El último caso son treinta y dos campesinos detenidos el pasado 16 de marzo en el rescate de 350 hectáreas de la hacienda La Magdalena, en Obispo Ramos de Lora, en el Sur del Lago. Siguen presos hasta el día de hoy, a pesar de tener un documento del Inti nacional que haya declarado las tierras como ociosas, y los autoriza a producir, cosa que hacen: han sembrado yuca, plátano, auyama, maíz. 

Se los acusa de invasión, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, tala y quema. El objetivo es que las tierras queden en manos del terrateniente Celis Aranguren, quien participó en los hechos de violencia de mayo del 2017, donde fue atacada la alcaldía, y quien habría pagado para lograr la detención de los campesinos.

Vivienda campesina incendiada en Suruguapo, estado Portuguesa

Noticias como esta muchas veces no trascienden por fuera de los territorios donde suceden. Los casos que se lograron difundir este año fueron los ataques e intentos de desalojos a campesinos de Portuguesa, del Consejo Campesino El Esfuerzo, y Barinas, en el Hato Gavilán La Chaqueta. Emergieron porque algunos medios los cubrieron, por la violencia del accionar. Tuvieron lugar más amedrentamientos, intentos de sacar al campesinado de los rescates, que son muchos en el país. Como ejemplos, en el Sur del Lago existen cerca de veinte rescates, en cuanto a Barinas cerca de treinta y cinco.

Todos estos casos -parte de un mapa nacional de rescates- tienen una característica similar: están a la espera de respuestas. Ha habido gestiones, papeles temporales, recorridos por los predios, comprobación de que efectivamente son tierras improductivas que los campesinos pusieron a producir. Las resoluciones finales no llegan, la posibilidad de ser desalojados, amedrentados, encarcelados, está ahí, latente. Sucede crónicamente, como el año pasado cuando en pocos días tuvieron lugar varios desalojos violentos consecutivos en Barinas. Se sabe, mayor es la posibilidad cuanto más lejos están las cámaras. Y el periodismo en Venezuela tiene epicentro en Caracas.

Se trata de una cuestión compleja. Así como no se puede decir que la revolución tiene por política desalojar campesinos, cabe la pregunta de por qué las respuestas favorables cuestan tanto, qué subyace tras esa situación. Tanto en términos de intereses concretos, de poderes, como de política agrícola regional/nacional en curso, en esta época tan compleja de guerra desatada por el imperialismo y las clases dominantes.

Lo primero es resaltar que la lucha contra el latifundio ha sido una marca central del proceso chavista. Se avanzó allí donde otros procesos contemporáneos en el continente no lo hicieron. Se puede medir en términos de hectáreas rescatadas/regularizadas/expropiadas, así como a través de las muertes: cerca de trecientos campesinos sicariados.

Según los diferentes análisis ese avance contra el latifundio duró hasta el 2010, con hechos emblemáticos como el rescate simultáneo de dieciocho fincas en el Sur del Lago. A partir de esas fechas se entró en etapa de estancamiento, situación que se extiende hasta la actualidad, donde, lo que se ha mantenido, es un avance en regularizaciones de tierras donde productores vienen trabajando desde hacía años. Ya no se habla de la batalla contra las grandes extensiones improductivas de tierras en manos de una sola persona/familia. Esto, paradójicamente, en una situación de dificultad de abastecimiento y precios.

El debate es doble: la propiedad de la tierra y la producción.

Los casos recientes de desalojos permiten armar un tablero de actores contrarios a los rescates: terratenientes, empresarios, funcionarios locales del Inti, de municipalidades, gobernaciones, tribunales, fuerzas de seguridad regionales. Un bloque de intereses que busca ocupar tierras en disputa, recuperar aquellas que fueron expropiadas, y avanzar sobre nuevos territorios. Detrás de todo desalojo campesino hay un negocio en marcha -desde México hasta Argentina.

Este cuadro de actores permite llegar a una hipótesis: existen poderes fácticos regionales con alianzas/compras políticas, que tiene la capacidad para ordenar desalojos, y dar pasos en una tendencia restauradora que emerge. Es un asunto propio a cada estado, donde, como se evidenció en algunas oportunidades, puede producirse un conflicto entre la instancia nacional y la instancia regional de una misma institución.

Esta hipótesis permite explicar lo concreto de muchos casos de desalojos, pero no responde a la pregunta del cuadro nacional respecto a la política contra el latifundio y, junto a eso, al apoyo al campesinado y pequeños productores. ¿Hacia dónde está orientada la apuesta en lo agrícola? ¿A fortalecer las tramas comunales, de pequeños productores asociados, propiedades sociales y estatales, o a buscar acuerdos cada vez más numerosos con el sector privado, es decir los grandes productores, terratenientes, empresarios emergentes?

La respuesta parece estar orientada hacia la segunda opción. En términos políticos significa que, en este cuadro de guerra, se opta por la defensa/conservación a través de acuerdos. Esto puede traer un retroceso: se le da más poder a quienes se ha combatido, que son también muchas veces cómplices o autores directos de ataques actuales.

En lo económico significa que la apuesta mayoritaria es hacia el privado, en un movimiento que también es de ideas: es ese sector quien podría sacarnos de esta situación. No aparece entonces como viable la productividad del campesinado, pequeños productores, comunas, la propiedad social articulada a lo estatal. La fuerza debe estar centrada en el privado. ¿Por qué los grandes propietarios serían ahora sí productivos, y además en clave de consumo nacional y precios justos, dentro de un plan nacional de transición al socialismo enfrentado a una guerra?

Esto no significa que no se deba trabajar con el privado, medianos productores, ni buscar alianzas dentro un modelo de tres tipos de propiedad. Significa que existe una trama productiva de campesinos, pequeños productores, economías comunales, que, aunque no tenga la dimensión actual para abastecer al país entero, carga una potencia política económica que desató Chávez, y sin la cual resulta difícil pensar una salida que conduzca a la resolución de las urgencias a la vez que al avance en el proyecto histórico. Ese universo productivo requiere apoyo, insumos, cadenas completas. Tiene deudas también, al igual que las tienen el Estado y los privados. El debate es político, ¿hacia dónde va la apuesta estratégica?

Desde esa hipótesis se pueden enmarcar los casos regionales de desalojos y ataques. Son producto de situación estadales, no son una política nacional, pero se dan dentro de la orientación de buscar acuerdos con ese gran privado, ofrecerle nuevos negocios. Eso parece significar no dar pasos en nuevos rescates de tierras, no confrontar, aunque sean tierras improductivas y los campesinos demuestren que tienen la capacidad para ponerlas a producir.

¿Es una hipótesis errada? Tal vez. Para eso el debate en un eje donde es poco lo se sabe, y periódicamente aparecen casos de ataques violentos a campesinos en diferentes estados del país. La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué se dan los desalojos?