Cronología día a día sobre el desalojo de las Residencias Estudiantiles Livia Gouverneur

Movlización frente a las residencias estudiantiles
María Laura Cano/Laboratorio Crítico Comunachos

La última semana de julio Caracas fue rebelde, como diría una amiga de la militancia, porque muchxs se sumaron al llamado que hicieron estudiantes, líderes y lideresas sociales en defensa de los derechos colectivos de lxs 300 residentes de las Residencia Estudiantil Livia Gouverneur (RELG). 92 de ellos y ellas padecieron un desalojo para hospedar a pacientes asintomáticos de Covid-19 en esta cuarentena.

Es importante aclarar lo que realmente pasó, cómo ocurrió, quiénes participaron y cuáles son las acciones/propuestas de lxs estudiantes de la RELG. Aquí les presentamos una cronología de los sucesos:

Sin consulta, se les notifica que serán desalojadxs

Lunes 20 de julio: lxs 92 estudiantes, que se encontraban en la RELG durante la cuarentena, recibieron la información de que abandonar en tres días el recinto para hospedar pacientes asintomáticos de Covid-19 debido a la emergencia nacional. Esta noticia es dada por Edward Valera, presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas (IMJC) y Rodbexa Poleo, secretaria de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), acompañados por la ZODI Región Capital.

Lxs representantes de la JPSUV, el IMJC y la ZODI se comprometieron con asegurar la movilización de residentes, incluyendo sus bienes de valor (computadoras, neveras, cocinas, etc.) en el plazo que indicaron. Poleo, por su parte, en tono intimidatorio, señaló que quien se negara a la decisión iba a ser catalogado de “bioterrorista”.

Ante esta situación, lxs estudiantes expresaron su descontento porque no fueron consultadxs ni notificaficadxs anteriormente. Sin embargo, propusieron evaluar la situación. Es decir, que se considerara la infraestructura y condiciones del espacio, así como el costo comunitario que implicaba el desalojo. Al mismo tiempo, más que la retórica anunciada por parte de los dirigentes, exigieron las garantías públicas y devolución de la RELG a través de un documento firmado por la Comisión Presidencial, a la cual exigieron una reunión conjunta.

Luego de esta reunión, el martes 21 de julio, Rodbexa Poleo llegó a las Residencias Estudiantiles “Livia Gouverneur” junto a un escolta, con arma visible y chaleco antibalas. Se realizó un operativo de despistaje de Covid-19 en el lugar. De los 92 estudiantes, 6 dieron positivo, aunque estos jóvenes no vieron los resultados de sus pruebas. Al momento, estos seis casos fueron trasladados al Hotel President, ubicado en Chacaíto. Sin embargo, hasta la fecha, no les han hecho las PCR y tampoco han recibido el tratamiento para combatir el virus.

Miércoles 23 de julio: Durante este día y el siguiente, continuó el diálogo entre estudiantes y autoridades. En el edificio fue recibido Domiciano José Graterol, viceministro para el Vivir Estudiantil y la Comunidad del Conocimiento, para discutir sobre el desalojo.

Desalojo forzado, falso positivo y detenciones de gente solidaria

Viernes 24 de julio: A las once de la noche, Rodbexa Poleo, en compañía de un personal médico, ingresó nuevamente a la RELG con el fin de realizar pruebas rápidas de coronavirus.

En algunos casos, el grupo médico llevó a cabo esta prueba 3 ó 4 veces a varixs estudiantes que habían salido negativos. No obstante, estxs estudiantes fueron hospedados a hoteles en los que hay pacientes contagiadxs.

Paralelamente, a través de las redes sociales, con la etiqueta #NoAlDesalojoEstudiantil, estudiantes residentes desde sus habitaciones denunciaron el falso positivo que buscaba justificar el desalojo forzado en esta Residencia ubicada en Plaza Venezuela, Caracas.

El equipo médico se retiró en horas de la madrugada del sábado 25 de julio. De inmediato, llegó un grupo antimotín y un camión de detenciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En medio de esa situación, Poleo, David Graterol y otras personas no identificadas insistieron en entrar al edificio, ordenándoles a los policías su allanamiento. Al principio, el comandante del cuerpo de seguridad se negó porque no existía la autorización para tal acción. Sin embargo, Graterol junto a otrxs persuadieron al ente policial con el argumento de que un “general” dictó esta acción.

Alrededor de las 4am, un sujeto no identificado forzó la puerta principal de la RELG con una palanca. El grupo de la JPSUV dirigido por Rodbexa Poleo y un cordón de policías que llevaban trajes de protección para el virus, entraron arbitrariamente.

Durante esa hora, cuando quedaban aproximadamente 48 estudiantes en la RELG, llegaron en solidaridad ocho compañeros y compañeras, algunos militantes del movimiento popular venezolano y exresidentes. Ellas y ellos eran Albanys Montilla, Carlos Rodríguez, José Guzmán, Tamayba Lara, Rigel Sergent, Cristina Ramírez y Cindy Orlenis, quienes se encontraban afuera del recinto denunciando el allanamiento y desalojo forzado.

Fueron detenidxs a la fuerza por los policías, llevados hasta una camioneta policial y posteriormente trasladadxs a la estación de la PNB, ubicada en Av. Casanova de la parroquia El Recreo. Lxs estudiantes que quedaban en la residencia grabaron desde su habitaciones la detención y difundieron los videos en redes sociales.

Ya pasadas las cuatro de la madrugada, personas aún no identificadas, quemaron un colchón que fue agitado en la azotea de la Residencia. Lxs estudiantes aseguran que en ese momento no sólo habían residentes en el lugar, debido a que el equipo de la JPSUV y los policías ya estaban dentro edificio. No obstante, el movimiento estudiantil no deslegitima que esta acción pudo ser una consecuencia del desespero de algunxs estudiantes.

Una vez consumado al allanamiento, les residentes fueron sacados a la fuerza, montados en los autobuses, amenazados y burlados por representantes de la PNB y de la JPSUV, mientras eran reubicados en hoteles donde a varios lxs hospedaron junto a personas contagiadas de Covid-19.

Asimismo, estudiantes denunciaron que durante esa madrugada las cerraduras de las puertas de los cuartos fueron reventadas, así como algunas pertenencias lanzadas al suelo y otras hurtadas, aunque uno de los acuerdos era resguardar las objetos de todos los trescientos estudiantes, quienes en su mayoría están en diferentes estados del país.

Ya entrado el alba, algunxs pocxs pudieron recuperar sus utensilios. Por otro lado, vía redes sociales, se difundió una convocatoria a las 10 de la mañana frente a la RELG para hacer un acopio de comida e hidratación para les residentes que se resguardaban en los hoteles.

A la misma hora, parte del movimiento popular venezolano se concentró en las afueras de la estación de policía de El Recreo, con el propósito de reclamar la liberación de lxs militantes detenidxs y alzar sus voces de denuncia sobre el desalojo forzado en la Residencia Livia Gouverneur.

Después del mediodía, con la llegada del ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, lxs recluidos fueron liberados y recibidos por la algarabía revolucionaria. El ministro Infante, en entrevista para la periodista Érika Sanoja, luego de la reunión con lxs compañeros, anunció que el lunes 27 se haría una mesa de trabajo entre los ministerios de Educación Universitaria, Juventud y el Deporte y la Alcaldía de Caracas para el abordar el tema de la Residencia.

Encuentro entre estudiantes, militantes y autoridades de Caracas

Lunes 27 de julio: estudiantes pertenecientes al Consejo Consultivo de la RELG se reunieron con la Alcaldesa del Municipio Libertador de Caracas, Erika Farías y Pedro Infante, ministro para la Juventud y el Deporte. También asistieron dirigentes juveniles y el Coordinador de la RELG - Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, Henry Jaimes.

Una vez en mesa de diálogo, la alcaldesa Farías y el ministro Infante se comprometieron con que la RELG seguirá siendo Residencia Estudiantil. En ese sentido, aseguraron la preservación del sistema de co-gobierno para la administración de la misma. De hecho, ambas autoridades manifestaron su disposición en firmar un nuevo documento sobre la garantía de la RELG, si fuera necesario.

Por su parte, Omaibeth Lugo, residente y vocera del piso 1 y Antonio Hernández, residente y vocero del piso 8, integrantes del Consejo Consultivo de la RELG, en nombre de lxs estudiantes, solicitaron “fundamentalmente, garantizar la salud de los compañeros y compañeras residentes. Esto implica les sean practicadas las pruebas PCR, y mientras esperan los resultados, los cuales solicitan les sean entregados formalmente a cada residente, garantizarles el máximo respeto a los protocolos de bioseguridad correspondientes en los sitios de alojamiento”, expresa el texto íntegro sobre esta reunión.

En el marco de esta pandemia, lxs residentes presentes demandaron las condiciones para continuar sus estudios a distancia y empleos en la capital. A su vez, pidieron la estabilidad en las regiones de lxs estudiantes que están en sus casas de origen así como la salud (realización de pruebas de PCR), seguridad y resguardo ordenado de sus pertenencias.

Situación actual de les residentes

Martes 21 de julio: a través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro para la Educación Universitaria, César Trómpez, informó que esta institución garantizará a lxs “90 estudiantes residentes en Livia Gouverneur, sano retorno a sus hogares y al retornar las clases su readmisión para proseguir estudios”.

Sobre este retorno, Antonio Hernández, estudiante del Consejo Consultivo de la RELG, en entrevista para Alba TV, acotó que “desde las primeras 24 horas al inicio del desalojo, 40 residentes habían dejado el recinto estudiantil, una parte de ellos fueron movilizados por el ministerio de Educación Universitaria, otrxs lo hicieron por sus propios medios. Ya para la noche del sábado 25, estábamos en la Residencia 52 universitarios”.

Hernández, quien dio negativo en pruebas rápidas y permanece en la Villa Olímpica de Caracas con otros compañeros, dijo que “en los hoteles Los Naranjos, Plaza Garden y Sil se estaban hospedando 48 estudiantes. Sin embargo, luego veintiún residentes fueron enviados al INCES y otros once nos encontramos en la Villa Olímpica de Caracas, entre el INCES y la Villa Olímpica hoy somos once personas. Los demás están en otras zonas de Caracas”.

Además, este estudiante universitario denuncia el terrorismo médico al que se les sometió durante el desalojo. “El viernes y sábado 25, quienes salimos negativo, en medio de la angustia, tratamos de irnos por nuestros propios medios. Llamé a un tío para que me buscara a la RELG, cuando intenté salir e irme, me metieron forzadamente, sin mediación, a un autobús. Por parte del personal médico, fuimos maltratados, negándose con soberbia a darnos resultados de las pruebas rápidas o hacer las PCR. Denunciamos este terrorismo médico y estamos articulando con médicos integrales comunitarios para hacerlo”, comentó Hernández.

“Dentro de la RELG, nosotrxs hacíamos jornadas de desinfección. Teníamos un protocolo interno estricto para quienes entraban y salían. No se permitían visitas. Se hacía uso obligatorio del tapabocas. Si permanecías más de 72 horas afuera no podías regresar. Por piso, que son ocho, había una sistematización y control del ingreso en cada uno. Antes de entrar a la Residencia, lxs estudiantes debíamos desinfectar nuestras manos y dejar a una lado los zapatos, entre otras medidas preventivas. Nunca fuimos un foco de Covid-19”, relató el joven Hernández, vocero estudiantil de la Residencia.

Campaña comunicacional por los derechos de lxs estudiantes

Actualmente, estudiantes y militantes del movimiento popular venezolano realizan una campaña en defensa de los derechos colectivos de lxs residentes, la cual pretende mantener el espíritu de Livia Gouverner, cuyo nombre e historia permanecen vivos en el proyecto revolucionario que promete la RELG.

De esta manera, con el uso de las etiquetas #NoAlDesalojoEstudiantil, #LiviaMásVivaQueNunca y #LxsEstudiantesNoSeRinden difunden convocatorias virtuales, mensajes y comunicados de solidaridad en esta lucha por la construcción de una comunidad estudiantil protagónica y autogestionaria, que apunte al modelo de país legado por el Comandante Chávez.


El desalojo forzoso de las residencias estudiantiles:

un punto de inflexión en la base chavista

Muchas cosas graves ocurrieron antes del conflicto iniciado en las residencias estudiantiles Livia Gouverneur el lunes 20 de julio. Esa situación es en sí misma el punto final de problemas acumulados respecto a ese espacio. Graves en tanto evidencia de algo que, al día de hoy, es mucho más que un cúmulo de contradicciones.

El retroceso en las conquistas políticas de los sectores oprimidos venezolanos viene acelerándose desde hace algunos años, teniendo como uno de sus principales actores al mismo gobierno y su partido —o tal vez sería más preciso decir al partido y su gobierno— que ha impulsado una serie de políticas que atentan contra esas conquistas, o ha actuado por omisión, permitiendo el avance de los intereses del capital. Eso más que una contradicción es un antagonismo. Prueba de ello es el aniversario de la masacre de los seis campesinos en Barinas ocurrida el 28 de julio de 2019, en un contexto general que ha sido denunciado como “la restauración violenta del latifundio” por parte de algunos líderes de la Marcha Campesina. Días antes de aquellos asesinatos, el presidente del Instituto Nacional de Tierras se había referido a los campesinos de la marcha como “mafias”, comentario respaldado directamente por Nicolás Maduro, declaraciones rechazadas inmediatamente por individualidades y organizaciones, entre lo dicho estuvo que era peligroso ese tipo de comentarios ya que podían “envalentonar” a los terratenientes y sus sicarios. El resto es historia. No es objeto de este texto hacer un decálogo de las múltiples situaciones acumuladas en los años recientes, sino establecer un punto claro: el desalojo arbitrario de las residencias Livia Gouverneur es un punto de inflexión dentro del chavismo, pero no es la situación más grave ocurrida en los últimos tiempos. El conjunto de otras situaciones forman parte de todo aquello que el desalojo evidenció.

Durante estos días se utilizó una palabra repetidas veces para describir la actitud de la dirección política del Psuv y el gobierno en general: soberbia. Cabría preguntarse, ¿no fue eso lo que hubo en aquella declaración del presidente del INTI?, ¿no es lo que hay en la respuesta a los reclamos de maestras y enfermeras? Este término está vinculado al sentimiento de superioridad y la arrogancia de quien se cree autosuficiente. De manera que cuando se utiliza para describir a una organización política, un partido o un gobierno, expresa una profunda desconexión entre esa dirección, que cree estar por encima de quienes son “gobernados” y además es independiente absolutamente de ellos. He ahí un problema de fondo, que tiene que ver con el deterioro en el tiempo de la dirección política que gobierna en Venezuela y los intereses que representa, todo lo cual conduce a las situaciones que han venido ocurriendo. Sin embargo, la soberbia de quien gobierna también es producto de la incapacidad de quienes lo eligen para establecer los contrapesos necesarios que permitan hacerle entender que esa independencia absoluta es una ilusión. Ningún gobierno es responsable de crear las instancias que lo obliguen a “mandar obedeciendo”, eso se produce en otra parte.

De todo lo que evidencia el desalojo forzoso de los estudiantes, tras amenazas, atropellos y el arresto temporal de un grupo de solidaridad, la ausencia de cualquier cálculo político mínimo, que pudiera advertir las consecuencias de una acción como esta en la propia base chavista, evidencia todo lo planteado anteriormente. Aunque esa debiera ser la última razón —apartando las humanitarias y los principios— la dirección de la Jpsuv, de la alcaldía de Caracas y los ministerios correspondientes no fueron capaces de advertir los costos de una acción así. La soga acumula tensión hasta que se revienta por donde menos se espera, más si no hay la capacidad de medir cuánto se está jalando, corriendo el riesgo de caerse para atrás una vez ceda a la presión. En la medida en que el gobierno pueda hacer lo que le venga en gana, si una parte de la dirección política puede ejecutar acciones y políticas antipopulares —en función de pugnas y sus propios intereses— sin encontrar respuesta de los afectados, esa soberbia seguirá alimentándose.  

Al día de hoy una serie de garantías respecto a las residencias han sido expresadas por parte de los actores políticos responsables. Sin embargo, la duda inicial expresa el agotamiento y la desconfianza entre quienes han venido viendo cómo poco a poco es privatizado el espacio público, anteriormente recuperado por el mismo gobierno, emergiendo numerosos locales cuyos dueños se desconocen. Pertinente es el caso de los espacios comerciales de las residencias, que en circunstancias similares a las actuales fueron entregados por los estudiantes bajo la promesa de que serían devueltos y hoy son locales privados de comida, además inaccesibles a la mayoría de la población y con los precios publicados en dólares en sus escaparates. De manera que la resistencia actual es consecuencia de la traición a la confianza y al mismo tiempo de no haber evitado que aquello ocurriera. Lo que está a la vista no necesita anteojos y el pueblo no es tonto, aunque sea en silencio entiende lo que promueve parte del gobierno. La dirección del Psuv es víctima de una politización que ha sido parte fundamental del proceso que la llevó a donde está.

A su vez, hay que decir que no se trata solo de que el espacio retorne a los estudiantes tras la coyuntura de pandemia, sino de que se respete el sistema de cogestión existente hasta el desalojo, garantizando la autonomía y la participación de los residentes en la toma de decisiones.

La defensa de los derechos y las conquistas sociales es una tarea permanente. El desalojo forzoso de las residencias Livia Gouverneur debe ser un punto de inflexión en el aglutinamiento de todas las fuerzas sociales de base para evitar el avance acelerado de la restauración conservadora en el país, venga de donde venga. La situación ocurrida en ese espacio es evidencia de que la pelea es peleando y de que los tiempos donde la prioridad era el diálogo con los afectados han terminado. Para que eso vuelva a ser así los afectados debemos ser una fuerza que no se pueda ignorar. La soberbia es frágil pero no cae por su propio peso. 

Fuente
http://www.albatv.org/
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