En esta batalla del relato en la que nos encontramos, se utiliza cualquier número de argumentos para condenar y satanizar las reivindicaciones y las luchas que la sociedad vasca ha desarrollado en las últimas décadas. Con el objetivo de desprestigiar y mantener a la izquierda abertzale y a la sociedad vasca en general en parámetros políticos que la mayoría quiere ver superados, los Estados y sus valedores mantienen viva la sensación de conflicto en los términos que a ellos les interesan para seguir atacando no sólo a las y los militantes de la izquierda abertzale sino también para combatir desde la manipulación y el engaño las estrategias que desde esta fuerza política se intentan implementar para abrir definitivamente una nueva etapa en la escena social vasca.
Una de las principales herramientas que los Estados utilizan es precisamente el no reconocimiento de las víctimas causadas por funcionarios a su servicio sea en misiones oficiales o en otras no tan oficiales pero siempre como resultado de la aplicación de estrategias destinadas a terminar o combatir el irredentismo vasco. El reconocimiento de las víctimas del Estado supondría el aceptar que los Estados se han movido en múltiples ocasiones en el filo de lo legal, incluso que se ha superado a menudo y que el objetivo en sí (acabar con la disidencia vasca)era más, mucho más importante que cualquier tipo de daño colateral que se pudiera producir. Entramos en lo que se ha denominado las cloacas del Estado, esa clase de Estado paralelo para quien no existen leyes ni reglas, que se marca un objetivo y lo busca a cualquier precio, que utiliza como servidores a lo más retrógrado y despiadado de sí mismo, individuos sin escrúpulos que lo aprovechan para su propio beneficio egoísta y delincuencial, y que consideran al disidente sólo una masa de carne que deberá someterse o ser eliminada.
La década de los 80 en Euskal Herria es un paradigma de Estado delincuencial, en este caso Estado narcotraficante, superado por sus propias cloacas, donde tanto los responsables políticos como judiciales o policiales se marcan la estrategia de acabar con la resistencia vasca y se emplean métodos quizá ya conocidos en otros lugares del mundo, pero que para la sociedad vasca suponen un verdadero holocausto de su juventud, sacrificada por haberse convertido en una seria amenaza a un status quo que iba a hacer todo lo posible para disiparla. El método era ya conocido tanto en EEUU como en algunos países europeos, como Italia, pero dada la magnitud que adquirió en Euskal Herria hoy, 30 años después, no podemos dejar de considerarla como una verdadera catástrofe social que casi destruye a toda una generación de vascas y vascos, al punto que los que hoy están vivos y eran adolescentes en esa época pueden considerarse sin exageración alguna como verdaderos supervivientes.
La introducción de la heroína en Euskal Herria, así como su distribución y la creación de una compleja red de colaboradores y confidentes estuvieron en todo momento ligadas al Estado. Fue el Estado, a través de miembros de las fuerzas de seguridad no por casualidad con las máximas responsabilidades en la lucha antiterrorista, quien fue el responsable directo de las más de 4,000 muertes de jóvenes vascos ligadas directamente al consumo de esta droga. Sin embargo, y pese al loable trabajo realizado en estos años por diversos investigadores, este tema aún sigue muy poco documentado, probándose de este modo que sigue sumergido en las cloacas del Estado.
Los cuarteles de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbo, e Intxaurrondo, en Donostia, fueron en la década de los 80 los principales centros operativos de la distribución de la heroína en Euskal Herria, que fue así utilizada como un instrumento de la estrategia contrainsurgente. Esto conllevó una permisibilidad total para el tráfico de heroína y otras sustancias, y la participación de los aparatos del Estado en la dramática extensión del consumo de esta droga en pueblos y ciudades vascas.
En un principio, los dineros obtenidos por el tráfico de heroína se destinaron a la financiación de la guerra sucia. No por casualidad los miembros de los aparatos de seguridad del Estado ligados, juzgados y condenados por los asesinatos del GAL, como el secuestro, torturas y asesinato de Joxi y Joxean, son los mismos que aparecen como protectores de las mafias que introducen la heroína en Euskal Herria. Los mismos que en la década de mayor consumo de esta droga per cápita en Europa, sólo presentan balances ridículos en cuanto a aprensiones, o que también se ven involucrados en toda clase de negocios de contrabando de mercancías o de prostitución y trata de personas. Esto quiere decir que una vez que el negocio creció y produjo ganancias exorbitantes, los mandos de la lucha antiterrorista se empalagaron y organizaron una extensa red de colaboradores y lealtades que les servían al mismo tiempo para enriquecerse y para llevar adelante la estrategia antiterrorista que el Estado les había encargado. Y por supuesto, esto sólo fue posible porque sus superiores, militares o civiles, eran cómplices o al menos prefirieron mirar hacia otro lado con tal que sus subordinados mantuviesen a raya a la disidencia vasca. No olvidemos que el partido gobernante en ese momento en Madrid era el PSOE, con Felipe González, y no es casualidad que sea el mismo que hoy rige el Estado y que jamás ha reconocido su implicación en esta estrategia asesina.
El objetivo de Madrid era obviamente despolitizar a la juventud vasca, considerada rebelde y de alto riesgo por su firme compromiso con las luchas de su pueblo, y se ha impuesto un manto de silencio en torno al tema que ha afectado incluso al poder judicial. Es el caso del trabajo realizado por el ex Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Luis Navajas, quien recoge en un informe (el llamado Informe Navajas) que varios e importantes narcotraficantes detenidos reconocieron que pagaban grandes sumas de dinero a las Fuerzas de Seguridad españolas a cambio de poder operar libremente en la introducción y distribución de heroína en Euskal Herria. Sin embargo, el informe del fiscal jamás tuvo una continuidad en los Tribunales. O también el caso de uno de los asesinos del médico bilbaíno y miembro de Herri Batasuna Santi Brouard que declaró en su juicio en 1984 que había sido pagado por el crimen con dinero y heroína por el jefe de información del cuartel de La Salve, en Bilbo.
Tampoco está nada claro el rol que jugó el PNV y las incipientes instituciones autonómicas, como la Ertzaintza. El caso de Arrasate es significativo. Siendo alcalde de esta localidad José María Ardanza, miembro del PNV quien después llegaría a ser Lehendakari del Gobierno vasco, él mismo encargó a la policía municipal de la localidad gipuzkoana una investigación por la constante aparición en sus calles de numerosos vehículos sospechosos de dedicarse a la distribución de heroína. El resultado de la investigación determinó que los vehículos portaban matriculas falsas y que se dedicaban efectivamente a trasportar la droga a varias localidades de la comarca. El seguimiento realizado por los miembros de la policía municipal de Arrasate los llevó directamente a los cuarteles de la guardia civil en La Salve e Intxaurrondo y a diversos agentes de ese cuerpo militar. Gracias al trabajo del entonces jefe de la Policía municipal de Arrasate el caso acabó en denuncia ante el Juzgado de Bergara, pero hasta ahí pues enseguida quedó sepultado en el más absoluto silencio. Fuera por recibir amenazas o por otra razón, Ardanza jamás retomó el tema en ningún momento de su dilatada carrera política, donde ejerció además importantes cargos. Por lo que se puede afirmar que en el caso incluso de haber recibido amenazas en sus tiempos de alcalde, no le faltó después ni tiempo ni ocasiones para haberlo denunciado, dejando abierta la duda de su silencio voluntario, algo que implica asimismo a su partido que tampoco jamás ha roto el silencio en este tema.
Si calificamos como genocidio la introducción y distribución de heroína en Euskal Herria en la década de los 80 como estrategia para acabar con las ansias de libertad y la combatividad de la juventud vasca no lo hacemos gratuitamente. Las cifras hablan por sí solas: Pese al poco interés de las diferentes autoridades para estudiar el tema, se puede calcular que en esa época había en Euskal Herria más de 10,000 adictos a la heroína. Algo que colocó a nuestro país en el primer lugar de Europa per cápita en cuanto a volúmenes de consumo de heroína, muy por encima del siguiente. En lo que se denominó como el “Triangulo de la heroína”, zona geográfica de Gipuzkoa que abarcaba la zona de la capital, Donostia y las localidades de Hernani y Oiartzun, de apenas 200,000 habitantes, por si sola alcanzaba un consumo bruto de heroína muy superior a cualquier capital europea de la época. Alrededor de 4,000 muchachas y muchachos vascos murieron a consecuencia del consumo de heroína, 3,000 de ellos de SIDA, donde el 80% lo contrajo por vía intravenosa, y alrededor de 1,000 murieron por sobredosis o intoxicaciones diversas o consecuencia de la adulteración de la droga. En numerosos pueblos como Errenteria, Elgoibar, Arrasate, Hernani, Bermeo, Santurtzi, Barakaldo, Sestao o capitales como Iruñea, Gasteiz, Bilbo o Donostia una generación casi al completo desapareció como consecuencia del flagelo de la heroína como si se hubiera sufrido una epidemia.
El impacto social que la criminal introducción y distribución de heroína es evidente. Su costo aún difícil de evaluar sobre todo por la inacción y la indiferencia que tanto las autoridades de Madrid como de Euskal Herria tienen hacia el tema. Es de derecho pensar, y decir, que se ha cubierto esta triste etapa de nuestra historia reciente con el mas tupido manto de silencio seguramente para evitar que se exijan responsabilidades de lo que nadie puede dudar se trató de un crimen de Estado y del que tarde o temprano tendrán que dar cuenta de sus actos y de sus responsabilidades. Esos miles de jóvenes vascos merecen el reconocimiento como víctimas de una estrategia que el Estado planeó y ejecutó como parte de un plan que buscaba acabar con las ansias de libertad de nuestro pueblo, colocando en su punto de mira a quienes estaban llamados a ser el relevo y la punta de lanza de un proceso liberador que hiciese de Euskal Herria algo mejor donde vivir que lo que la metamorfosis del franquismo nos ofrecía. El reconocimiento pues a las víctimas de esta tragedia, pero también a las 10,000 familias vascas que sufrieron de primera mano la estrategia criminal del Estado, viendo cómo de manera rápida sus hijos, hermanos, amigos o vecinos sucumbían bajo las cadenas de la heroína que el Estado había colocado ahí, precisamente para que no se rebelaran contra las que los amarraban como pueblo.
A pesar de la dificultad evidente por el tiempo transcurrido, por el dolor que supone el revivir duros momentos o por la propia vergüenza a veces, sería muy necesario que fuésemos capaces de elaborar un censo lo más exacto posible de las víctimas de la heroína en Euskal Herria en la década de los 80. Lo necesitamos como necesaria es la memoria. Los ayuntamientos podrían jugar un importante papel en su elaboración. También los familiares de las víctimas, o los propios ex heroinómanos supervivientes. Un censo de víctimas que inicie los pasos para una exigencia al Estado de reconocer su papel en este tema. Hoy aún muchos de los responsables directos de esta estrategia siguen vivos, y siendo conscientes que sería muy difícil romper el telón de impunidad que los cubre, al menos que reciban nuestra exigencia de plantear que un futuro de paz y convivencia solo será posible con la verdad y el reconocimiento de todas las víctimas.
Para profundizar más en este doloroso episodio de nuestra historia recomendamos leer la obra “A los pies del caballo”, de Justo Arriola, Editorial Txalaparta.