Eurodiputados de JxCat, ERC, PNV y Bildu han hecho llegar una carta al resto de miembros de la Cámara europea para darlas a conocer las revelaciones publicadas esta semana en relación al papel del expresidente Felipe González en la creación de los GAL para impulsar la guerra sucia contra ETA durante los años 80.
Firman la carta Toni Comín (JxCat), Izaskun Bilbao (PNV), Pernando Barrena (Bildu), Diana Riba (ERC), Clara Ponsatí y Carles Puigdemont (JxCat).
El escrito asegura que siempre ha habido sospechas sobre la implicación del entonces presidente del gobierno en la guerra sucia contra ETA, pero que los documentos desclasificados de la CIA han confirmado su implicación en la formación de un grupo de mercenarios para combatir el terrorismo desde fuera de la ley.
Recuerda que los GAL, "organizado por los poderes fácticos del Estado español", operaron entre 1983 y 1987 principalmente en el País Vasco, tanto a la parte española como a la francesa, y que fueron responsables de 27 muertes así como docenas de secuestros y torturas con víctimas que incluían ciudadanos franceses. Recuerda que también enterraron a algunas de sus víctimas em cal viva para eliminar las evidencias de sus crímenes y que algunos altos cargos del gobierno socialista, entre los cuales el ministro del interior José Barrionuevo y el secretario de Estado Rafael Vera fueron juzgados y condenados a penas de prisión por su implicación en el caso, aunque fueron perdonados unos meses más tarde por el nuevo Gobierno de José María Aznar.
Asimismo, subraya que el actual gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha adoptado ninguna medida en relación a Felipe González, no ha impulsado una investigación sobre su implicación ni siquiera ha planteado como mínimo retirarle sus honores como expresidente.
Los eurodiputados advierten que un tema de estas dimensiones no es un problema interno de un estado miembro sino que "es una problema que afecta a la credibilidad de la Unión en su conjunto", advierte.
Por esta razón, anima a los miembros del Parlamento y las autoridades de la Unión a emplazar el Gobierno y los líderes de los principales partidos españoles a "rechazar decididamente este episodio negro de terrorismo de estado".
Los eurodiputados firmantes aseguran que desde su posición inequívoca de rechazo de todo tipo de violencia, lamentan el daño que esta "actitud de silencio y ocultación está provocando sobre el estado de derecho y la calidad de la democracia en España".
El texto considera esencial una investigación imparcial y exhaustiva de este negro episodio y advierte que es imposible este trabajo si se mantiene vigente la actual ley de secretos oficiales que fue aprobada durante el régimen de Franco.
(naiz.eus) - EH Bildu y PNV registran la comisión de investigación sobre Felipe González y los GAL
EH Bildu y PNV, junto a ERC, Junts per Catalunya, CUP y BNG han registrado en la Mesa del Congreso una propuesta para crear una comisión de investigación que esclarezca «los vínculos y las responsabilidades» de los gobiernos de Felipe González con los GAL.
En la exposición de motivos, los proponentes advierten de que los documentos desclasificados de la CIA «apuntan a las conexiones e implicación directa» del expresidente español en la creación de los GAL, «grupo que practicaba la llamada 'guerra sucia' y cuyas acciones comprendieron, al menos, 27 asesinatos y decenas de heridos, así como secuestros, extorsiones y torturas».
Recuerdan que «durante años, los GAL y sus acciones fueron objeto de investigaciones y sus acciones fueron objeto de investigaciones judiciales y periodísticas, pero solo una decena de personas fueron procesadas. Las sentencias impusieron penas de prisiones para miembros del Ministerio del Interior que en algunos casos supusieron pensar de más de cien años, por asesinato, secuestro, asociación ilícita, falsificación documental y malversación de fondos públicos».
«Pese a estas penas, los principales condenados apenas cumplieron unos meses de prisión, pues la mayoría fueron indultados y las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas ni depuradas ni por los juzgados, ni por el Gobierno del entonces presidente Felipe González ni por los posteriores gobiernos de España. La impunidad fue y es absoluta», añaden.
Y denuncian que «la impunidad se impuso sin que siquiera las numerosas declaraciones de responsables políticos y del propio expresidente refiriéndose a los GAL, que apuntaban a un conocimiento y participación en los mismos, diesen pie a acciones judiciales o políticas».
En este sentido, lamentan que, «pese a que todos los indicios y manifestaciones públicas que dejaban entrever el conocimientos de los responsables gubernamentales sobre las acciones armadas d los GAL y al opción a su alcance de utilizar métodos totalmente fuera de la legalidad, ni Felipe González, ni la mayoría de sus responsables de Gobierno, han sido nunca acusados formalmente ante un tribunal por estos indicios, ni han respondido ni aclarados políticamente estos supuestos».
«Las indagaciones judiciales nunca fueron clarificadoras, ya que, la ‘X’ que el juez Baltasar Garzón colocó en la dirección de las estructura interna, de la escala jerárquica, de los GAL nunca fue resulta oficialmente. Los informes de la CIA vuelven a aportar nuevos iniciales para poder poner nombre y apellidos a esta incógnita», señalan antes de destacar que las víctimas de los GAL «merecen la aclaración completa de esta trama. Llevan mucho, demasiado tiempo, esperando a que se les ofrezca verdad, justicia y reparación».
Objeto y plan de trabajo
En cuanto al objeto de la comisión, los grupos proponentes piden que se investigue la veracidad de los documentes desclasificados por la CIA, la implicación de González en la creación de los GAL, su conocimiento sobre las acciones armadas, la participación del Ejecutivo en dichas acciones, y las «influencias y presiones» de los diferentes gobiernos «para el no esclarecimientos de la trama de los GAL», así como las responsabilidades políticas del expresidente y de otros cargos del gobierno.
Sobre el plan de trabajo, los proponentes reclaman las comparecencias «que se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocida, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la comisión».