Letrado especializado en el Tribunal de Estrasburgo, tuvo un papel importante en la anulación de la «doctrina Parot» y la condena el Estado español por las torturas a Igor Portu y Mattin Sarasola. La Red de Torturados de Navarra lo ha traído a Iruñea.
¿Cómo ve el resto de Europa al Estado español y la práctica de la tortura?
Creo que hay una conciencia generalizada de que aquí hubo un problema muy importante con la tortura tanto en la dictadura como en los años posteriores. Saben que la tortura no se terminó con la dictadura, porque en varios informes -desde por lo menos 1996- Naciones Unidas y el Comité de Prevención de la Tortura han expresado reiteradamente su preocupación con los casos de tortura que venían de Euskal Herria y la falta total de investigación por parte del Poder Judicial español. Han pedido en muchas ocasiones que adopten medidas, entre otras la erradicación de la incomunicación, y el Estado español no ha dado casi ningún paso. Su posición de negación total ha acabado de alguna manera irritando a la comunidad internacional y confirmando los temores que tenían.
Entonces, fuera lo saben.
Entre los expertos y expertas en temas de tortura internacionales hay conciencia de que aquí hubo tortura y de que no se quiere investigar. En la opinión pública más amplia cuesta un poco, porque España es un país europeo, que firmó el convenio Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Por eso cuesta más, al principio, explicar que aquí se ha torturado tanto. Pero cuando se utilizan los informes y cuando se enseñan los testimonios para casos de extradición, por ejemplo, la Justicia europea acaba reconociendo la realidad de la tortura. Diría que es más fácil que un juez en Bruselas, en Berna o en París reconozca la tortura a que lo haga juez en Madrid.
Además de en la incomunicación que ha citado, ¿se nota algún otro punto oscuro en el sistema judicial para dar amparo a la tortura?
Sí, en el hecho de que los jueces instructores que investigan las denuncias estén en la Audiencia Nacional, porque son los mismos que quieren las declaraciones y las emplean para condenar a independentistas. Y por otro lado, cuando se les pide que juzguen e investiguen a los torturadores y torturadoras que han obtenido estas declaraciones, no lo llevan a cabo. Hay una contradicción que es complicada y yo creo que llevar la investigación de torturas a tribunales del País Vasco o de Cataluña, o donde sea, permitiría dar un paso hacia la verdad.
No pasar, entiendo, por la Audiencia Nacional, sino que sea el juez natural.
Exactamente. Sabiendo cuál es la historia de la Audiencia Nacional y cuál es la historia del Tribunal Supremo, parece que no ha pasado el tiempo por estos espacios. Se lo digo ahora como abogado suizo.
Lo ha citado ya de pasada. La tortura no deja solo unas secuelas por el maltrato, sino que en muchas ocasiones el torturador logrará una declaración y esta declaración desembocará en una sentencia condenatoria.
Por un lado está el daño que se causa, el trauma. Pero el hecho de que se utilicen sus declaraciones para condenar a esta misma persona o a otra, hace al torturado víctima dos veces: víctima de la tortura y víctima porque después quizás va a pasar 20 años en la cárcel. O puede que haya otra víctima, que sea un tercero el que acabe condenado por esas declaraciones. El Convenio contra la Tortura de la ONU reconoce que es ilegal utilizar una declaración obtenida bajo tortura, y entiendo que hay hoy día decenas de personas que están en la cárcel por declaraciones bajo tortura. Están presas de manera ilegal. Esto es otro gran problema, muy complicado, que se tendría que atacar.
¿La justicia internacional tiene una respuesta eso? ¿Podemos confiar en que llegue una solución desde fuera?
No van a cambiar esto desde fuera, si acaso van a ayudar a que esto cambie. Si no hay movilización social, si no hay organización de las víctimas, si no hay trabajo aquí, no llegará una decisión de Estrasburgo que lo cambie todo. La decisión de Estrasburgo será la consecuencia de la capacidad de movilización y del trabajo que se empieza aquí. Ahora bien, si se gana una sentencia internacional...
¿Como cuál?
Existen varios casos pendientes. Hay un caso en el Comité contra la Tortura sobre el tema de la prescripción, porque España se niega a investigar torturas diciendo que el crimen está prescrito, pero la tortura no prescribe según el Derecho Internacional. Al Comité de Derechos Humanos hemos llevado un caso en que se utilizaron declaraciones obtenidas bajo tortura para pronunciar una condena. El tema está pendiente.
¿El de quién?
No puedo dar el nombre. Acabamos de meterlo y... no lo sabe ni el Estado. Creo que no se lo han comunicado todavía. Habrá más decisiones de Estrasburgo, pero si no hay trabajo aquí, no servirán de nada.
¿Sabe de algún país que haya empleado la tortura de esta manera en Europa?
En época reciente, no he visto un porcentaje de torturados como el de Euskal Herria. No tiene comparación con nada sucedido en las últimas décadas. Existen casos de violencia policial muy generalizada en Francia y en Italia con Génova 2001 [la cumbre del G8], etcétera. Frente a una movilización social importante, estos estados han puesto mucha violencia policial y garantizado una impunidad casi total. Pero son momentos muy puntuales. Que durante 50-60 años se torture garantizando total impunidad creo que no ha pasado en ningún otro lugar de Europa.
¿Destacaría alguna sentencia de Estrasburgo por ser especialmente relevante?
Quizás más interesante de lo que dijo Estrasburgo sean los casos de extradición. Hay casos en Francia donde se negó la petición de extradición por indicios de tortura. Hay un caso en Bélgica, el de Jaione Jauregi, que al principio se denegó por riesgo de que se usaran pruebas obtenidas bajo tortura y que se la sometiera a detención degradante. En el caso que conozco mejor de Jaione Txapartegi, toda la campaña jurídica para oponerse a la extradición estaba centrada en el tema de que era una víctima de tortura y en estos casos las justicias europeas han sido muy sensibles. En este caso de Nekane, cuando estaba ante el Constitucional suizo y quedaban solo días, España acabó retirando la petición. Se buscó una solución diplomática.
¿Tiene miedo el Estado a ese tipo de sentencias?
Tiene miedo, pero también mucho poder. Es un país importante para Europa.