Iñaki Egaña

En los últimos tiempos, los verdugos de las atrocidades cometidas reivindican su estatus para aparecer con laureles en ese relato trampeado de la «Transición Modélica».

Ni la toma de la Bastilla, ni la Marsellesa ni les Bleus cohesionaron a una sociedad diversa tanto como lo hizo el relato de «las guerras heroicas».

Los conflictos, los enfrentamientos, las guerras suscitan negocios redondos. Las víctimas han pasado a ser daños colaterales de inversiones estratosféricas, mientras que las propuestas políticas, los escenarios de concordia, las apuestas por el diálogo o los llamados a la paz son solo referencias secundarias en esos movimientos económicos.

Resulta indignante que aún en 2022 ​andemos buscando fosas con los restos ​de aquellos presos, como si fueran ​despojos arqueológicos

En estos tiempos que llaman de relajo, de paz (¿romana?) o, como dice la izquierda abertzale, de transición, las espadas de Damocles continúan balanceándose sobre nuestras cabezas.

En 1995 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró que el ametrallamiento policial fue ilegal, contra el derecho a la vida. A pesar de que eran militantes del IRA.

Con motivo de la ofensiva de aquel «Todo es ETA», al menos 40.000 conciudadanos éramos espiados permanentemente, tal y como además lo avalaron los jueces ilegalizando candidaturas electorales.

En la política, hace ya tiempo que la credibilidad del PSOE está muy tocada, por no decir que anulada.

Lo más doloroso de esta situación ha sido que en medio de la pandemia han proseguido con el desmantelamiento de la sanidad pública vasca.

Si siguiéramos el caso citado y trasladáramos hipotéticamente las conclusiones del mismo hasta nuestro espacio político, los centenares de juicios avalados por la justicia española deberían ser revisados.