¿Detener a abogados? Tranquilos, recibirán un trato exquisito. ¿Habrá más detenidos que los abogados? Los habrá. ¿Y el trato? Dependerá de si ratifican las imputaciones.
El CNI abre carpetas nuevas y activa agentes para preservar la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. Desde el área económica de los servicios secretos piden ayuda porque la prima de riesgo se dispara alarmantemente. La bolsa sigue cayendo en picado. La tasa de paro supera el 20%. Alemania duda intervenir a España, como lo hizo con Grecia.
El Parlamento catalán define a su país como nación. Las calles de Barcelona acogen a más de un millón de personas. El independentismo se dispara. Los agentes infiltrados quitan importancia a la manifestación. Los escarceos sexuales del monarca, las filtraciones de su patrimonio, elevan la temperatura de los espías dedicados a blindar al rey. Una bomba de relojería a punto de estallar. Los agentes asignados para seguir al yihadismo en mezquitas y barrios marginales están saturados. Los salafistas susceptibles de inmolarse son cientos. Y, el jefe supremo del CNI, el general Félix Sanz Roldán apenas les dedica recursos.
Al parecer, todo ello es secundario. La Comisión de Asuntos de Inteligencia, dirigida por el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, y el Estado Mayor de la Guardia Civil presionan a Sanz Roldán para continuar la batalla contra el «terrorismo independentista vasco». Ha aparecido en Toulouse el cadáver de Jon Anza hace unos días y los franceses amenazan con filtrar cómo sucedió realmente su muerte. La Audiencia Nacional sigue con su papel y ya prohibió la manifestación de Etxerat que suele reunir a más de 100.000 personas en contra de la dispersión de los presos. Pero la protesta se realizó.
Por si fuera poco, desde los juzgados se anuncia que a mediados de abril saldrá la sentencia del caso Egunkaria. Absolución y las torturas a los detenidos abriendo informativos. Su cierre fue ilegal, dirá la Audiencia. Golpe mediático y simbólico. Desde algún sector del partido en el Gobierno afirman que hay que aligerar el tema vasco, que vienen tiempos nuevos. Pero los barones se imponen: La FAES y la derecha usan la cuestión vasca como ariete contra Zapatero.
Así que hay que preparar un contraataque. Y rápido. La orden llega: activar la Operación Halboka. Reunión con los medios aliados: se va a desmantelar el «frente jurídico de ETA». Alguno pone sus dudas, porque ETA ha entrado en ese proceso de reflexión que sugiere su desaparición. La respuesta es inmediata: el CNI cree que es un «proceso trampa» destinado al rearme y que la izquierda abertzale se escinde en dos mitades. Siempre habrá un grupo armado a enfrentar. ¿Detener a abogados? Tranquilos, recibirán un trato exquisito. ¿Habrá más detenidos que los abogados? Los habrá. ¿Y el trato? Dependerá de si ratifican las imputaciones.
Los deberes están hechos, relatan los responsables del CNI en privado a los mandos de la Guardia Civil. Durante los últimos años, los teléfonos y las comunicaciones de los abogados de los presos vascos han estado intervenidos. Cuestión insoslayable, para poder conocer sus estrategias en los juicios, para saber de sus impresiones con sus clientes presos y sus familias.
La fecha elegida salta a la mesa: 14 de abril. Día de la República española. Por dos motivos. El primero, que la sentencia absolutoria sobre “Egunkaria” y la chapuza judicial y política saldrá dos días antes. Y segundo, porque de esa forma, las críticas al rey y la reivindicación anual republicana quedarán apagadas por la detención de «peligrosos etarras». Razia en Gipuzkoa y Bizkaia a cargo la de la Guardia Civil. Más de una decena de detenidos. Y la explosión mediática. Se atrevieron con los medios de comunicación disidentes al cerrarlos, ahora han osado hacerlo con los abogados. Como en la época franquista, con una diferencia. Entonces no los encerraron y los deportaron a la España profunda. Ahora, con el sello democrático, van a ir a prisión. Y bien lejos de los suyos a la otra punta de España, para que sientan en el cogote los vientos africanos, que los cantábricos contaminan.
La operación está bien asegurada. La dirige Fernando Grande-Marlaska, un magistrado de la casa. No va a haber problemas. En el juzgado de guardia surgen imprevistos. Quieren poner trabas a posibles malos tratos. Pero para eso está Marlaska. Se cepilla los estorbos. El estado de derecho está por encima de ello. Y así es. Los abogados reciben un trato normalizado, pero del resto de detenidos, tres de ellos denuncian severas torturas. Las confirmarán ante el IVAC, serán avaladas por el Protocolo de Estambul. Uno de los testimonios, de una joven, es especialmente escalofriante. Los grupos feministas de su localidad natal le llegarán a apoyar. No solo fueron malos tratos, sino también vejaciones sexuales por ser mujer.
En la Comisión de Asuntos de Inteligencia están tranquilos. Desde la detención de Kepa Urra en 1992 no ha habido condenas judiciales a agentes policiales por haber torturado a detenidos políticos vascos. ¿Tirones de oreja de Estrasburgo? Asumibles. La cultura democrática española no tiene tanta madurez como para asumir que su estado ha torturado sistemáticamente.
Una década y un año más tarde, 2021. El rey se fugó como su abuelo. ETA se disolvió después de un largo y consensuado proceso de desarme con autoridades internacionales. Los yihadistas volvieron a atentar, a pesar de detenciones a boleo. Cataluña declaró su independencia, tras un referéndum en el que los votantes fueron apaleados.
Para el CNI lo anterior sigue siendo menos trascendente que esa impronta contra los abogados y solidarios vascos. Su masculinidad revestida de nobleza les sigue pidiendo atacar a la disidencia vasca. Once años después, el 12 de julio, comenzará el juicio contra Jon, Arantza, Iker, Julen, Naia, Saioa, Nerea y Juan Mari. No se asombren. La mención de «España» es la clave. El fiscal les pide 77 años de cárcel y el juez que dirigió aquellas detenciones, con tratos exquisitos y tres denuncias de tortura, con el apoyo del CNI, por cierto, es hoy ministro del Interior.