Iñaki Egaña

En estos tiempos que llaman de relajo, de paz (¿romana?) o, como dice la izquierda abertzale, de transición, las espadas de Damocles continúan balanceándose sobre nuestras cabezas.

En 1995 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el ametrallamiento policial fue ilegal, contra el derecho a la vida. A pesar de que eran militantes del IRA.

Con motivo de la ofensiva de aquel «Todo es ETA», al menos 40.000 conciudadanos éramos espiados permanentemente, tal y como además lo avalaron los jueces ilegalizando candidaturas electorales.

En la política, hace ya tiempo que la credibilidad del PSOE está muy tocada, por no decir que anulada.

Lo más doloroso de esta situación ha sido que en medio de la pandemia han proseguido con el desmantelamiento de la sanidad pública vasca.

Si siguiéramos el caso citado y trasladáramos hipotéticamente las conclusiones del mismo hasta nuestro espacio político, los centenares de juicios avalados por la justicia española deberían ser revisados.

El senador Juan María Bandrés, que murió en 2011 siendo militante del PSOE, señaló que «la presencia de las Fuerzas de Orden en Euskadi es, de por sí, una provocación».

Las cargas policiales en funerales incluso de muertos por torturas, el destrozo y la vandalización de tumbas siguieron siendo una constante.

La independencia y soberanía de Cuba están en juego. Una vez más, el origen del asalto se encuentra en las tapaderas que usa el Departamento de Estado de su gigante vecino imperialista.

Como a José Bergamín y a tantos otros, llegar a Euskal Herria y hacer piña con su movimiento de liberación tenía un coste. El de la represión. Alfonso y Eva lo conocían de sobra. Y mantuvieron el tipo.