El viernes 8 de noviembre de 2019 por la noche estaba claro, desde la soledad de la Plaza Murillo, centro del poder político en La Paz, que el esquema para enfrentar el avance golpista había hecho agua. Se multiplicaban las noticias de motines policiales, los grupos civiles armados de la derecha habían recorrido el eje Santa Cruz, Cochabamba hasta instalarse con logística a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.
Esa noche de lluvia helada solo quedaban grupos pequeños para sostener esa posición estratégica que se perdió sin resistencia la mañana del sábado. El Alto aún no se había manifestado con fuerza, lo haría el sábado en la tarde, cortando el acceso a La Paz. Ya era tarde: 24 horas después sucedió el derrocamiento, Evo Morales y Álvaro García Linera se trasladaron al Chapare, luego a México y finalmente a Argentina.
La escalada golpista duró tres semanas. Pocas personas la anticiparon: la economía crecía, existían acuerdos con el empresariado a nivel nacional, incluido en Santa Cruz, se venía de una relativa estabilidad política, y la pregunta central era si Evo ganaba en primera vuelta o debía ir a segunda.
La derecha sorprendió dentro de Bolivia y en el continente. Una falta de anticipación similar ocurrió cuando el 23 de enero de ese mismo año un diputado ignoto se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y fue reconocido inmediatamente por Donald Trump, o cuando el gobierno de Sebastián Piñera desplegó militares en las calles de Santiago para hacer frente a la protesta, un esquema aplicado semanas antes por Lenín Moreno en Quito ante el levantamiento indígena.
La suma de eventos, a los que se agrega, por ejemplo, el actual gobierno de Jair Bolsonaro con sus crisis superpuestas --política, institucional, con discursos contra la cuarentena--, indica un cambio de las derechas que atraviesa el continente. Existe un desplazamiento de los límites, una modificación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas al tiempo de las redes sociales, con vasos comunicantes a la vez que diferencias, con procesos de nuevas derechas como Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Vox.
Este empujar cada vez más los límites ocurre en Argentina con el despliegue de mensajes anticuarentena, conceptos pobres y peligrosos como la “infectadura”, denuncias de planes de liberación de presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”, acusaciones de “gravedad institucional” a las pocas horas del asesinato de Fabián Gutiérrez y la intoxicación mediática con mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha.
Este mapa de derechas no es homogéneo en el continente, varía según los países, tiempos del conflicto, según sean gobierno y desplieguen la estrategia de lawfare, como en Ecuador, Brasil o Argentina antes del nuevo gobierno, o estén en oposición y apliquen metodologías de desestabilización que llegan a contratar mercenarios para ingresar al país, como ocurrió en Venezuela.
Pero existen elementos que forman un cuadro común. En primer lugar, existen dos grandes tendencias en cada país: quienes rompen límites y radicalizan el enfrentamiento, y quienes buscan mantener la disputa dentro del marco conocido. A veces sucede que ambas se unen en un objetivo común, como lo fue derrocar a Evo Morales, para luego volver a dividirse y construir un esquema de golpistas duros, como Jeanine Áñez y Fernando Camacho, y golpistas moderados --presentados como demócratas--, como Carlos Mesa.
Esa tensión recorre la derecha en Argentina, con las disputas internas de la oposición emergidas en torno a lo que fue el posicionamiento respecto al asesinato de Gutiérrez, o en Venezuela, respecto a la división entre presentarse a elecciones o insistir a través de la vía armada y el bloqueo. Este último caso expone otra dimensión central: los grados o no de autonomía respecto al Departamento de Estado.
Esa relación con Estados Unidos es medular. El proyecto de las derechas contempla dos pilares. Por un lado, la alineación en política exterior con EE.UU., algo que puede verse fácilmente en que cada gobierno de derecha se propuso desarmar la Unasur, darle la espalda a la Celac, y volver a la centralidad de la OEA. Por otro lado, la adhesión a un proyecto neoliberal en materia económica.
Se trata de proyectos de minorías al servicio de empresas con intereses fuera del país --dejando a un lado un entramado empresarial con miras al mercado interno-- subordinadas a EE.UU., algo constitutivo de las élites latinoamericanas, que no parece modificable, aun con todas las inversiones y el comercio con China.
Dos cuestiones son centrales en este escenario. En primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves político-mediáticas. Las agresiones en Buenos Aires el pasado 9 de julio son un ejemplo de ese envenenamiento potenciado por las redes sociales que reúne odios históricos con nuevos apellidos y fantasmas. ¿Qué discursos construir ante eso, cómo diferenciar entre segmentos, desactivar?
En segundo lugar, ¿cómo gobernar con este volumen de ataques y corrimiento de límites? ¿cómo no dejarse arrastrar al terreno del adversario? Esa pregunta, traducida al conflicto venezolano tiene otras complejidades: ¿cómo se enfrenta un bloqueo económico y operaciones encubiertas? Y en el caso de Bolivia: ¿cómo debía enfrentarse la escalada golpista amparada por una arquitectura financiera, mediática y diplomática?
Una parte importante de la derecha regresa a viejas formas con nuevas presentaciones, intenta ofensivas sin pedir permiso ni perdón. Detrás de todo --o delante-- está la disputa económica en tiempos de recesión y el retroceso hegemónico estadounidense.
CNE de Ecuador impide a partido de Rafael Correa participar en comicios
El Consejo Nacional Electoral suspende de toda actividad política a cuatro organizaciones políticas.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) emitió este domingo un comunicado donde se acoge al informe de la Contraloría y suspende a cuatro movimientos políticos entre ellos, Fuerza Compromiso Social, organización que lidera el expresidente Rafael Correa.
"Aplicar la medida cautelar de suspensión de la actividad de las organizaciones políticas nacionales "Podemos Lista 33" "Fuerza Compromiso Social, Lista 5" "Libertad es Pueblo, Lista 9" "Justicia Social, Lista 11" (...) la recomendación de la Contraloría General del Estado, constituye una petición razonada por parte del órgano de control", indica el comunicado del CNE.
Los representantes legales de las organizaciones políticas suspendidas, tendrán un lapso de diez días para presentar sus respectivos descargos.
Informamos que debido a problemas de conexión, la transmisión de la Sesión Extraordinaria Nº 15 del #PlenoCNEVirtual presentó intermitencias y fallas de origen. Por lo que compartimos el desarrollo completo en el siguiente enlace. ⤵️https://t.co/a0JVHCOwlY pic.twitter.com/8unreUC895
— cnegobec (@cnegobec) July 19, 2020
"Se otorga el plazo de diez días para que los movimientos señalados presenten pruebas de cargo y de descargo, además se aplicará la suspensión de las actividades de las organizaciones políticas antes mencionadas", apunta el CNE.
El pasado 14 de julio, el expresidente Correa denunció que el CNE cedió a las presiones del Contralor General Pablo Celi, de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del Gobierno para eliminar al movimiento Fuerza Compromiso Social Lista 5 del registro de Organizaciones Políticas habilitadas para participar en el proceso electoral 2021.
“Nos roban nuevamente la democracia, el CNE cedió a presiones de Celi, Romo y Gobierno eliminará ilegal y extemporáneamente Compromiso Social Lista 5. Nunca olviden los nombres: Atamaint, Acero, Cabrera, Pita, Verdesoto”, escribió Correa.