¿La justicia protegiendo a terroristas? En absoluto, es el estado de derecho que hace caer la ley, dicen. Los venezolanos adinerados y de negocios turbios que habitan en Madrid, huyendo de la revolución bolivariana estarán festejando. Es uno de los suyos.
La Audiencia Nacional sale al rescate del dirigente de la extrema derecha Hugo Alejandro Mora, cuya extradición pide la justicia de Venezuela por el atentado contra Nicolás Maduro en un desfile militar.
“La resolución incurre en una flagrante omisión del análisis de las condiciones personales y políticas del solicitante. No se trata de un mero opositor al régimen, se trata de un miembro de un partido político opositor, -cuando menos, cualificado-, del que alguno de sus dirigentes ha sido encarcelado, y sufre o ha sufrido medidas restrictivas de libertad, con una trayectoria de abierta oposición al régimen actual”.
El tribunal estima que la decisión de denegarle la condición de refugiado “y permitirle permanecer en España sólo por motivos humanitarios no fue ajustada a derecho”, y decide concederle el asilo tal y como venían solicitando sectores de la extrema derecha venzolana afincados en Madrid.
La Audiencia Nacional considera que el Ministerio del Interior “ha pasado por encima de estas circunstancias sin hacer observación, ni valoración alguna, quedarse en la superficie del problema diciendo que es un mero opositor, al que dándole la permanencia en España por razones humanitarias ya se satisface su petición de protección internacional”.
“La situación no es, pues, la de cualquier ciudadano opositor al Régimen Venezolano como establece la resolución recurrida, sino de dirigente de un partido político opositor, siendo sospechoso de su colaboración en actos muy graves […] por lo que es razonable pensar que a su regreso a Venezuela podría ser objeto de persecución por parte del Gobierno venezolano o sus terminales ejecutivas, pudiendo ser detenido, torturado y sometido a tratos inhumanos y degradantes propios de actual régimen bolivariano que impera en Venezuela, como acreditan las fuentes internacionales consultadas”.
“Por esa razón”,, “el grado de protección que ha de ofrecérsele ha de ser el máximo, esto es el correspondiente a la declaración de refugiado, y no sólo el de la permanencia en España por razones humanitarias”, dice el ponente Gerardo Martínez Tristán.