Se cumplen 35 y 30 años de los atentados contra ambos políticos abertzales. “Lo que nos interesa saber es de dónde vino la orden y quiénes dieron el visto bueno”, sostiene Ane Muguruza, hija del diputado de HB acribillado a balazos en Madrid.
Cuando Ane Muguruza nació, su padre ya no estaba allí. No era una ausencia voluntaria. Tampoco una enfermedad. A Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna, lo asesinaron un 20 de noviembre de 1989, hace ahora 30 años. Cinco antes, también un 20 de noviembre, el GAL había acribillado a balazos a otro representante abertzale, el pediatra Santiago Brouard. Sus nombres se acabarían convirtiendo en símbolos de la guerra sucia contra la izquierda independentista vasca.
“Aunque hayan pasado todos estos años, el Estado no ha reconocido aún su responsabilidad en la muerte de nuestros familiares”, dice Ane pocas horas antes de que se cumplan 30 años de aquel día. Ella, entonces, estaba en el vientre de su madre.
El asesinato de Muguruza se produjo en el Hotel Alcalá de Madrid, donde el dirigente abertzale se encontraba cenando junto a otros miembros de HB. El atentado, en el que también resultó herido el independentista Iñaki Esnaola, tuvo lugar justo un día antes de que comenzara el pleno de investidura que llevaría a Felipe González a renovar el cargo de presidente. “De pronto sonaron ruidos secos, varios, seis quizás”, declararía poco después a los medios una de las testigos, la periodista y corresponsal del diario Egin Teresa Toda.
El 25 de marzo de 1993, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional condenó al policía Ángel Duce a 99 años y ocho meses de prisión como autor del crimen, mientras que el ultraderechista Ricardo Saenz de Ynestrillas fue absuelto. Duce falleció en un accidente de moto en agosto de 1997, mientras disfrutaba de seis días de permiso.
“Hubo juicio, pero al final solo se centraron en los autores materiales. Lo que nos interesa saber es de dónde vino la orden y quiénes dieron el visto bueno a ese asesinato”, afirma Ane Muguruza.
Esos mismos sentimientos acompañan desde hace ya 35 años a la familia del parlamentario Santi Brouard, asesinado por el GAL en su consulta de Bilbao. En 1993, el pistolero Rafael López Ocaña fue condenado a 33 años de prisión. “Fue clasificado en tercer grado el 27 de noviembre de 2000. Accedió a la libertad condicional el 16 de marzo de 2001”, relata un informe del Gobierno Vasco sobre crímenes del GAL. El otro condenado por este caso, Juan José Rodríguez Díaz, “obtuvo la libertad definitiva el 3 de junio de 1997”.
Más allá de las sentencias, Ane Muguruza sostiene que hay otro agravio comparativo: “las víctimas del GAL y de la guerra sucia seguimos siendo ninguneadas y olvidadas por las instituciones, que no quieren reconocer que el Estado ha practicado la violencia contra ciudadanos vascos”. A su juicio, “hay víctimas de primera, segunda, tercera y cuarta”.
En ese sentido, la Fundación Egiari Zor –que trabaja precisamente en los casos de víctimas de la guerra sucia– coincide en denunciar el “doble rasero” del Estado. “Decenas de víctimas de las violencias del Estado continúan sin verdad, reconocimiento ni reparación”, destaca ese colectivo, remarcando que se trata de una “situación inaceptable”, ya que “discrimina y humilla” a este tipo de víctimas.
Egiari Zor participará en el acto que se celebrará este miércoles a la mañana en el barrio bilbaíno de Rekalde, donde hay un monolito que recuerda a Muguruza. También habrá una ofrenda floral en el parque Amezola de Indautxu, lugar en el que está ubicada una estatua en homenaje a Brouard. Por la tarde, Sortu realizará una manifestación que saldrá del teatro Arriaga y acabará frente a la consulta donde el GAL asesinó al pediatra y político abertzale.
También habrá un reconocimiento del Parlamento Vasco, que el jueves a la mañana celebrará un acto institucional en memoria de Brouard, integrante de esa Cámara autonómica hasta que seis disparos del terrorismo de estado acabaron con su vida.
“La ausencia de exigencias a quienes vulneraron nuestros derechos humanos legitima la violencia del Estado. Basta de dobles raseros”
Este 20 de noviembre, en el aniversario de los asesinatos de Santi Brouard y Josu Muguruza, hemos recordado en el acto celebrado en Errekalde (Bilbao) que cientos de víctimas de las violencias del Estado continúan sin verdad, reconocimiento ni reparación, y que esta situación es inaceptable pues discrimina y humilla.
La construcción de la convivencia requiere adquirir compromisos para que esta realidad pueda cambiar y para que el Estado asuma de una vez por todas sus responsabilidades.
He aquí la declaración que Ane Muguruza, hija del difunto Josu Muguruza, ha leído en nombre de la Fundación Egiari Zor:
Fue el 20 de noviembre de los años 1984 y 1989, respectivamente, el día elegido por los responsables de los GAL para la ejecución de Santi Brouard y Josu Muguruza.
35 años han pasado ya desde que el terrorismo de Estado, con el PSOE en el Gobierno de España, nos arrebató a Santi. Cinco años más tarde, una bala distinta, pero de idéntica procedencia, segó la vida de Josu. La fecha elegida para asesinar a ambos políticos abertzales no la determinó el azar. No fue casualidad.
El proyecto político que ambos, como tantos y tantas otras, defendían para Euskal Herria, el sistema político, económico y social que querían para su pueblo, por el que luchaban, era aquel que a día de hoy aún continúa chocando frontalmente con lo que dejó atado y bien atado el genocida. Con aquello que unos cuantos se encargaron de blindar mediante una constitución que solo puede modificarse si es para garantizar su vigencia.
La impunidad y la violencia son los pilares sobre los que se asienta la democracia española, aquella que echó a andar como si los crímenes del régimen militar fascista nunca hubiesen ocurrido, sin depuraciones en los poderes del Estado, permitiendo a sus responsables y valedores continuar en sus puestos perpetuando el franquismo en las instituciones.
Desgraciadamente Santi y Josu no fueron ni los primeros ni los últimos asesinados por la violencia que el Estado español ha ejercido en esta tierra. Por ello hoy queremos dedicar este homenaje a las víctimas de las violencias del Estado, a todas aquellas que continúan peleando por que se reconozca la verdad, a las que no ocupan ni un mínimo espacio en los medios, a las que no se señala en las efemérides, a las que tienen un nombre prohibido, o una historia que no está permitido contar.
Decenas de miles de personas han luchado y han dado la vida por la libertad de este país. En épocas diferentes, con distintas banderas, a veces sin compartir ideologías, pero siempre con la libertad como sueño. Sus vidas, sus testimonios, son algo inseparable de nuestra historia. Esas vidas que lucharon contra el fascismo con la conquista de las libertades democráticas como objetivo, haciendo frente con total dignidad a los golpes de la represión y la negación. Para esas vidas, para todas ellas, nuestro más sentido recuerdo.
Se habla mucho de memoria, de la necesidad de construir una memoria democrática que deslegitime la violencia sin excusas. Pero parece que solo existe una violencia que deslegitimar, y no, precisamente, la que mantiene a miles de personas fusiladas en anónimas cunetas; tampoco la que se financió con fondos reservados, ni la que disparaba para disolver manifestaciones o asambleas. Que decir de la de los controles de la muerte, la que coarta el desarrollo de la democracia, la que castiga su más elemental ejercicio…
Llevamos muchos meses asistiendo a un debate público en el que todo el mundo se pronuncia y habla sobre la humillación a las víctimas... Pero las victimas de una de las violencias que han coexistido en este país. ¿Es que, acaso, las victimas de las violencias del Estado carecemos de razones para sentirnos humilladas por actuaciones y omisiones de terceros?
Basta observar la realidad que sufrimos y la situación de la que gozan nuestros victimarios para que, con un mínimo de sentido común, se entienda que la humillación también a nosotras nos afecta directamente.
24 de octubre de 2019, Madrid. Banderas franquistas, brazos extendidos al grito de “¡Viva Franco!”… Todo un homenaje de exaltación a la figura del Dictador y a su obra de sangre y violencia. Aquí la justicia española no ve ni humillación a sus víctimas, ni exaltación del terror, ni honras a un asesino genocida… Este es el nivel democrático del Estado heredero.
Que Políticos condenados por su relación con el GAL, vía indulto, pasaran menos tiempo en la cárcel que los jóvenes de Altsasu, es humillante.
Que se ascienda, condecore y se otorguen pagas vitalicias a quienes fueron ejecutores de nuestros familiares, es humillante.
Que desde algunas de las instituciones más importantes de Euskal Herria se evite constantemente reclamar una autocrítica a todos los que tuvieron responsabilidades o afinidades con las distintas violencias que han golpeado a nuestra sociedad, es humillante.
Es humillante que a día hoy cientos de personas se sigan viendo obligadas a recorrer cientos y cientos de kilómetros cada fin de semana, corriendo el peligro de perder más vidas como consecuencia de decisiones políticas excepcionales en materia penitenciaria.
Desde esta plaza de Errekalde, nuestro abrazo más sentido a la familia y amigos de José Angel Otxoa de Eribe. Hasta cuando vamos a seguir prolongando este drama.
Larriki gaixo dauden preso guztiak etxera behingoz!
Es humillante que se olviden de mencionar la impunidad con la que el Estado violó los derechos humanos de muchos de sus ciudadanos. Es humillante que se evite exigir la autocrítica a los responsables de la muerte de Iñigo Cabacas, de Gurutze Iantzi, de los crímenes del 3 de marzo de Gasteiz, a los del caso Almería, de José Atanes, gallego asesinado en un arcén entre Alegi y Beasain… Por citar unos pocos.
Nos quieren evitar. Nos evitan a todas y a todos los que englosamos la trágica lista de las victimas de las violencias del Estado. Nos evitan de manera consciente, para no tener que confrontar con su hipocresía, la de exigir lo que ellos mismos se niegan a asumir. Y porque en el fondo de esta cuestión anida la pretensión de reforzar el discurso legitimador de la violencia estatal que en el contexto del conflicto vulnero derechos humanos a miles de personas. ¿Esto no es moralmente inaceptable?
No se mira hacia el lado violento que es responsable de nuestro dolor, y que jamás ha reconocido el daño causado. La reiterada petición de autocrítica no se fundamenta en convicciones morales relacionadas con el compromiso con la paz y los derechos humanos, si no más bien con el rédito político.
Mientras se categoriza a víctimas, violencias, responsabilidades… asistimos a una interminable espiral de cinismo en torno a la ética democrática, cuyo objetivo parece estar más cerca de difuminar el carácter político del conflicto que vivimos que de trabajar por construir una cultura democrática respetuosa con todos los derechos de todas las personas.
Y no es suficiente reconocer que efectivamente existen víctimas de distintas violencias; no es suficiente que de forma oficial se habiliten leyes que nos otorguen una parte de nuestros derechos.
Es necesario que se depuren las responsabilidades políticas, reflexionar sobre las circunstancias que han hecho posible todos los crímenes practicados por el Estado y se visibilice su impunidad.
La actitud de forenses, jueces, medios de comunicación y clase política negando la dimensión de nuestra realidad ha posibilitado no solo la impunidad sino también la construcción de un relato de parte que les exima de responsabilidades. Y, aun así, tenemos que soportar que algunos se sitúen en una atalaya de superioridad moral para no asumir sus propias responsabilidades.
Somos las victimas de la violencia ejercida por el que esta llamado a ser garante de los derechos humanos de las ciudadanas. ¿No es acaso moralmente inaceptable que se mire a otro lado ante esta realidad?
Podemos afirmar que nadie de los que aquí estamos tiene ningún problema con los que piensan diferente. Pero no vamos a aceptar que quienes aspiran a imponernos su versión de la historia como si fuera única, que quienes son reacios a asumir su parte de responsabilidad en el conflicto y sus consecuencias, traten de darnos lecciones de moralidad.
Desde el respeto a la pluralidad ideológica y siendo conscientes de nuestras diferencias en torno a cómo abordar el presente a partir del pasado para construir un futuro en paz, nuestra determinación es la de seguir trabajando con esfuerzo para que las diferencias que nos separan se conviertan en punto de encuentro.
Entendemos que debemos de partir de lo que nos une para reflexionar sobre lo que nos separa, con el objeto de seguir avanzando entre todas y todos en ese objetivo transversal que compartimos, promover una convivencia conciliada, democrática donde la tragedia humana ocasionada por décadas de violencia sirva como garantía de no repetición.
Para terminar, queremos decir que nuestro compromiso con la resolución definitiva del conflicto continúa más vigente que nunca. Las razones del conflicto fueron y son políticas, y por lo tanto, políticas han de ser las soluciones que posibilitaran la consecución de todos los derechos de todas las personas, la convivencia democrática y la resolución definitiva.
Aurrera goaz, haritzaren sendotasunarekin, egia bide eta askatasuna amets.