La periodista antichavista venezolana radicada en Miami, Patricia Poleo, ha disparado nuevamente contra el “líder” impuesto de la oposición venezolana Juan Guaidó, esta vez, revelando una trama de extorsión a empresarios a expensas de su artificial e inexistente gobierno.
Los cada vez más intrincados eventos de corrupción del gobierno paralelo de Guaidó sostenido por poderosos factores en el extranjero, de la mano estadounidense, suponen una afrenta contra los bienes nacionales y el legítimo control del Estado venezolano sobre ellos.
Dichos recursos son también la manzana de la discordia entre factores políticos y empresariales fuera de Venezuela; además de ello, causa de extorsiones, presiones y chantajes mutuos, que emergen tal como disputas carroñeras.
Todo esto tiene lugar mediante la trama de “recuperación” de los bienes venezolanos en el extranjero del “gobierno fake”, que una vez colocados en manos de funcionarios de Guaidó fuera de Venezuela, se mantienen al margen de las instituciones venezolanas, sin rendir cuentas y bajo turbias modalidades de negocios.
Sicarios económicos en el Caribe
Poleo reveló una serie de documentos que dan cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar.
CRA, creado estrictamente para ir a la cacería de bienes nacionales en el Caribe, guarda las características de ser el rostro corporativo para actuar, como un tercer actor, en la ejecución de acciones “administrativas” del “gobierno paralelo” de Guaidó.
Venezuela, a través de PDV Caribe, tiene un rango de porcentaje capital entre 25% y 60% en empresas fundadas en 12 países del Caribe, que son parte de la plataforma de bienes y servicios de Petrocaribe para la distribución de combustible en el marco de dicho tratado de cooperación energética. Estos bienes serían el “objetivo” de estas operaciones de corsarios financieros pseudo legales.
Según Poleo,
“el propósito de la propuesta de CRA, sería ejecutar un plan estratégico a corto plazo (3 meses) para recuperar las deudas vencidas y atrasadas e iniciar la renegociación de reestructuración del 50% de las cuentas financiadas, con lo que el gobierno interino contaría con nuevos ingresos y fondos en dólares”.
El consorcio CRA actuaría como intermediario en las gestiones de deuda, pero además de ello, abordando dichas empresas, promoviendo la “recuperación de bienes” y realizando labores de “inteligencia” financiera en 19 países del Caribe. Por ello, serían beneficiarios de un 18% del valor de los montos “recuperados”, tanto en recursos líquidos como en activos físicos.
Tantos eufemismos propios de la jerga financiera en realidad encubren actos de sicariato corporativo, mediante el consorcio CRA como matones que tenían el objetivo de ir contra empresas y gobiernos en el Caribe ejerciendo presiones.
Una negociación frustrada, extorsión y señalamientos entre sicarios económicos
Poleo, quien en su informe está claramente de acuerdo con el despliegue de CRA, refiere que las gestiones de dicho consorcio se vieron frustradas por negociaciones fallidas con el equipo de Guaidó.
Las acciones del consorcio estarían respaldadas mediante un contrato entre ellos y el “gobierno interino”, un contrato de Guaidó con CRA que aunque tuvo una “buena pro” inicial, no continuó, según Poleo,
“debido a que los representantes del Consorcio se negaron a caer en el chantaje, a pagar las comisiones y coimas que exigía cada uno de los funcionarios del Gobierno Interino, a cambio de otorgarles el contrato”.
Hay que apuntar que, en esta trama, Poleo no representa una defensora del buen proceder que debería tener el proto-gobierno de Guaidó. Su labor como infomercenaria, en este caso, está claramente sostenida por capturas de pantalla, pruebas y demás datos que le fueron aportados por los “afectados”, a saber, los representantes del consorcio CRA, quienes hacen un reclamo evidente por vías del enlodamiento mediático por el frustrado negocio, por no lograr hacerse del 18% de los recursos que pretendían saquear en el Caribe.
En esta componenda participarían los hermanos Fernando y Magin Blasi-Blanchard. Fernando, como encargado de negocios de Guaidó en Washington y mano derecha del “embajador” de Guaidó en ese país, Carlos Vecchio.
Reaparece también José Ignacio Hernández, el procurador fake de Guaidó, quien habría dado el visto bueno a CRA para su “labor” y su comisión de 18%. También el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, o la PDVSA fake de Guaidó, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, y Yon Goicoechea como diputado.
Todos participaron en reuniones preparativas para orquestar las cruzadas en el Caribe a cargo del referido consorcio. Varias reuniones se realizaron con ese objeto a inicios de 2019, justo en el furor del “gobierno paralelo” y la búsqueda de los activos venezolanos.
Sin embargo, todo desembocaría, para octubre de 2019, en la recién creada Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del consorcio comenzaron a partir de ese momento a entenderse con Javier Troconis, jefe de esa comisión designado por Guaidó.
Poleo refiere que Fernando y Magin Blasi-Blanchard, autorizados por Troconis, exigieron a CRA “una comisión de 750 mil dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando”. Esto sólo para dar pie a su contrato.
Papel donde se muestra que el equipo de Guaidó exige al consorcio CRA el 50% de las ganancias por la “recuperación de activos”. Foto: Factores de Poder
Luego de meses de dilación y ante la negativa de CRA de pagar la extorsión, estos serían nuevamente abordados por Magin Blasi-Blanchard, exigiendo un adelanto de los 750 mil dólares: “Tienen cinco minutos para que me depositen los 50 mil. Si no…¡Olvídense de contrato!”.
Al mejor estilo gangsteril tropical.
Delitos federales, políticos estadounidenses e instituciones
Estas denuncias, con frases al detalle, llegan a manos de Poleo por acusaciones de Jorge Reyes y Pedro Antar, los supuestos “afectados”. La periodista, acorde a sus fuentes (CRA), ha concluido que la extorsión de la que fueron objeto estos empresarios constituye un delito federal en Estados Unidos, acorde al texto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Dicha ley “prohíbe en Estados Unidos, a las empresas y a los estadounidenses, pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales. La ley se aplica a conductas prohibidas en cualquier parte del mundo y se extiende a las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa”, refiere Poleo.
La trama se vuelve más intrincada y más peligrosa, dado que funcionarios estadounidenses estarían al tanto de las intenciones del consorcio CRA y sus frustradas negociaciones con el “gobierno interino”.
Poleo le preguntó a los directivos del consorcio CRA si algún funcionario de Estados Unidos llegó a conocer de la propuesta de “recuperación” de bienes de Venezuela en Petrocaribe, y respondieron que tanto el ex gobernador del estado de la Florida y ahora senador Rick Scott, como el senador Marco Rubio, la conocen, éste último a través de una comunicación por escrito que le fue enviada a su correo electrónico el 24 de febrero del 2020.
Este señalamiento podría entenderse como un mecanismo adicional de presión que CRA hace a través de Poleo contra Guaidó y sus personeros, al hacerles saber que tanto Scott como Rubio (aliados claves del antichavismo) estarían al tanto de sus prácticas.
Las denuncias pican y se extienden. En otro orden de ideas, pero también sobre las prácticas delictivas del “gobierno paralelo” de Guaidó, quedaron al relieve otros actos de extorsión contra empresarios y el uso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en Estados Unidos para dichos fines.
Poleo publicó nuevos señalamientos en los que varios empresarios venezolanos fueron extorsionados por funcionarios de Guaidó, siendo amenazados con incluirlos en una “lista negra” de la OFAC por tener relaciones con el gobierno venezolano.
La complejidad de los enfrentamientos entre los factores políticos y empresariales del antichavismo, por los bienes venezolanos y por la estela de contradicciones que deja el bloqueo contra el país, ha alcanzado el ámbito de lo comunicacional, sumándose a las cada vez más cuantiosas denuncias contra Guaidó y sus acólitos fuera de Venezuela.
MP investiga red criminal impulsada por Guaidó que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe
El Ministerio Público abrió una investigación contra Fernando Javier Blasi-Blanchard, Magin Eduardo Blasi-Blanchard, Javier Leonardo Troconis, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, involucrados en red criminal impulsada por Juan Guaidó, que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe.
Así lo develó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además informó que también están involucrados en esta red destinada a robar activos del país en el exterior, la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Jorge Reyes y Pedro Antar.
En este caso se presume la comisión de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir, tras haber designado a la Fiscalía 67ª Nacional para investigar los hechos conocidos a través de una noticia críminis, contra varios supuestos funcionarios del autoproclamado e inexistente gobierno interino sobre el cobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a otorgarle poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami con le propósito de robar activos del país en el exterior y colocarlos al servicio de ese grupo de criminales.
Se pudo conocer que este consorcio presentó en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien pretende usurpar funciones como Presidente de la República, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe, con la intención de que en contraprestación por sus servicios, obtuvieran el derecho de apropiarse del 18% de todo que pudiera ser despojado al Estado venezolano.
Asimismo, en las negociaciones los representantes de Guaidó solicitaron como soborno un pago por 750.000 dólares estadounidenses, para la adjudicación del mencionado contrato.
“Este es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen hacen padecer al pueblo venezolano. Éstos son los mismos que han promovido sanciones para que la gente afronte dificultades para abastecerse de gasolina, alimentos u otros elementos esenciales. Han recorrido el mundo para buscar asfixiar e implosionar a la nación”, reprochó el Fiscal General de la República.
Detalló que todo apunta a que las firmas involucradas no son más que empresas de koala, utilizadas por los supuestos empresarios Reyes y Antar para hacer negocios de dudosa legalidad.
“Sobre ambos pesan graves acusaciones de actividades ilícitas en los EE.UU. y otros países. Uno fue sancionado por fraude a inversores y el otro aparece vinculado con una investigación por lavado de activos por exportaciones fraudulentas desde Ecuador a Venezuela utilizando el SUCRE”, precisó Saab.
También se pudo conocer que los falsos funcionarios habrían a su vez violado la legislación federal de los EE.UU., por tanto el Ministerio Público exhortó a las autoridades de ese país para que procedan contra ellos.
“Este supuesto gobierno interino fue puesto por Estados Unidos para incursiones armadas fallidas, para el sabotaje a la industria petrolera y el sistema eléctrico. Actúan para despojar todo lo que puedan conseguir para las transnacionales”, sostuvo.
Reiteró que el Ministerio Público asume como bandera la lucha contra la corrupción, especialmente aquella que vincula a funcionarios que se aprovechan de la posición que ocupan temporalmente para promover acciones que atentan contra la economía nacional y la democracia.
Ante estas acciones y la respuesta del Gobierno venezolano expresó el apoyo a la decisión del Estado anunciada este martes por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre la propuesta del único y legítimo gobierno de la República Bolivariana para los tenedores de títulos de Pdvsa y la Electricidad de Caracas con la finalidad de evitar que los inversores que legítimamente han adquirido estos papeles resulten afectados por las sanciones unilaterales que impone EE.UU. en contra del pueblo.
“Esta propuesta busca cumplir con los compromisos del país, a través del diálogo y el acuerdo con los poseedores de estos títulos de deuda. Hay un gobierno real, buscando alternativas a las sanciones y hay un gobierno ficticio dedicado al robo, extorsión, que cada día se hunde en el fango”.
Perfil de los involucrados
Fernando Javier Blasi-Blanchard: Director de Asuntos Comerciales de la írrita e ilegal Embajada de Venezuela en EE.UU. nombrada por Juan Guaidó.
Magin Eduardo Blasi-Blanchard: hermano de Fernando Javier Blasi-Blanchard y responsable material de llevar a cabo el cobro de los 750.000 dólares solicitados para la adjudicación del mencionado contrato.
Javier Leonardo Troconis: Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, nombrado ilegalmente por Juan Guaidó.
José Ignacio Hernández González: exprocurador nombrado ilegalmente por Juan Guaidó.
Luis Augusto Pacheco Rodríguez: presidente de una ficticia Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela nombrado ilegalmente por Guaidó.
Jorge Reyes y Pedro Antar: directores del Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, que presentó en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional Juan Guaidó una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país.