El pueblo en Chile ha concretado en las urnas lo que ya habían decidido hace un año de manera masiva y sostenida en las calles, protestas, plazas y barricadas: poner fin a la Constitución de Pinochet. Con ello, han asestado una derrota contundente a la reacción, hoy agrupada férreamente en los sectores militares, el gran empresariado y los partidos de gobierno.
Este triunfo, que contiene sin duda una clave anti-derecha, excede del todo esos términos. Es fruto de una revuelta social que ha puesto en el centro su impugnación los últimos treinta años de transición democrática neoliberal y a los partidos que la han administrado. Caben allí, y con énfasis, los partidos de la Concertación por la Democracia encabezados por el Partido Socialista. En efecto, lo que no quisieron hacer esos gobiernos en décadas, lo hizo el pueblo en un par de meses Huelga General mediante.
En concreto, en este plebiscito histórico ante la pregunta “¿Quiere usted una Nueva Constitución?” la opción “Apruebo” se impuso por el 78,27% de los votos, mientras la opción “Rechazo” obtuvo el 21,73%. Esta última sólo obtuvo mayoría en cinco comunas del país, tres de las cuales son aquellas en que se concentran las personas más ricas de Chile. Este indesmentible carácter de clase comprometido en el evento vino a ser corroborado por el cerca del 90% que el “Apruebo” obtuvo en los barrios pobres urbanos.
Respecto de la segunda papeleta de votación que consultaba “¿Qué tipo órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, se impuso con el 78,99% de los votos la Convención Constitucional -que será paritaria en términos de género y cuyos integrantes serán cien por ciento electos mediantes voto popular- frente 21,01% obtenido por la Convención Mixta -que no sería paritaria y cuyos integrantes serían mitad electos por voto popular y mitad compuesta por parlamentarios actualmente en ejercicio-.
El triunfo del Apruebo por sobre el 70% estaba dentro de las proyecciones, no así el alto porcentaje obtenido por la Convención Constitucional que se esperaba ganara por un margen menor. Habrá tiempo para una lectura detallada de este resultado, pero de entrada expresa la rotunda desaprobación del Parlamento y el amplio ethos anti-partidos que contiene la revuelta. Este último fenómeno merece particular atención pues engarza con el relato que la ultraderecha neofascista ha desplegado contra los políticos.
Anoche las calles de todo Chile se convirtieron en escenario de una fiesta popular. En la capital, Santiago, los pobres llegaron desde distintas latitudes al centro, a la ex Plaza Italia hoy renombrada Plaza de la Dignidad, punto que ha simbolizado históricamente la línea divisoria de la segregación económica. Vivir de Plaza Italia para arriba, esto es hacia el oriente donde se erige la Cordillera de Los Andes, es sinónimo de ser adinerado. Allí, en la cicatriz de una ciudad que concentra al 60% de la población del país, se dio cita una vez más ese Chile pobre, feminista y plurinacional que ya nadie puede ocultar y que hoy se exhibe ante el mundo así, huérfano de direcciones políticas propias y hasta de símbolos que lo conecten con la épica de otras gestas populares, pero con una disposición irreductiblemente para terminar con el neoliberalismo y alcanzar esa vida que valga la pena vivir.
Mientras los grandes empresarios y los partidos de derecha se esfuerzan en disimular el alcance de su derrota, los partidos de centro y centro izquierda no se han atrevido a arrogarse abiertamente como propio el triunfo del plebiscito. Todos ellos sin embargo ya pactaron arrogarse la voz del proceso constituyente por venir. A través del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución[1] establecieron los términos de la exclusión popular y de su propio protagonismo.
En términos del itinerario institucional, el próximo paso son las elecciones de constituyentes de abril de 2021. Hasta el momento no existen escaños reservados para los pueblos originarios, existe un veto para las candidaturas de dirigentes sindicales, que no pueden postular salvo que renuncien a sus cargos, y existen gravosas condiciones para levantar candidaturas independientes. Como contrapunto, la Convención Constitucional será el primer órgano redactor de una Constitución en el mundo completamente paritario en términos de género.
La concesión de la paridad en el marco de unos términos generales excluyentes puede interpretarse como resultado de una lectura que entiende que la potencia feminista es fácilmente integrable en una clave paritaria de administración formal de lo que existe. El desafío consiste en demostrar que se equivocan, y que esa expectativa está mirando a un relato feminista que se ha construido por arriba y no al que ha sido construido por millones desde abajo. La paridad brinda a este feminismo profundamente transformador que se ha desarrollado en estos años la enorme posibilidad de portar las aspiraciones programáticas de toda una clase, colocando en el centro la vida de las mujeres y disidencias como un problema político de primer orden. Brinda también la posibilidad de que la disputa entre las mujeres que hacen parte de clases antagónicas se libre a través de voces propias y no de intermediarios masculinos. Esto será un gran aporte en la diferenciación y politización en términos de clase de las mujeres trabajadoras y del campo popular.
La tarea fundamental consiste en que el fin de la Constitución de Pinochet se convierta en el fin del modelo instalado por el tirano. Eso hasta ahora no está asegurado. Para lograrlo es necesario situar la voz protagónica de la revuelta en el espacio constituyente. Para eso es necesario actuar dentro y fuera de la Convención Constitucional. Dentro, porque allí se jugará en buena medida el sentido de la politización de masas que se abrió hace un año en Chile; la Convención será el más importante espacio de discusión programática que haya vivido el país en medio siglo -desde el triunfo de Salvador Allende en 1970- y, para efectos de articular un proyecto radicalmente transformadora con alcance de millones, no da lo mismo cuáles sean los términos y las alternativas que se ponen debate. Fuera, porque el movimiento social tiene que prepararse para responder de manera coordinada y con perspectivas propias ante cada disputa que se suscite en el órgano constitucional. Finalmente, dentro y fuera porque en este proceso se juega también la posibilidad de que la clase trabajadora prosiga el camino de autoorganización que ha emprendido sin subordinación a los partidos de la transición neoliberal.
El pueblo sabe que el de ayer es su triunfo y también sabe bien que sus enemigos le han hecho pagar un costo indecible para obtenerlo. Más de 40 personas asesinadas, más de 460 víctimas de trauma ocular, más de 2.000 presos y presas políticas, más de 5.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales y militares del Estado, de las cuales 1.300 corresponden a menores de 18 años y cerca de 500 a actos de violencia política sexual contra mujeres y disidencias sexo genéricas, incluidas violaciones. Todo ello en apenas un año, todo ello en la impunidad.
El pueblo en Chile encabeza hoy una colosal lucha democratizadora en medio de un giro autoritario mundial. El plebiscito de ayer confirma esa enseñanza histórica de que las demandas democráticas más elementales son resultado de la lucha y no concesión gratuita de los poderosos. Quienes han administrado por décadas lo que hoy el pueblo ha impugnado se preparan para cosechar con mano ajena la lucha que han sostenido otros. Es una tarea política de primer orden transitar los desafíos por venir defendiendo la independencia de clase, impidiendo a los enemigos de los y las trabajadoras rehacer su base social y habilitando la emergencia de expresiones políticas propias que afirmen nuevos proyectos radicales. La disposición y la fuerza para provocar ese encuentro ha sido demostrada de sobra.
Notas:
[1] Acuerdo firmado por la mayor parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, con excepción de los partidos Comunista y Humanista, por el cual se establecieron los términos del proceso constituyente.