esclavos soñaron con un mundo sin esclavos, cosa que hoy es casi realidad.

Todo ideario es una guía para la acción, tiene unos horizontes de futuro que nacen de la experiencia de la humanidad y de su reflexión en cada lucha cotidiana para hacer posible una ruta que nos conduzca a esos objetivos. Así se hace en la vida diaria, igual es en la lucha de los pueblos.

El ELN, si bien se alimenta del pensamiento surgido de la experiencia de la lucha de los pueblos del mundo, también se nutre de la propia experiencia de lucha del pueblo colombiano y latinoamericano, de sus gestas libertarias e independentistas. En el ELN, la historia se vuelve pensamiento y luego acción. Somos parte de los Movimientos de Liberación Nacional, por tanto, Marxistas, Bolivarianos, Guevaristas y Camilistas. Estamos por un nuevo tipo de Nación, no por la Nación-Estado propia del capitalismo, sino por la Nación Social, que reivindique al ser humano, la vida y la naturaleza. Una Nación donde prime la sociedad y no el Estado, y es quien debe garantizar el bien social.

La Tizza: A su juicio, ¿qué relación debe existir entre la concepción de paz y justicia social? ¿Puede haber paz con capitalismo? ¿Cuál es su valoración de la violación sistemática de los Acuerdos de Paz que fueron suscritos en La Habana?

Antonio García: La paz, en la historia se ha asociado a un tiempo antes o después de una guerra; como si esos tiempos de «paz» fueran mejores para toda una sociedad concreta, para todos sus integrantes. Muchas veces se ganaron o se perdieron guerras y no por eso los pueblos lograron vivir mejor; y eso que son los pobres quienes colocan siempre la fuerza combatiente.

La paz no siempre está asociada a la justicia social y el bienestar de la sociedad, por lo general sólo se asocia a la ausencia de confrontación armada y sucede todo lo contrario. Por cuanto se han erigido regímenes autoritarios para beneficiar élites económicas y políticas que usan el poder para seguir enriqueciéndose, en ese contexto sectores de la sociedad se ven obligados a alzarse en armas, pues no hay otra opción para lograr los cambios que favorezcan a las mayorías empobrecidas y excluidas.

La naturaleza del capitalismo es la explotación del trabajo, de los trabajadores; las máquinas o las materias primas solas no producen riqueza, por eso necesitan a los trabajadores. Cuando el Capitalismo se ve amenazado se abre a reformas o pactos, como aconteció al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se avino a un capitalismo social o de bienestar en Europa, pues se sentía amenazado por el avance del socialismo en Europa del Este. Pero cuando se desintegró la URSS, a finales de los ochenta e inicios de los noventa, se acabó el pacto entre el capital y el trabajo; se acabó el capitalismo de bienestar y se abrió el paso al neoliberalismo brutal.

El capitalismo se negó a avanzar por la vía de los acuerdos con el trabajo para crear una sociedad más equitativa. Hoy tenemos sociedades y países quebrados, conflictos sociales y políticos en todos los continentes y el llamado primer mundo también ha sido tocado por las explosiones sociales. Ha quedado claro que sin luchas no habrá justicia social.

Sobre la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, que culminó en 2016, me es difícil responder pues he sido crítico de lo que aconteció, tanto de los acuerdos como de la forma en que se hicieron. Sólo hago esta reflexión: ¿se puede estar seguro que la contraparte cumplirá los acuerdos? Lo correcto sería poder dilucidar esta duda metodológica. Si no se hizo la culpa es de quien negocia así, pues en este tipo de procesos no se puede obrar de buena fe, pues está en riesgo la vida de mucha gente. Que siga muriendo gente que participó en un acuerdo de paz interroga más a quien está en el poder.

La Tizza: ¿En qué situación se encuentran las posibles conversaciones para la paz? ¿Hay una voluntad real para la paz en los sectores dominantes de Colombia? ¿Qué errores o elementos negativos tuvieron los anteriores acuerdos, y cuáles condiciones el ELN no estaría dispuesto a renunciar en una mesa de diálogos?

Antonio García: Con el anterior gobierno, con Iván Duque, era imposible, pues se montó en un esquema imposible o irreal. Quería que la guerrilla fuese legal, ese tipo de guerrillas revolucionarias nunca ha existido ni existirá, pues alzarse en armas es ya un hecho ilegal y terminarlo implica reconocerlo y trazar una ruta para superar dicho conflicto.

Ha existido una voluntad limitada en los sectores dominantes, pues entienden que la superación del conflicto armado es la ausencia de confrontación armada y su proceso se centra en la desmovilización de la guerrilla, el desarme y la reinserción de los combatientes. Casi todos los procesos de paz se han enfocado en eso y en darles ciertas facilidades políticas a los desmovilizados, y muy poco o casi nada se han atacado las causas que han originado y reproducido el conflicto, que son de naturaleza política y social como la pobreza, ausencia en la atención social a la población, la exclusión política, la represión y la falta de participación política en la toma de las decisiones.

Desde 1991 el ELN ha estado dispuesto a conversar con los gobiernos para construir una salida política al conflicto, pero han sido los gobiernos quienes se han levantado de la mesa o se han negado a firmar los acuerdos y en el caso de Iván Duque se negó a respetar acuerdos firmados por el gobierno anterior y desconoció la gestión garante de varios países. El ELN jamás ha colocado condiciones a gobierno alguno, se entiende que todos los temas pueden conversarse o examinarse en una mesa, si de verdad se quiere la paz.

La Tizza: Hoy nos encontramos en un escenario de mucha inestabilidad mundial, marcado por el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es su valoración de esta coyuntura? ¿Qué factores condicionan ese conflicto? ¿Realmente hay elementos para pensar en una posible tercera guerra mundial? El Papa Francisco, por su parte, dice de hecho que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial.

Antonio García: Estados Unidos y la OTAN construyeron en Ucrania un proyecto anti-Rusia a partir del empantanamiento que estaban teniendo en Siria. Dicho proceso de derechización tomó fuerza con el golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y la guerra que adelantó el Estado por dominar la resistencia en la región del Donbass. Nadie en el mundo occidental dijo nada sobre las barbaridades que allí ocurrieron. Los Estados Unidos y la OTAN querían seguir desgranando el contorno de Rusia como lo hicieron en Yugoslavia en la década del noventa. Pero resultó totalmente lo contrario, Rusia les está aplicando la misma medicina que aplicaron ellos cuando con la guerra desintegraron la Federación Yugoslava.

Para muchos analistas, la Tercera Guerra Mundial comienza una vez se termina la Segunda, cuando el Pentágono declara la Guerra Fría, que tenía la pretensión de acabar con el comunismo, para que prevaleciera sólo el capitalismo. Los gringos someten al resto de países industrializados y les impone la OTAN como la herramienta imperialista para sus campañas de invasiones militares por todo el mundo, hasta la actual guerra en Ucrania.

En las últimas tres décadas se impulsó una Guerra Contrainsurgente Global para mantener la hegemonía por medios militares donde ellos quisieron: Guerra del Golfo contra Irak en 1990, guerra en Yugoslavia, guerra contra Afganistán en 1991, Guerra contra Irak en 2003, luego lo de Libia, agresiones sistemáticas contra Irán, Palestina y pare de contar con las múltiples intervenciones de todo tipo con sus revoluciones de colores hasta llegar a Siria y ahora en Ucrania.

Pareciera que esté terminando esa Tercera Guerra Mundial que se ha dado de manera fracturada, discontinua en el territorio, pero permanente en el tiempo. Ahora podrá venir una situación: o la guerra nuclear o un proceso de hegemonía multipolar, o seguiremos caminando en una realidad dual. Pero el mundo necesita evolucionar hacia una nueva institucionalidad que interprete su nueva realidad económica, política, militar, ambiental y cultural.

La Tizza: Queremos volver sobre la situación en Colombia. Se pudo apreciar el año pasado una movilización popular que asombró por su fuerza. Con la irrupción de múltiples coordinaciones colectivas, con una variedad tremenda de visiones de cambio y transformación social, que el régimen colombiano no pudo constreñir a sus formas tradicionales de violencia y cooptación. ¿Qué opiniones le merece este proceso que se vivió? ¿Qué consecuencias tiene para el logro de metas verdaderamente revolucionarias? ¿Existe el peligro de que toda esa fuerza popular sea limitada por la política electoral e institucional? En la comprensión de que los procesos electorales pueden servir como catarsis colectiva pero después no se cumple el programa de demandas populares.

Antonio García: Lo que aconteció en estos tres últimos años de luchas y movilizaciones masivas de la sociedad es el producto de una situación represada, pues no es que no hubiesen luchas en años anteriores, sino que el Estado logró reprimirlas generando temores y miedos con el uso sistemático de la violencia desde las fuerzas militares y de policía del Estado, como con sus bandas paramilitares. Fueron decenas de miles los asesinados, desaparecidos y encarcelados, y millones los desplazados, exiliados y expropiados. Aun así, la gente seguía luchando y resistiendo. Fue la perseverancia de los luchadores que jamás se doblegaron los que hicieron que llegáramos a las grandes protestas del 21-N de 2019, al 9-S de 2020 y al 28-A de 2021.

No fueron los que llamaban a la claudicación los que hicieron posible esta explosión de lucha que nos ha hecho despertar a todos. Las nuevas generaciones de jóvenes aprendieron de las generaciones anteriores, y en esas grandes movilizaciones se juntaron en cuerpo y alma, marchando juntas tres generaciones: abuelos, padres e hijos. Lo que más llamó la atención fue verlos a todos luchar por lo mismo que habían luchado en su juventud. Nuevos actores sociales como las mujeres, los pueblos indígenas y comunidades negras, campesinos, trabajadores, desempleados, pobladores urbanos y la comunidad LGBTIQ+. Esta fuerza construida en la diversidad contribuyó con sus agendas y experiencias, así como con nuevas formas de lucha urbana, con expresiones de defensa y protección de los movilizados como las guardias y las Primeras Líneas.

Desde luego que hubo expresiones que quisieron desmovilizar, diciendo que si no se suspendían las protestas se afectaría el proceso electoral, resultó lo contrario, fue esta nueva fuerza social movilizada la que colocó en el corazón de los colombianos la necesidad del cambio y la confianza en que se podrá hacer, y que las posibilidades reales del cambio están en la fuerza movilizada del pueblo.

Efectivamente, existe el riesgo de que el movimiento social sea captado por la institucionalidad y deponga su beligerancia para continuar con sus luchas. Pero debe entenderse que el nuevo gobierno tiene un margen muy limitado para cumplir sus promesas, por sus acuerdos con sectores de la oligarquía y por la gran escasez de recursos que tendrá. Por tanto, muchas de las principales transformaciones que reclama el pueblo deben conquistarse con la movilización y lo poco que pueda ofrecer el gobierno.

La Tizza: Tomando en cuenta el resultado electoral reciente con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez por la fuerza política Pacto Histórico: ¿Qué valoraciones puede hacer de esta victoria en las urnas? ¿Qué posibilidades reales de transformación tiene este gobierno y cuáles serán los principales obstáculos? Petro ha declarado como tarea y horizonte modernizar el capitalismo «atrasado» en Colombia. ¿El «atraso», es un atributo de la gestión de gobierno o un elemento sustantivo del lugar de nuestros países en el sistema mundial del capitalismo?

Antonio García: En Colombia hay un cansancio de la vieja política, antes había apatía a la participación política, pues las maquinarias electorales controlaban el proceso y todo estaba amarrado. Aún hoy el clientelismo regional sigue manteniendo parte de ese control, algo así como la mitad de esa fuerza electoral está en sus manos.

El resultado es ese, la mitad y un poquito está por el proyecto del Pacto Histórico o se suma a él, porque no hay otro que le atraiga. Rodolfo Hernández no era un candidato real, sino el resultado de un error de cálculo de la derecha, pues lo inflaron un poco para que le quitara los votos a Petro y no pudiese ganar en primera vuelta y así Federico Gutiérrez pasara a segunda vuelta, pero Rodolfo terminó ganándole a «Fico» y fue quien pasó a segunda vuelta; sorpresas te da la vida.

Desde luego que el Pacto Histórico tiene propuestas de tipo democrático, en materia económica, política y social; para eso ha tenido que hacer alianzas con sectores de centro derecha para tener una mayoría en el parlamento, pero está expuesto a tener que negociar las reformas con dichos sectores, donde el alcance de ellas estará en juego.

Los principales obstáculos para sacar adelante reformas profundas están en la naturaleza de la oligarquía colombiana, que se acostumbró a gobernar sin permitir las protestas, usó la represión contra ellas para impedir los cambios. Por eso ahora tratará de bloquear en el parlamento y luego recurrirá al viejo manual dictado por los gringos: sabotaje a la economía, bloqueo diplomático y económico y desde luego las viejas prácticas de intervención.

Si no es así estaríamos ante un cambio de la naturaleza política del capitalismo internacional liderado por Estados Unidos.

Desde luego, si hay un cambio real en la sociedad colombiana, el pueblo tendrá que apoyarlo, y sólo podrá ser con la movilización popular, como lo ha hecho en estos últimos tres años con fuerza y contundencia.

El capitalismo como sistema mundial empezó a configurarse desde la Edad Media, y funciona como un solo sistema, con todos sus engranajes. Ahí están desde los países muy industrializados hasta los de casi nulo desarrollo industrial. Algunos cuentan con Estados y regímenes políticos con tintes democráticos y algo de consideración social, pero con círculos de poder altamente elitistas, otros con dictaduras abiertas y otros como Colombia de democracia disfrazada. El capitalismo generará siempre atraso, dependencia, exclusión, por eso es inevitable ir hacia sociedades pos-capitalistas.

Petro propone modernizar el capitalismo y ponerle rostro humano, pero el capitalismo esencialmente se basa en la explotación y alienación del ser humano y en la depredación de la naturaleza. Modernizar la economía colombiana implica enfrentarse a los sectores retardatarios de terratenientes, ganaderos y lavadores de los narcocapitales, quienes han logrado una extraordinaria acumulación originaria de capital en las últimas cuatro décadas, basada en la violencia narco-paramilitar, y terminaron adueñándose del Estado colombiano.

Petro podrá manejar una parte del erario público del gobierno, pero no podrá tocar el Estado profundo que controla el poder en Colombia. El movimiento social y político alternativo acompañará a Petro en las reformas que favorezcan los intereses populares, pero debe ir mucho más allá de las iniciativas del gobierno, manteniendo sus propuestas de transformaciones.

La Tizza: Cuando uno analiza lo que es la historia de Colombia, puede pensar que la violencia tiene un carácter sistémico, que los cambios no pueden ser realizados por la política. ¿Se abre un nuevo escenario? O ¿estamos en presencia de un nuevo simulacro que terminará nuevamente con la violencia sobre los sectores populares y los líderes y lideresas sociales?

Antonio García: Tanto va el cántaro de agua a la fuente que al final se rompe, estamos en uno de esos momentos. Si no es viable una transición política quedará en evidencia que la oligarquía no dejó otro camino al pueblo que continuar la lucha por otros medios. Espero no sea así, pero eso sólo lo dirá la realidad de estos años venideros.

La Tizza: ¿Cuál es la visión actual del ELN sobre la toma del poder sobre el Estado? ¿Cómo se relacionan hoy en Colombia los intentos de construcción de un poder social anticapitalista con la conquista o la no conquista del poder sobre el Estado?

Antonio García: El ELN no considera que el poder se tome por un asalto, sino que se construye con las comunidades en el día a día, en la vida y en la lucha por cambiar la realidad con soluciones para la gente, sobre todo en procesos participativos. También se construye en procesos de resistencia defendiendo las conquistas logradas por las luchas de las comunidades. Desde luego que estamos ante una lucha contra el Estado, en tanto que es la organización del poder de una clase dominante, y la sociedad excluida también tiene derecho de configurarse como Poder Estatal para garantizar un proyecto de sociedad justa, democrática y equitativa.

Con las actuales propuestas del Progresismo, volvemos a las viejas discusiones de los socialistas y los socialdemócratas: «Revolución o Reformas», o «Revolución socialista o caricatura de revolución». O nos dedicamos a reformar al Estado capitalista o la tarea de los revolucionarios es una transformación radical de la sociedad y el Estado.

JEP Colombia imputa a 22 militares por 300 falsos positivos

Zamora — Tue, 26 Jul 2022 13:03:16 +0000

JEP Colombia imputa a 22 militares por 300 falsos positivos

Zamora Mar, 26/07/2022 - 09:03

Telesur

Además, hay tres civiles involucrados en el crimen de 303 personas indefensas, que luego presentaron como guerrilleros muertos en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia informó este lunes que imputó cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional y a otras tres personas por el asesinato de 303 civiles durante el conflicto armado y posteriormente presentarlos como falsos positivos.

En un comunicado, la JEP señaló que los crímenes se cometieron entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare (este) y en municipios de los departamentos de Boyacá, Meta y Arauca.

Las víctimas eran civiles indefensos que luego fueron presentados como bajas en combate. En su mayoría fueron hombres entre 18 y 25 años, pero los militares le quitaron la vida a menores de edad, a nueve mujeres (una de ellas en estado de gestación) e incluso un joven con orientación sexual diversa.

📰En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar 303 asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate (conocidas como 'falsos positivos') en Casanare entre 2005 y 2008.

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022

En total, estos crímenes representaron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad castrense durante el periodo.

La Justicia Transicional denunció que dentro de esa unidad militar se creó una estructura criminal que naturalizó esa práctica violenta para acceder a ascensos, premios en metálico, descansos y otras prebendas.

Manifestó que los encartados se valían del engaño para atraer a las víctimas. Una vez ultimados, les colocaban armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes, y recreaban escenarios de combate ficticios para hacer verosímil su versión de los hechos.

Ante una pregunta de la prensa, el magistrado Parra confirmó que los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', que pudieron ser contrastados para lo referente a 'falsos positivos' cometidos en Casanare, fueron tenidos en cuenta por la sala para estas imputaciones. pic.twitter.com/qoXcmqxNUB

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022

Según la denuncia, los uniformados utilizaron presuntamente más de 140 millones de pesos (31.000 dólares aproximadamente) provenientes de recursos públicos para realizar estas operaciones.

Los militares imputados son el mayor general Henry Torres Escalante, quien comandó la referida brigada en momentos en que reportaron más hechos de esta naturaleza; así como otro grupo en el cual se incluyen dos coroneles, tres tenientes coroneles, un mayor y otros oficiales, además de seis suboficiales.

Las imputaciones formuladas por la Sala son el resultado de la contrastación judicial y el análisis de:

- 8 informes de entidades estatales como Fiscalía y Procuraduría, además de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.https://t.co/dXxhpXifpP

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022

La JEP pudo establecer que, además de los asesinatos, los militares utilizaron a tres niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, y que la persona con orientación sexual fue víctima de un crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

Se considera que estas 22 personas tuvieron un rol esencial y determinante en los hechos, por los cual se les atribuyen los delitos de homicidio en persona protegida, asesinato y desaparición forzada.

La magistrada Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento, precisó que a partir de esta decisión que hoy se hace pública, los imputados serán llamados a reconocer responsabilidad en tres dimensiones: "En su dimensión fáctica, jurídica y restaurativa", dijo. pic.twitter.com/coNAY39OG5

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022

De acuerdo con la JEP, luego de ser notificados aquellos disponen de 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad. También pueden rechazarlos o aportar argumentos o evidencia adicional.

Finalizado ese término de tiempo, la JEP decidirá si programa una audiencia pública de reconocimiento.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Los militares podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión si finalmente resultan vencidos en juicio.

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