Washington condiciona desde la era Bush la ayuda económica, militar y antidrogas a un centenar de Estados parte de la CPI a que no denuncien nunca crímenes de sus militares y espías.
La Casa Blanca presentó días atrás una demanda contra la editorial Simon & Schuster para que cancele o al menos postergue la llegada a la librería del libro The Room Where It Happened: A White Houe Memoir (En la sala donde ocurrió: mis memorias en la Casa Blanca). El autor del libro, John Bolton, un veterano halcón entre los halcones republicanos.
El libro del ex consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump entre 2018-2019 puede dejar al descubierto algunos de los capítulos más secretos y delicados de la Administración Trump en temas de política exterior, espionaje y política interna.
Bolton ha sido un protagonista central durante ese periodo y Trump intenta por todos los medios evitar la difusión de ese libro de 592 páginas, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre.
Las revelaciones de Bolton amenazan con abrir un nuevo frente contra Trump en momentos en que este intenta desesperadamente conseguir su reelección. La Casa Blanca amenaza a Bolton con serias represalias si viola sus compromisos de confidencialidad en temas que afectan a la seguridad nacional.
Paradójicamente, días antes, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva anunciando sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) por iniciar un proceso a EE UU por crímenes cometidos en Afganistán y otros países, y fue precisamente Bolton quien en 2018 amenazó a la CPI con tomar las represalias que se han aplicado ahora. Bolton tuvo todo el protagonismo en esa campaña.
No en vano fue el mismo Bolton quien el 6 de mayo de 2002, cuando era subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de George W. Bush, quien anunció formalmente al secretario general de la ONU, Kofi Atta Annan, la decisión de EE UU de retirar su firma del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
Era solo el comienzo de una guerra entre EE UU y la CPI que dura hasta el día de hoy. Estados Unidos tiene cerca de 200.000 militares desplegados en 180 países y territorios en los cinco continentes, y un número indeterminado de agentes de la CIA y mercenarios subcontratados por el Pentágono a compañías militares privadas.
En muchos de esos países personal estadounidense ha protagonizado matanzas, asesinatos, crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, no solo en el pasado sino también en conflictos aún abiertos en la actualidad.
La guerra de Afganistán que ahora investiga la Corte Penal Internacional es la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos. En octubre próximo se cumplirán 19 años de su inicio y han sido numerosas las denuncias y testimonios acusatorios contra EE UU habidos en esos años.
Bush blindó legalmente a sus tropas, agentes de la CIA y mercenarios subcontratados por el Pentágono para que no pudieran ser juzgados por tribunales internacionales.
En agosto de 2002, antes incluso de que se produjeran los atentados terroristas del 11-S que George W. Bush utilizó de coartada para lanzar la mal llamada Guerra contra el Terror, el presidente enviaba al Congreso de Estados Unidos la primera de una serie de medidas para blindar legalmente a sus militares, diplomáticos, espías y mercenarios subcontratados ante cualquier tribunal internacional que intentara juzgarlos.
Lo hizo a través de la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Americano (ASPA en sus siglas en inglés), y supuso no solo un ataque frontal a la Corte Penal Internacional sino también a las propias Naciones Unidas.
Esa ley, aún vigente aunque sus enmiendas de 2006 y 2008 suavizaron algunas de sus medidas, en su Sección 2005 establece, por ejemplo, que era “política de EE UU buscar la permanente exención de la CPI para las tropas de Estados Unidos en cada misión de pacificación de la ONU”.
Ante el temor de que cualquier gobernador demócrata intentase cooperar con la CPI, en la Sección 2004 apartado B de la ASPA dice: “Se prohíbe a cualquier tribunal de Estados Unidos o Estado o Gobierno local, a responder a una solicitud para cooperar con la CPI”.
Y en su apartado D se añade: “Se prohíbe a cualquier Estado federal o Gobierno local a extraditar a cualquier persona desde Estados Unidos hacia la CPI y a transferir a cualquier ciudadano estadounidense o residente extranjero permanente hacia la CPI”.
Una ley de EE UU reivindica su derecho a liberar a miembros de sus Fuerzas Armadas “detenidos o encarcelados por o de parte de la Corte Penal Internacional”
El apartado de tono más imperialista y humillante para Naciones Unidas es sin duda el de la Sección 2008, en el que EE UU se arroga la “autoridad para liberar a miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y ciertas otras personas detenidas o encarceladas por o de parte de la Corte Penal Internacional”.
Para que no quede ninguna duda, en el apartado A se determina: “El presidente está autorizado a usar todos los medios necesarios y apropiados para llevar a cabo la liberación de cualquier persona descrita en la subsección b) que se encuentre detenida o encarcelada por o en nombre de, o a requerimiento de la Corte Penal Internacional”.
Por eso esa ley extraterritorial de Estados Unidos es conocida en la CPI, en la UE y en la ONU como 'Ley de Invasión de La Haya', la ciudad holandesa donde se encuentra la sede de la Corte.
A pesar de las críticas que obtuvo por parte de dirigentes de la UE y de otros países, el 2 de agosto de 2002 la ASPA entró en vigor... y aunque suavizada parcialmente por las posteriores enmiendas sigue aún vigente 18 años después.
Ese mismo año EE UU hizo su primer chantaje a la ONU. Su embajador ante Naciones Unidas, Richard Williamson, advirtió al Consejo de Seguridad que, en el caso de que no se resolviera “el problema de la CPI”, EE UU votaría en contra de renovar la UNMIBH, la misión de estabilización de la OTAN en Bosnia.
En aquel momento ese anuncio provocó una crisis en el Consejo y en la OTAN y puso en riesgo la continuación de esa misión. Fue el Gobierno francés el que propuso finalmente una salida ad hoc. Apeló a usar el artículo 16 del Estatuto de Roma que contempla la posibilidad de que un país pueda aplazar doce meses —renovables— la aplicación de la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos.
Bush se salió con la suya, y luego renovó esa excepción otros doce meses.
A pesar de que EE UU no es un Estado parte de la CPI el Estatuto de Roma prevé que podría actuar contra ciudadanos de ese país que hubieran cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio si el país en el que hubieran tenido lugar sí fuera miembro de la Corte, o si esos ciudadanos residieran en un país que es estado miembro.
Washington siempre ha rechazado esas competencias de la CPI pero aún así se ha dotado de otro instrumento jurídico para cerrar incluso esa posibilidad.
Washington ha condicionado ayudas a un centenar de países a la inmunidad para sus tropas
EE UU ha creado junto con la ASPA los BIA (Bilateral Inmunity Agreement), una suerte de convenio que firma con un país determinado por el cual este se compromete a que en ningún caso denunciará a un ciudadano o personal estadounidense ante la CPI aunque haya cometido en su territorio nacional los crímenes de competencia de esa Corte.
A cambio de ese 'favor' a EE UU, de inhibir a sus tribunales de Justicia de actuar contra ciudadanos estadounidenses aunque hayan cometido graves crímenes, ese país entra en el club de los privilegiados a la hora de recibir ayuda económica estadounidense, ayuda militar o para la lucha antidrogas.
EE UU ha hecho una interpretación torticera e interesada del Artículo 98 del Estatuto de Roma que reconoce la prioridad de cada país miembro para enjuiciar a su personal, que innumerables juristas de todo el mundo ha rechazado.
Aquellos países que se negaron a firmar un BIA han sido castigados por Estados Unidos con la cancelación de ese tipo de ayudas.
En los años '90, durante la era Bush países como Croacia, Tanzania, Venezuela, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Mali, Irlanda o Chipre, sufrieron ese tipo de represalias por negarse a firmar un BIA.
Estados Unidos ha logrado firmar cerca de un centenar de BIA, buena parte de ellos con países que son a su vez miembros de la Corte Penal Internacional, con lo cual las posibilidades de ese tribunal para contar con la colaboración de un estado miembro a la hora de procesar a un ciudadano estadounidense se han visto reducidas notablemente.
Muchos de los 123 países miembros de la CPI han sucumbido a las presiones de EE UU.
En 2004, un año después de abrir un nuevo frente de guerra, el de Irak, la Administración Bush reforzaba aún más la impunidad de los crímenes de sus tropas con una nueva disposición legal, la llamada Enmienda Nethercutt, presentada por el congresista republicano George Nethercutt.
Esta enmienda a las Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado, endureció aún más las disposiciones de la ASPA. La votaron 201 republicanos y 40 demócratas.
El artífice detrás de la Enmienda Nethercutt... John Bolton. Nuevamente Bolton.
Si la ASPA reconocía algunas excepciones a la hora de aplicar sanciones a países que no habían aceptado firmar un pacto de inmunidad —los aliados de la OTAN—, la Enmienda Nethercutt no las admitía. Las únicas excepciones contempladas eran aquellas que decidiera el mismísimo presidente de Estados Unidos, el neoemperador Bush.
La Enmienda Nethercutt fue utilizada también para bloquear la ayuda del Economist Support Fund —2.500 millones de dólares en los Presupuestos de 2005— destinados a programas de asistencia de distintos tipo, en los casos en los que un país se negara a firmar un BIA.
EE UU ha logrado de esta manera burlarse de la CPI garantizando la impunidad de buena parte de los crímenes que su personal ha protagonizado en el extranjero y que pueda protagonizar en el futuro.
Con Obama se mejoró la relación con la CPI pero no eliminó los pactos de inmunidad ni integró nuevamente a EE UU en ese alto tribunal
La llegada de Barack Obama al poder en 2009 relajó la relación de EE UU con la Corte. Al firmar ese mismo año la Public Law 111-8 correspondiente al Presupuesto Fiscal de ese año, llegó la sorpresa: no había partida presupuestaria para la aplicación ni de la ASPA ni de la Enmienda Nethercutt.
Esto parecía suponer una congelación de esas medidas. Aunque no propuso volver a firmar el Estatuto de Roma sí hubo durante sus dos mandatos cierta colaboración con la CPI en determinadas causas, como Darfour, y Washington llegó a participar como país observador en la Asamblea de Estados Parte.
Sin embargo, Obama no cuestionó la existencia de los BIA, y estos siguieron funcionando.
De hecho, ninguno de los numerosos países que firmaron un BIA con EE UU se atrevió nunca en estos 18 años transcurridos a denunciar a un ciudadano estadounidense ante la CPI aunque hubiera cometido crímenes en su territorio, como es el caso de Afganistán.
Este país es estado parte de la CPI y a pesar de que sus sucesivos gobiernos han denunciado públicamente en distintas ocasiones los crímenes cometidos por las tropas estadounidenses o por los mercenarios subcontratados, nunca presentó el caso formalmente ante la Corte. Desde que la CPI inició las primeras investigacions sobre Afganistán se han presentado 1.170.000 denuncias tanto contra las tropas estadounidenes como contra los talibán y las fuerzas gubernamentales afganas.
La aplicación unilateral de leyes de ámbito extraterritorial por parte de Estados Unidos tiene una larga historia y ha sido también motivo de un tenso pulso entre Washington y Bruselas.
Sin embargo, aparte de la retórica, las mayores protestas por parte de la Unión Europea se han producido en realidad solo cuando los intereses económicos de todos o algunos de sus países miembros se han visto afectados por las sanciones, embargos, bloqueos u otras medidas adoptadas por EE UU contra terceros países. Ha sucedido en el caso de Cuba, Libia, Irán, Siria, Rusia, y sucede ahora también con Venezuela.
En esos casos la UE se ha limitado a negociar con EE UU la no aplicación a sus países miembros de las represalias que Washington aplica a quienes comercien o inviertan en países que son objeto de sus embargos o bloqueos.
EE UU termina apareciendo así como 'generoso', como perdonavida con sus aliados europeos por no aplicarles la ley del garrote que sí aplica al resto de países. Y la UE, por su parte, reivindica tras ese tipo de concesiones su 'fortaleza' e 'independencia' frente a EE UU.
Ahora también, tras la Orden Ejecutiva de Trump anunciando las represalias que ya ha empezado a aplicar a los jueces y otros funcionarios de la CPI y sus familiares por iniciar el proceso por los crímenes de EE UU en Afganistán, la UE ha mostrado su 'preocupación' y ha salido en defensa de la Corte.
Pero EE UU, una vez más, hará caso omiso de las críticas de líderes y organismos mundiales sin ninguna consecuencia, actuando con total impunidad, reafirmándose en su perfil de imperio global.